Nos encontramos en el municipio de Villa de San Diego de Ubaté. Vamos a auscultar la gestión municipal de Ubaté, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Richard Alexander Bernal. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana: la ejecución presupuestal reportada al CHIP del Ministerio de Hacienda, el FUT de deuda pública, el Sistema General de Regalías, el SECOP, el índice FURAG de la Función Pública y la prensa provincial que le toma el pulso a la comunidad todos los días.

Ubaté es la capital de la provincia que lleva su nombre, a 97 kilómetros de Bogotá, con cerca de 42.000 habitantes y un título que pesa en la economía nacional: la Capital Lechera de Colombia. Richard Alexander Bernal, avalado por la Alianza Verde y respaldado por una coalición amplia (La U, Cambio Radical, Partido Liberal, ASI y otros movimientos), asumió el 1 de enero de 2024 en reemplazo de Jaime Torres, con el Plan de Desarrollo «Ubaté Somos Todos» 2024-2027 como contrato con la comunidad y una meta declarada en público: ejecutar más de 200 obras en el cuatrienio.

La tesis central de este análisis es incómoda para el libreto habitual de esta serie: los números de Ubaté son, en su mayoría, los de un municipio bien administrado. Recaudo propio récord, inversión por encima del 80% del gasto, deuda a la baja sin un peso de crédito nuevo, y el puesto 8 entre 1.099 alcaldías del país en el índice oficial de desempeño institucional. Pero el análisis forense no existe para aplaudir: existe para verificar. Y en la verificación aparecieron dos anomalías que este artículo documenta línea por línea: casi 9.000 millones de pesos comprometidos para cámaras de seguridad que no registran un solo peso obligado, y 21.951 millones reportados bajo un rótulo de «hospitales construidos y dotados» que en realidad no construyeron ningún hospital.

Radiografía financiera: un municipio que no vive de limosnas

Las cifras no mienten, aunque los informes de gestión sí puedan disimular. Estas salen directamente de los formularios CUIPO reportados por la Alcaldía al CHIP del Ministerio de Hacienda, con cortes a diciembre de 2024 y diciembre de 2025 verificados en el encabezado de cada archivo.

Ingresos. En 2024 Ubaté recaudó $80.021 millones; en 2025, $108.604 millones, un salto del 35,7% impulsado por recursos del balance ($18.815 millones), un retiro FONPET de $2.457 millones y transferencias de capital por $7.810 millones. Lo estructural es lo tributario: los impuestos propios pasaron de $29.062 millones a $32.867 millones, un crecimiento del 13,1% en un solo año. El predial creció 17,5% (de $10.257 a $12.053 millones) y el impuesto de industria y comercio 18,8% (de $5.666 a $6.731 millones).

Aquí está la primera diferencia brutal con la mayoría de municipios que esta serie ha auditado: la dependencia de las transferencias del Gobierno central. En Ubaté, las transferencias corrientes representaron el 44,0% de los ingresos en 2024 y el 37,3% en 2025, y el Sistema General de Participaciones apenas el 22,9% y el 21,2%. Semáforo verde. Mientras municipios como los que hemos radiografiado en La Guajira o Bolívar dependen en 70%, 80% o más del gobierno nacional, Ubaté genera con su propio esfuerzo fiscal más de una tercera parte de todo lo que gasta. Esa es la base material de la autonomía: un alcalde que recauda puede decidir; un alcalde que mendiga solo puede obedecer.

Gastos. La administración central comprometió $70.317 millones en 2024 y $80.006 millones en 2025. La distribución es de manual de buena hacienda pública: funcionamiento 16,5% y 17,2%; servicio de la deuda 2,2% y 1,7%; inversión 81,3% y 81,1%. Semáforo verde en toda la línea. El indicador de Ley 617 de 2000, que mide los gastos de funcionamiento contra los ingresos corrientes de libre destinación, se ubicó en aproximadamente 46% en 2024 y 48% en 2025 incluyendo las transferencias al Concejo y la Personería, muy por debajo del límite legal del 80% aplicable a su categoría. La ejecución del gasto (obligado sobre comprometido) fue del 86,1% en 2024 y del 96,1% en 2025; la brecha de 2024 tiene nombre propio y la veremos en el Bloque 3.

Deuda pública (Ley 358 de 1997). Ubaté tiene un único crédito, firmado el 30 de octubre de 2020 por la administración anterior con Bancolombia: $6.500 millones para el sector transporte, tasa IBR + 2,95%. Bernal no contrató un solo peso de deuda nueva en dos años. Amortizó $986 millones en 2024 y $929 millones en 2025, y pagó intereses por $571 y $431 millones. El saldo bajó de $5.371 a $3.457 millones, apenas el 11,4% de los ingresos corrientes de libre destinación de 2025. El servicio de la deuda consumió el 5,8% y el 4,5% del ICLD. Semáforos verdes holgados. La única nota amarilla es heredada: el crédito mantiene rentas pignoradas, el predial en 2024 ($8.225 millones al 65%) y el ICA en 2025 ($8.450 millones al 130%), garantías pactadas en 2020 que seguirán atadas hasta 2029.

Vigencias futuras. Cero en 2024. En 2025, $811 millones autorizados a un solo año (salud pública $552, agua potable $200, inclusión social $60). Ninguna hipoteca sobre los alcaldes que vengan.

Regalías SGR. En 2024 ingresaron $2.930 millones y se pagaron $2.869 millones (97% de lo comprometido) en tres proyectos heredados y cerrados: mejoramiento de vivienda, espacio público y pistas deportivas. En 2025 los dos formularios SGR llegaron vacíos al CHIP: cero recaudo y cero ejecución reportada. El bienio presupuestal 2025-2026 del SGR apenas arranca giros, pero la ausencia total de reporte a diciembre de 2025 es un vacío de información que la administración debe explicar.

Los cinco problemas, los cinco indicadores

El Plan de Desarrollo no es un catálogo de buenas intenciones. Es un contrato con la comunidad. «Ubaté Somos Todos» se estructuró en cuatro ejes estratégicos y las prioridades que la gente expresó en campaña y que la prensa provincial registra semana a semana son claras: seguridad, vías, agua, salud y el campo lechero. Contra esas cinco preocupaciones medimos al alcalde.

Indicador 1. Seguridad ciudadana (ODS 16): 5,5/10, VIGILAR. La bandera «Ubaté Sin Miedo» tiene un problema de caja fuerte cerrada. El CUIPO 2024 registra $8.982 millones comprometidos para el «servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad», financiados con transferencias de otras entidades del gobierno general (recursos de convenio), con cero pesos obligados y cero pagados al cierre de la vigencia. A eso se suman $2.130 millones en reservas provenientes de 2023 por el mismo concepto, tampoco obligadas. Y en 2025 el rastro casi desaparece: apenas $200 millones ejecutados y $34 millones en reservas. Más de once mil millones de pesos anunciados para cámaras cuyo recorrido presupuestal no muestra ejecución verificable en dos vigencias. En contraste, el servicio de justicia a los ciudadanos sí ejecutó ($879 y $960 millones). La comunidad pidió seguridad; el presupuesto muestra compromisos que no se convierten en cámaras encendidas.

Indicador 2. Vías y movilidad rural (ODS 9): 8,0/10, BIEN. Aquí la plata sí se volvió obra. Placa huella: $703 millones en 2024 y $1.482 millones en 2025. Vías terciarias: $1.000 y $1.185 millones. Vías urbanas: $365 y $1.459 millones. Banco de maquinaria dotado: $573 millones. Infraestructura de seguridad vial: $803 millones en 2025. La prensa provincial verifica las entregas: la placa huella de la vereda Soagá Bajo, 115 metros por $130 millones, dentro de la meta de 200 obras. El campesinado que saca la leche por esas vías es el beneficiario directo.

Indicador 3. Agua potable y saneamiento básico (ODS 6): 7,0/10, BIEN. El SGP de agua potable se ejecutó en $2.388 millones (2024) y $2.853 millones (2025), más subsidios al consumo por $775 y $1.025 millones que protegen el bolsillo de los estratos bajos, y una vigencia futura de $200 millones que garantiza continuidad en 2026. El reto pendiente es estructural: el plan maestro de acueducto y alcantarillado (contratado desde 2021) todavía debe traducirse en obras de gran calado, y en un altiplano golpeado por el estrés hídrico esa es la prueba reina del cuatrienio.

Indicador 4. Salud y aseguramiento (ODS 3): 7,0/10, BIEN, con advertencia. El régimen subsidiado se pagó cumplidamente: cerca de $26.500 millones en 2024 y $30.255 millones en 2025, garantizando la afiliación de la población pobre. El Hospital El Salvador de Ubaté, ESE departamental, obtuvo un FURAG de 82,41. La advertencia es de calidad de la información y la desarrollamos en el Bloque 3: el reporte CUIPO 2024 vistió de «hospital construido» lo que era pago de aseguramiento.

Indicador 5. El campo y la economía lechera (ODS 2 y 8): 7,5/10, BIEN. La Capital Lechera triplicó el gasto en su vocación: la asistencia técnica agropecuaria pasó de $489 millones en 2024 a más de $1.700 millones en 2025, con banco de maquinaria, sanidad animal y extensión rural al pequeño productor. El adulto mayor rural también recibió: $1.376 millones en atención integral y $468 millones en granjas para adultos mayores en 2025, respaldados por una estampilla que recaudó $1.169 millones.

Tabla de puntajes: Seguridad 5,5 | Vías 8,0 | Agua 7,0 | Salud 7,0 | Campo 7,5. Promedio final: 7,0/10.

El rastro del dinero: dos anomalías que exigen respuesta

El Secop no miente: dice quién ganó, cuánto, y, si se lee bien, por qué. Y el CUIPO tampoco miente, aunque a veces quien lo diligencia se equivoque o disimule. La entidad registra 2.825 procesos históricos en SECOP, con la contratación directa de prestación de servicios como patrón dominante, el mismo que en casi toda Colombia. La contribución del 5% sobre contratos de obra pública recaudada permite estimar la obra contratada: unos $4.239 millones en 2024 y $2.661 millones en 2025, coherentes con las placas huella y vías que el municipio entrega.

Anomalía 1: las cámaras fantasma de «Ubaté Sin Miedo». Ya lo dijimos con cifras: $8.982 millones comprometidos en 2024 más $2.130 millones en reservas de 2023, cero obligaciones, y un 2025 donde de ese universo solo se ejecutaron $200 millones. Tres explicaciones posibles: los compromisos del convenio se liberaron y los recursos se devolvieron; el proyecto se re-registró bajo otra figura que el reporte no deja rastrear; o hay recursos represados sin ejecutar mientras la comunidad sigue pidiendo seguridad. Cualquiera de las tres merece respuesta pública del alcalde y verificación de la Contraloría de Cundinamarca. Los datos no configuran un delito; configuran una pregunta que nadie ha respondido.

Anomalía 2: el hospital que no era hospital. El CUIPO 2024 reporta $21.951 millones bajo el producto MGA «Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados». Suena a la obra del cuatrienio. Pero las fuentes que financian esas filas son ADRES, SGP régimen subsidiado y recursos departamentales de aseguramiento: dineros que por ley solo pueden pagar la afiliación en salud de los más pobres, jamás ladrillos. La prueba definitiva está en el propio reporte: en 2025, corregido el rótulo, los mismos recursos aparecen donde siempre debieron estar, en «servicio de afiliaciones al régimen subsidiado» por $30.255 millones. Conclusión forense: no hubo desvío de recursos, hubo un error grave de clasificación que durante toda una vigencia le dijo al país, a través del sistema oficial de información financiera, que Ubaté invirtió 22.000 millones en construir y dotar un hospital que no construyó. La información pública también es un bien público, y reportarla mal deteriora el control ciudadano.

Tres notas amarillas adicionales. Las reservas heredadas de 2023 solo se ejecutaron en 30,6% ($1.509 de $4.931 millones), con el resto liberado o vencido. Los formularios SGR de 2025 llegaron vacíos. Y la pignoración del ICA al 130% es una atadura heredada que limita maniobra hasta el final del crédito.

ODS: lo que Ubaté le cumple al mundo

El desempeño por Objetivos de Desarrollo Sostenible sigue la misma línea de los indicadores: avance verificable en ODS 9 (infraestructura vial rural), ODS 6 (agua y saneamiento con subsidios y ejecución del SGP), ODS 3 (aseguramiento universal pagado al día), ODS 2 y 8 (seguridad alimentaria y trabajo con la triplicación del gasto agropecuario y el PAE ejecutado), y una deuda abierta en ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas): la ejecución de seguridad no acompaña el discurso, y la calidad del reporte financiero de 2024 flaqueó justo donde el ODS 16 exige instituciones transparentes y que rinden cuentas. El FURAG general, eso sí, respalda la institucionalidad: 97,37 puntos, puesto 8 entre 1.099 alcaldías de Colombia y segundo lugar de Cundinamarca, solo detrás de Funza, la número uno nacional.

Bloque 5. Calificación final

TABLA DE CALIFICACIÓN

Según la escala de esta serie (0,0-2,9 pésimo; 3,0-4,9 mediocre; 5,0-6,9 regular; 7,0-8,4 bueno; 8,5-10 excelente), la gestión de Richard Alexander Bernal en 2024-2025 califica como BUENA, con advertencias. No se activa análisis de prevaricato por omisión: no hay evidencia de omisión dolosa de funciones; hay, al contrario, ejecución alta, finanzas sanas y obra entregada. Lo que hay son dos preguntas abiertas que un buen gobernante debería responder antes de que se las hagan los organismos de control: dónde están las cámaras de «Ubaté Sin Miedo» y por qué el CHIP dijo durante un año que Ubaté construyó un hospital que no existe.

Esta serie ha demostrado, municipio por municipio, que la corrupción y la desidia se esconden en las cifras. Hoy demuestra lo contrario también con cifras: que administrar bien es posible en Colombia, en un municipio de categoría intermedia, sin regalías gigantes ni milagros, con recaudo propio, inversión del 81% y deuda a la baja. La pregunta para los ubatenses no es si su alcalde ejecuta. Es si van a exigirle que la seguridad que prometió deje de ser un compromiso presupuestal congelado y se convierta en cámaras encendidas. Porque la vigilancia que más le sirve a Ubaté no es la de los lentes en los postes: es la de los ciudadanos sobre su alcaldía.

Metodología

Fuentes cruzadas: (1) CHIP-CUIPO, formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS, cortes DIC 2024 y DIC 2025, envíos 4571580 y 4669778 verificados en encabezado; (2) FUT_DEUDA_PUBLICA (créditos, créditos por sector, renta pignorada) y FUT_VIGENCIAS_FUTURAS; (3) Sistema General de Regalías, ejecución de ingresos y gastos; (4) FURAG vigencia 2025, Función Pública, ranking calculado sobre 1.099 alcaldías con IDI; (5) SECOP I y II vía Colombia Licita (entidad 1041) y contribución del 5% sobre obra pública como estimador de contratación de obra; (6) prensa regional (La Villa, El Dorado Radio, HSB Noticias) y portal oficial de la Alcaldía. Todos los valores en pesos corrientes.

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