San Andrés: la caja más llena del Caribe insular, una isla sedienta y un hospital en la lona. Califica 5,3/10 🟡— Regular, en zona de vigilancia

El saldo de caja y bancos cayó de $356,5 a $208,6 mil millones entre 2024 y 2025, el Índice de Desempeño Institucional lo hundió en el puesto 31 de 32 gobernaciones, la isla sufrió diez meses sin acceso regular a agua potable y el hospital departamental terminó intervenido por la Supersalud. Este es el balance forense, línea por línea, de los dos primeros años de Nicolás Iván Gallardo Vásquez al frente del departamento archipiélago.

Por Hipólito Palencia · Periodismo de investigación · corrupcionaldia.com · Octubre de 2026

Nos encontramos en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Vamos a auscultar la gestión departamental de San Andrés, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, el trabajo del gobernador Nicolás Iván Gallardo Vásquez. Haremos un estudio de la administración realizada por este mandatario en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda gobernación tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.

Porque aquí no vamos a leer titulares: vamos a leer formularios. Los formularios del CUIPO 118888000 que la Gobernación cargó en el CHIP del Departamento Nacional de Planeación, los resultados del FURAG que Función Pública midió con regla de acero, los procesos de la contratación pública del SECOP y las decisiones de la Procuraduría, del Consejo de Estado y de la Supersalud. Lo que emerge del cruce de esas fuentes es una paradoja caribeña de manual: un departamento sin un peso de deuda, con superávits fiscales y una caja de cientos de miles de millones, mientras sus habitantes cargaban baldes durante diez meses y su hospital llegaba a la intervención. La corrupción no siempre gotea; a veces se queda quieta, acumulada en una cuenta corriente, mientras la isla se seca.

El mecanismo expuesto: radiografía forense del CUIPO 118888000

Toda evaluación seria empieza por el laboratorio. El CUIPO —Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario— es el sistema del Departamento Nacional de Planeación en el que cada ente territorial carga, formulario por formulario, la ejecución de sus ingresos, de sus gastos, de su deuda, de sus vigencias futuras y de sus regalías. Es el espejo que ningún mandatario puede maquillar: los datos son los que son, y en ellos se inscribió la gestión de la Gobernación del Archipiélago durante las vigencias 2024 y 2025. Sobre esa base documental construimos este examen, con la disciplina de quien hace autopsia fiscal: primero los números, después las consecuencias.

El primer hallazgo es una sangría silenciosa. Al cierre de 2024, el departamento tenía $356.501.065.976 en caja y bancos. Al cierre de 2025 le quedaban $208.565.169.535. Son $147.935 millones que se evaporaron en doce meses: una contracción del 41,5% de la liquidez acumulada del ente territorial. El propio análisis del CHIP la describe sin adornos: una aceleración en la ejecución de los recursos o una disminución en los recaudos de balance que obliga a vigilar la velocidad de desacumulación para no comprometer la liquidez de futuras vigencias. En criollo: la alcancía del archipiélago se vació casi a la mitad mientras la isla demandaba a gritos agua, salud y obras.

El segundo hallazgo es, hay que decirlo con la misma honestidad, un mérito. En 2024 y 2025 la Gobernación no contrató un solo peso de crédito público: monto aprobado, desembolsos, intereses y comisiones figuran en $0,00, y la renta pignorada aparece como «no aplica». Ninguna renta tributaria quedó hipotecada a banqueros. En un país donde varias gobernaciones amortizan bonos como quien paga cuota de tarjeta, la disciplina de deuda del archipiélago es sobresaliente y merece registrarse como tal. El superávit consolidado —$259.938 millones en 2024 y $83.736 millones en 2025— y unos gastos de personal controlados bajo el techo de los ingresos corrientes de libre destinación confirman que la administración sabía mover el tablero contable. El problema no es la contabilidad: es lo que la contabilidad no resolvió.

Porque el tercer hallazgo desarma el cuadro bonito. En el cierre de 2024 quedaron reservas presupuestales por $80.334 millones y cuentas por pagar por $16.228 millones: compromisos contraídos que no se ejecutaron dentro de la vigencia y que se arrastran como lastre. En 2025, la Cuenta Maestra de Régimen Subsidiado —la que financia las afiliaciones en salud de la población más vulnerable— cerró con un déficit de $11.928 millones. Y para blindar proyectos de salud, educación, inclusión social y agua potable, la administración tramitó vigencias futuras autorizadas por $4.897 millones. Dinero que existía, compromisos que quedaban trabados y un agujero creciente justo donde la isla más dolía: en salud.

El cuarto hallazgo es de dependencia. Cerca de tres de cada cuatro pesos que administró el departamento llegaron del Gobierno central: Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías y aportes de la Nación. Los recursos propios —impuesto de registro, sobretasas, estampillas para el adulto mayor, la cultura y la universidad, tasas y contribuciones— aportaron apenas alrededor del 15%, y el balance y los retiros de FONPET el resto. La autonomía fiscal del archipiélago es, en escala de 0 a 10, un 3: casi todo el poder de la caja lo pone Bogotá, y casi todo el margen propio duerme sin fiscalizar. En regalías, los proyectos bandera —la sede construida y dotada (BPIN 2013000020126), la vía primaria mejorada (BPIN 2013002880003) y el Servicio de Información Geográfica (BPIN 2019000020019)— mostraban al cierre de diciembre de 2024 compromisos, obligaciones y pagos por apenas $31,2 millones en múltiples rubros de activos fijos: moneda de cinco centavos para un departamento que prometía que «El Archipiélago Avanza».

Puestos en fila, los números dibujan el mecanismo que esta investigación somete a escrutinio: una caja superavitaria y sin deuda, pero en desacumulación acelerada; compromisos presupuestales que se amontonan en reservas y cuentas por pagar; un déficit en la cuenta maestra de la salud; una ejecución de regalías de mínimo detalle; y una dependencia del 75% que convierte cada ajedrez político con el Gobierno nacional en un riesgo de asfixia. La pregunta que un isleño está en derecho de hacer es brutal y simple: si había plata, ¿por qué no había agua?

Tabla 1. Cierre fiscal comparativo de la Gobernación del Archipiélago, vigencias 2024-2025 (pesos corrientes)

Los actores y sus roles: quién movió el tablero y quién lo desarmó

Nicolás Iván Gallardo Vásquez se presentó ante los isleños con un lema que era también una declaración de identidad: «isleño, raizal y creyente». Fue electo gobernador el 29 de octubre de 2023 con el respaldo del Partido Liberal y algo más de trece mil votos, y asumió el 1 de enero de 2024 con un Plan de Desarrollo Territorial pomposamente numerado: «El Archipiélago Avanza», con cinco apuestas programáticas, quince ejes estratégicos, 66 programas, 447 metas y 466 indicadores de producto. El gabinete quedó en manos de nombres como Charles Livingston en Hacienda, Mikel Watson Cantillo en Salud, Lorena Aldana en Planeación y Arlington Howard en Gobierno. La maquinaria estaba armada. Los dos años siguientes, como veremos, fueron una mezcla de Balance oficial majestuoso y de servicio público al borde del colapso.

El primer golpe judicial llegó por el flanco político. El ciudadano César Daniel Castro Muñoz demandó la elección argumentando doble militancia, y la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, le dio la razón: el gobernador liberal había brindado apoyo público y explícito a candidatos a la Asamblea Departamental del partido Nuevo Liberalismo, ignorando que su propia colectividad tenía lista oficial para esa corporación. La sentencia, del 3 de abril de 2025, anuló la elección y ordenó cancelar la credencial. Gallardo intentó recursos de aclaración y adición, rechazados el 25 de marzo de 2026; la ejecutoria del 7 de abril de 2026 selló su salida definitiva del cargo y el Consejo de Estado abrió una investigación en su contra. Traducido al castellano corriente: el mandatario que pidió dos años de confianza perdió su credencial por saltarse las reglas del propio partido que lo postuló.

En el terreno operativo, tres actores externos protagonizaron la cotidianidad del malestar. La Unión Temporal Progreso Vial San Andrés 22 y la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) quedaron señaladas por la Procuraduría como las incumplidas persistentes de la orden judicial de septiembre de 2024 que exigía restablecer de inmediato el agua potable dañada en la malla eléctrica de la desalinizadora durante obras viales. La sociedad de servicios de energía sostuvo un esquema de tarifas elevadas que en febrero de 2025 hacía ver los recibos como facturas de hotel. Y la Empresa Social del Estado que opera el Hospital Departamental San Andrés acumulaba fallas de bioseguridad, equipos deteriorados y faltantes de medicamentos esenciales que la Supersalud terminaría castigando con 30 medidas urgentes y con la intervención del prestador.

El relevo institucional confirmó el tamaño del bache político. Mientras se resolvía la nulidad, el presidente Gustavo Petro designó mediante el Decreto 0502 del 14 de mayo de 2026 a la comunicadora Vilma Jay López como gobernadora encargada. Las elecciones atípicas del 5 de julio de 2026 —con una abstención que rondó el 70%— coronaron a Girley Natacha Ordóñez Bowie, respaldada por el Partido Liberal y el Pacto Histórico, con el 64,01% de los votos. El mensaje subliminal del electorado no pudo ser más elocuente: cuando dos de cada tres isleños deciden no ir a votar la continuidad de su propio gobierno, la percepción ciudadana es un termómetro, y marca fiebre.

El capítulo final lo escribió el poder nacional. En octubre de 2026, el presidente Abelardo De La Espriella —abogado nacido en el Caribe— instruyó a la Secretaría de Transparencia pedir un grupo conjunto de investigación entre Procuraduría, Contraloría y Fiscalía para examinar desde Bogotá la contratación pública del archipiélago: procesos «presuntamente diseñados para favorecer a determinados contratistas», adjudicaciones reiteradas, posibles vínculos entre financiación de campañas y contratos, obras inconclusas y deficiencias en los servicios públicos. La secretaria Cristina Lombana fue más allá del lenguaje diplomático: «hay un entramado corrupto que se apoderó de San Andrés y de sus recursos públicos». Se solicitaron el poder preferente de la Procuraduría y el control excepcional de la Contraloría. Cada contrato y cada peso, prometió el Gobierno, serán examinados.

El impacto real: los cinco problemas del pueblo raizal, calificados

El Plan de Desarrollo se escribió para responder al «sentir de la gente», dicen los documentos oficiales. En el archipiélago, ese sentir tiene cinco nombres que se repiten en cada plenaria de la Asamblea, en cada cabildo de The Key, en cada pescador de Old Point y en cada familia que madruga con baldes: agua potable, salud, energía, vivienda y ordenamiento para los raizales, y una economía turística que no estrangule el mar de Seaflower. Construimos con ese material cinco indicadores de gestión, calificados de 0 a 10 y analizados periodísticamente, que miden lo único que importa medir: qué cambió en la vida de la gente entre el 1 de enero de 2024 y el cierre de 2025. El promedio no engaña: 4,0.

1. Agua potable y saneamiento — Nota: 2,5

Junio de 2024: durante obras de la malla vial de San Andrés, la malla de tensión eléctrica de la planta desalinizadora resultó dañada y con ella la columna vertebral del suministro de agua de la isla. En septiembre de 2024 un juez ordenó el restablecimiento inmediato del servicio. En julio de 2025 —diez meses después— la Procuraduría General de la Nación tuvo que alertar que San Andrés «todavía no tiene acceso regular a agua potable», impulsar acciones judiciales y pedir sanciones mediante un incidente de desacato contra la Unión Temporal Progreso Vial San Andrés 22 y la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca). El órgano de control terminó imponiendo una multa de $1.280 millones, equivalente al doble del valor del contrato de interventoría de la malla vial.

Mientras la isla se secaba, la caja departamental tenía $356,5 mil millones al inicio del periodo y $208,6 mil millones al final, y el presupuesto de 2025 reservaba vigencias futuras para «acceso a agua potable y saneamiento básico». La supervisión efectiva de un contratista que incumplía una orden judicial durante diez meses no es un detalle técnico: es el deber básico de cualquier administración. Un 2,5 es generoso, y se explica por la vigilancia del juez y de la Procuraduría, no por la gestión local. Para no depender del 100% del Gobierno central, este es exactamente el tipo de servicio que un departamento con caja propia no tiene derecho a dejar quebrarse.

2. Salud: el hospital que quebró por dentro — Nota: 3,0

La cuenta maestra que financia el régimen subsidiado de salud cerró 2025 con un déficit de $11.928 millones. Ese número frío tiene nombre y apellido: es la afiliación de la población vulnerable de la isla que se financia tarde, mal o a medias. El Hospital Departamental San Andrés llegó a octubre de 2026 con fallas de bioseguridad, equipos deteriorados, faltantes de medicamentos e insumos esenciales, retrasos en diagnósticos y listas de espera quirúrgicas desbordadas, al punto de que la Supersalud dictó 30 medidas urgentes contra el prestador y la Gobernación y terminó interviniendo el hospital. El cruce del presidente de la República con las dirigentes de la isla por la crisis del centro hospitalario se volvió noticia nacional.

El gobernador Gallardo dejó el cargo en abril de 2026 y la intervención se materializó meses después; la regla periodística obliga a precisarlo. Pero la contabilidad no miente sobre el origen: el déficit del régimen subsidiado se gestó en las vigencias 2024 y 2025 auditadas aquí, y la caída de la caja departamental de ese mismo periodo deja poco espacio a la inocencia fiscal. Un hospital de referencia insular —que además debe soportar remisiones al continente con el costo logístico que eso implica— no puede ser la variable de ajuste de una administración que presumía de superávits. Nota: 3,0.

3. Energía y servicios públicos: tarifas de lujo en una isla que brilla — Nota: 4,0

La generación eléctrica del archipiélago sigue anclada a los combustibles fósiles, y las tarifas que fija la distribuidora hicieron del recibo de la luz un impuesto informal: en febrero de 2025 un usuario tipo de la zona cálida pagaba más de $106.000 por 500 kilovatios-hora. Un estudio de la Universidad Nacional había estimado que si el 30% de la generación pasara a energía solar, la isla ahorraría hasta $60.000 millones al año. Dos años de gestión no produjeron un plan de choque visible de transición energética ni una defensa estructurada del bolsillo isleño ante el regulador.

El argumento del «sujeto regalado» —la energética no es del departamento— solo explica la mitad. La otra mitad es la ausencia de liderazgo territorial en un tema que define la competitividad del turismo, el costo de vida del raizal y la sostenibilidad ambiental de Seaflower. Sin apagones generalizados en el periodo auditado pero con tarifas asfixiantes y una agenda de transición en cero, la nota no puede ser otra: 4,0.

4. Vivienda y ordenamiento raizal: obras que se detuvieron — Nota: 4,5

La presión demográfica y migratoria sobre una isla de 27 kilómetros cuadrados es el drama estructural del archipiélago, y la vivienda digna para la comunidad raizal es la deuda histórica de todos los gobiernos. El Plan de Desarrollo la asumió en el papel, y el presupuesto registró autorizaciones de vigencias futuras por $4.897 millones para sectores como salud, educación, inclusión social y agua potable. Sin embargo, el dato que elogia y acusa a la vez llegó de la administración sucesora: en septiembre de 2026, la Gobernación encargada anunció que había logrado «reactivar obras estratégicas que permanecían suspendidas» tras adelantar los procesos técnicos, administrativos y contractuales.

Que la siguiente administración deba rescatar obras paralizadas es la definición burocrática exacta de un plan que no avanzó a la velocidad de su titular. En vivienda y ordenamiento la gestión no fue inerte —hubo proyectos, convocatorias y recursos con destinación específica— pero el balance de obras detenidas y trámites congestionados pesa más que los anuncios. Nota: 4,5.

5. Turismo sostenible y economía local: el récord que no alcanza — Nota: 6,0

El dato más brillante del balance oficial es real y verificable: 1.127.000 turistas en 2025 y más de 50 obras reportadas en marcha, con avances como el boulevard de Sarie Bay al 91% y el sector de Los Corales al 63%. La propia administración afirmó haber cumplido el 80% de las metas programadas en la vigencia 2025. En un departamento que vive del turismo, mover la aguja de visitantes y de infraestructura de recepción es gestión, y se registra.

El pero es de fondo, no de forma. La ola de cruceros expone la insuficiencia de la infraestructura de recibo; la gestión de residuos sólidos quedó bajo la lupa ambiental al punto de que el Gobierno nacional debió destinar hasta $17.749 millones en 2026 para operar la planta de residuos de la isla; y el equilibrio entre el turismo masivo y la Reserva de Biósfera Seaflower sigue siendo una cuerda floja sin política pública robusta. Un millón de turistas con la basura sin resolver y el agua en crisis es un récord de vidrio: brilla, pero se rompe. Nota: 6,0, la más alta del baremo y aun así lejos de la excelencia.

Tabla 2. Cinco indicadores de gestión frente a los cinco problemas principales de las comunidades (vigencias 2024-2025)

4. El sistema que lo permite: caja llena, institucionalidad vacía

Aquí está el corazón de esta radiografía. El archipiélago administró en dos años una caja de cientos de miles de millones, terminó sin deuda, con superávit y con logros turísticos verificables; y en ese mismo lapso su gente vivió diez meses sin agua regular, su cuenta maestra de salud se agujereó por $11.928 millones y su hospital llegó a la intervención. Si la corrupción fuera solo la plata que desaparece, San Andrés estaría limpio. Pero hay otra forma de vaciar un territorio: la omisión. Dejar correr. No vigilar al contratista. No blindar el flujo de la salud. No terminar la obra. El dinero no se robó; se quedó quieto mientras el servicio se moría, y ese patrón —recursos disponibles, servicios colapsados, supervisión dormida— es el sistema que este portal ha aprendido a reconocer en toda Colombia.

El sistema tiene adjetivos institucionales. El Índice de Desempeño Institucional de 2025 dio a la Gobernación un 64,86 sobre 100: puesto 31 entre 32 gobernaciones. La credencial del propio mandatario terminó anulada por doble militancia con ejecutoria firme. Las obras estratégicas quedaron suspendidas para que las reactivara otro gobierno. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia declaró ante las cámaras que «hay un entramado corrupto que se apoderó de San Andrés y de sus recursos públicos», y pidió poder preferente y control excepcional. Y una abstención del 70% en las elecciones atípicas del 5 de julio de 2026 le puso número a la desafección ciudadana. Cuando la institucionalidad se debilita en cascada —gobernador anulado, desempeño en cola, contratos bajo sospecha, ciudadanía ausente— el presupuesto se vuelve un botón sin ojo.

Nada de esto equivale, se insiste, a una condena penal contra persona alguna: las investigaciones están en curso y la presunción de inocencia es mandato constitucional. Pero la calificación de una gestión no espera a los tribunales penales: se hace con la regla del desempeño, y en desempeño el archipiélago quedó, objetivamente, en la zona media baja de la escala. La siguiente sección aplica el método corrupcionaldia.com: primero el FURAG, luego los seis componentes ponderados, y después —porque el resultado está por debajo de 6,9— el análisis jurídico que la metodología exige.

FURAG 2025: el espejo incómodo de Función Pública

El FURAG —Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión— es el instrumento con el que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide cada año la calidad de la gestión pública territorial, y de sus resultados se deriva el Índice de Desempeño Institucional (IDI), uno de los termómetros más objetivos que existen porque no depende de encuestas ni de titularidades: mide requisitos legales, procesos, planes, resultados y capacidad de respuesta documentada de la entidad. En el consolidado de la vigencia 2025 publicado por Función Pública, la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina registró un IDI de 64,86 sobre 100.

Puesto en la tabla de la sección territorial, ese 64,86 significa el puesto 31 entre las 32 gobernaciones del país: solo la Gobernación del Caquetá (63,39) quedó por debajo. La distancia con la cabeza del grupo —Cundinamarca, con 98,95— es de 34,09 puntos, y con el bloque de gobernaciones avanzadas (Antioquia, Bolívar y Boyacá, todas por encima de 94) es del tamaño de un abismo. En la escala oficial de Función Pública, entre 50 y 69,9 el desempeño se califica como «moderado»: una entidad que cumple lo mínimo documental pero cuya capacidad administrativa, legal y tributaria no soporta aún el estándar nacional. Traducido a la calificación de 0 a 10 que exige nuestro método: 6,49.

Tabla 3. Índice de Desempeño Institucional 2025 — Gobernaciones extremo y cercanía del archipiélago (Función Pública)

¿Qué tira hacia abajo a un departamento con caja superavitaria? La lectura ítem por ítem que permite el ejercicio FURAG apunta a las tres palancas que el IDI agrega. En el frente administrativo, la ejecución incompleta —reservas presupuestales de $80.334 millones y cuentas por pagar de $16.228 millones en 2024, obras estratégicas suspendidas, ejecución de regalías de mínimo detalle— debilita los indicadores de cumplimiento de planes y proyectos. En el frente legal, el hecho de que el propio mandatario entrara en nulidad electoral y dejara de gobernar antes del fin de su periodo no es indiferente para la estabilidad de los sistemas de gestión interna y de control. Y en el frente tributario, la dependencia de transferencias y el esfuerzo propio timbre a timbre —impuesto de registro, sobretasas, estampillas— evidencian la debilidad recaudatoria que este informe ya detectó en el CHIP. Los desagregados finos por dimensión constan en la base completa de 104 columnas publicada por Función Pública; el consolidado es suficiente y contundente.

Para la gobernadora electa Girley Ordóñez, ese 64,86 es a la vez una herencia y una línea de base: cada punto de mejoramiento en el FURAG 2026 será evidencia objetiva de gestión, y cada estancamiento será prueba de que el problema era más profundo que un cambio de apellidos. Para el ciudadano, es la cifra que validó con matemática institucional lo que la calle ya sabía: el Archipiélago no estaba avanzando al ritmo de su gente.

La calificación: 5,35 sobre 10 — Regular, en zona de vigilancia

Aplicamos el método de corrupcionaldia.com: seis componentes con pesos fijos, cada uno calificado de 0 a 10 y con sustento documental en las fuentes de esta investigación. La escala no es absoluta: evalúa la gestión en relación con el punto de partida del territorio y los recursos disponibles; un 7,0 en un departamento insular con caja millonaria no equivale a un 7,0 en un territorio receptor, pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley son igualmente exigibles en todas partes.

Tabla 4. Componentes y pesos de la calificación final

El resultado del promedio ponderado es 5,35: Regular, franja amarilla de «vigilar» según nuestra escala. Es una nota que no absuelve ni condena: reconoce la disciplina de deuda y los avances turísticos, y castiga con la misma vara la caída de la caja, el déficit de la salud, la parálisis de las obras, el FURAG en cola nacional y la nube de investigaciones sobre la contratación. Como criterio complementario, el promedio simple de los cinco indicadores ligados a los problemas de las comunidades —agua, salud, energía, vivienda y turismo— es de 4,0: donde le duele al isleño, la gestión se queda aún más corta que en su tablero fiscal.

Tabla 5. Escala de calificación corrupcionaldia.com

Conforme a la regla metodológica del portal, una calificación igual o inferior a 6,9 obliga a desarrollar el análisis jurídico del delito de Prevaricato por Omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal colombiano. Ese análisis se encuentra en la sección siguiente, con el rigor y las cautelas del caso.

Análisis jurídico: Prevaricato por Omisión (artículo 414 del Código Penal)

El artículo 414 de la Ley 599 de 2000 tipifica el prevaricato por omisión: incurre en este delito el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones. Con el incremento general de penas de la Ley 890 de 2004, la conducta se sanciona con prisión de dieciséis (16) a sesenta y cuatro (64) meses, y el parágrafo del artículo dispone que la pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando el acto omitido, retardado o denegado corresponda a la investigación de un delito. La figura exige, además del sujeto calificado —un servidor público con el deber funcional específico—, el elemento subjetivo del dolo: la conciencia y voluntad de dejar de hacer lo que la ley ordenaba hacer. No se castiga el error, ni la torpeza, ni la mala suerte; se castiga la omisión dolosa del deber.

La regla metodológica de este portal obliga a examinar, cuando la calificación no supera 6,9, si los hechos documentados configuran indicios de esa omisión dolosa de deberes funcionales —o de figuras conexas como el prevaricato por acción (artículo 413), el abuso de autoridad por omisión de denuncia o de acto funcional, el peculado (artículo 311) o el contrato incumpliendo requisitos constitucionales o legales (artículo 433)—. Lo que sigue no es una acusación penal: es un mapa de indicios, construido exclusivamente con documentos oficiales y reportes públicos, entregado a las autoridades competentes y a la ciudadanía. La presunción de inocencia es un pilar del Estado constitucional y este periodismo no la sustituye.

Primer bloque de indicios: el agua. Entre junio de 2024 y julio de 2025, el servicio regular de agua potable de San Andrés quedó interrumpido por el daño a la desalinizadora en obras viales, pese a existir una orden judicial de restablecimiento inmediato desde septiembre de 2024. La Procuraduría documentó el incumplimiento persistente de los contratistas y debió acudir al incidente de desacato y a una multa de $1.280 millones. La pregunta jurídica que corresponde a los investigadores es directa: qué acciones de supervisión, ejecución coactiva, imposición de multas contractuales o activación de mecanismos de emergencia adoptó —o dejó de adoptar— el ordenador del gasto y los supervisores de los contratos durante esos diez meses, siendo que el departamento disponía de caja superior a $200 mil millones y de instrumentos legales para garantizar un servicio esencial.

Segundo bloque: la salud. El artículo 51 de la Ley 715 de 2011 ordena a los entes territoriales garantizar el flujo oportuno de los recursos del sector salud y sus sistemas de cuentas maestras, cuya destinación específica prohíbe desviarlos. El cierre de la vigencia 2025 con un déficit de $11.928 millones en la Cuenta Maestra de Régimen Subsidiado —mientras el departamento luciaba superávit consolidado y caja de $208 mil millones— plantea el interrogante de si hubo retardos dolosos en la ordenación de pagos y en la administración del flujo de salud, conducta que el marco penal y disciplinario conoce bien y que la intervención posterior del hospital volvió visible para todo el país.

Tercer bloque: la ejecución y la obra pública. Las reservas presupuestales por $80.334 millones y las cuentas por pagar por $16.228 millones del cierre de 2024, la ejecución de regalías de apenas $31,2 millones en los rubros auditados de diciembre de 2024, y las obras estratégicas que debió reactivar la administración sucesora completan el cuadro de una ejecución que quedó crónicamente por debajo del disponible. A ello se suma el anuncio gubernamental de octubre de 2026 de investigar la contratación pública del archipiélago —adjudicaciones reiteradas, presuntos diseños de procesos para favorecer contratistas, posibles vínculos entre campañas y contratos, obras inconclusas— bajo poder preferente y control excepcional, por presuntos patrones que, según la Secretaría de Transparencia, constituirían un «entramado corrupto».

Conclusión jurídica metodológica: el conjunto de hechos descritos configura un cuadro objetivo de presuntas omisiones de deberes funcionales —supervisión contractual, flujo de la salud, ejecución presupuestal y de regalías— que, por su gravedad, persistencia y efecto sobre derechos fundamentales como el agua y la salud, amerita investigación penal, disciplinaria y fiscal, sin que esta redacción afirme que alguien haya incurrido en delito. Esa distinción es la frontera del periodismo: constatar los indicios con documentos, calificar la gestión con la escala, y dejar que la justicia —Procuraduría, Fiscalía, Contraloría— determine las responsabilidades. Si el tiempo y las pesquisas demuestran que la parálisis fue deliberada, el artículo 414 del Código Penal tiene un nombre preciso para ello; si no lo demuestran, quedará al menos esta certificación documental de que la caja estuvo llena mientras la isla se secaba.

Recomendaciones: la ruta hacia la autonomía fiscal y el servicio digno

La primera tarea del archipiélago es dejar de mendigar. Con cerca del 75% de sus recursos viniendo de transferencias, cualquier tormenta política con el Gobierno central se convierte en asfixia fiscal. La ruta es conocida y el propio análisis del CHIP la señala: fortalecer la fiscalización y el cobro coactivo del impuesto de registro, de las sobretasas ambientales y bomberiles y de las estampillas para el bienestar del adulto mayor, la procultura y la pro universidad; digitalizar el recaudo; y garantizar que el gasto de funcionamiento se financie estrictamente con ingresos corrientes de libre destinación estables. Un departamento que optimizara su esfuerzo propio podría financiar con autonomía buena parte de los servicios que hoy dependen del humor presupuestal de Bogotá.

La segunda tarea es convertir la caja en servicios. Un plan de choque de agua potable —reparación y redundancia de desalinizadoras, control estricto de contratistas, licencias de emergencia— debe ser irrenunciable; el flujo de la Cuenta Maestra de salud debe blindarse con calendario de giros y cero intermediación; y la transición a energía solar, que estudios de la Universidad Nacional estiman en hasta $60.000 millones de ahorro anual, debe convertirse en política de Estado insular. Cada uno de estos frentes tiene recursos identificados en el presupuesto y vigencias futuras ya autorizadas: lo que falta no es plata, es ejecución con supervisión.

La tercera tarea es de transparencia: reducir la contratación directa, subir la calidad de la publicación en el SECOP, responder punto por punto las peticiones del grupo conjunto de organismos de control y someter a rendición de cuentas verificable —con el FURAG 2026 como regla— los compromisos del Plan de Desarrollo. Y la cuarta es de ciudadanía: el 70% de abstención de julio de 2026 es un lujo que una isla con esta historia no puede volver a darse. Vigilar, preguntar, comparecer y votar es la parte del contrato que solo los isleños pueden firmar.

Metodología y fuentes: cinco cruces, una sola verdad

Este informe cruza, como mínimo, cinco fuentes independientes y verificables. Primera: los formularios oficiales del CUIPO 118888000 en el CHIP del DNP —ejecución de ingresos, ejecución de gastos con reservas y cuentas por pagar, deuda pública con créditos y renta pignorada, vigencias futuras autorizadas y Sistema General de Regalías— para las vigencias 2024 y 2025. Segunda: los resultados del FURAG de la vigencia 2025 publicados por el Departamento Administrativo de la Función Pública el 17 de junio de 2026, incluido el Índice de Desempeño Institucional de las 32 gobernaciones. Tercera: la contratación pública de los SECOP I y II y los anuncios oficiales de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General y la Fiscalía General sobre la investigación coordinada de la contratación del archipiélago. Cuarta: el Plan de Desarrollo Territorial «El Archipiélago Avanza» 2024-2027 con sus cinco apuestas, quince ejes, 66 programas, 447 metas y 466 indicadores, junto con los balances y rendiciones de cuentas de la administración. Y quinta: la prensa nacional e insular —El Tiempo, El Espectador, Semana, Caracol Radio, La FM, Infobae, Radio Nacional de Colombia, El Isleño e Insular News— y los boletines de la Supersalud y de la Gobernación.

Precisiones de método que el lector merece. La evaluación cubre las vigencias 2024 y 2025, que corresponden íntegramente al mandato de Nicolás Iván Gallardo Vásquez, quien dejó el cargo por ejecutoria de la sentencia de nulidad el 7 de abril de 2026; los hechos posteriores —encargo de Vilma Jay López, elección de Girley Ordóñez, intervención del hospital y anuncio de investigaciones— se citan como contexto verificado y no se atribuyen a la gestión evaluada. Las cifras de caja, superávit, reservas, cuentas por pagar, déficit de la Cuenta Maestra y vigencias futuras provienen de los reportes oficiales de la entidad; la composición porcentual de ingresos (transferencias, propios y balance) es la estimación estructural de los formularios del CHIP. El archivo completo del FURAG contiene 104 columnas por entidad; este análisis usa el consolidado del IDI publicado y las cifras verificables disponibles. En materia jurídica, el texto constata indicios y no formula acusaciones: la responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal corresponde a las autoridades. Finalmente, el archipiélago no es territorio PDET, por lo que los giros y análisis propios de esos municipios no aplican en este informe.

Cierre: la pregunta que sigue en el aire

Al final del examen quedan dos imágenes imposibles de reconciliar, y son las imágenes de un mismo gobierno. La de la contabilidad impecable: cero deuda, superávits, caja de $208 mil millones. Y la de la isla que madrugó diez meses a cargar baldes, el hospital que quebró por dentro, el FURAG en el puesto 31 de 32 y una contratación bajo tres organismos de control a la vez. La calificación de esta investigación —5,35, Regular, en zona de vigilancia— no es un veredicto penal ni una sentencia moral: es la fotografía técnica de un departamento que aprendió a administrar su dinero pero no, todavía, a convertirlo en agua, salud y dignidad para su pueblo raizal.

Cada peso quieto en una cuenta mientras un grifo no funciona es una decisión, y toda decisión de gobierno tiene autor. La pregunta no es si San Andrés puede hacerlo: tiene la caja, tiene las leyes, tiene los recursos y tiene a la ciudadanía más antigua del Caribe colombiano. La pregunta es otra, y va para los que vienen: ¿cuántos años más tendrá que esperar el archipiélago para que la caja llena y la isla viva dejen de ser dos noticias distintas?