Mientras los funcionarios dilatan, el río amenaza con arrasar cinco barrios vulnerables
Un fallo judicial obliga a la alcaldesa Luz Helena Andrade a buscar recursos inmediatos para proteger a miles de ciudadanos, tras casi una década de inacción institucional
El agua no espera. Tampoco esperó Carmiña Escorcia, quien después de ocho años de una batalla que parecía interminable contra la burocracia y la indiferencia oficial, logró que la justicia colombiana reconociera lo que los habitantes de cinco barrios en Fundación, Magdalena, han sabido siempre: viven bajo amenaza constante.
La sentencia que destapa el ciclo de negligencia
El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta acaba de confirmar lo que la evidencia mostraba a gritos: el Municipio de Fundación ha violado sistemáticamente el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles. Un fallo contundente que ordena a la alcaldesa Luz Helena Andrade ejecutar de inmediato las acciones necesarias para proteger a los barrios Ariguaní, Las Tablitas, Paz del Río, Chimila y La Feria.
¿Qué ha hecho la administración municipal durante casi una década? Aparentemente, mirar hacia otro lado mientras el río San Agustín amenaza con desbordarse en cada temporada de lluvias.
La Red Subterránea del abandono: cómo el municipio de Fundación dejó desprotegidos a cinco barrios vulnerables
Por años, mientras la administración municipal de Fundación, Magdalena, desviaba la mirada del inminente peligro que representa el río San Agustín para cinco barrios vulnerables, una ciudadana común decidió que era suficiente. Carmiña Escorcia Barrios, armada únicamente con su determinación y conocimiento de sus derechos, enfrentó a un sistema diseñado para diluir responsabilidades y postergar soluciones.
El ciclo perverso de la inacción gubernamental
La sentencia del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta no solo confirma una negligencia administrativa; revela un patrón sistémico donde las autoridades locales:
- Postergan decisiones críticas hasta que se convierten en emergencias
- Diluyen responsabilidades entre múltiples entidades (municipio, departamento, UNGRD, Corpamag)
- Ignoran estudios técnicos que advierten sobre riesgos previsibles
- Desprotegen a las comunidades más vulnerables, precisamente aquellas con menos recursos para defenderse
Esta no es simplemente una falla administrativa. Es el reflejo de un sistema que funciona exactamente como fue diseñado: para desatender prioritariamente a quienes menos poder tienen para reclamar.
El costo real del abandono institucional
Mientras las autoridades dilatan la construcción del muro de contención, los desarenadores y el dragado del río, los habitantes de Ariguaní, Las Tablitas, Paz del Río, Chimila y La Feria pagan el precio:
- Pérdidas materiales cada temporada de lluvias
- Problemas de salud pública derivados de las inundaciones
- Desvalorización de sus propiedades
- Trauma psicológico de vivir bajo amenaza constante
- Gastos en reparaciones que podrían evitarse con infraestructura adecuada
La pregunta inevitable es: ¿cuántos recursos se han destinado a otros proyectos mientras se ignora una necesidad tan evidente y urgente?
Carmiña Escorcia: El poder de una ciudadana informada
El caso de Fundación nos muestra algo fundamental: cuando las instituciones fallan, la persistencia ciudadana puede romper el ciclo de negligencia. Durante ocho años, Escorcia:
- Documentó meticulosamente el problema
- Aprendió a navegar el complejo sistema judicial
- Mantuvo la presión a pesar de los obstáculos burocráticos
- Construyó un caso irrefutable que finalmente obligó a la justicia a actuar
Su victoria no es solo sobre la alcaldía de Fundación; es sobre un sistema diseñado para agotar a quienes buscan rendición de cuentas.
El veredicto que cambia el juego
La sentencia judicial no solo ordena la ejecución de obras críticas, sino que establece un mecanismo de supervisión a través de un comité de verificación. Este comité, que incluye a la parte accionante, el Alcalde o su delegado, el Personero Municipal, la Defensoría del Pueblo, Corpamag, la UNGRD y la Procuraduría, tendrá la responsabilidad de asegurar que esta vez, la respuesta no se quede en promesas.
Es el reconocimiento de que, sin vigilancia ciudadana, las instituciones tienden a volver a sus patrones de inacción.
El desafío que viene
La alcaldesa Luz Helena Andrade enfrenta ahora un reto definitorio para su administración: encontrar los recursos y ejecutar las obras ordenadas por el tribunal. La sentencia establece un plazo de seis meses una vez obtenidos los recursos para completar:
- La construcción del muro de contención
- El dragado del río San Agustín
- La construcción de dos desarenadores
La pregunta que queda es si esta vez, las autoridades locales actuarán con la urgencia que la situación demanda, o si buscarán nuevamente formas de dilatar lo inevitable.
Este caso ilustra perfectamente cómo funciona la «Red Subterránea» de negligencia institucional en Colombia: un sistema donde los problemas se postergan hasta que se convierten en crisis, donde la responsabilidad se diluye entre múltiples entidades, y donde solo la persistencia ciudadana extraordinaria logra romper el ciclo de inacción.
Los habitantes de Fundación merecen más que promesas. Merecen las obras que debieron realizarse hace años, antes de que el próximo ciclo de lluvias vuelva a poner en riesgo sus vidas y propiedades. La sentencia es clara. Ahora toca actuar.
El precio de la indiferencia institucional
«Las autoridades locales han ignorado deliberadamente los estudios hidrológicos de la UNGRD que advierten sobre el peligro inminente», señala un análisis del expediente. Mientras tanto, cada temporada de lluvias, los habitantes de estos barrios observan con angustia cómo el nivel del agua sube, amenazando con arrasar sus hogares y pertenencias.
La sentencia no deja lugar a ambigüedades: la alcaldesa Andrade debe adelantar «las actuaciones de orden administrativo, presupuestal y financiero» para construir un muro de contención completo, dragar el río y construir dos desarenadores. Y debe hacerlo inmediatamente.
Ocho años para obtener lo obvio
«He dedicado ocho años de mi vida a esta lucha«, relata Carmiña Escorcia, la veedora ciudadana que presentó la acción popular original. «Ocho años para que la justicia reconozca lo que cualquiera puede ver: que las autoridades han abandonado a su suerte a miles de ciudadanos«.
Lo que hace este caso particularmente revelador no es solo la negligencia oficial, sino cómo las administraciones municipales sucesivas han maniobrando para eludir su responsabilidad más básica: proteger la vida de sus ciudadanos.
Una mujer contra el sistema
La historia de Escorcia ejemplifica la lucha desigual de una ciudadana común contra un sistema diseñado para agotar, distraer y, finalmente, desmoralizar a quienes exigen rendición de cuentas. Durante casi una década, esta veedora documentó meticulosamente el problema, aprendió a navegar el laberinto judicial y mantuvo la presión sobre instituciones que preferían mirar hacia otro lado.
Su victoria no es solo sobre la alcaldía de Fundación; es un triunfo sobre un sistema que sistemáticamente desprotege a las comunidades más vulnerables.
La orden judicial que ya no se puede ignorar
El Juzgado no solo ordenó la ejecución de las obras, sino que estableció un riguroso comité de verificación compuesto por la accionante, el alcalde o su delegado, el Personero Municipal, la Defensoría del Pueblo, Corpamag, la UNGRD y la Procuraduría.
«Las partes y demás sujetos procesales que intervengan en este proceso, deberán allegar todos sus memoriales«, cita Escorcia del documento firmado por el juez César López Guerrero.
Preguntas que merecen respuesta
¿Dónde fueron a parar los recursos que debieron destinarse a estas obras esenciales durante los últimos ocho años? ¿Cuántas otras prioridades menos urgentes recibieron financiación mientras miles de ciudadanos permanecían bajo amenaza inminente?
Las respuestas a estas preguntas podrían revelar mucho más que simple negligencia.
¿Qué viene ahora?
La alcaldesa Andrade debe ahora encontrar los recursos y ejecutar las obras en un plazo de seis meses una vez obtenidos dichos fondos. También deberá implementar un «monitoreo permanente del río» para prevenir nuevos asentamientos y estar preparada para evacuar viviendas en alto riesgo.
Para los habitantes de los cinco barrios afectados, la sentencia representa una esperanza largamente postergada. Para las autoridades municipales, un recordatorio contundente de sus obligaciones más fundamentales.
El agua no espera. Los ciudadanos de Fundación ya han esperado demasiado.
