Aunque el caso del exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, es el más sonado, no es el único. Muchos están callados con la negativa del gobierno americano de renovarles el visado de turista para no ser el foco de miradas y comentarios ni víctimas del miasma de sus críticos.
El gobierno de Estados Unidos se reserva el derecho de explicar o dar las razones por las cuales le niega la renovación de la visa a cualquier ciudadano colombiano. Razones hay muchas, pero cuando se trata de personajes públicos, multimillonarios y vinculados a la administración de los recursos públicos, solo podemos pensar en dos motivos importantes: narcotráfico o corrupción.
Corrupcionaldia.com fue el único medio de comunicación de Colombia que tuvo la oportunidad de asistir a la Conferencia Internacional Anti-Corrupción IACC 2022, que organiza Transparencia Internacional, la segunda semana de diciembre pasado en Washington.
Ya les contaremos qué relación hay entre la negación de las visas por parte del gobierno americano a ciudadanos de relevancia política en Colombia y la Conferencia Internacional Anti-Corrupción IACC 2022.
Resulta que uno de los más importantes debates de la Conferencia tenía que ver con las acciones y programas del Departamento de Estado de los Estados Unidos con respecto a la identificación o señalamientos de funcionarios públicos como corruptos, en países foráneos.
Estuvieron presentes destacados investigadores del U.S. Department of State’s Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) y de la U.S. Department of the Treasury’s Office of Terrorist Financing and Financial Crimes (TFFC), quienes explicaron las lineas de trabajo de ambos departamentos con toda la información que obtienen de las ONG y medios de comunicación alternativos que luchan contra la corrupción en cada uno de los países del mundo.
En la conferencia «Disuadir y promover la responsabilidad de los actores corruptos a través de sanciones y restricciones de Visa» quedó claro que el Departamento de Estado de los Estados Unidos va a tomar muy en serie cada una de las denuncias e investigaciones que se publiquen en los países latinoamericanos sobre actos de corrupción y actores involucrados.
La restricción dice Visas a personajes acusados e investigados por corrupción es un hecho.
La Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado es clara.
Esta Ley es mandatoria para que las personas señaladas (como corruptas) y sus familiares inmediatos no sean elegibles para viajar a los Estados Unidos.
Las designaciones de la Sección 7031(e) se pueden hacer pública o privadamente para:
- Funcionario público en ejercicio de su cargo o ya fuera de él.
- Todo aquel que esté involucrado en corrupción significativa de violaciones de derechos humanos.
- El Sectario de Estado debe contar con «información creíble»
¿Qué considera «corrupción significativa» el Departamento de Estado? El Cohecho, la malversación de fondos y la injerencia en procesos públicos (judiciales, electorales, y aquellas relacionadas con adquisiciones).
¿Qué es «información creíble»? información corroborada, fuentes creíbles de información (todas las fuentes posibles) relativas a corruptos específicos.
.@StateDeputySpox: We are announcing the designation of former President of Panama @rmartinelli, for his involvement in significant corruption. Specifically, Martinelli accepted bribes in exchange for improperly awarding government contracts during his tenure as president. pic.twitter.com/mTWfmQjjOU
— Department of State (@StateDept) January 26, 2023
Estados Unidos entrega hermanos Martinelli Linares a autoridades panameñas y designa a expresidente Martinelli como inelegible para entrar a EE.UU. ⬇️ https://t.co/zdeHXY5wpP
— U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) January 26, 2023
Esta es una información muy importante para todos los políticos y funcionarios públicos de Colombia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ya esta haciendo evidente su política contra los funcionarios públicos corruptos de países extranjeros.
Toda la información pública en redes y medios de comunicación sobre actos de corrupción y la participación de funcionarios públicos va a ser chequeada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
