La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años al exalcalde encargado del municipio de Manaure (La Guajira), Randall Paterson Hoyos Van Grieken, al encontrarlo responsable de irregularidades en la suscripción de un contrato supuestamente brindar atención en salud y alimentaria a población wayuu de su municipio.
Según la Procuraduría se trata de un contrato suscrito entre la Alcaldía de Manaure, el Departamento de La Guajira, y la Institución Prestadora de Servicios de Salud Indígena (IPSI) Sol Wayuu, por valor de $8.000 millones.
Según pudo establecer el Ministerio Público, el exmandatario habría contratado a la IPSI, no solo para brindar atención en salud de la población wayuu, sino para suministrar de alimentación, medicamentos, vestuario y publicidad, a familias indígenas vulnerables, por un valor de $4.000 millones, lo que correspondería al 50 % del valor total del Contrato Interadministrativo 005 del 24 de junio de 2015, a pesar de que esta entidad no tenía la capacidad para este objetivo, debido a que su función era la prestación de servicios de salud.
«Las pruebas demuestran que la IPSI Sol Wayúu tuvo que solicitar la suspensión del negocio jurídico para buscar un intermediario que le suministrara los mercados contratados por el municipio de Manaure con el fin de ‘salvaguardar la vida y salud de los niños y niñas y mujeres gestantes wayúu en virtud del riesgo de muerte por procesos de desnutrición’», señaló el órgano de control.
A su vez, evidenció que el contratista no acreditó la experiencia ni la capacidad de garantizar el suministro de 10.000 mercados y agua potable durante cinco meses a 2.000 familias indígenas, de esta comunidad que habita en uno de los desiertos más extensos del país, ubicadas en los corregimientos de Aremasin, El Pájaro, Mayapo, San Antonio, Shiruria, La Paz, La Gloria, Musichi y Manzana.
Según la Procuraduría en las mencionadas localidades, se registraron muertes maternas e infantiles desde 2012 a 2015, según lo evidenció un estudio previo mediante el cual la administración local soportó esta contratación con la que se verán afectados cientos de menores de edad y de mujeres gestantes.
«La falta disciplinaria cometida por Hoyos Van Grieken fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima, pues al suscribir el cuestionado contrato desconoció los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad de la contratación estatal. El fallo se encuentra en firme debido a que el disciplinado no presentó recurso de apelación dentro del término establecido», indicó la Procuraduría.
