El presidente Abelardo de la Espriella encaró en la Base Naval a la gobernadora Girley Ordóñez y a la representante Elizabeth Jay-Pang. Los papeles muestran lo que el regaño apenas insinuó: en San Andrés la corrupción no cambia de método, solo cambia de apellido.
El sábado 17 de octubre, en la Base Naval de San Andrés, el presidente Abelardo de la Espriella miró a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz y le dijo que toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación. Ella intentó responder. Él siguió: estaba enterado de los negocios de su marido, estaba enterado de Coralina, y no lo iba a permitir. La gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie, 35 años, tres meses en el cargo, recibió el resto del regaño por haber enviado gente a atravesarse a la intervención del hospital que ella misma había pedido.
El video dio la vuelta al país. Lo que no dio la vuelta fue el expediente. El periodismo investigativo lo abrió este lunes y encontró un lote de 4.129 metros cuadrados que el esposo de la congresista compró a su hermana por $25 millones de pesos en diciembre de 2017 y le vendió a la Gobernación por $1.700 millones en diciembre de 2024. Sesenta y ocho veces el precio original en siete años. En San Andrés, donde el metro cuadrado se vende a precio de paraíso, hasta los paraísos tienen un límite. Este no lo tuvo.
El mecanismo: comprar barato, declarar utilidad pública, vender caro
La operación es tan sencilla que ofende. Norbert Vonblon Pomare, a través de su empresa Efficient Buildings S.A.S., adquirió el terreno en diciembre de 2017 por $25 millones de pesos. Pagó, en números redondos, $6.000 pesos por metro cuadrado. Siete años después, la Gobernación del entonces mandatario Nicolás Gallardo declaró el predio de utilidad pública y lo compró por $1.700 millones. Eso son 411.000 pesos por metro cuadrado. El certificado de recibo a satisfacción lo firmó Cristian Cañón Bernal, secretario de Infraestructura de esa administración.
La figura de utilidad pública existe para que el Estado adquiera terrenos que necesita para obras colectivas. Exige un avalúo, exige una justificación técnica, exige que la compra responda a un proyecto concreto. Quién hizo el avalúo, qué proyecto justificaba la compra y por qué ese lote y no otro son las tres preguntas que ningún organismo de control se hizo en diciembre de 2024. El medio local Hoy se habla de registro la venta y nadie entró a verificarla. Un lote que multiplica su valor por 68 pasa por las ventanillas del departamento sin que una sola alarma suene. Esa es la primera señal de que el sistema no falló. El sistema funcionó exactamente como fue diseñado.
Para dimensionar la cifra: con los 1.675 millones de diferencia entre el precio de compra y el de venta, el hospital que el Gobierno acaba de intervenir habría contratado durante más de un año a los cirujanos que no tiene. Al momento de la intervención, el Hospital Departamental contaba con un solo cirujano general y tenía cerrados 13 de sus 59 servicios habilitados. Los isleños que necesitaban una cirugía esperaban un vuelo a Barranquilla o esperaban a secas. Mientras tanto, la Gobernación pagaba $1.700 millones por un terreno.
Los actores: un almacén con activos de 20.000 millones
Entrevistada por Blu Radio, la congresista Jay-Pang resumió la situación con una frase que merece enmarcarse: su esposo no tiene ni un contrato con la Gobernación, porque ellos son un almacén que le vende a cualquier persona que lo necesite en la isla. Un almacén. Veamos qué vende el almacén.
Josef Concretes Ltda., con sede en San Andrés desde septiembre de 2005, se dedica al comercio al por mayor de materiales de construcción y a la construcción de obras de ingeniería civil, carreteras y vías férreas. Vonblon es su representante legal y socio. Sus últimos activos reportados suman 8.972 millones de pesos. Agregados NVP S.A.S., creada en octubre de 2018, comercializa materiales de obra, construye edificios y demuele. Activos: 7.171 millones. Efficient Building S.A.S., la vendedora del lote, hace actividades inmobiliarias y obras civiles. Activos: 4.000 millones. Tres empresas, veinte mil millones de pesos en activos, en una isla de 27 kilómetros cuadrados donde cada tonelada de cemento llega en barco y donde el principal comprador de materiales de construcción es, por obvias razones, el Estado.
Y la representante legal suplente de Josef Concretes es la propia congresista. Lo declaró ella misma en su registro de conflicto de intereses. Es decir, cuando la representante Jay-Pang vota en el Congreso sobre regalías, sobre presupuesto o sobre el régimen especial del archipiélago, la suplente de una empresa de materiales de construcción que depende del gasto público de San Andrés está votando sobre el gasto público de San Andrés. No hace falta ser abogado para ver el problema. Hace falta no querer verlo.
El vínculo entre los negocios y la política no es una inferencia. Está en los registros de campaña. De los 366 millones de pesos que ingresaron a la campaña de Jay-Pang al Congreso, 280 millones los aportó Vonblon. El 76 por ciento. Fue él quien recibió físicamente la credencial de representante electa. Una curul financiada en tres cuartas partes por un contratista de materiales de construcción en un departamento que vive de la contratación pública. El almacén eligió a su congresista.
Hay un tercer capítulo que ilustra cómo opera el hombre al que el presidente señaló. El 18 de mayo de 2016, durante la gobernación del liberal Ronald Housni Jaller, Vonblon firmó un contrato por $1.100 millones de pesos para acarreo, adecuación y compactación de residuos en el relleno sanitario Magic Green. Cuando el contrato venció, siguió trabajando entre enero y octubre de 2017 sin contrato, según él para evitar una emergencia ambiental, y luego llegó a un acuerdo conciliatorio con la Gobernación para que le pagaran $950 millones adicionales. La Procuraduría se opuso: dijo que el acuerdo no tenía sustento probatorio, que la acción podía estar caducada y que era lesivo para el patrimonio público. El Tribunal Administrativo de San Andrés lo rechazó en 2019 y escribió que Vonblon continuó las actividades a sabiendas de que no tenía respaldo contractual. Trabajar sin contrato y luego cobrar por conciliación es una de las técnicas más antiguas del manual. Casi le funciona.
El impacto: un hospital con un cirujano y un partido que gobierna desde la cárcel
Mientras el almacén acumulaba activos, el Hospital Departamental acumulaba incumplimientos. La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa el 16 de octubre, por un año, tras constatar el reiterado incumplimiento de los planes de mejoramiento desde 2022, el cierre de 13 servicios y una planta de personal que daba vergüenza. Ese mismo hospital fue la razón por la que la Procuraduría suspendió a Housni Jaller por tres meses en abril de 2018. Ocho años después, el mismo hospital, la misma crisis, el mismo partido en el poder.
El Gobierno anunció un plan de choque para atender a más de 4.900 pacientes represados. Cuatro mil novecientas personas esperando una cita, un examen, una cirugía, en un departamento que recibe transferencias nacionales, regalías y recursos de la Ley 47 de 1993. La plata llega. Lo que no llega es la atención. En el camino entre la transferencia y el paciente hay secretarías, contratistas, conciliaciones y lotes de utilidad pública.
A eso se suma Coralina, la autoridad ambiental del archipiélago, que el presidente mencionó por su nombre. Coralina decide qué se construye y qué no en una reserva de biosfera. Quien controle Coralina controla el suelo de la isla. Y quien vende materiales de construcción y terrenos tiene todo el interés del mundo en saber qué va a decidir Coralina. El presidente no explicó qué sabe. Los organismos de control tendrán que explicarlo por él.
El sistema: por qué San Andrés repite el guion cada cuatro años
Aquí es donde el caso deja de ser una anécdota de familia y se convierte en un ciclo. Repasemos la cronología del Partido Liberal en la Gobernación de San Andrés. Ronald Housni Jaller, liberal, gobernador desde 2016, capturado en octubre de 2018 junto a la exgobernadora Aury Guerrero Bowie por una red que exigía el 10 por ciento de cada contrato. La Fiscalía habló de contratos por 120.000 millones de pesos y de coimas por más de 11.000 millones. Housni aceptó cargos y la Corte Suprema lo condenó. Nicolás Gallardo, liberal, elegido en 2023 con aval del mismo partido, destituido por el Consejo de Estado en abril de 2025 por doble militancia. Fue su administración la que compró el lote de Vonblon. Girley Ordóñez Bowie, elegida en julio de 2026 en elecciones atípicas con el 64 por ciento de los votos, hoy encarada por el presidente por sabotear la intervención del hospital. Y en el Congreso, por tres periodos consecutivos, Elizabeth Jay-Pang, liberal.
Tres gobernadores, una década, un partido, dos caídos y una tercera bajo la lupa. El lunes 19 de octubre, antes de que la Secretaría de Transparencia pidiera un grupo especial, el Partido Liberal salió en defensa de la gobernadora y de la congresista. El mismo partido que avaló a Housni y a Gallardo. El mismo partido que desde el 7 de septiembre se declaró partido de gobierno de Abelardo de la Espriella. El presidente regaña a las liberales de San Andrés en la Base Naval y, en Bogotá, los liberales votan con él en el Congreso. Esa contradicción no es un accidente. Es la lógica de la coalición: se tolera al partido mientras el partido entregue votos, y se castiga a la ficha regional cuando la ficha regional estorba.
El ciclo se sostiene sobre tres pilares. El primero es la geografía: en una isla de 80.000 habitantes todo el mundo se conoce, el contratista es el vecino, el secretario es el primo y denunciar significa quedarse sin trabajo, sin crédito y sin invitación al bautizo. El segundo es la economía: casi no hay sector privado que no dependa del gasto público, así que la contratación estatal es la única fuente de riqueza y la política es la única forma de controlarla. El tercero es el relevo: cuando cae un gobernador, el aparato no cae con él. Los contratistas siguen, los secretarios siguen, las empresas siguen reportando activos, y el partido simplemente avala a otro.
Psicológicamente, el ciclo funciona porque cada escándalo se vive como un hecho aislado. La isla vio caer a Housni y lo interpretó como la caída de Housni, no como la caída de un sistema. Vio caer a Gallardo y lo interpretó como un tecnicismo electoral. Verá, quizás, a Vonblon explicando su lote y lo interpretará como un negocio familiar. La fragmentación es la mejor defensa del esquema: mientras cada pieza se juzgue por separado, el rompecabezas nunca se arma.
Ahora el Gobierno nacional promete 15.082 millones para vivienda raizal en Providencia, $20.341 millones para agua potable y $10.000 millones para el proyecto turístico Isla Milagro. El presidente dijo que esos recursos nadie los va a tocar. Es una promesa que todos los presidentes han hecho sobre San Andrés. Juan Manuel Santos anunció en 2014 una inversión de $70 millones de dólares, cifra que calificó como nunca antes vista en la historia de la isla. Cuatro años después capturaron al gobernador. La plata no es el problema. El problema es que la plata aterriza en el mismo aeropuerto, pasa por la misma Gobernación y termina en las mismas manos.
La Secretaría de Transparencia, en cabeza de la exmagistrada Cristina Lombana, pidió a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría conformar un grupo especial para San Andrés. Es un paso. También es una admisión: si hace falta un grupo especial es porque los grupos ordinarios, que existen desde hace décadas y tienen sede en la isla, no vieron un lote multiplicarse por 68. O lo vieron y decidieron que no era su problema.
Vonblon no respondió a El Tiempo. La congresista dice que son un almacén. La gobernadora dice que ella pidió la intervención. El partido dice que las defiende. El presidente dice que está enterado de todo. Y el paciente número 4.900 sigue esperando su cita en un hospital con un cirujano.
El ciclo de San Andrés no se rompe con un regaño en una base naval ni con un grupo especial que llega después del titular. Se rompe cuando el isleño que compra cemento en el almacén entiende que ese almacén eligió a su congresista, cuando el votante entiende que el partido que avala es el mismo que defiende, y cuando la pregunta deja de ser quién cayó esta vez y pasa a ser quién sigue de pie. La corrupción en San Andrés no es un gobernador. Es una rutina. ¿Cuántas vueltas más vamos a dejar que dé?
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