Ya bien lo afirmaba en el 2019 la Organización Transparencia por Colombia, que desde hace varias décadas el país ha atravesado momentos muy graves en los cuales los hechos de corrupción han sido protagonistas desafortunados, con una larga lista de escándalos de corrupción que han afectado gravemente sectores la salud, la educación, el sistema pensional y de seguridad social, la defensa y seguridad nacional, el sistema financiero, entre muchos otros.
Siendo el 2017 el año de hitos dramáticos de escándalos de corrupción: desde la grave afectación que generó la corrupción a instancias judiciales precisamente responsables de investigarla y sancionarla, hasta la intensificación del abuso de los recursos destinados a la alimentación escolar en distintos lugares del país.
Tal afirmación sigue vigente, pues el mismo Presidente Gustavo Petro, recordó en una alocución del mes de mayo, que al llegar al Gobierno encontró “una corrupción estructural y profesionalizada que se ha tomado varias instituciones del Estado colombiano
”.
Y no deja por fuera a nadie.
VAMOS A COMPARTIR ESTO LAS VECES QUE SEA NECESARIO
— Juan David Pedraza L (@juanda158392211) June 14, 2024
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Poniendo varios ejemplos y trayendo a colación casos de corrupción como los de la Fiduprevisora y el Fomag (Fondo del Magisterio), Ecopetrol, del contrabando o el robo de armas de guarniciones militares,
Petro admite que, la propia Fiscalía General de la Nación, y los demás órganos de control han terminado encubriendo permanentemente tal corrupción, al punto que “existe un fuerte anillo de corrupción montado durante tres décadas entre dirigentes políticos, la fuerza pública y funcionarios de distintas entidades
”, y cuyo propósito es vivir a costa del erario público,
La organización Transparencia por Colombia considera que entre la principal razón para que los actos de corrupción se hayan mantenido durante décadas y sea cada vez más difícil erradicarlos, es que persiste “en nuestro país una forma de hacer política caracterizada por la intromisión indebida entre poderes públicos -ejecutivo, legislativo y judicial- y la gestión de intereses de manera opaca entre ellos mismos
”.
“El quiebre en la separación de poderes que arrastramos desde mediados de la década pasada ha debilitado seriamente su independencia y la rendición de cuentas horizontal que deberían ejercer entre ellos
”, señala la entidad.
Y añade que “el control que debería ejercerse entre unos y otros ha sido reemplazado por un sistema transaccional en el cual las diferencias entre el ejecutivo y el legislativo se resuelven con la asignación opaca de recursos y cargos públicos, y los mecanismos de control para la designación de altos magistrados del poder judicial se convirtieron en oportunidades para tramitar favores e intereses desde el ejecutivo y el legislativo hacia el sistema de justicia
”.
Tal análisis deja claro que lo que sostiene la corrupción es precisamente la impunidad y falta de castigo ejemplarizante para los corruptos.
Según los datos del Índice de Transparencia de Entidades Públicas 2015-2016, el 75% de la contratación de las entidades nacionales se realizó de manera directa, 56,1% en el caso de las Gobernaciones y 41,1% en las Alcaldías.
Y enfatizan que los actores de la gran corrupción que buscan todos los mecanismos posibles por permanecer en la impunidad se han visto favorecidos por la misma corrupción que ha permeado el sistema judicial.
Solo recordar los casos que involucraron al ex fiscal anticorrupción y a ex magistrados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el desvío de procesos judiciales a favor de políticos corruptos, muestran una vez más que la impunidad en graves casos de corrupción sí tiene precio y se ha pagado en no pocas ocasiones.
Impunidad rampante
En febrero del año pasado el Observatorio de Justicia e Impunidad del Instituto Anticorrupción en Bogotá, publicó su boletín Oficial en el cual analizó información sobre las noticias criminales relacionadas con la presunta comisión de delitos contra la administración pública, investigados por la Fiscalía General de la Nación entre los años 2014 al 2021.
Entre esos años ingresaron a la Fiscalía 157.399 noticias criminales por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, siendo los años 2016 a 2018, los de mayores reportes, periodo en el que fungía como presidente de la República, Juan Manuel Santos (2010-2018), y como Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez (2016-2019).
El 63% de las noticias criminales por corrupción entre 2014 y 2021 se encuentran inactivas. Esto indica que 98.793 del total de noticias presentadas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, perdieron su valor funcional y operativo en razón a la terminación del proceso. Y solo el 37% continúan activas, es decir, 58.606 procesos.
Entre 2014 y 2016, el número de procesos inactivos es de los más altos, pues allí se encuentran los casos más antiguos. En esos 3 años, de 60.167 procesos que ingresaron, 48.560 se inactivaron, es decir, el 81%.
Sin contar que el 88% de los procesos inactivos no pasaron de la etapa de investigación previa y el 72% de estos (62.061) terminaron archivados, especialmente, por conducta atípica, es decir, porque la Fiscalía no encontró motivos o circunstancias fácticas que permitieran caracterizar la conducta denunciada como delito o no logró probar su existencia.
A su vez, el 5% de los casos inactivos culminó durante la etapa de juicio y solo el 5% en ejecución de penas, esto último, refiere a los procesos en los que se ha proferido sentencia condenatoria —por lo que se procede con la imposición de la pena.
Lo develado por este par de organizaciones lo ratificó en julio del año pasado el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco, al presentar el primer mapa de la impunidad en Colombia, en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2023, donde la aplicación de justicia en los casos de corrupción apenas se asoma a un tímido y cobarde 6%, lo que calificó como una vergüenza.
El consolidado en ese momento dejó ver que, hay en total 57.582 denuncias asociadas a corrupción, de las cuales el 93,99 % no tienen condena; el 89,7% no han logrado captura y el 77,15% están en etapa de indagación.
Entre los delitos asociados a corrupción en primer lugar se encuentra el peculado por apropiación con un 26%; seguido por el contrato sin cumplimiento de requisitos legales con 24,6%; concusión, 10,1%; cohecho por dar u ofrecer, 9,8%; interés indebido en la celebración de contratos, 7,4%; cohecho propio, 3,7%; peculado por aplicación oficial diferente, 3,5%; enriquecimiento ilícito, 3,1%; tráfico de influencias de servidor público, 2,4%, y peculado por uso, 2,1%.
De 32 departamentos, 20 tienen un porcentaje de impunidad superior al 95% y 12 están entre el 90% y el 94,9%, solo superado por Bogotá que tiene un 88% de impunidad, dejando la impunidad asociada a delitos contra la administración pública en un 94%.
Los Responsables
La responsabilidad de la corrupción en Colombia es múltiple y compleja. A continuación, algunos de los actores clave:
- Funcionarios Públicos: Muchos de ellos, al ocupar puestos de poder, utilizan su influencia para obtener beneficios personales. La falta de integridad y la ambición desmedida son factores que contribuyen significativamente al problema.
- Políticos y Partidos: Los partidos políticos y sus líderes a menudo están involucrados en tramas corruptas, ya sea para financiar campañas o para mantener su poder. La corrupción política no solo implica malversación de fondos, sino también la manipulación de procesos electorales y legislativos.
- Sector Privado: Empresas y empresarios que participan en licitaciones públicas también son parte del problema. A través de sobornos y acuerdos ilícitos, aseguran contratos ventajosos y evitan la competencia leal.
- Sistema Judicial: La corrupción en el sistema judicial es especialmente perniciosa porque debilita la capacidad del Estado para impartir justicia. Magistrados y jueces que aceptan sobornos o favorecen a ciertos individuos contribuyen a la perpetuación de la impunidad.