El precio de la esperanza en La Mojana bolivarense
Apertura
Nos encontramos en el municipio de San Pablo, Bolívar. Vamos a auscultar la gestión municipal de San Pablo, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, el trabajo del alcalde Jair Acevedo Cavadía. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.
A orillas del río Magdalena, en el sur del departamento de Bolívar, se encuentra un municipio que encapsula todas las contradicciones de la Colombia profunda: 29.948 habitantes, categoría sexta —la más baja de la escala municipal—, 68,46% de población afrocolombiana, 57.095 víctimas registradas del conflicto armado, y un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas que lo coloca entre los más altos del Magdalena Medio. Aquí, donde la palma de aceite convive con la pesca artesanal, donde las ciénagas marcan el ritmo de la vida, y donde el Estado ha sido históricamente una promesa lejana, asumió el 1 de enero de 2024 un alcalde que prometió transformar el territorio: Jair Acevedo Cavadía, educador y sindicalista, electo con 7.040 votos (51,25%) en octubre de 2023 bajo la insignia del movimiento «El Cambio en tus Manos«.
Este trabajo no es un panegírico ni un linchamiento. Es una autopsia. Vamos a diseccionar, con bisturí forense, cada uno de los componentes que constituyen la gestión de un alcalde municipal colombiano: el Índice de Desempeño Institucional medido por el Departamento Administrativo de la Función Pública; la ejecución presupuestal CUIPO reportada al CHIP; el avance del Plan de Desarrollo Municipal; la transparencia en la contratación pública (SECOP I y II); el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y la percepción ciudadana inferida de redes sociales y prensa local. La metodología es la misma que aplica corrupcionaldia.com en sus análisis canónicos: cruce de cinco fuentes independientes, datos verificables en fuentes oficiales, y análisis jurídico riguroso cuando los hallazgos lo ameritan.
«La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.» — Guía editorial de corrupcionaldia.com
Lo que sigue es un análisis línea por línea de las finanzas del municipio, con tablas y gráficas que muestran el panorama financiero de 2024 y 2025. Vamos a ponderar los esfuerzos que debe hacer el municipio para no depender en un 100% del gobierno central, a evaluar los cinco problemas principales que le preocupan a las comunidades —agua, salud, vías, educación y empleo—, y a calificar con un puntaje entre 0 y 10. Si la calificación final es igual o inferior a 6,9, desplegaremos el análisis jurídico del delito de Prevaricato por Omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal Colombiano, conforme a la regla metodológica de corrupcionaldia.com.
Radiografía del territorio: San Pablo, Bolívar
Antes de juzgar la gestión, hay que conocer el escenario. San Pablo, Bolívar, no es un municipio cualquiera: es un territorio PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) de la subregión Sur de Bolívar, la región PDET considerada por la Agencia de Renovación del Territorio como la más avanzada del país. Es también una de las zonas más castigadas por el conflicto armado colombiano: 57.095 víctimas registradas por la Unidad para las Víctimas (UARIV) en 2015, una cifra que supera la población actual del municipio, lo que da cuenta de la magnitud del desplazamiento, el despojo y el sufrimiento que han padecido sus habitantes. Esta condición de victimidad estructural es el punto de partida obligado para cualquier evaluación de la gestión municipal: gobernar San Pablo es gobernar un territorio herido, donde cada peso público debe responder a una deuda histórica acumulada durante décadas de abandono.
Su población es mayoritariamente afrocolombiana (68,46% según el CER en 2015), con una tasa de dependencia económica del 67,61%, lo que significa que por cada persona en edad productiva hay más de media persona que depende de ella. La proporción de niñez alcanzaba el 28,09%, una de las más altas del país, lo que debería traducirse en prioridad absoluta por la educación, la primera infancia y la nutrición. La pobreza monetaria del departamento de Bolívar en 2024 fue del 44,8%, trece puntos por encima de la media nacional (31,8%), según el DANE. San Pablo ocupa el puesto 24 de 25 municipios del Magdalena Medio en el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. La economía local depende de la agricultura campesina (yuca, maíz, plátano, arroz, cacao), de la pesca artesanal en el río Magdalena y las ciénagas, de la ganadería extensiva y, sobre todo, de la agroindustria de la palma de aceite, con dos extractoras sobre el río.
La categoría municipal es sexta —la más baja—, lo que matemáticamente se traduce en menores ingresos corrientes de libre destinación, menor planta de personal, y una dependencia casi absoluta del Sistema General de Participaciones (SGP) para sostener la operación del Estado local. Gobernar un municipio de sexta categoría en Colombia es, en términos fiscales, gestionar una caja chica: el alcalde tiene poco margen para maniobrar, y cada decisión de gasto tiene consecuencias inmediatas en la prestación de servicios. Esta contextura es la que debe acompañar la lectura de cada cifra que presentamos a continuación.
Ficha técnica del municipio
| Indicador | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Población DANE 2025 | 29.948 habitantes | DANE/Alcaldía |
| Categoría municipal | Sexta (6ª) | Ley 617 de 2000 |
| Código DANE | 13670 | DANE |
| Extensión territorial | 2.086 km² | Wikipedia/Alcaldía |
| Subregión | Magdalena Medio (Bolivarense) | DANE/CER |
| Condición PDET | Sí (Sur de Bolívar) | Agencia de Renovación del Territorio |
| Distancia a Cartagena | 576 km | Wikipedia |
| Población afrocolombiana (2015) | 68,46% | CER/DANE |
| Tasa de dependencia económica (2015) | 67,61% | CER/DANE |
| Víctimas del conflicto (UARIV 2015) | 57.095 personas | UARIV/CER |
| NBI (puesto en Magdalena Medio) | 24 de 25 municipios | CER/DANE |
| Pobreza monetaria Bolívar 2024 | 44,8% (nacional: 31,8%) | DANE/DNP |
| Alcalde 2024-2027 | Jair Acevedo Cavadía | Registraduría |
| Partido/movimiento | El Cambio en tus Manos | La República |
| Votos (29-oct-2023) | 7.040 (51,25%) | La República |
| Alcalde anterior (2020-2023) | Omar Bohórquez Rojas (sancionado 9 años) | Procuraduría |
Metodología forense: seis componentes de calificación
Este análisis se construye sobre la metodología canónica de corrupcionaldia.com, que evalúa la gestión pública municipal en una escala de 0 a 10 a partir de seis componentes ponderados. La escala no es absoluta: evalúa la gestión en relación con el punto de partida del municipio y los recursos disponibles. Un 7,0 en San Pablo no es equivalente a un 7,0 en Medellín, pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley son igualmente exigibles. Por ello, la metodología contempla una regla jurídica: si la calificación final es igual o inferior a 6,9 (Regular o peor), se despliega automáticamente el análisis jurídico del delito de Prevaricato por Omisión (artículo 414 del Código Penal), examinando si hubo omisión dolosa de deberes funcionales, abuso de autoridad o favorecimiento ilícito.
Escala de calificación
| Rango | Calificación | Indicador | Interpretación |
|---|---|---|---|
| 0,0 — 2,9 | PÉSIMO | CRÍTICO | Gestión deficiente; indicios de irregularidades graves; posible prevaricato por omisión |
| 3,0 — 4,9 | MEDIOCRE | PREOCUPANTE | Gestión por debajo del estándar mínimo; señales de ineficiencia administrativa |
| 5,0 — 6,9 | REGULAR | VIGILAR | Gestión aceptable pero con déficits relevantes; requiere seguimiento ciudadano |
| 7,0 — 8,4 | BUENO | BIEN | Gestión que cumple el estándar; con margen de mejora en componentes específicos |
| 8,5 — 10,0 | EXCELENTE | BIEN | Gestión sobresaliente; referente regional o nacional |
Componentes y pesos de la calificación
| Componente | Peso | Descripción |
|---|---|---|
| FURAG (IDI) | 25% | Índice de Desempeño Institucional de la Función Pública |
| Ejecución presupuestal CUIPO | 20% | Ejecución de ingresos y gastos del presupuesto municipal (CHIP) |
| Avance Plan de Desarrollo | 20% | Progreso en las metas y compromisos del Plan de Desarrollo Municipal |
| Transparencia SECOP | 15% | Transparencia en la contratación pública y modalidades utilizadas |
| Cumplimiento ODS | 10% | Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| Percepción ciudadana | 10% | Percepción inferida de redes sociales, prensa local y participación |
«Más allá de los titulares, diseccionamos la corrupción desde su raíz, exponiendo no solo los actos, sino los sistemas que la permiten.» — Propuesta de valor de corrupcionaldia.com
Componente 1: FURAG / IDI — 25% del puntaje
El Índice de Desempeño Institucional (IDI), medido anualmente por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG), es uno de los indicadores más objetivos de la calidad de la gestión pública municipal. Mide dieciséis categorías que van desde el Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional hasta la Seguridad Digital y la Defensa Jurídica, pasando por el Control Interno, la Integridad, el Talento Humano y la Transparencia. Cada categoría se evalúa de 0 a 100, y el promedio ponderado produce el IDI general, clasificado en cinco quintiles (Q1 a Q5). Para San Pablo, Bolívar, los resultados disponibles muestran una trayectoria que merece ser analizada con detenimiento.
Evolución del IDI 2022-2025
Figura 1. Evolución del IDI-FURAG 2022-2025. Caída dramática bajo la administración Bohórquez (2022-2023) y recuperación notable bajo Acevedo (2024-2025). Fuente: FURAG, Función Pública.
La narrativa que emerge de los datos es contundente: bajo la administración del exalcalde Omar Bohórquez Rojas (2020-2023), el IDI se desplomó de 56,76 puntos en 2022 a 37,80 puntos en 2023, una caída de 18,96 puntos que bajó al municipio del quintil 3 (medio) al quintil 2 (bajo). Esta debacle institucional coincidió con el cierre de la administración Bohórquez, que terminó con una sanción de la Procuraduría por nueve años al exalcalde (septiembre de 2025) y cargos formales por contratos irregulares, incluyendo uno de $6.494 millones para el arreglo del parque principal, adjudicado sin licitación bajo la invocación indebida de normas para comunidades afrodescendientes.
Bajo la administración de Jair Acevedo Cavadía, sin embargo, la curva se invierte de manera pronunciada: el IDI saltó de 37,80 (2023) a 69,26 (2024, primer año de gobierno) y luego a 83,88 (2025, segundo año). Esto significa un incremento de 46,08 puntos en dos años, una recuperación sin precedentes en la historia reciente del municipio, que coloca a San Pablo, Bolívar, en el quintil 5 (el más alto) de las alcaldías de su grupo par (alcaldías de categoría sexta), con un puntaje 30 puntos por encima del promedio del grupo par (53,90). Es, en términos de gestión institucional, la mejoría más sobresaliente registrada en los últimos años en el departamento de Bolívar.
Análisis por categorías del IDI 2024-2025
La recuperación no fue homogénea en todas las áreas. El desglose por categorías revela tanto los éxitos como las zonas grises de la administración Acevedo. Las categorías con mayor mejora fueron Gestión del Conocimiento (+59,5 puntos respecto a 2023), Seguridad Digital (+80,5 puntos, la mayor mejora absoluta) y Gestión Documental (+64,3 puntos). Por contraste, las áreas más rezagadas son Control Interno (52,86, quintil 3) y Defensa Jurídica (55,91, quintil 2), lo que sugiere que el municipio aún tiene retos importantes en el seguimiento interno de sus procesos y en la defensa jurídica de sus actos.
| Índice / Categoría | 2024 | Quintil | 2023 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| IDI GENERAL | 69,26 | 5 | 37,80 | +31,46 |
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | 77,20 | 5 | 57,6 | +19,6 |
| Gestión con Valores para Resultados | 75,37 | 5 | 38,7 | +36,7 |
| Evaluación de Resultados | 79,27 | 5 | 41,7 | +37,6 |
| Información y Comunicación | 78,91 | 5 | 33,5 | +45,4 |
| Gestión del Conocimiento | 69,61 | 5 | 10,1 | +59,5 |
| Talento Humano | 63,03 | 4 | 28,7 | +34,3 |
| Control Interno (área débil) | 52,86 | 3 | 41,9 | +11,0 |
| Integridad | 60,78 | 4 | 18,3 | +42,5 |
| Planeación Institucional | 79,09 | 5 | 54,0 | +25,1 |
| Compras y Contratación Pública | 71,88 | 3 | 74,3 | -2,4 |
| Gobierno Digital | 71,12 | 4 | 21,8 | +49,3 |
| Seguridad Digital (mayor mejora) | 89,29 | 5 | 8,8 | +80,5 |
| Transparencia y Acceso a la Información | 78,44 | 4 | 56,8 | +21,6 |
| Gestión Documental | 83,69 | 5 | 19,4 | +64,3 |
| Servicio a las Ciudadanías | 79,63 | 5 | 61,0 | +18,6 |
| Defensa Jurídica (área débil) | 55,91 | 2 | 45,0 | +10,9 |
Hay una bandera roja forense que merece subrayarse: la categoría «Compras y Contratación Pública» bajó de 74,3 (2023) a 71,88 (2024), pese a la mejora general. En un contexto donde el IDI subió 31 puntos, esta categoría fue la única que retrocedió. El dato es consistente con el alto volumen de contratación directa reportado por el SECOP durante 2024-2025 (70,5% de los contratos por contratación directa), un patrón que examinaremos en detalle en el Componente 4 (Transparencia SECOP).
Calificación del Componente 1 (FURAG/IDI): 8,5/10
La recuperación del IDI es la mejora más sustantiva y verificable de la gestión Acevedo. Subir de 37,80 a 83,88 en dos años, ubicar al municipio en el quintil más alto de su grupo par y mejorar en 15 de 16 categorías constituye un logro institucional extraordinario, especialmente considerando el punto de partida (el municipio estaba en quintil 2). Sin embargo, las áreas débiles (Control Interno, Defensa Jurídica, Compras y Contratación) y la naturaleza auto-reportada del FURAG (los datos los llena el propio municipio) aconsejan no otorgar la calificación máxima. Se asigna 8,5/10.
Componente 2: Ejecución presupuestal CUIPO — 20% del puntaje
El Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) es la herramienta con la que todos los municipios colombianos reportan anualmente la ejecución de su presupuesto. A través de la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO), el alcalde documenta qué ingresos recaudó, qué gastos ejecutó, qué deuda contrató, qué regalías recibió y qué vigencias futuras autorizó. Estos reportes son la fotografía financiera oficial del municipio. En el caso de San Pablo, Bolívar, los datos CUIPO de 2024 y 2025 —extraídos directamente del CHIP— permiten reconstruir el panorama financiero con precisión forense.
Ingresos municipales 2024
Figura 2. Composición de los ingresos municipales de San Pablo, Bolívar, 2024. La dependencia del gobierno central supera el 86%. Fuente: CHIP-CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS.
En 2024, San Pablo, Bolívar, recaudó un total de $52.993.127.967 (cincuenta y dos mil novecientos noventa y tres millones de pesos). La composición de estos ingresos revela la matriz fiscal del municipio: $27.182 millones (51,3% del total) corresponden al Sistema General de Participaciones (SGP) —la transferencia que la Nación gira a las entidades territoriales para financiar educación, salud, agua, propósito general y asignaciones especiales—; $4.647 millones (8,8%) son ingresos tributarios propios (predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina, estampillas, alumbrado público, sobretasa bomberil, tasa prodeporte); $2.216 millones (4,2%) son recursos de capital (superávit fiscal y rendimientos financieros); y el resto corresponde a transferencias corrientes distintas al SGP y a otros ingresos no tributarios.
Ingresos municipales 2025
Figura 3. Composición de los ingresos municipales de San Pablo, Bolívar, 2025. Total $56,8 mil millones. Fuente: CHIP-CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS.
En 2025, el total de ingresos subió a $56.841.521.555 (cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y un millones de pesos), un incremento de 7,3% respecto a 2024. Los ingresos tributarios propios pasaron de $4.647 millones a $4.899 millones (+5,4%), un crecimiento marginalmente superior a la inflación del período. Dentro de los tributarios propios destacan el Impuesto Predial ($384 millones, con baja respecto a 2024 debido a reliquidaciones), la Sobretasa a la Gasolina ($1.464 millones), el Impuesto de Industria y Comercio ($879 millones) y las Estampillas ($967 millones, incluyendo estampilla pro cultura, pro adulto mayor y para la justicia familiar). El componente de transferencias del SGP creció proporcionalmente, consolidando la matriz de dependencia.
Dependencia del gobierno central
Figura 4. Dependencia del gobierno central. Promedio 2024-2025: 86,1% de los ingresos provienen del nivel nacional (SGP y otras transferencias). Fuente: cálculos con base en CHIP-CUIPO.
La dependencia del gobierno central es estructural: el 86,1% de los ingresos del municipio, en promedio entre 2024 y 2025, proviene de transferencias del nivel nacional (SGP y otras). Solo el 8,7% de lo que recauda San Pablo es propiamente suyo (ingresos tributarios). El restante 5,2% son recursos de capital (superávit fiscal de años anteriores y rendimientos financieros de depósitos bancarios). Esta dependencia es la característica fiscal definitoria de los municipios colombianos de sexta categoría, y es un dato que debe acompañar cualquier interpretación sobre la «autonomía» del alcalde. Gobernar San Pablo es, en términos fiscales, administrar recursos ajenos que la Nación gira atados a propósitos específicos (salud, educación, agua) y que el alcalde no puede destinar libremente.
Sin embargo, dentro de este margen estrecho, hay decisiones que sí son responsabilidad directa del alcalde: cuánto recauda por predial (la baja de $602 millones en 2024 a $385 millones en 2025 es un dato que merece investigación), cuánto por industria y comercio, qué porcentaje del SGP se ejecuta efectivamente, y —crucialmente— cuánto de esos recursos se destina a inversión versus a funcionamiento. Y es aquí donde el análisis financiero de San Pablo arroja resultados mixtos.
Gastos municipales 2024
Figura 5. Composición del gasto municipal 2024. La inversión representó el 91,5% del total. Fuente: CHIP-CUIPO D_EJECUCION_DE_GASTOS.
En 2024, el municipio ejecutó $50.052 millones en pagos (total de gastos pagados). La distribución fue: $3.913 millones en funcionamiento (7,8% del total, incluyendo nómina y servicios generales), $329 millones en servicio de la deuda (0,7%) y $45.810 millones en inversión (91,5%). El peso de la inversión en el gasto total es alto —casi el doble del promedio nacional para municipios de sexta categoría— y se explica por la naturaleza atada del SGP: la mayor parte de la «inversión» corresponde a giros del SGP Salud (régimen subsidiado, salud pública) y SGP Educación (calidad, gratuidad) que se contabilizan como gasto del municipio pero que en realidad son recursos de la Nación destinados a propósitos sectoriales específicos.
Gastos municipales 2025
Figura 6. Composición del gasto municipal 2025. La inversión representó el 91,0% del total. Fuente: CHIP-CUIPO D_EJECUCION_DE_GASTOS.
En 2025, el patrón se mantiene: el municipio pagó $54,2 mil millones en total, de los cuales $4,6 mil millones fueron de funcionamiento (8,5%), $286 millones de servicio de la deuda (0,5%) y $49,3 mil millones de inversión (91,0%). El gasto de funcionamiento subió de $3,9 mil millones a $4,6 mil millones, un incremento de 17,7% que merece investigación: ¿responde a mayor nómina, a más contratos de prestación de servicios, a mayores gastos generales? El CUIPO no permite discriminar con precisión, pero el registro sugiere que la planta de personal del municipio creció o que se incrementaron los contratos de prestación de servicios. El servicio de la deuda, por su parte, bajó de $329 millones a $286 millones, lo que se condice con la disminución del saldo de la deuda (ver Componente 7).
Distribución de la inversión por sector
Figura 7. Distribución sectorial de la inversión municipal 2024. La salud absorbe el 34% de la inversión. Fuente: CHIP-CUIPO D_EJECUCION_DE_GASTOS, desagregación por productos MGA.
El desglose de la inversión por sectores del Marco de Gasto Anual (MGA) muestra que la salud absorbe aproximadamente el 34% de la inversión municipal, seguida por otros sectores diversos (24%), agua potable y saneamiento básico (6,5%), vías (4,4%), educación (3,6%) y cultura, deporte y recreación (1,7%). La concentración en salud refleja la magnitud del régimen subsidiado: San Pablo tiene 15.574 millones de pesos asignados al régimen subsidiado de salud (SGP-Salud-Régimen Subsidiado), lo que beneficia a la población pobre del municipio pero que en la práctica se traduce en un giro directo a la EPS, sin que el alcalde tenga discrecionalidad sobre su uso.
Tabla comparativa ingresos-gastos 2024 vs 2025
| Concepto | 2024 (COP) | 2025 (COP) | Variación % |
|---|---|---|---|
| Total ingresos recaudados | $52.993.127.967 | $56.841.521.555 | +7,3% |
| Ingresos tributarios propios | $4.646.854.697 | $4.899.250.123 | +5,4% |
| % tributarios / total | 8,77% | 8,62% | -0,15 pp |
| SGP total | $27.182.348.467 | $29.500.000.000* | +8,5% |
| Recursos de capital | $2.215.576.615 | $2.400.000.000* | +8,3% |
| Total gastos pagados | $50.052.258.018 | $54.200.000.000* | +8,3% |
| Funcionamiento | $3.912.868.082 | $4.605.714.138 | +17,7% |
| Servicio de la deuda | $329.180.274 | $285.816.672 | -13,2% |
| Inversión | $45.810.209.662 | $49.291.993.852 | +7,6% |
| % inversión / total | 91,5% | 91,0% | -0,5 pp |
* Los valores marcados con asterisco son estimaciones basadas en el reporte CUIPO parcial de 2025 (los reportes definitivos se cierran en marzo del año siguiente). Las cifras con asterisco pueden ajustarse al cierre definitivo, pero no se esperan variaciones materiales.
Calificación del Componente 2 (Ejecución CUIPO): 6,5/10
La ejecución presupuestal muestra un municipio que cumple con la operatividad básica —altos niveles de ejecución, predominio de inversión sobre funcionamiento, comportamiento ordenado del servicio de la deuda— pero que no logra incrementar significativamente sus ingresos tributarios propios (la dependencia del gobierno central se mantiene en 86,1%). El descenso del recaudo predial entre 2024 y 2025 es una bandera amarilla que debe ser investigada: o el municipio amplió exenciones, o hubo reliquidaciones masivas, o el catastro no se actualizó. La concentración del gasto en inversión atada al SGP no es necesariamente un mérito del alcalde (es la estructura del Sistema General de Participaciones). Se asigna 6,5/10: cumple el estándar mínimo, pero con déficits relevantes en autonomía fiscal.
Componente 3: Avance del Plan de Desarrollo — 20% del puntaje
El Plan de Desarrollo Municipal «San Pablo Mejor 2024-2027» fue expedido el 29 de febrero de 2024, dos meses después de la posesión del alcalde Acevedo Cavadía. Su nombre repite la fórmula del primer gobierno de Acevedo (2016-2019), lo que sugiere continuidad programática con su administración anterior. Los ejes estratégicos del Plan, reconstruidos a partir del POAI 2025 (Plan Operativo Anual de Inversión) publicado por el sistema regional SISURPAZ y los documentos técnicos de Fiduprevisora, son: Desarrollo Social para el Bienestar y la Felicidad; Buen Gobierno; Desarrollo Económico; Desarrollo Rural; Desarrollo Sostenible/Ambiente; Infraestructura; y los sectores transversales Educación, Salud y Deporte y Cultura.
La evaluación del avance del Plan de Desarrollo a los dos años de gobierno (50% del período 2024-2027) requiere contrastar las metas declaradas con los avances reales documentados en el CUIPO, los reportes del SECOP, las publicaciones de la propia alcaldía en redes sociales y la prensa local. Lo que sigue es ese contraste, enfocado en los cinco problemas prioritarios que, según el sentir de la comunidad, debieron estar en el centro de la gestión del alcalde.
Radar de los 5 problemas: compromisos vs. avances reales
Figura 8. Radar de los cinco problemas prioritarios. En azul, los compromisos del Plan de Desarrollo; en rojo, los avances reales documentados a diciembre de 2025. La brecha es visible en los cinco ejes, especialmente en Vías y Empleo.
Problema 1: Agua y saneamiento (calificación: 5,5/10)
San Pablo padece un problema crónico de agua potable: el acueducto del corregimiento de Guarigua llegó colapsado al inicio del período, y la estructura de Cañabraval sufrió un colapso que requirió intervención de la Gobernación de Bolívar. La administración Acevedo entrega como logro la construcción del acueducto de Guarigua («una promesa cumplida», según sus propias palabras en Facebook) y reporta gestiones con FINDETER y el Banco Agrario para el mejoramiento del perfil de la deuda. Sin embargo, el SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico asignado a San Pablo en 2024 fue de $2.993 millones, mientras los gastos documentados en el CUIPO en proyectos de agua y saneamiento apenas superan el 6,5% de la inversión total. El corregimiento de Cañabraval sigue esperando la recuperación definitiva de su estructura. La calificación es 5,5/10: hubo avances, pero insuficientes para resolver el problema estructural del agua.
Problema 2: Salud y hospital (calificación: 5,0/10)
El Hospital Local San Pablo (ESE) es el principal centro de salud del municipio. En el FURAG 2025 obtuvo un IDI de 81,45 (quintil 5), una calificación relativamente alta que sugiere gestión administrativa adecuada. La administración Acevedo reporta la dotación de equipos básicos de salud recibidos del Ministerio de Salud en 2024. Sin embargo, los recurrentes accidentes vía a Simití (km 1) que requieren traslado al hospital municipal revelan una capacidad de respuesta limitada para emergencias. El SGP Salud de San Pablo en 2024 fue de $15.574 millones (régimen subsidiado: $14.392 millones; salud pública: $667 millones; subsidio a la oferta: $515 millones), pero estos recursos van directamente a la EPS y a la dirección territorial de salud, no al hospital. La brecha entre los recursos girados y la percepción ciudadana del servicio es uno de los problemas más sentidos por la comunidad. La calificación es 5,0/10: el hospital funciona, pero la calidad del servicio no mejora al ritmo de los recursos que llegan.
Problema 3: Vías y movilidad (calificación: 3,5/10)
Las vías terciarias de San Pablo están entre las peores del sur de Bolívar. La conexión con Carmen de Bolívar y Magangué depende de tramos en mal estado que se vuelven intransitables en invierno. El CUIPO 2024 registra apenas $2.000 millones asignados a vías terciarias con mantenimiento periódico o rutinario, una cifra manifiestamente insuficiente para la red vial del municipio. La prensa local documenta accidentes recurrentes en la vía a Simití. No se reportan en 2024-2025 proyectos mayores de malla vial urbana o pavimentación interveredal, salvo la pavimentación del Barrio San Jorge ($957 millones, a través de FINVERPAZ, denunciada por presunta violación de la Ley de Garantías al haberse designado a FINVERPAZ como entidad ejecutora el 19 de enero de 2024). La calificación es 3,5/10: el sector vial es la asignatura pendiente más visible de la administración Acevedo.
Problema 4: Educación y niñez (calificación: 6,0/10)
La administración reporta el fortalecimiento de 11 sedes educativas con nuevos menajes, gestionado articuladamente con la Gobernación de Bolívar y la Secretaría de Educación. El SGP Educación de San Pablo en 2024 fue de $1.664 millones (calidad por matrícula oficial: $829 millones; calidad por gratuidad: $834 millones), y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) recibió $635 millones como asignación especial. La administración también reporta la operación de la «Ruta de la Educación» y del «Matriculatón» para garantizar cobertura. Sin embargo, no se observan en el CUIPO inversiones significativas en nueva infraestructura educativa (construcción de aulas, residencias escolares, dotación tecnológica). La calidad educativa, medida en pruebas Saber, sigue siendo una asignatura pendiente. La calificación es 6,0/10: hay avances en cobertura y mantenimiento, pero la transformación cualitativa del sistema educativo no ocurre.
Problema 5: Empleo y seguridad alimentaria (calificación: 3,0/10)
Con una tasa de dependencia económica del 67,61% y un NBI que lo coloca en el puesto 24 de 25 municipios del Magdalena Medio, la generación de empleo y la seguridad alimentaria deberían ser prioridad absoluta. Sin embargo, los registros del CUIPO no muestran programas significativos de generación de empleo productivo. La administración reporta la realización de mercados campesinos (2 realizados, $35 millones) y la operación de un vivero forestal (1.500 plántulas, $43 millones), pero estas son iniciativas marginales frente a la magnitud del problema. No se documentan proyectos de fomento agropecuario a escala, ni programas de empleo subsidido, ni incentivos a la pequeña producción. La palma de aceite, motor agroindustrial del municipio, no es objeto de política municipal (su regulación es nacional). La calificación es 3,0/10: la administración Acevedo no ha colocado el empleo y la seguridad alimentaria en el centro de su gestión.
Calificación del Componente 3 (Plan de Desarrollo): 5,5/10
El promedio de las cinco calificaciones sectoriales es 4,6/10. Sin embargo, considerando que el Plan de Desarrollo se ejecuta en cuatro años y los dos primeros años representan el 50% del período, se otorga un margen de recuperación: 5,5/10. El Plan existe, los ejes están definidos, pero los avances reales son insuficientes frente a las promesas y a la magnitud de los problemas. La brecha más amplia entre compromiso y avance se da en empleo y vías; la menos amplia, en educación.
Componente 4: Transparencia SECOP — 15% del puntaje
El Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) es el registro obligatorio de todos los procesos de contratación del Estado colombiano. SECOP I recoge los procesos tradicionales (documentos en PDF); SECOP II, los procesos electrónicos completos. La agregación de los datos de San Pablo, Bolívar, en el período que va del 22 de diciembre de 2023 al 17 de agosto de 2026 (según el consolidador Radicado Uno, que integra ambos sistemas), arroja una radiografía preocupante.
Resumen agregado SECOP I y II (2024-2025)
| Año | N° de contratos | Valor total | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 2023 (diciembre) | 6 | $227.671.681 | Contratos de cierre de vigencia |
| 2024 | 25 | $799.800.000 | Primer año de la administración Acevedo |
| 2025 | 36 | $10.407.820.200 | Segundo año: crecimiento importante |
| 2026 (enero-agosto) | 123 | $16.027.754.723 | Tercer año: concentración atípica |
| TOTAL | 214 | $31.291.992.456 | Equivalente a 60% del presupuesto anual |
La concentración de contratos en 2026 (123 procesos por $16.028 millones en solo ocho meses) es una bandera roja forense: equivale al 51% de todos los contratos suscritos en 32 meses, y al 51% del valor total contratado. Esta concentración atípica en el tercer año puede responder a varios factores: la ejecución acelerada de vigencias futuras, la liquidación de convenios interadministrativos con FINVERPAZ, o la activación de contratos de empréstito. En cualquier caso, merece seguimiento ciudadano.
Modalidades de contratación
Figura 9. Modalidades de contratación pública 2024-2025. Solo 1 licitación pública en 214 procesos. Fuente: SECOP I y II, consolidado Radicado Uno.
De los 214 procesos de contratación registrados, 151 (70,5%) corresponden a contratación directa, 45 a mínima cuantía, 6 a contratación directa con ofertas, 5 a selección abreviada de menor cuantía, 3 a contratación régimen especial con ofertas, 2 a concurso de méritos abierto, 1 a selección abreviada subasta inversa y, crucialmente, solo 1 (0,5%) a licitación pública. Esta distribución es el patrón clásico de riesgo de corrupción en contratación pública colombiana: la ley exige licitación pública para contratos de alto valor, pero los municipios recurren sistemáticamente a la contratación directa invocando las causales de excepción del artículo 24 del Estatuto de Contratación (Ley 80 de 1993) y la modalidad de selección abreviada.
Proveedores principales
| Proveedor | N° contratos | Valor total (COP) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| FINVERPAZ (Fondo Mixto) | 1 | $9.356.200.433 | Contrato interadministrativo; pavimentación Barrio San Jorge |
| Banco de Occidente S.A. | 1 | $7.000.000.000 | Presunto empréstito; verificar autorización del Concejo |
| UdeC (Univ. de Cartagena) | 1 | $2.160.482.393 | Convenio interadministrativo |
| ESE Hospital Local San Pablo | 2 | $962.740.544 | Giro a la ESE para operación |
| Fundación Regional Manos Unidas | 4 | $915.242.780 | Proyectos sociales |
| Fund. Desarrollo Gestión Social Caribe | 4 | $816.279.984 | Proyectos sociales |
| DINGECO HR SAS | 6 | $645.891.748 | Servicios profesionales |
| Transportes Andemos por Colombia SAS | 1 | $599.215.816 | Transporte escolar |
| PAP Minero Agroecológica | 1 | $547.236.970 | Plan de acción |
| Corporación Paz y Amor Mompox | 3 | $507.527.817 | Cultura y paz |
| EMACALA EPS SAS | 1 | $438.981.910 | Salud |
| Fundación «Es mi Pueblo» | 7 | $280.400.563 | Proyectos sociales |
«Solo 1 de 214 procesos de contratación es licitación pública. Es el patrón clásico del riesgo de corrupción en la contratación pública colombiana.»
La concentración en FINVERPAZ es de especial interés periodístico. Este Fondo Mixto de Inversión y Desarrollo para la Paz, creado por la Gobernación de Bolívar, fue designado como entidad ejecutora de varios proyectos del municipio de San Pablo. La designación, ocurrida el 19 de enero de 2024 —es decir, 19 días después de la posesión del alcalde—, fue denunciada por medios locales (Desde Otra Óptica TV) como presunta violación de la Ley de Garantías, que prohíbe a las administraciones entrantes modificar contratos o designar ejecutores en los primeros meses de gobierno. El contrato pavimentación del Barrio San Jorge ($957 millones, bajo el código OBR-SCC-008-2026) es uno de los frutos de esa designación.
El otro dato crítico es el empréstito con Banco de Occidente por $7.000 millones. La documentación pública no permite verificar si este empréstito cuenta con la autorización del Concejo Municipal (requisito legal indispensable) ni si está destinado a inversión (obras) o a funcionamiento (un uso prohibido por la Ley 819 de 2003 para municipios). El análisis forense recomienda solicitar al Concejo Municipal de San Pablo las actas donde se autorizó este crédito.
Calificación del Componente 4 (Transparencia SECOP): 4,0/10
La concentración en contratación directa (70,5%), un solo proceso de licitación pública, la designación acelerada de FINVERPAZ en los primeros días de gobierno con denuncia de violación de Ley de Garantías, y el empréstito de $7.000 millones con Banco de Occidente sin claridad sobre la autorización del Concejo, configuran un patrón que, sin ser necesariamente delictivo, sí es opacity-proclive (proclive a la opacidad). La calificación es 4,0/10: una gestión de contratación que requiere seguimiento ciudadano estrecho y que erosiona la confianza en la transparencia de la administración Acevedo.
Componente 5: Cumplimiento ODS — 10% del puntaje
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas son la guía internacional para el desarrollo. Los 17 ODS están integrados en la planeación pública colombiana a través del documento CONPES 3918 de 2018, que establece la estrategia de implementación. Evaluar el cumplimiento ODS de un municipio como San Pablo, Bolívar, requiere identificar los ODS prioritarios para su realidad y contrastar las acciones de la administración con las metas ODS correspondientes.
| ODS | Meta global relevante | Estado en San Pablo 2024-2025 | Calificación |
|---|---|---|---|
| ODS 1 – Fin de la pobreza | Erradicar la pobreza extrema | Pobreza monetaria Bolívar: 44,8%; sin programas locales de superación | 3/10 |
| ODS 2 – Hambre cero | Seguridad alimentaria | Mercados campesinos marginales; sin política agroalimentaria | 3/10 |
| ODS 3 – Salud y bienestar | Cobertura universal de salud | Régimen subsidiado operando; hospital IDI 81,45 | 6/10 |
| ODS 4 – Educación de calidad | Educación inclusiva y equitativa | Cobertura básica asegurada; calidad cuestionable | 5/10 |
| ODS 5 – Igualdad de género | Empoderamiento femenino | Sin programas locales documentados | 3/10 |
| ODS 6 – Agua limpia | Acceso universal a agua | Acueducto Guarigua entregado; Cañabraval pendiente | 5/10 |
| ODS 7 – Energía affordable | Energía limpia y accesible | Redes eléctricas 8 veredas ($14 mil M, SGR) | 6/10 |
| ODS 8 – Trabajo decente | Empleo pleno y productivo | Sin política local de empleo | 2/10 |
| ODS 9 – Industria e innovación | Infraestructura resiliente | Sin proyectos documentados | 3/10 |
| ODS 10 – Reducción de desigualdades | Igualdad de oportunidades | Sin política local | 3/10 |
| ODS 11 – Ciudades sostenibles | Vivienda adecuada y asequible | 300 viviendas VIS (SGR) en curso; subsidios complementarios | 6/10 |
| ODS 13 – Acción por el clima | Combate al cambio climático | Recuperación de ciénagas; vivero forestal; Pago por servicios ambientales | 6/10 |
| ODS 16 – Paz y justicia | Sociedades justas e inclusivas | Municipio PDET con avances en implementación | 6/10 |
Calificación del Componente 5 (Cumplimiento ODS): 5,5/10
San Pablo, Bolívar, alinea su gestión con los ODS de manera implícita —a través de los sectores del POAI 2025 (educación, salud, agua, energía, reducción de pobreza, paz) que coinciden con los ODS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16— pero no hay mención explícita y detallada de una matriz ODS en el Plan de Desarrollo Municipal. El promedio de las calificaciones por ODS es 4,3/10, ajustado a 5,5/10 considerando que el municipio carece de un marco metodológico ODS explícito y que la mejora institucional medida por el FURAG puede facilitar futuras alineaciones. La asignatura pendiente es ODS 8 (trabajo decente), donde la administración no ha mostrado política activa.
Componente 6: Percepción ciudadana — 10% del puntaje
La percepción ciudadana se construye a partir de la observación de redes sociales oficiales (Facebook Alcaldía, Instagram @alcaldiasanpablobolivar, X @SanPabloBol), prensa local (eloriginal.co, hablalonoticias.com, corrupcionaldia.com), y los espacios de participación ciudadana documentados (rendición de cuentas, consejos comunales, espacios de diálogo territorial). No es una medición estadística, sino una inferencia periodística del «sentir de la gente».
La narrativa oficial de la administración, difundida en sus redes sociales y replicada por medios afines (eloriginal.co, hablalonoticias.com), destaca los siguientes logros: entrega del acueducto de Guarigua («una promesa cumplida»); fortalecimiento de 11 sedes educativas con nuevos menajes; recepción de equipos básicos de salud del Ministerio de Salud para el Hospital Local; anuncio de estadio profesional para el sur de Bolívar; operación de la Ruta de la Educación y del Matriculatón; subsidios complementarios de vivienda articulados con la Gobernación de Bolívar. El alcalde fue «ungido por pastores cristianos» en su primer año, según eloriginal.co, lo que sugiere un capital político evangélico en crecimiento.
Sin embargo, el sentir ciudadano revelado por otras fuentes es más matizado. La primera señal de alarma proviene del portal corrupcionaldia.com que, en marzo de 2024 (a solo tres meses de iniciado el gobierno Acevedo), publicó una alerta señalando que «en este municipio nunca se han implementado programas anticorrupción», que «la contratación pública ha sido blanco de serios reparos», y que «ni el Concejo ni la alcaldía municipal tienen al día su página web». La estimación de esquilmación (pérdida estimada por corrupción) calculada por corrupcionaldia.com para San Pablo fue superior al 19% del presupuesto, equivalente a aproximadamente $9.202 millones por año.
El segundo cuerpo de señales proviene de la Procuraduría General de la Nación, que en septiembre de 2025 sancionó por nueve años al exalcalde Omar Bohórquez Rojas (2020-2023) y, en marzo de 2026, le formuló cargos formales por el contrato de $6.494 millones para el arreglo del parque principal. Si bien estos hechos corresponden a la administración anterior, la pregunta ciudadana es legítima: ¿la administración Acevedo ha implementado las salvaguardas suficientes para evitar la repetición de estos patrones? La bajada en la categoría «Compras y Contratación Pública» del FURAG (de 74,3 a 71,88) y la concentración en contratación directa (70,5%) sugieren que no.
Un tercer cuerpo de percepción proviene de eventos críticos: el fallecimiento del joven Breynner Gómez Díaz (que motivó luto decretado por la Alcaldía) y los accidentes recurrentes en la vía a Simití (km 1) con heridos trasladados al hospital municipal. Estos hechos, aunque no son directamente imputables a la gestión del alcalde, configuran un clima de percepción que mezcla logros comunicados con tragedias no resueltas.
Calificación del Componente 6 (Percepción ciudadana): 6,0/10
La percepción ciudadana es mixta: hay logros comunicables (acueducto de Guarigua, sedes educativas, mejoras institucionales verificables en el FURAG), pero también señales de preocupación (alerta de corrupcionaldia.com, denuncia de violación de la Ley de Garantías, patrón de contratación directa). La administración tiene una narrativa optimista bien comunicada, pero los hechos de fondo no siempre la respaldan. Se asigna 6,0/10: una percepción que está en el límite entre lo aceptable y lo cuestionable.
Análisis de Regalías y Vigencias Futuras
El Sistema General de Regalías (SGR) es el mecanismo de distribución de las regalías por explotación de recursos no renovables. Para un municipio como San Pablo, Bolívar, que no tiene minería propia significativa, las regalías que llegan son fundamentalmente asignaciones del SGR (Fondo de Ciencia y Tecnología, Fondo de Compensación Regional, Asignaciones Directas) y proyectos OCAD PAZ. La condición PDET del municipio lo hace elegible para proyectos financiados con regalías.
Regalías SGR 2024
| Concepto | Valor 2024 (COP) | Fuente |
|---|---|---|
| Total asignaciones SGR | $17.507.278.667 | CUIPO – Ingresos (código 1.1.02.06.002) |
| Asignaciones Directas | $7.739.686.821 | CUIPO – Ingresos (1.1.02.06.002.01.03.01) |
| Gasto ejecutado en SGR | $22.909.990 | CUIPO – Regalías Gastos (2.1.3.05.03) |
| Diferencia asignado vs. ejecutado | $17.484.368.677 | Cálculo propio |
La brecha entre lo asignado ($17.507 millones) y lo ejecutado directamente por el municipio ($22,9 millones) es enorme. Sin embargo, esto no necesariamente significa incapacidad de ejecución: la mayor parte de las asignaciones SGR se ejecuta a través de entidades ejecutoras externas (FINDETER, Banco Agrario, Fiduprevisora, FINVERPAZ) que gestionan los proyectos directamente. El municipio solo reporta como gasto directo lo que efectivamente pasa por su presupuesto. La diferencia se contabiliza en los presupuestos de las entidades ejecutoras.
Vigencias Futuras 2025
| Concepto | Valor 2025 (COP) | Cuota anual 1 | Cuota anual 2 | Sector |
|---|---|---|---|---|
| Total Vigencias Futuras | $381.169.409 | $127.019.474 | $130.830.058 | Vivienda, Ciudad y Territorio |
| Vigencias Futuras para Inversión | $381.169.409 | $127.019.474 | $130.830.058 | Vivienda, Ciudad y Territorio |
Las vigencias futuras autorizadas por el Concejo Municipal de San Pablo para el período 2025-2026 ascienden a $381 millones, íntegramente destinados al sector Vivienda, Ciudad y Territorio. La modalidad de vigencias futuras permite comprometer gastos en años siguientes al de la autorización, con cargo a los presupuestos de esos años. En 2025 no se autorizaron nuevas vigencias futuras, lo que sugiere prudencia fiscal en este componente.
Proyectos SGR en sur de Bolívar
San Pablo, Bolívar, se beneficia de proyectos SGR y OCAD PAZ de la subregión Sur de Bolívar, considerada la región PDET más avanzada del país. Entre los proyectos identificados se destacan: la construcción de redes eléctricas para 8 veredas de San Pablo, por $14 mil millones, aprobado en sesión #73 del OCAD PAZ; la construcción de 300 viviendas de interés social, iniciada el 10 de junio de 2024, según Facebook de la Gobernación de Bolívar («San Pablo renace con esperanza»); y los proyectos consignados en el Acuerdo del PATR (Plan de Acción para la Transformación Regional) Subregión Sur de Bolívar, disponible en documento de 45 páginas publicado por la Agencia de Renovación del Territorio.
Calificación de Componente SGR/Vigencias Futuras: 7,0/10
Aunque no es uno de los seis componentes formales de la calificación, el comportamiento de regalías y vigencias futuras es saludable: las vigencias futuras autorizadas son modestas, el sector de destino es pertinente (Vivienda, Ciudad y Territorio), y los proyectos SGR/OCAD PAZ de la subregión benefician al municipio. La brecha entre asignado y ejecutado directamente por el municipio se debe a la naturaleza del SGR (ejecutado por entidades externas), no a ineficiencia local. Se incorpora al análisis como referente contextual positivo.
Análisis de la Deuda Pública
La deuda pública del municipio de San Pablo, Bolívar, se compone de un único crédito vigente, contratado el 21 de octubre de 2022 bajo el código 614.500.628 del FUT de Deuda Pública, con el Banco Agrario de Colombia S.A. (Banagrario) como entidad financiera, y bajo la modalidad de mejoramiento del perfil de la deuda con la Alianza Fiduciaria S.A. FINDETER (obligación No. 319272). El sector programático del crédito es Vivienda, Ciudad y Territorio, y la renta garantía es «SGP – Agua potable y saneamiento básico». El crédito no ha sido reestructurado.
Comportamiento de la deuda 2024-2025
| Concepto | 2024 (COP) | 2025 (COP) | Variación |
|---|---|---|---|
| Valor pignorado (renta) | $2.473.895.386 | $1.580.015.022 | -36,1% |
| Saldo de la obligación | $1.580.015.022 | $1.030.444.582 | -34,8% |
| Amortización del ejercicio | $797.277.557 | $79.727.757 | -90,0% |
| Servicio de la deuda pagado (CUIPO) | $329.180.274 | $285.816.672 | -13,2% |
El comportamiento de la deuda es saludable: el saldo se ha reducido de $1.580 millones a $1.030 millones entre 2024 y 2025, una disminución de 35% en un solo año. La renta pignorada (los recursos del SGP-Agua que se entregan como garantía) también se ha reducido proporcionalmente. El servicio de la deuda pagado en el CUIPO bajó de $329 a $286 millones, lo que es consistente con un crédito en proceso de amortización ordinaria. No se observan indicios de reestructuración onerosa, ni nuevos créditos contratados, ni compromisos que amenacen la sostenibilidad fiscal del municipio.
Calificación de Componente Deuda: 8,0/10
La gestión de la deuda pública es uno de los puntos más sólidos de la administración Acevedo: el saldo se reduce consistentemente, no se contraen nuevos créditos, la renta pignorada se ajusta a la baja. Es un comportamiento fiscal responsable que merece reconocimiento. Sin embargo, no es uno de los seis componentes formales de la calificación ponderada.
Calificación final ponderada
Con los seis componentes evaluados y calificados individualmente, procedemos a calcular el promedio ponderado que arroja la calificación final de la gestión del alcalde Jair Acevedo Cavadía en sus dos primeros años de gobierno (2024-2025), según la metodología canónica de corrupcionaldia.com.
Figura 10. Calificación por componente. Las barras representan el puntaje (0-10) de cada uno de los seis componentes ponderados. Fuente: cálculos propios con base en FURAG, CHIP-CUIPO, SECOP y análisis documental.
Tabla de calificación final ponderada
| Componente | Peso | Calificación (0-10) | Contribución |
|---|---|---|---|
| FURAG / IDI | 25% | 8,5 | 2,125 |
| Ejecución presupuestal CUIPO | 20% | 6,5 | 1,300 |
| Avance Plan de Desarrollo | 20% | 5,5 | 1,100 |
| Transparencia SECOP | 15% | 4,0 | 0,600 |
| Cumplimiento ODS | 10% | 5,5 | 0,550 |
| Percepción ciudadana | 10% | 6,0 | 0,600 |
| TOTAL | 100% | — | 6,275 |
CALIFICACIÓN FINAL: 6,27/10 — REGULAR
VIGILAR — REGULAR
La calificación final de 6,27/10 ubica a la gestión del alcalde Jair Acevedo Cavadía en sus dos primeros años de gobierno (2024-2025) en la franja «Regular — Vigilar» de la escala de corrupcionaldia.com. La gestión es aceptable pero con déficits relevantes que requieren seguimiento ciudadano. La regla metodológica establece que, al estar por debajo de 6,9, debe desplegarse el análisis jurídico del delito de Prevaricato por Omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal Colombiano.
«5,0 — 6,9: REGULAR. Gestión aceptable pero con déficits relevantes; requiere seguimiento ciudadano.» — Escala de corrupcionaldia.com
Análisis jurídico: Prevaricato por Omisión (Art. 414 CP)
En aplicación de la regla metodológica de corrupcionaldia.com, y dado que la calificación final obtenida (6,27/10) es inferior a 6,9, procedemos a desarrollar el análisis jurídico del delito de Prevaricato por Omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000). Este análisis no constituye acusación penal ni prejuzga la responsabilidad del alcalde; es un ejercicio académico-periodístico que examina si los hallazgos del análisis forense cumplen o no con los elementos del tipo penal.
1. Tipificación legal del Prevaricato por Omisión
El artículo 414 del Código Penal Colombiano establece: «El servidor público que omita, retarde o rehúse indebidamente el desempeño de sus funciones incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, multa de 13,33 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilidad para ejercer cargo público por cinco (5) años». El bien jurídico tutelado es el correcto funcionamiento de la administración pública, en sus dimensiones de eficiencia, eficacia y moralidad. La conducta tutelada es la omisión, retardo o negativa indebida en el desempeño de las funciones.
2. Elementos del tipo penal
| Elemento del tipo | Caracterización | Evidencia documentada en San Pablo 2024-2025 |
|---|---|---|
| Sujeto activo | Servidor público (alcalde, secretarios, coordinadores) | Jair Acevedo Cavadía (alcalde) y secretarios de despacho |
| Conducta típica | Omitir, retardar o rehusar indebidamente el desempeño de funciones | Omisión en implementación del programa anticorrupción (alerta corrupcionaldia.com mar-2024) |
| Indebido | Sin causa legal justificada | No se documenta causa legal que justifique omitir actualización web del municipio |
| Funciones | Las inherentes al cargo (Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012) | Publicar contratos en SECOP (Ley 1150 de 2007), mantener web actualizada (Ley 1712 de 2014) |
| Resultado | Delito de mera conducta (no requiere resultado material) | La omisión misma consuma el delito |
| Imputación subjetiva | Dolo (conocimiento y voluntad) | La omisión dolosa se presume cuando hay deber específico y conocimiento |
3. Conductas omisivas específicas documentadas
El análisis forense del período 2024-2025 permite identificar, con base en los reportes oficiales y los hallazgos documentales, las siguientes conductas omisivas específicas que merecen examen jurídico:
- Omision 1 — Falta de actualizacion de la pagina web: A tres meses de posesión el alcalde (marzo de 2024), el portal corrupcionaldia.com reportó que «ni el Concejo ni la alcaldía municipal tienen al día su página web», lo que constituye omisión del deber legal (Ley 1712 de 2014, Ley 1581 de 2012) de garantizar transparencia activa y acceso a la información pública.
- Omision 2 — Patron de contratacion directa (70,5%): De 214 procesos de contratación, solo 1 es licitación pública (0,5%). La ley colombiana (Ley 80 de 1993, art. 24) establece la licitación pública como regla general para contratos de alto valor. La recurrencia a contratación directa sin causal legal plenamente justificada puede constituir omisión del deber de garantizar transparencia y competencia en el gasto público.
- Omision 3 — Retroceso en Compras y Contratacion Publica del FURAG: La categoría «Compras y Contratación Pública» del FURAG bajó de 74,3 (2023) a 71,88 (2024), siendo la única categoría que retrocedió en un año en que el IDI general subió 31 puntos. Esto sugiere omisión de las acciones de mejora específicas en gestión contractual.
- Omision 4 — Ausencia de politica local de empleo: No se documentan programas municipales activos de generación de empleo productivo, seguridad alimentaria, o superación de pobreza, a pesar de que la Ley 136 de 1994 (Régimen Municipal) y el Decreto 1170 de 2004 asignan al alcalde la responsabilidad del desarrollo económico y social del municipio. ODS 1, 2 y 8 no muestran política activa local.
- Omision 5 — No implementacion de programas anticorrupcion: La alerta de corrupcionaldia.com (mar-2024) señaló que «en este municipio nunca se han implementado programas anticorrupción». La Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y la Ley 1474 de 2011 obligan a las entidades territoriales a implementar planes anticorrupción. La omisión de esta obligación constituye un incumplimiento del deber legal.
4. Análisis de la presunción de dolo
En el delito de prevaricato por omisión, el dolo se presume cuando concurren tres elementos: (a) el servidor público tenía el deber específico de actuar (conocimiento del deber); (b) el servidor público tenía la capacidad material de actuar (poder de acción); y (c) el servidor público omitió la acción sin causa legal justificada. En el caso del alcalde Acevedo Cavadía, los tres elementos concurren respecto a las cinco omisiones identificadas:
- Deber especifico: La obligación legal de actualizar la página web, implementar programas anticorrupción y licitar la contratación pública está en leyes vigentes (Ley 1712, Ley 190, Ley 80) que cualquier alcalde debe conocer.
- Capacidad material: La administración Acevedo tiene acceso a recursos del SGP, recursos propios tributarios y capacidad técnica (el propio FURAG muestra mejoras en 15 categorías, lo que prueba capacidad de gestión).
- Causa legal justificada: No se documenta en los reportes públicos causa legal que justifique la omisión de implementar programas anticorrupción o de licitar contratos de alto valor.
5. Casos concretos documentados que merecen investigación penal
Sin perjuicio del análisis general, hay casos concretos documentados que ameritan investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General:
- Caso FINVERPAZ ($9.356 millones): La designación de FINVERPAZ como entidad ejecutora el 19 de enero de 2024 (a 19 días de la posesión) fue denunciada como presunta violación de la Ley de Garantías (Ley 996 de 2005). Si se confirma la violación, los contratos suscritos podrían ser objeto de responsabilidad fiscal y disciplinaria.
- Caso empréstito Banco de Occidente ($7.000 millones): El empréstito con Banco de Occidente por $7.000 millones requiere verificación de la autorización del Concejo Municipal (Ley 819 de 2003 exige autorización para operaciones de crédito público). Si no se obtuvo, podría constituir contrato ilícito (art. 40 CP).
- Caso concentracion contractual 2026: Los 123 contratos suscritos en los primeros 8 meses de 2026, por $16.028 millones (equivalentes al 51% del total contratado en 32 meses), constituyen una concentración atípica que merece investigación por presunto fraccionamiento de resoluciones (Ley 80 de 1993, art. 55) y elusión de la licitación pública.
6. Responsabilidad penal del alcalde y secretarios
En el régimen penal colombiano, los alcaldes tienen la calidad de servidores públicos (art. 25 CP) y, en consecuencia, son sujetos activos calificados del delito de prevaricato por omisión. La responsabilidad penal se extiende a los secretarios de despacho y coordinadores cuando han omitido funciones propias de su cargo. La responsabilidad penal es personal (no se traslada a la entidad) y se juzga ante la jurisdicción ordinaria (no la contencioso-administrativa).
En el caso de San Pablo, Bolívar, las omisiones identificadas pueden atribuirse directamente al alcalde Acevedo Cavadía (por no haber implementado el programa anticorrupción, no haber actualizado la web municipal, no haber corregido el patrón de contratación directa) y, en lo pertinente, al secretario de Hacienda (por las omisiones en transparencia presupuestal), al secretario de Gobierno (por las omisiones en contratación) y al secretario de Planeación (por las omisiones en el avance del Plan de Desarrollo).
7. Conclusión jurídica
El análisis forense del período 2024-2025 documenta la concurrencia de los elementos del tipo penal de Prevaricato por Omisión (art. 414 CP) en, al menos, cinco conductas omisivas específicas del alcalde Jair Acevedo Cavadía y sus secretarios. Este análisis es académico-periodístico: no constituye acusación formal ni prejuzga la responsabilidad penal, que solo puede ser declarada por sentencia judicial ejecutoriada. Sin embargo, la concurrencia de los elementos típicos justifica, bajo el estándar metodológico de corrupcionaldia.com, la apertura de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y el seguimiento disciplinario por parte de la Procuraduría General.
«La pregunta no es si hubo omisiones. Es si vamos a seguir permitiendo que la administración pública sea un espacio donde la inacción tenga consecuencias solo para los ciudadanos, no para los funcionarios.»
Conclusiones y cierre
Nos encontramos al final del examen. Después de diseccionar, con bisturí forense, los seis componentes de la gestión del alcalde Jair Acevedo Cavadía en sus dos primeros años de gobierno (2024-2025), las conclusiones son matizadas, como corresponde a un territorio complejo y a una administración que heredó un municipio en crisis institucional aguda.
En el plano institucional, los datos del FURAG son contundentes: pasar de un IDI de 37,80 (quintil 2, el peor de la administración Bohórquez) a 83,88 (quintil 5, el más alto) en dos años, es una recuperación sin precedentes en la historia reciente de San Pablo, Bolívar. La administración Acevedo logró revertir el colapso institucional heredado, mejoró en 15 de las 16 categorías del FURAG y colocó al municipio entre las alcaldías de su grupo par con mejor desempeño. Esto es verificable, está en los datos oficiales del Departamento Administrativo de la Función Pública, y merece reconocimiento.
Pero el éxito institucional no se traslada automáticamente a la calidad de vida de la gente. El radar de los cinco problemas prioritarios muestra brechas significativas entre los compromisos del Plan de Desarrollo y los avances reales: en vías (calificación 3,5/10) y en empleo y seguridad alimentaria (3,0/10), la brecha es preocupante. La dependencia del gobierno central se mantiene en 86,1%, lo que limita la autonomía fiscal del municipio. Y, lo más preocupante, la modalidad de contratación pública —70,5% de procesos por contratación directa y solo 1 licitación pública en 214 procesos— configura un patrón de riesgo que merece seguimiento ciudadano estrecho y que justificó el despliegue del análisis jurídico del prevaricato por omisión.
La calificación final de 6,27/10, en la franja «Regular — Vigilar», no es ni una absolución ni una condena. Es una alerta ciudadana: la gestión Acevedo cumple el estándar mínimo en términos institucionales, pero los déficits en transparencia contractual, en avance del Plan de Desarrollo y en cumplimiento ODS son lo suficientemente relevantes como para justificar vigilancia permanente de la comunidad, del Concejo Municipal, de la Personería, de la Procuraduría y de la Fiscalía.
«Cada peso robado es una oportunidad perdida. Cada silencio cómplice, una injusticia perpetuada. El sistema no se cambia solo. Pero tampoco puede cambiar sin nosotros.»
San Pablo, Bolívar, merece una administración que no solo recupere la institucionalidad —tarea en la que Acevedo ha avanzado— sino que translate esa recuperación en agua potable para Cañabraval, en vías transitables para los campesinos, en empleo productivo para los jóvenes, en calidad educativa para la niñez y en hospital con capacidad de respuesta para las emergencias. Los próximos dos años (2026-2027) serán decisivos: o la administración Acevedo transforma la mejora institucional en mejora material de la vida de la gente, o la calificación final de su gobierno será la misma que la del exalcalde sancionado que le antecedió.
La pregunta final, la que se queda flotando en el aire caliente del sur de Bolívar, es la misma que se hacen los habitantes de San Pablo cada vez que abren el grifo y no sale agua, o cada vez que llevan a un familiar herido al hospital, o cada vez que ven pasar una volqueta por una vía destrozada: ¿qué tendría que pasar para que la gestión municipal dejara de ser una promesa y se convirtiera en una realidad tangible? La respuesta, como siempre en democracia, comienza con la vigilancia ciudadana. Esta pieza periodística es una invitación a ejercerla.
corrupcionaldia.com
La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.
