El poder que nunca se fue: la ultraderecha se pone medallas
En Colombia, el pasado nunca muere: se disfraza de héroe, se sube al escenario, y se premia a sí mismo. Esta semana, la ultraderecha colombiana —una mezcla venenosa de políticos con ínfulas democráticas, generales reciclados y bufetes de poder con nostalgia del Estado como botín— decidió autocelebrarse. ¿El pretexto? Una medalla. ¿El mensaje? Aquí seguimos mandando.
La organización “Reserva Héroes y Sociedad Civil de las Fuerzas Militares” (RS), presidida por el general (r) Gustavo Rincón, otorgó el reconocimiento «Una Vida Haciendo Patria» a personajes cuya hoja de vida debería estar archivada en expedientes judiciales, no en vitrinas de honor. Entre los homenajeados brillan (por lo menos para ellos mismos) Álvaro Uribe Vélez, procesado por soborno y fraude procesal, y el general Rito Alejo del Río, condenado por homicidio y vínculos con paramilitares. ¿Estamos premiando la patria o su destrucción?
Una patria condecorada… de impunidad
El caso del general del Río es ejemplar: condenado a 26 años, se burló del sistema al salir de prisión tras un paso fugaz por la JEP, sin aportar verdad, justicia ni reparación. ¿Resultado? Vive libre, sin consecuencias, y ahora además, condecorado. La lógica es perversa: cuanto más daño al Estado de derecho, mayor la exaltación. El poder ya no necesita esconderse: se exhibe, se aplaude, se premia.
Por su parte, Uribe, aún sub iudice, no solo fue ovacionado sino defendido como mártir del orden. A nadie pareció importar que esté a punto de enfrentar un fallo por presuntos delitos graves. ¿Qué democracia condecora a sus acusados antes de que la justicia hable? Pues la colombiana, cuando es la ultraderecha la que reparte los galardones.
La nostalgia del poder absoluto
Este desfile de medallas no fue solo un acto simbólico. Fue también un ensayo general de restauración. Varios de los asistentes y condecorados —como Carlos Felipe Córdoba, excontralor convertido en precandidato presidencial; Andrés Barreto, funcionario fallido pero activo operador del uribismo; y Hernán Andrade, excongresista con investigaciones encima— forman parte de la vieja maquinaria que hoy se prepara para volver con más fuerza.
Bajo la excusa de salvar al país del «comunismo», intentan borrar con discursos lo que no pueden justificar con pruebas: sus vínculos históricos con masacres, corrupción, manipulación institucional y saqueo estatal. Mientras tanto, el intento de Álvaro Leyva de conspirar con Trump para tumbar a Petro deja en evidencia que el golpismo ya no se disimula: se intenta.
Cuando la ultraderecha grita “patria”, quiere decir “negocio”
El verdadero objetivo de este grupo no es la patria, sino el botín. Es el regreso al modelo del Estado secuestrado por intereses privados, donde las decisiones se toman en clubes, bufetes o cuarteles. Donde el poder no se disputa en urnas, sino en pasillos sin cámaras, como ya lo denunciaba “La Cara Oculta del Poder”.
No nos engañemos. El problema no es ideológico. No se trata de derecha o izquierda, sino de estructuras de poder que, como expone Alejandro Nieto, han degenerado en castas extractivas que usan el aparato público como instrumento de lucro personal.
La cobardía ciudadana: la otra cara de la restauración
Esta restauración simbólica solo es posible por la otra pata del sistema: la ciudadanía anestesiada, resignada o temerosa. Como bien señala el análisis de Corrupción estructural, la impunidad crece donde hay miedo, apatía o indiferencia. El silencio de millones hace más daño que las medallas de unos pocos.
Y mientras la izquierda en el poder tropieza por su inexperiencia, ruidos internos y clientelismo mal disimulado, los operadores del viejo régimen se reorganizan, afinan sus narrativas, tejen alianzas, y como se ve, se exhiben. El terreno está abonado para un retorno sin vergüenza y con aplausos.
Civismo: la revolución silenciosa que sí importa
Frente a esta restauración del autoritarismo condecorado, es urgente recordar que no todo está perdido. El civismo es una revolución silenciosa. Cada acto de respeto por los bienes públicos, cada denuncia valiente, cada voto informado, cada palabra dicha con honestidad, suma.
La ultraderecha podrá colgarse medallas, pero la sociedad puede armarse con dignidad. Y eso, aunque no salga en televisión ni lleve banda tricolor, es mucho más poderoso.
LOS NUEVOS «PATRIOTAS» DEL DESPOJO
La lista de condecorados es un catálogo de la corrupción colombiana. Hernán Andrade, mencionado en investigaciones por el uso sospechoso de bienes incautados a la mafia cuando era funcionario del gobierno Uribe. Andrés Barreto, rechazado por la Corte Penal Internacional por no tener los requisitos para ser magistrado, y rechazado por el Consejo de Estado por falta de experiencia mínima.
¿Su mérito para ser «patriota»? Trabajar ahora en la oficina del abogado De la Espriella, convertida en búnker de la ultraderecha uribista-militarista. Porque evidentemente, después de fracasar en el sector público, lo patriótico es dedicarse a defender criminales de cuello blanco.
Carlos Felipe Córdoba, el excandidato presidencial que convirtió la Contraloría en su agencia de empleos personal, también recibió su medalla. Un hombre que durante años garantizó apoyos políticos y favores estatales «a punta de entregar, permutar y posicionar puestos públicos». Pero bueno, ¿qué es un poco de corrupción administrativa comparado con el «patriotismo» de saquear el Estado?
La ironía es brutal: mientras estos personajes se cuelgan medallas por «hacer patria«, los recursos que robaron, los campesinos que mataron, los desplazados que crearon, las instituciones que corrompieron, siguen siendo heridas abiertas en el cuerpo social colombiano.
EL COSTO REAL DE LA IMPUNIDAD
¿Cuánto cuesta que un asesino convicto ande libre recibiendo honores? No se puede medir solo en pesos. Se mide en la pérdida de confianza en las instituciones, en la normalización de la violencia, en el mensaje que le envía a las víctimas: «Sus derechos no importan. Su dolor no cuenta. Sus victimarios son héroes.»
Cada medalla entregada a un criminal es una bofetada a la justicia. Cada aplauso a un corrupto es un escupitajo a la memoria de quienes murieron por defender la legalidad. Cada «honor» a un violador de derechos humanos es una puñalada a la esperanza de que Colombia pueda ser un país civilizado.
Pero hay algo más peligroso que la impunidad: su normalización. Cuando los criminales dejan de esconderse y empiezan a celebrar públicamente sus crímenes, cuando los medios los tratan como «líderes» y no como delincuentes, cuando la sociedad se acostumbra a verlos en pedestales en lugar de en cárceles, el país cruza una línea de no retorno.
LA PREGUNTA INCÓMODA
¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo es posible que en un país que lleva décadas hablando de justicia transicional, los responsables de crímenes de lesa humanidad estén más empoderados que nunca?
La respuesta está en el fracaso sistemático de las instituciones. En una justicia que funciona para los poderosos y castiga a los débiles. En un sistema político que premia la corrupción y castiga la honestidad. En una sociedad que prefiere la comodidad del olvido al dolor de la verdad.
El gobierno actual, con todos sus errores y escándalos, no creó este problema. Solo proporcionó el pretexto perfecto para que la ultraderecha dejara de fingir decencia. Estos personajes siempre fueron lo que son: criminales. La diferencia es que ahora pueden serlo abiertamente.
¿El peligro? Que la ciudadanía, cansada de la inexperiencia gubernamental, termine añorando la «eficiencia» de los métodos autoritarios. Que prefiera el orden criminal al caos democrático. Que cambie la libertad imperfecta por la seguridad de las botas.
Llamado a la acción:
Entra a www.corrupcionaldia.com y conoce quiénes se esconden detrás de las medallas. Porque el primer paso para evitar que el pasado regrese… es no olvidarlo.
