El teatro de la democracia: Cuando el dinero público tiene dueño
En Colombia, la democracia participativa tiene un precio variable que depende de quién quiera ejercerla. Si eres Gustavo Petro y pretendes consultar a los ciudadanos sobre mejoras laborales, 700 mil millones de pesos son un «gasto indecente». Si eres la oposición tradicional y quieres redistribuir el poder fiscal para consolidar feudos regionales, la misma suma se convierte en una «inversión democrática necesaria».
Esta no es una historia sobre diferencias ideológicas. Es la radiografía de un sistema silencioso que opera bajo reglas no escritas: el dinero público sirve cuando sirve a los intereses correctos, y se desperdicia cuando amenaza el statu quo.
La Consulta sepultada: Cuando los trabajadores no Importan
El pasado 14 de mayo, el Senado colombiano enterró con 49 votos la consulta popular que buscaba ampliar los derechos laborales nocturnos y aumentar el pago por horas extras. Los sepultureros fueron los mismos de siempre: Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, Liberal, La U y los cristianos. Su argumento central rozaba la indignación moral: «¿Cómo gastar 700 mil millones en una consulta?«
Senadores como Katherine Miranda y Paola Olguín se rasgaron las vestiduras hablando de «jugadas electorales» y de «activar emociones» en plena precampaña presidencial. El dinero público, según ellos, era sagrado e intocable.
Pero dos semanas después, estos mismos guardianes de las arcas nacionales protagonizaron un giro que habría hecho sonrojar a un contorsionista político: Carlos Fernando Motoa, María Fernanda Cabal y Óscar Barreto firmaron la ponencia positiva para un referendo que costaría exactamente lo mismo.
El Referendo bendito: Cuando la descentralización huele a negocio
El referendo promovido por el gobernador antioqueño Andrés Julián Rendón busca modificar el artículo 298 de la Constitución para que los departamentos manejen directamente los impuestos de renta y patrimonio. Traducido del lenguaje político al español: entregar $148 billones de pesos anuales (53% de los ingresos tributarios nacionales) a los gobiernos departamentales controlados, casualmente, por los partidos tradicionales.
La vocera del comité pro referendo es Paola Astrid Rivera, exsecretaria del Centro Democrático y esposa del senador uribista Enrique Cabrales. Entre los promotores figuran precandidatos presidenciales como Juan Daniel Oviedo y Juan Guillermo Zuluaga. El círculo se cierra cuando recordamos que solo tres de los 23 gobernadores del país militan en partidos de izquierda.
La aritmética de la hipocresía
Los números no mienten, aunque los políticos sí. El referendo costará entre $700 y $750 mil millones de pesos, según reconocen sus propios promotores. Los mismos senadores que consideraron este monto «indecente» para consultar sobre derechos laborales, ahora lo califican como «inversión democrática» para redistribuir el poder fiscal.
María Fernanda Cabal y Carlos Fernando Motoa, que votaron contra la consulta laboral por su costo, ahora escriben en su ponencia que «es deber del Congreso» facilitar estos mecanismos de participación. La coherencia, al parecer, es un lujo que no pueden permitirse.
El verdadero juego: Antioquia contra la Nación
Esta no es una historia que comenzó con Petro. Las raíces se hunden en el enfrentamiento entre el presidente y el gobernador antioqueño, alimentado por decisiones como la no prórroga de la delegación minera que Antioquia mantenía desde 2001, o las disputas por el presupuesto de las vías 4G.
Andrés Julián Rendón ha convertido el regionalismo antioqueño en bandera política, aprovechando el «soterrado afán independentista» de un departamento que siempre se ha creído diferente al resto del país. El referendo no es descentralización; es la institucionalización de un modelo feudal donde cada barón regional controla sus recursos sin rendir cuentas a la nación.
Los Mecanismos Invisibles del Control
Aquí opera lo que podríamos llamar la «lógica invisible» del poder tradicional colombiano. Cuando el Centro Democrático se da cuenta de que sus posibilidades presidenciales son escasas, pivota hacia el control regional. El referendo no es un fin en sí mismo; es una herramienta para:
- Consolidar el poder territorial donde ya son fuertes
- Generar expectativa entre mandatarios locales actuales y futuros
- Crear una red de lealtades que trascienda las elecciones presidenciales
- Debilitar estructuralmente al gobierno nacional
La Crisis Fiscal como daño colateral
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advierte que transferir estos impuestos generaría una «crisis fiscal inmediata y estructural«. Esteban Hoyos, de Eafit, cuestiona la legalidad del referendo frente a leyes como el Presupuesto General de la Nación.
Pero a los promotores poco les importan estos tecnicismos. Como escriben Cabal y Motoa en su ponencia, lo que buscan es «el golpe de opinión«. El país puede quebrar, pero mientras ellos controlen los pedazos, el negocio será redondo.
El Costo Real de la Hipocresía
Este episodio revela algo más profundo que la simple doble moral política. Muestra cómo funciona el «ciclo secreto» de la política colombiana: las mismas élites que se oponen a las reformas sociales cuando vienen del gobierno nacional, las promueven cuando benefician sus intereses regionales.
La consulta laboral habría costado $700 mil millones para potencialmente mejorar las condiciones de millones de trabajadores. El referendo costará lo mismo para concentrar $148 billones anuales en manos de los mismos políticos que siempre han gobernado desde las regiones.
Conclusión: La Democracia de geometría variable
La oposición colombiana ha demostrado que para ellos la democracia participativa es como la geometría: variable según el ángulo desde donde se mire. Si el ángulo favorece a los trabajadores, es un gasto indecente. Si favorece a los caciques regionales, es una inversión democrática.
Esta es la «verdad oculta» detrás de los titulares: en Colombia, el dinero público no es sagrado ni profano por sí mismo. Es sagrado o profano según a quién beneficie. Y mientras los ciudadanos siguen creyendo en los discursos sobre austeridad y responsabilidad fiscal, los mismos políticos que los pronuncian preparan la repartición del botín más grande de la historia republicana.
La pregunta no es si el referendo será aprobado. La pregunta es si los colombianos seguirán permitiendo que les vendan democracia participativa a precio variable, donde el costo siempre lo pagan ellos, pero los beneficios siempre se los llevan otros.
