Análisis forense de los dos primeros años de gobierno: $75.000 millones de deuda nueva, $67.611 millones de vigencias futuras amarradas, regalías que caen 63% y una crisis de agua que no cede.
Apertura
Nos encontramos en el municipio de Turbaco. Vamos a auscultar la gestión municipal, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión de la alcaldesa Claudia Espinosa Puello. Haremos un estudio de la administración realizada por esta alcaldesa en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.
¿Y qué aparece cuando esas herramientas se abren línea por línea? Un municipio que entre enero de 2024 y diciembre de 2025 recaudó y giró a su presupuesto más de $411.793 millones, firmó en noviembre y diciembre de 2024 —las semanas finales del primer año de gobierno— dos créditos por $75.000 millones, cerró 2025 con $14.252 millones en obligaciones sin respaldo de pago (reservas más cuentas por pagar) y autorizó en octubre de 2025 $67.611 millones de vigencias futuras que la siguiente administración tendrá que ejecutar con plata que todavía no existe. Todo ello mientras los barrios nuevos del municipio —Bonanza, Villa Grande de Indias, El Rodeo— se levantaban en protesta, bloqueando la carretera que los conecta con Cartagena, por algo tan elemental como el agua que no sale de las llaves.
La corrupción no solo se denuncia: se disecciona. Y cuando se abre el cuerpo financiero de Turbaco con bisturí contable, lo que aparece no es un cadáver de escándalo, sino algo más inquietante: un organismo que respira, gasta e inaugura, pero que ha aprendido a convivir con una enfermedad crónica llamada sed, y a financiarla con la hipoteca del futuro. Esta es la radiografía de esos dos años, componente por componente, peso por peso, omisión por omisión.
El municipio y la primera alcaldesa elegida por voto popular
Turbaco no es un municipio cualquiera: es la puerta sur de Cartagena, a apenas doce kilómetros del Carmen de Apicalá, asentada sobre la vía que une la capital departamental con los municipios productores del norte bolivarense. El DANE proyectó para 2025 una población de 127.464 habitantes —el 5,7% del total de Bolívar—, una población que ha explotado en las dos últimas décadas por la presión urbanística de Cartagena: fincas que se vuelven urbanizaciones, urbanizaciones que nacen sin agua suficiente, y un casco histórico de baluartes, plazas y tradición turística que convive con satélites residenciales donde el servicio público llega tarde y mal. Por población e ingresos corrientes, Turbaco es hoy municipio de categoría segunda según la Ley 617 de 2000, con una capacidad fiscal que pocos municipios de su grupo tienen el privilegio de manejar.
En esa Turbaco de contrastes, el 1 de enero de 2024 asumió Claudia Espinosa Puello, licenciada y gestora social, la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el municipio. Su candidatura se construyó sobre una promesa de calidez y presencia social, sintetizada en el nombre de su gobierno: «Juntos Construimos Futuro 2024-2027», con el lema «Turbaco Solidario para el Desarrollo Humano y Sostenible». El plan, adoptado en abril de 2024, declara 34 programas y 189 indicadores de resultado, con ejes sociales, económicos, ambientales e institucionales. En el papel, una arquitectura de planeación envidiable para un municipio de su categoría.
Pero ninguna administración gobierna sola: gobierna sobre la herencia de la anterior. Y la anterior merece capítulo aparte. Entre 2020 y 2023, Turbaco fue gobernada por Guillermo Enrique Torres Cuéter, el excomandante de las FARC conocido en la guerrilla como «Julián Conrado», el primer exguerrillero elegido alcalde en la historia de Colombia. En mayo de 2023, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra Torres por su presunta omisión en la atención de personas privadas de la libertad. La gestión de Torres dejó, además, la cicatriz que ningún turbaquero olvida: las crisis periódicas y estructurales del agua potable, con episodios de quince días o más sin servicio que ya eran rutina en 2018 y 2022. La promesa implícita de todo relevo era, por tanto, obvia: resolver lo que el alias Julián Conrado no resolvió.
Metodología: cómo calificamos la gestión municipal
La calificación final se calcula como un promedio ponderado de seis componentes, cada uno evaluado en una escala de 0 a 10. La escala no es absoluta: evalúa la gestión en relación con el punto de partida del municipio y los recursos disponibles. Un 7,0 en Turbaco no es equivalente a un 7,0 en Medellín, pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley son igualmente exigibles. Cada componente se apoya en fuentes oficiales verificables (CHIP, Función Pública, SECOP, SGR, DANE) y en el análisis de la evidencia documental disponible al cierre de esta investigación.
Tabla 1. Componentes y pesos de la calificación
| Componente | Peso | Qué mide |
| FURAG (IDI) | 25% | Índice de Desempeño Institucional de la Función Pública |
| Ejecución presupuestal CUIPO | 20% | Ejecución de ingresos y gastos del presupuesto municipal |
| Avance Plan de Desarrollo | 20% | Progreso en metas y compromisos del Plan de Desarrollo Municipal |
| Transparencia SECOP | 15% | Transparencia en la contratación pública y modalidades utilizadas |
| Cumplimiento ODS | 10% | Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| Percepción ciudadana | 10% | Percepción inferida de redes sociales, prensa local y participación |
Tabla 2. Escala de calificación
| Rango | Calificación | Interpretación |
| 0,0 — 2,9 | PÉSIMO (crítico) | Gestión deficiente; indicios de irregularidades graves; posible prevaricato por omisión |
| 3,0 — 4,9 | MEDIOCRE (preocupante) | Gestión por debajo del estándar mínimo; señales de ineficiencia administrativa |
| 5,0 — 6,9 | REGULAR (vigilar) | Gestión aceptable pero con déficits relevantes; requiere seguimiento ciudadano |
| 7,0 — 8,4 | BUENO (bien) | Gestión que cumple el estándar; con margen de mejora en componentes específicos |
| 8,5 — 10,0 | EXCELENTE (bien) | Gestión sobresaliente; referente regional o nacional |
La regla del Prevaricato por Omisión: si la calificación final es igual o inferior a 6,9 (Regular o peor), se desarrolla un análisis jurídico completo del delito de Prevaricato por Omisión (Artículo 414 del Código Penal colombiano), examinando si hubo omisión dolosa de deberes funcionales, abuso de autoridad o favorecimiento ilícito. Si la calificación es igual o superior a 7,0, el análisis penal se omite como cuestión de lógica metodológica.
Nota metodológica sobre el alcance temporal: el análisis forense cubre las dos vigencias plenas disponibles con cierre oficial en el CHIP: diciembre a diciembre de 2024 y de 2025. Los formularios de la vigencia 2026 no presentan cierre al momento de esta investigación; su contenido se aborda, cuando es relevante, desde las vigencias futuras autorizadas para 2026 y 2027, que sí constan en los reportes oficiales de cierre de 2025.
Componente 1 (25%): FURAG — el termómetro de la Función Pública
El Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión (FURAG), que el Departamento Administrativo de la Función Pública aplica a todas las entidades del Estado, produce el Índice de Desempeño Institucional (IDI), uno de los pocos termómetros objetivos de la calidad de la gestión pública municipal. En la vigencia 2025 —el reporte más reciente, publicado por Función Pública el 17 de junio de 2026— Turbaco obtuvo un IDI de 77,45 sobre 100, resultado que lo ubica dentro de la alcaldía Grupo 2, la misma categoría de organización que su condición de municipio de categoría segunda.
Gráfica 1. El IDI 77,45 de Turbaco frente a las medias de referencia nacional, departamental y de grupo. Fuente: Función Pública, FURAG vigencia 2025.
Leamos ese número en tres espejos. Frente al espejo nacional: el IDI de Turbaco supera la media de las 1.100 alcaldías evaluadas (70,21) y la mediana (71,29); está, en términos prácticos, por encima de cerca de dos tercios de los municipios del país y en el puesto 11 de los 46 municipios de Bolívar con reporte, donde la media departamental es de apenas 64,05. Frente al espejo departamental, el resultado es honroso: Turbaco queda por encima de vecinos metropolitanos como Villanueva (76,01), El Guamo (71,63) y Turbaná (61,59), aunque por debajo de Cartagena (97,09), Cantagallo (96,95) o Santa Rosa (93,58). Pero frente al espejo de su propio grupo, la lectura se enfría: la media de las 85 alcaldías Grupo 2 es 81,69, es decir, 4,24 puntos por encima del IDI turbaquero. Dentro de su grupo, Turbaco ocupa la casilla 26 desde abajo: 59 de sus pares de igual categoría lo superan.
¿Qué significa esto en castellano llano? Que el aparato administrativo de Turbaco funciona mejor que el de la mayoría de municipios colombianos, pero rinde por debajo de lo que le corresponde por tamaño, presupuesto y personal. Un municipio de categoría segunda que recaudó más de $226.000 millones en 2025 y que maneja contratación por más de $180.000 millones anuales debería aspirar a la cabeza de su grupo, no a su cola superior. El FURAG no muestra fiebre; muestra, más bien, un pulso de atleta que entrena por debajo de su categoría. Para la calificación ponderada, este desempeño se traduce en una nota de 7,5 sobre 10: sólido en lo básico, insuficiente en la ambición.
Componente 2 (20%): CUIPO — la ejecución presupuestal, línea por línea
Un presupuesto que creció 22%… con doble fondo
Según los formularios oficiales del CUIPO (Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario) del Sistema CHIP, los ingresos recaudados de Turbaco pasaron de $185.529 millones en 2024 a $226.265 millones en 2025: un salto del 21,9% que, a primera vista, parece la crónica de un milagro fiscal. La primera vista engaña. De ese crecimiento de $40.735 millones, $26.400 millones son recursos de crédito interno —es decir, deuda— y $17.755 millones son recursos del balance, saldos arrastrados de vigencias anteriores. Descontados ambos, el crecimiento orgánico del ingreso —el que viene de la economía real del municipio— fue de un sobrio 6,7%. El milagro, como casi todos los milagros presupuestales, tenía letra pequeña: se llamaba Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Banco de Colombia.
Gráfica 2. Composición del recaudo total de 2025. Solo el 28,9% son tributarios propios; el 47,0% proviene de transferencias del Gobierno nacional y el 11,7%, de deuda. Fuente: CHIP, CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS, cierre diciembre 2025.
Tabla 3. Ingresos recaudados de Turbaco, 2024 vs 2025 (millones de pesos)
| Concepto | 2024 | 2025 | Variación |
| Ingresos corrientes | 168.325 | 179.914 | +6,9% |
| — Tributarios (predial, ICA, sobretasas) | 60.526 | 65.332 | +7,9% |
| — Transferencias corrientes | 103.524 | 110.844 | +7,1% |
| · Sistema General de Participaciones (SGP) | 50.060 | 57.805 | +15,5% |
| · SGSSS (salud) | 46.317 | 48.167 | +4,0% |
| · Otras transferencias | 7.147 | 4.873 | -31,8% |
| Ingresos de capital | 17.203 | 46.351 | +169,4% |
| — Recursos de crédito interno | 0 | 26.400 | Nuevo |
| — Recursos del balance (saldos anteriores) | 14.842 | 17.755 | +19,6% |
| TOTAL RECAUDO | 185.529 | 226.265 | +21,9% |
La dependencia del centro: casi la mitad de cada peso viene de Bogotá
El ejercicio de autonomía fiscal exige medir cuánto del presupuesto depende de las transferencias del Gobierno nacional. En 2024, entre SGP y Sistema General de Seguridad Social en Salud, Turbaco recibió $96.377 millones, equivalentes al 51,9% de todo su recaudo. En 2025 la cifra absoluta subió a $105.971 millones, aunque su peso relativo bajó al 46,8% —no porque el municipio independizara sus cuentas, sino porque se endeudó—. Si se suma la totalidad de las transferencias corrientes, la dependencia fue del 55,8% en 2024 y del 49,0% en 2025. La lectura forense es directa: Turbaco sigue siendo un municipio administrador de recursos nacionales; su esfuerzo propio (tributos) representa apenas tres de cada diez pesos. Para un municipio que aspira a convertirse en el nuevo polo urbano del sur metropolitano, ese nivel de dependencia es una alerta de planeación fiscal, no un dato estadístico.
El gasto: inversión en cifras, cautela en la realidad
Del lado del gasto, las obligaciones de la vigencia actual sumaron $163.150 millones en 2024 y $206.075 millones en 2025. La estructura es, sobre el papel, impecable: la inversión absorbió el 82,7% de las obligaciones de 2024 y el 84,7% de las de 2025, mientras el funcionamiento se mantuvo en un disciplinado 17,0% y 15,2% y el servicio directo de la deuda fue casi testimonial ($421 millones en 2024; $277 millones en 2025). Pero el diablo forense vive en dos partidas que las administraciones prefieren no fotografiar: las reservas y las cuentas por pagar, es decir, compromisos que se obligaron pero no se pagaron al cierre. En 2024 sumaron $6.586 millones; en 2025, $14.252 millones: un crecimiento del 116% en un solo año, concentrado en inversión. Obligar sin pagar es el arte contable de prometer obras con plata prestada del calendario.
Gráfica 3. Destino de las obligaciones de la vigencia actual 2025. La inversión acapara el 84,7%. Fuente: CHIP, CUIPO D_EJECUCION_DE_GASTOS, cierre diciembre 2025.
Tabla 4. Gasto comprometido de Turbaco, 2024 vs 2025 (millones de pesos, obligaciones)
| Concepto | 2024 | 2025 |
| Funcionamiento (incluye Concejo y Personería) | 27.804 | 31.230 |
| Servicio de la deuda | 421 | 277 |
| Inversión | 134.925 | 174.568 |
| — De la cual: salud (SGSSS + régimen subsidiado) | 79.454 | 84.747 |
| — De la cual: recursos de crédito interno | 0 | 19.758 |
| Reservas (obligaciones reservadas al cierre) | 1.399 | 6.297 |
| Cuentas por pagar (deuda reconocida sin pago) | 5.187 | 7.955 |
| Disminución de pasivos (pago de deudas viejas) | 2.115 | 6.082 |
| TOTAL OBLIGACIONES VIGENCIA ACTUAL | 163.150 | 206.075 |
Hay un tercer detalle que el ojo forense no perdona: en 2025 la administración obligó $6.082 millones en «disminución de pasivos», el triple que en 2024 —incluidos $4.697 millones clasificados dentro de la propia inversión—. Traducido: recursos de inversión usados para pagar deudas viejas, herencia de compromisos anteriores o facturas de ejercicios pasados. No es ilegal, pero sí es revelador: la casa nueva se construyó mientras se saldaban las deudas del patio trasero. La nota de este componente, que premia la alta ejecución de inversión pero castiga el crecimiento explosivo de las obligaciones sin pago, el doble fondo del crecimiento y la dependencia estructural del centro, es 6,5 sobre 10.
Gráfica 4. Comparativo de ingresos, transferencias, tributos, obligaciones e inversión 2024-2025. Fuente: CHIP, CUIPO, cierres diciembre 2024 y 2025.
Deuda pública y vigencias futuras: la herencia amarrada
Dos firmas de fin de año por $75.000 millones
El formulario de Deuda Pública del CHIP registra tres créditos activos en Turbaco. El primero es viejo y conocido: un crédito con Bancolombia por $1.713 millones firmado en junio de 2021, garantizado con el 12,5% del impuesto predial unificado. Los otros dos cambian la escala del juego: el 12 de noviembre de 2024, la administración Espinosa firmó con el BBVA un crédito de $35.000 millones a 108 meses, pignorando el 9% del impuesto de industria y comercio; y el 26 de diciembre de 2024 —cinco días antes de terminar el año— concretó con Bancolombia otro por $40.000 millones a 120 meses, con el 10% del predial como garantía. Total: $75.000 millones de deuda nueva contratada en las últimas semanas del primer año de gobierno, cuando el servicio de la deuda municipal apenas rondaba los $400 millones anuales. La relación deuda aprobada a servicio anual fue, en 2025, de 277 a uno.
Gráfica 5. Créditos vigentes del municipio: aprobado vs desembolsado al cierre de 2025. Fuentes: CHIP, FUT_DEUDA_PUBLICA (CREDITOS), cierres 2024 y 2025.
Tabla 5. Créditos de Turbaco registrados en el CHIP (cierre 2025)
| Entidad / fecha | Monto aprobado | Desembolsado | Destino por sector | Garantía pignorada |
| Bancolombia — jun. 2021 | $1.713 M | $1.713 M | Vivienda, ciudad y territorio (100%) | Predial unificado 12,5% |
| BBVA — 12 nov. 2024 | $35.000 M | $11.400 M | Deporte y recreación 71,42% · Salud 28,58% | Industria y comercio 9% |
| Bancolombia — 26 dic. 2024 | $40.000 M | $15.000 M | Educación 62,5% · Salud 25% · Vivienda 12,5% | Predial unificado 10% |
| TOTAL | $76.713 M | $28.114 M | — | — |
Vigencias futuras: $67.611 millones para el gobierno que venga
¿Y qué se hizo con la primera recepción de esa deuda? El formulario de Vigencias Futuras del CHIP lo cuenta con precisión quirúrgica. Mediante el Decreto 009 del 2 de octubre de 2025 y el Decreto 010 del 29 de octubre de 2025, la alcaldesa autorizó $67.611 millones de vigencias futuras: $35.838 millones para deporte y recreación, $16.773 millones para educación y $15.000 millones para infraestructura de la red vial primaria. El 86% de ese monto —$58.285 millones— se financia con los recursos de crédito. Su ejecución quedó programada para 2026 ($42.974 millones) y 2027 ($20.777 millones). En cristiano: la administración actual ya gastó en compromisos la plata de los dos últimos años de su periodo y del arranque completo del próximo gobierno. Las vigencias futuras son, técnicamente, una promesa legal de gasto que amarra el presupuesto del sucesor; quien gane en 2027 heredará facturas y proyectos que no contrató.
Gráfica 6. Vigencias futuras autorizadas en octubre-diciembre de 2025 por sector y año de ejecución. Fuente: CHIP, FUT_VIGENCIAS_FUTURAS (AUTORIZACIONES), cierre 2025.
Tabla 6. Vigencias futuras autorizadas al cierre de 2025 (millones de pesos)
| Sector | Comprometido 2025 | Ejecución 2026 | Ejecución 2027 | Total |
| Deporte y recreación (crédito BBVA) | 3.860 | 15.989 | 15.989 | 35.838 |
| Vías — red vial primaria (crédito Bancolombia) | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| Educación (crédito + SGP + libre destinación) | 0 | 11.985 | 4.788 | 16.773 |
| TOTAL | 3.860 | 42.974 | 20.777 | 67.611 |
La forense de las finanzas públicas conoce este patrón con nombre y apellido: endeudamiento de cierre de periodo. Se firma la deuda al final del año (mejor si es el primero), se deja el gasto mordiente —y políticamente visible— para los años siguientes, y el servicio real de la deuda (capital e intereses) golpea después de las elecciones. No es ilegal: las vigencias futuras están reguladas por el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Pero sí es el mecanismo perfecto para trasladar al futuro el costo del presente, y en Turbaco se usó con una intensidad que duplicó la deuda registrada del municipio.
Sistema General de Regalías: los giros que se desploman
Turbaco no es un municipio PDET —no hace parte de las 170 zonas priorizadas por el Acuerdo de Paz— ni produce hidrocarburos; su relación con el Sistema General de Regalías (SGR) es la de un receptor de asignaciones: en ambos años recibió $700 millones de asignaciones directas (el 20% del SGR distribuido a municipios) más recursos de asignación para la inversión local según necesidades básicas insatisfechas. En 2024 los giros totales fueron de $14.691 millones, incluidos $1.470 millones de la asignación ambiental. En 2025, los giros cayeron a $5.482 millones: un desplome del 63% que refleja la menor apropiación del sistema y la liquidación de vigencias anteriores.
¿Y qué se hizo con esa plata? La ejecución de regalías de Turbaco es unísona: casi todo se fue a autopistas, carreteras y calles. En 2024 se obligaron $9.203 millones (pagos por $7.740 millones); en 2025, $6.603 millones (pagos por $6.598 millones), repartidos entre vías ($3.845 millones) y servicios ($2.758 millones, incluidos los $700 millones de asignación directa). Dos años, $14.338 millones pagados: cada peso de regalías ejecutado fue de inversión, dato que hay que reconocer, aunque la asfixia del giro 2025 dejó la ejecución alimentada de saldos. Cabe anotar que un municipio no PDET como Turbaco no recibe los recursos preferentes del posconflicto; su performance en SGR depende de la salud del sistema y de su capacidad técnica para presentar proyectos viables —y aquí, la caída del 63% en un solo año sugiere que el pipeline de proyectos del municipio estaba más vacío de lo que el discurso oficial admite.
Gráfica 7. Ejecución del Sistema General de Regalías en Turbaco: giros, obligaciones y pagos. Fuente: CHIP, SGR (EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS), cierres 2024 y 2025.
Tabla 7. Regalías: giros recibidos y ejecución (millones de pesos)
| Concepto | 2024 | 2025 |
| Giros recibidos (asignación directa + inversión local) | 14.691 | 5.482 |
| — Asignaciones directas (20% del SGR) | 700 | 700 |
| — Asignación para la inversión local (según NBI) | 12.521 | 4.782 |
| — Asignación ambiental | 1.470 | 0 |
| Obligaciones ejecutadas | 9.203 | 6.603 |
| Pagos efectivos | 7.740 | 6.598 |
Componente 3 (20%): el Plan de Desarrollo y los cinco problemas que duelen
El Plan de Desarrollo «Juntos Construimos Futuro 2024-2027» —con su lema «Turbaco Solidario para el Desarrollo Humano y Sostenible»— se construyó con ejercicios de escucha en los corregimientos y barrios, y se adoptó en abril de 2024 con 34 programas y 189 indicadores de resultado. Para evaluar su avance en los dos primeros años cruzamos tres fuentes: la evidencia presupuestal del CUIPO por sector, la ejecución de regalías y vigencias futuras, y el registro periodístico y ciudadano del «sentir de la gente». Del cruce emergen los cinco problemas que más duelen a las comunidades y que la alcaldesa se comprometió a resolver. Sobre cada uno se construye un indicador de gestión, calificado de 0 a 10 según la evidencia.
Indicador 1 — Agua potable: la sed que no baja (3,0/10)
El problema número uno de Turbaco es, fue y sigue siendo el agua. En 2024 el municipio obligó $6.637 millones del SGP de agua potable y saneamiento básico; en 2025, $9.070 millones, de los cuales la mayor parte se fue en subsidios y operación ($2.658 millones en subsidios de acueducto y $4.455 millones en subsidios de aseo), no en solución estructural. La administración anunció la culminación de la planta de tratamiento como obra insignia, y el rubro de acueducto efectivamente obligó $3.253 millones en 2024 y $4.041 millones en 2025. Pero la evidencia de terreno contradice el triunfalismo: entre 2025 y 2026, los barrios Bonanza, Villa Grande de Indias y El Rodeo protagonizaron protestas y bloqueos de la vía principal por falta de agua potable, con episodios documentados de varios días sin carro tanques y reclamos públicos contra las autoridades locales. Un municipio que cobra sobretasas, subsidia el servicio y anuncia plantas, pero cuya población nueva sigue comprando agua en tanquetas, no ha resuelto su problema número uno: ha aprendido a administrarlo. Nota: 3,0.
Indicador 2 — Vías e infraestructura: pavimento a cuotas (5,5/10)
corrupcionaldia.com · Serie «Nuestro Dinero» · Turbaco 2024-2025
En vías, el saldo es de mitad de cancha. Las regalías financiaron $9.203 millones de obras viales en 2024 y $3.845 millones en 2025; la sobretasa de alumbrado público permitió comprometer $12.444 millones en 2025 para redes de distribución local —el rubro de infraestructura eléctrica más visible del bienio—; y el crédito de Bancolombia dejó comprometidos $15.000 millones para la red vial primaria, pero con ejecución total en 2026, es decir, fuera del período evaluado. Además, $2.849 millones se obligaron en obras de reducción del riesgo. Lo que existe hoy, en obra física verificable del período, es una fracción de lo prometido; lo que queda en vigencias futuras es, otra vez, una promesa con fecha. Nota: 5,5.
Indicador 3 — Salud: el pasivo que se paga y el hospital que falta (4,5/10)
La inversión en salud de Turbaco es, en realidad, un pasivo de facturas: entre el SGSSS, el régimen subsidiado y los recursos de licores, en 2025 se transfirieron $85.842 millones —más del 46% de toda la inversión municipal— para pagar la atención de la población afiliada, un flujo que la administración administra más que decide. Lo estructural es otra historia: el nuevo hospital de primer nivel avanza con $3.748 millones obligados desde el crédito y $3.059 millones de libre destinación, y el municipio presentó formalmente su Análisis de Situación de Salud 2024. Pero el Hospital Local de Turbaco no reportó IDI en el FURAG de 2025 —dato que en sí mismo habla del nivel de instrumentos de gestión del principal prestador—, y las quejas recurrentes por remisiones, demoras y la salud rural no han encontrado en el bienio la respuesta estructural que el crédito prometió. Nota: 4,5.
Indicador 4 — Educación: el sector que mejor camina (6,0/10)
Educación es, en la evidencia presupuestal, el frente mejor atendido. El Programa de Alimentación Escolar creció de $1.617 millones obligados en 2024 a $2.914 millones en 2025 (+80%); la gratuidad educativa pasó de $1.331 a $1.797 millones; la calidad por matrícula, de $1.194 a $1.626 millones; y el transporte escolar, de $996 a $1.134 millones. El crédito de Bancolombia destinó $25.000 millones al sector, de los cuales $16.773 millones quedaron amarrados en vigencias futuras para 2026-2027: una inyección seria, aunque su ejecución efectiva está por verse. La secretaría de educación exhibió una gestión activa de programas y convocatorias. Falta lo que el papel no muestra: resultados de calidad (pruebas Saber, cobertura en zonas nuevas), que este análisis no pudo verificar con datos públicos de corte 2025. Nota: 6,0.
Indicador 5 — Deporte, espacios públicos y seguridad: el crédito del futuro, el miedo del presente (4,0/10)
El sector deportivo es el gran beneficiario del crédito BBVA: $25.000 millones comprometidos, $3.860 millones ya ejecutados en 2025 en compra de tierras para centros de recreación y $35.838 millones de vigencias futuras para 2026-2027. Un plan de equipamiento deportivo que, de concretarse, transformaría la oferta social del municipio. Pero dos sombras lo atenúan. Primero, que todo lo visible del bienio es la compra de lotes: los escenarios son proyectos, no obras. Segundo, que la seguridad —el otro reclamo comunitario— mostró señales duras: intentos de sicariato en barrioscomo El Paraíso, homicidios múltiples documentados en la vía Ruta 90 y consejos de seguridad reiterados; a lo que se suma, en febrero de 2026, una denuncia pública por presunta participación de la alcaldesa en política partidista, presentada ante los organismos de control. Nota: 4,0.
Tabla 8. Los cinco indicadores de gestión vinculados a los problemas prioritarios
| Problema prioritario | Inversión del bienio (evidencia) | Situación al cierre de 2025 | Nota |
| Agua potable y saneamiento | $15.708 M SGP agua + subsidios | Crisis persistente; protestas y bloqueos por falta de agua | 3,0 |
| Vías e infraestructura | $13.048 M regalías + $12.444 M alumbrado | Obras parciales; $15.000 M vía crédito quedan para 2026 | 5,5 |
| Salud | $85.842 M (2025) en aseguramiento | Pasivo sanitario cubierto; hospital en construcción con crédito | 4,5 |
| Educación | PAE $2.914 M; $25.000 M de crédito al sector | Programas operando y en crecimiento; calidad por verificar | 6,0 |
| Deporte, espacios y seguridad | $25.000 M crédito + $3.860 M tierras | Todo por ejecutar (VF 2026-27); inseguridad documentada | 4,0 |
El promedio de los cinco indicadores —que es la nota del componente Plan de Desarrollo— es 4,6 sobre 10. La arquitectura de planeación es sofisticada; la ejecución visible en el bienio, desigual: sólida en educación, intermedia en vías y salud, y deficiente en el problema que define la vida cotidiana turbaquera: el agua.
Componente 4 (15%): SECOP — la competencia está de visita
La contratación pública es el principal canal por el que el presupuesto se convierte en servicios, y su transparencia se mide en el SECOP. Los agregadores oficiales de datos registran para la Alcaldía de Turbaco 865 procesos publicados en los últimos doce meses por $182.001 millones, con un ticket promedio de $210 millones; 827 procesos adjudicados a 554 proveedores distintos por $154.389 millones. El volumen es alto y la capa de publicación, activa: la rendición de cuentas 2025 incluye, incluso, un anexo específico de contratación y obras. Hasta aquí, buenas formas.
El problema es la calidad de la competencia. En Turbaco, el 64,2% de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, frente a un promedio nacional del 48,9%. Traducido: de cada diez licitaciones mínimas, contrataciones directas o procesos simplificados con competencia efectiva, más de seis terminaron con un único interesado. La baja competencia es el mecanismo silencioso por el que la contratación pública se vuelve previsible: pocas manos, precios poco discutidos, procesos que nacen a la medida. A ello se suma la ausencia visible de licitaciones públicas mayores en el período evaluado —el gasto se dispersa en cientos de procesos pequeños—, un patrón que no viola la norma pero que diluye el escrutinio ciudadano. Y una nota adicional: la Gobernación de Bolívar mantiene proyectos con recursos de regalías asociados al municipio (vía contratos interadministrativos como el 1500-2024), cuya trazabilidad en SECOP departamental es, en la práctica, difícil de seguir para el ciudadano común. Nota: 5,5 sobre 10.
Componente 5 (10%): los ODS, el espejo internacional
Medida contra los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la gestión turbaquera muestra un mapa contradictorio. En el ODS 6 (agua y saneamiento), el más crítico, hay retroceso neto: pese a la inversión SGP y a la planta anunciada, la cobertura real y la continuidad del servicio se deterioraron en los sectores de expansión urbana, con protestas documentadas. En el ODS 3 (salud y bienestar), el aseguramiento es universal en el papel y precario en la experiencia; el hospital nuevo es una promesa con crédito, no un servicio. En el ODS 4 (educación de calidad), los programas sociales (PAE, transporte, gratuidad) avanzaron de forma medible: es el ODS con mejor evidencia. El ODS 11 (ciudades sostenibles) registra avances parciales: alumbrado LED, tierras para equipamiento deportivo y obras de riesgo, pero con su grueso diferido a 2026-2027. Y el ODS 16 (instituciones sólidas), el ODS de la transparencia, es el más cuestionado: baja competencia contractual, denuncia por participación en política y una percepción pública fracturada. La nota del componente: 5,0 sobre 10.
Componente 6 (10%): la calle, las redes y el sentir de la gente
La percepción ciudadana se reconstruyó a partir de la cobertura de medios locales (TeleTurbaco y portales regionales), las redes sociales de la alcaldía y de colectivos como «Denuncias Turbaco», y el registro de protestas. El cuadro es de una administración con una vitrina oficial intensa —inauguraciones, festividades, convenios, presencia en gabinetes itinerantes y reconocimientos protocolarios— conviviendo con una calle que estalla por el agua: bloqueos de la vía principal por parte de residentes de Bonanza y Villa Grande de Indias, videos virales de carro tanques que no llegan, y reclamos que se dirigen cada vez más al gobernador de Bolívar que a la alcaldía, señal de la erosionada credibilidad local.
Cuando los ciudadanos bloquean una carretera por agua, no están protestando contra un funcionario: están protestando contra una promesa que llevan décadas esperando. En Turbaco, la sed también vota.
A la ecuación se suma el símbolo: Claudia Espinosa Puello es la primera alcaldesa elegida por voto popular del municipio, con un gabinete con presencia femenina relevante, y eso genera una reserva de expectativa social que los datos no capturan pero que la política sí. También opera en sentido contrario: la denuncia de febrero de 2026 por presunta participación en política partidista instaló un flanco de desconfianza que los organismos de control deberán esclarecer. El equilibrio del bienio —vitrina intensa, servicio frágil— se califica en 4,5 sobre 10.
Radar integral: la calificación final ponderada
Con los seis componentes sobre la mesa, la aritmética de la gestión es la siguiente. Cada nota se multiplica por su peso y la suma produce la calificación final del bienio: 5,87 sobre 10.
Tabla 9. Cálculo detallado de la calificación final
| Componente | Peso | Nota | Contribución |
| FURAG (IDI) — Función Pública | 25% | 7,5 | 1,875 |
| Ejecución presupuestal CUIPO | 20% | 6,5 | 1,300 |
| Avance del Plan de Desarrollo (5 indicadores) | 20% | 4,6 | 0,920 |
| Transparencia SECOP | 15% | 5,5 | 0,825 |
| Cumplimiento de los ODS | 10% | 5,0 | 0,500 |
| Percepción ciudadana | 10% | 4,5 | 0,450 |
| CALIFICACIÓN FINAL | 100% | — | 5,87 / 10 |
Gráfica 8. Radar de la gestión 2024-2025: las notas de los seis componentes frente al umbral «Bueno» (7,0). El polígono se contrae en Plan de Desarrollo, percepción y ODS.
| TURBACO 2024-2025 5,87 / 10REGULAR — VIGILAR Gestión aceptable pero con déficits relevantes; requiere seguimiento ciudadano |
Análisis jurídico: el Prevaricato por Omisión (Artículo 414, Código Penal)
De acuerdo con la regla metodológica de esta serie, al ubicarse la calificación final (5,87) en el rango Regular o inferior, corresponde desarrollar el análisis jurídico completo del delito de Prevaricato por Omisión. Conviene precisar desde el inicio qué dice la ley y qué puede afirmarse con la evidencia disponible, porque en esta materia la distancia entre la negligencia administrativa y el delito se mide en elementos del tipo penal, no en titulares.
Tipificación legal
El Artículo 414 del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) sanciona al «servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones» con prisión de 32 a 108 meses, multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ha precisado que el tipo penal exige: (i) la existencia de un deber funcional concreto de actuar; (ii) el conocimiento de ese deber por parte del servidor; y (iii) la omisión dolosa, entendida como la decisión consciente de no cumplir, no la simple ineficiencia o el error de gestión. El prevaricato por omisión es, así, un delito de desobediencia interna: el servidor ve la obligación y elige mirar hacia otro lado.
Omisiones documentadas que ameritan escrutinio
Omisión 1 — La garantía del derecho al agua. El derecho humano al agua potable está reconocido por la Corte Constitucional (Sentencia T-740 de 2011, entre otras) como derecho fundamental por conexidad con la vida digna y la salud. Turbaco documenta —en protestas, bloqueos, quejas formales y cobertura de prensa de 2025 y 2026— una crisis de continuidad del servicio en sectores específicos que la administración conocía con certeza. Existía deber funcional (garantizar la prestación del servicio, gestionar la infraestructura y activar contingencias), había conocimiento (los episodios son repetidos y públicos) y hubo falta de respuesta estructural: la inversión se concentró en subsidios y operación mientras la solución (acueducto regional, capacidad de planta, presión para sectores altos) permanece pendiente. Si la Fiscalía o los tribunales de control fiscal encontraran que hubo decisiones conscientes de postergar obras con recursos disponibles, la línea del Artículo 414 quedaría formalmente cruzada. Con la evidencia pública disponible, lo que puede afirmarse es la existencia de indicios serios de omisión de deberes funcionales que ameritan investigación, no la existencia del delito.
Omisión 2 — La ejecución contable sin respaldo real. El crecimiento del 116% de reservas y cuentas por pagar ($6.586 millones a $14.252 millones) revela una práctica de obligar recursos sin capacidad de pago efectiva. La Ley 38 de 1989 y el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Ley 819 de 2003) exigen que las obligaciones se contraigan con cargo a apropiaciones disponibles y con capacidad real de ejecución. Obligar inversión que se sabe impagable dentro de la vigencia —y reservarla al cierre para maquillar la ejecución— puede configurar, en los casos extremos que el control fiscal verifique, violación de los regímenes del presupuesto y omisión de los deberes de programación y ejecución financiera.
Omisión 3 — La planeación diferida y el endeudamiento de cierre. Firmar $75.000 millones en créditos en noviembre-diciembre de 2024 y autorizar $67.611 millones de vigencias futuras en octubre de 2025 no es ilegal por sí mismo: es un instrumento legal. Pero la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) y las metodologías del DNP exigen coherencia entre la capacidad de ejecución y la programación plurianual. Trasladar sistemáticamente al sucesor la ejecución del propio plan —el 86% de las vigencias futuras se ejecutará en 2026-2027— constituye, cuando se hace con recursos de deuda y sin capacidad técnica demostrada de ejecución, una omisión del deber de planeación seria que los organismos de control deben valorar como parte del examen de gestión y resultado.
Omisión 4 — La competencia contractual. El 64,2% de procesos con un solo oferente —17 puntos por encima del promedio nacional— indica una omisión reiterada del deber de garantizar competencia objetiva (Ley 1150 de 2007 y Ley 2170 de 2021). No configura por sí misma delito, pero es el ecosistema donde las omisiones de vigilancia —pliegos a la medida, estudios previos sin tensionar, supervisión laxa— se naturalizan.
Conclusiones del análisis jurídico
La calificación REGULAR de Turbaco no afirma que la alcaldesa Claudia Espinosa Puello sea penalmente responsable de nada: afirma que la evidencia documental —la que consta en CHIP, FURAG, SECOP, prensa y protestas— describe patrones de omisión funcionales (agua sin solución estructural, ejecución contable sin respaldo de pago, planeación diferida por deuda de cierre, competencia contractual debilitada) que los organismos de control —Procuraduría, Contraloría, Ministerio Público— deben examinar con la profundidad que la ciudadanía merece. El prevaricato por omisión existe cuando el deber era claro, el conocimiento era cierto y la omisión fue decidida. Ese trípode se prueba con documentos internos, actas y decisiones presupuestales que solo el control fiscal puede compulsar. Nuestro trabajo, como siempre en esta serie, es dejar señalado dónde mirar.
Conclusiones: Turbaco, la verdad diseccionada
Lo que la administración sí hizo
El balance no es monocromo. Turbaco ejecutó en dos años una de las inversiones relativas más altas de los municipios de su categoría (84,7% de las obligaciones de 2025), mantuvo el funcionamiento bajo control (15,2%), obtuvo un IDI de 77,45 que la sitúa entre el tercio superior del país y en el top 11 de Bolívar, multiplicó el Programa de Alimentación Escolar (+80%), amplió el alumbrado público con $12.444 millones, contrató la construcción de un hospital de primer nivel con recursos del crédito y ejecutó puntualmente las regalías recibidas en obras viales. En un departamento donde muchas alcaldías no logran obligar lo presupuestado, la maquinaria turbaquera funciona. Eso hay que decirlo con la misma fuerza con que se dice lo demás.
Lo que la administración no hizo
Pero la gestión se mide contra sus propias promesas, y ahí el saldo se enfría. No resolvió —ni contuvo— la crisis del agua, el problema número uno del municipio, que en 2025-2026 se tradujo en bloqueos y protestas en Bonanza, Villa Grande de Indias y El Rodeo. Creció a crédito: $75.000 millones firmados en las semanas finales de 2024, un 41,6% del recaudo anual, sin que el servicio de esa deuda asome aún en las cuentas. Amarró $67.611 millones de vigencias futuras que hipotecan el presupuesto de 2026-2027 y convierten la continuidad de proyectos propios en una obligación del próximo gobierno. Dejó $14.252 millones en obligaciones sin pago al cierre de 2025 y triplicó el pago de pasivos viejos. Y mantiene un ecosistema contractual donde dos de cada tres procesos se resuelven con un solo oferente. Cada una de esas cifras, por separado, tiene explicación técnica. Juntas dibujan un estilo de gobierno: gastar visible hoy, facturar después.
La calificación final y su adjetivación
Turbaco cierra sus dos primeros años con 5,87 sobre 10: REGULAR — VIGILAR. No es la gestión de un desastre; es la gestión de un municipio con músculo fiscal que sigue sin atender su dolor más antiguo, mientras financia el presente con la herencia del futuro. La palabra «vigilar» no es un adorno metodológico: es una instrucción para la ciudadanía, los medios y los organismos de control durante los dos años que quedan.
Cierre periodístico: la pregunta que queda
Turbaco tiene agua por todas partes —en el Caribe que lo abraza, en los caños que lo cruzan, en las lluvias que empapan su sabana— excepto, con demasiada frecuencia, en las llaves de sus barrios nuevos. En dos años, la administración Espinosa Puello demostró que sabe recaudar, obligar y firmar. La pregunta que Turbaco deja flotando es más simple y más incómoda: ¿sabe gobernar para quien tiene sed? ¿Cuántos bloqueos más en la vía Cartagena-Turbaco tienen que aparecer en las redes para que la «herencia amarrada» de las vigencias futuras se convierta en la excepción y no en la regla de la política local? Cada peso robado es una oportunidad perdida, pero también cada peso mal planeado. La corrupción no siempre roba: a veces solo pospone. Y el posponer, en un municipio sediento, también cobra vidas.
La pregunta no es si Turbaco puede pagarlo todo. Es cuándo dejará de posponerlo todo. Entra a corrupcionaldia.com e infórmate sobre este tema. ¡Te sorprenderás!
Anexo: fuentes, metodología y limitaciones
Fuentes oficiales consultadas
(1) Sistema CHIP (chip.gov.co), portal de información financiera del Banco de la República: formularios CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS (cierre DIC-DIC 2024 y 2025, con bloques de vigencia actual, reservas y cuentas por pagar); FUT_DEUDA_PUBLICA en sus formularios CREDITOS, CREDITOS_POR_SECTOR y RENTA_PIGNORADA (2024 y 2025); FUT_VIGENCIAS_FUTURAS (AUTORIZACIONES, OCT-DIC 2025); y SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ejecución de ingresos y gastos (2024 y 2025). (2) Departamento Administrativo de la Función Pública: Resultados de Desempeño Institucional 2025 (FURAG), reporte del 17 de junio de 2026, con 1.100 alcaldías evaluadas. (3) SECOP, vía agregador oficial de datos de contratación (consulta de septiembre de 2026). (4) DANE: proyecciones de población 2025. (5) Alcaldía de Turbaco: Plan de Desarrollo «Juntos Construimos Futuro 2024-2027», informes técnicos de rendición de cuentas 2024 y 2025 (con anexo de contratación y obras), y sitio institucional. (6) Procuraduría General de la Nación: comunicado de pliego de cargos al alcalde Guillermo Torres Cuéter (mayo de 2023).
Prensa y fuentes comunitarias
Se cruzaron, entre otras: El País América, El Colombiano, Radio Nacional de Colombia y W Radio (perfil y gestión de la administración anterior); TeleTurbaco, El Joín Informativo, Habla lo Noticias y portales comunitarios (cobertura local 2024-2026); redes sociales de la alcaldía y del colectivo ciudadano «Denuncias Turbaco» (protestas por agua en Bonanza, Villa Grande de Indias y El Rodeo; denuncias de inseguridad; denuncia de febrero de 2026 por presunta participación en política).
Metodología de calificación
Cada componente se calificó en escala de 0 a 10 con criterios públicos y replicables: FURAG (IDI/10, ajustado por comparación con la media del grupo); CUIPO (combinación de ejecución de inversión, crecimiento orgánico de ingresos, dependencia de transferencias, nivel de reservas y cuentas por pagar, y sostenibilidad de la deuda); Plan de Desarrollo (promedio de los cinco indicadores sectoriales construidos sobre evidencia presupuestal y documental); SECOP (volumen, competencia efectiva y trazabilidad); ODS (evidencia por objetivo con corte 2025); y percepción ciudadana (triangulación de prensa, redes y protestas documentadas). Los formularios de la vigencia 2026 no tienen cierre al momento de la publicación; su análisis queda para la actualización anual de esta serie.
Limitaciones y declaración de transparencia
Los registros FURAG del Hospital Local de Turbaco no reportan IDI en la vigencia 2025. La lectura de SECOP se realizó sobre un agregador con ventana de doce meses móviles, por lo que las cifras de procesos no coinciden exactamente con un corte calendario. Los cinco ejes del Plan de Desarrollo se reconstruyeron a partir de los programas documentados públicamente y del informe de gestión; el documento integral del plan (376 páginas) no estaba disponible en formato consultable al cierre de esta edición, lo que limita la verificación de metas intermedias por indicador. Este portal reitera su compromiso con el derecho de réplica: la Alcaldía Municipal de Turbaco y la señora alcaldesa pueden enviar sus observaciones documentadas, que serán publicadas íntegras en actualización de este análisis.
