El servicio de alumbrado público en Santa Marta está completamente sin oxígeno, pues una auditoría de la Contraloría Distrital reveló que la empresa de energía Air-e, encargada de cobrar el impuesto de alumbrado público, mantiene retenidos más de $20.000 millones a la Essmar E.S.P por concepto de este recaudo.

La Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta “ESSMAR E.S.P” es la encargada de prestar este importante servicio a la capital del Magdalena, pero los deficientes manejos administrativos y operativos, sumados a la disputa ideológica de la administración de Carlos Caicedo con el gobierno nacional de entonces, en cabeza del presidente Iván Duque, la llevaron a ser intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos en 2021.

Desde entonces, las Empresas Públicas de Medellín (EPM) actúan como agente interventor, lo que quiere decir que son las responsables de los manejos administrativos y operativos de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta ESSMAR E.S.P.

Por lo tanto, los resultados de la auditoría desarrollada por la Contraloría Distrital al servicio de alumbrado público de Santa Marta determinaría la calidad del agente interventor y su eficiencia en esta materia.

Alberto Ríos Velilla, el máximo accionista de la empresa Air-e. Caricature AI Pixar style by Greg Rutkowski.

Resultados de la interventoría

Un detrimento patrimonial de $2.541.697.711 por no implementar el uso racional y eficiente de energía al no modernizar 12.731 luminarias obsoletas instaladas en distintas zonas de Santa Marta, fue uno de los hallazgos que evidenció la Contraloría Distrital de esa ciudad en una auditoría que adelantó a la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta “ESSMAR E.S.P”, tras denuncias instauradas relacionadas con el impuesto de alumbrado público.

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«La Essmar ESP pese a tener los recursos para modernizar el alumbrado público -con corte al mes de agosto de 2023, se reportó un excedente de $8.859.743.965,12, no ha efectuado el cambio de luminarias obsoletas con lo que se obtendría la reducción real de los consumos de energía del alumbrado público, cumpliendo así con la Ley del Uso racional de energía», señaló la Contraloría.

Según el organismo fiscalizador, el ahorro que se obtendría modernizando esas luminarias sería de 425.896 kWh al mes por lo que se dispuso compulsar copias del informe a la Fiscalía General de la Nación para que adelante la correspondiente investigación penal y a la Oficina de Responsabilidad Fiscal para que inicie el respectivo juicio fiscal.

De igual manera la Contraloría constató que la empresa de energía Air-E SAS ESP de manera ilegal le tiene retenida a Essmar ESP la suma de $20.632.607.573 por concepto de recaudo del impuesto de alumbrado público, correspondientes a los meses entre enero y agosto de 2023, sin causa aparente.

Tal conducta podría tipificar el delito de omisión de agente recaudador, por lo que se dispuso compulsar copias del informe a la Fiscalía para que adelante la correspondiente investigación penal.

«La retención ilegal del recaudo del impuesto de alumbrado público afecta los mantenimientos preventivos además de desfinanciar la administración, operación y mantenimiento del servicio, poniendo en riesgo su prestación», por lo que anunció una auditoría  a la comercializadora de energía, para establecer el cobro y recaudo del impuesto y los valores transferidos al distrito de Santa Marta, así como los inventarios de luminarias que utiliza para cobrar mensualmente el consumo de energía eléctrica.

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En este sentido, la Contraloría Distrital ha advertido que pretende verificar que las tarifas cobradas a los usuarios estén dentro de los parámetros establecidos por las normas que regulan el servicio de alumbrado público, teniendo en cuenta que el último inventario de luminarias efectuado el 30 de junio de 2022, muestra que todavía existen 12.731 luces obsoletas, las cuales tienen un mayor consumo de energía que las luminarias LED, llegando a superar el 50% del consumo energético.

Otra de las revelaciones que arrojó la actuación especial es que la cartera acumulada del impuesto de alumbrado público entre los años 2020 y 2023 asciende a $23.164.359.453, sin que se evidencien las gestiones de cobro lo que podría llevar a su prescripción o pérdidas de los recursos públicos, por lo que la Contraloría iniciará una auditoria para establecer si se ha configurado algún detrimento patrimonial.

En este punto vale recordar que la empresa Essmar ESP está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos desde noviembre del 2021, y desde noviembre del 2022, actúa como agente interventor, es decir administra esta compañía, las Empresas Públicas de Medellín (EPM), que, a su vez, es la operadora y comercializadora del servicio de energía en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar.

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