La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República establecieron que 18.548 muestras para Covid-19 en el país no pudieron ser procesadas por presentar fallas, antes del mes de septiembre, lo que conlleva a una posible pérdida de recursos del sistema de salud, por más de $4.000 millones de pesos.
En una actuación conjunta entre la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República se determinó que las muestras tomadas a igual número de ciudadanos no pudieron ser analizadas por 107 laboratorios públicos y privados que operan en todo el país.
Los organismos de control evidenciaron que 2.340 muestras fueron rechazadas por cantidad insuficiente, 1.556 estaban derramadas, 2.476 se encontraban sin identificación del paciente, con inconsistencias en la rotulación o sin formularios de entrega de muestras; 1.169 no cumplían con la cadena de frio y temperatura, 927 presentaron fallas en el diligenciamiento de la ficha epidemiológica y remisión de estas, 69 se entraron con más de 72 horas de la toma de las muestras, y 10. 011 presentaron otras causas como fallas en el embalaje, transporte inadecuado, muestras contaminadas, dañadas, o no llegaban las muestras.
La investigación se abordó luego de que cientos de ciudadanos en diferentes ciudades del país se quejaran por la demora en la entrega de resultados de pruebas que se les hicieron para determinar si tenían o no Covid-19. Algunos incluso denunciaron que nunca les entregaron los resultados y en el peor de los casos muchos fallecieron sin tener certeza sobre si el virus les habría causado la muerte.
Estos hechos se presentaron muy a pesar de que desde el inicio de la pandemia la Procuraduría y la Contraloría han venido advirtiendo las debilidades en el proceso de toma, embalaje, rotulación, transporte y envío de las muestras, aún persisten grandes fallas lo que implica graves riesgos para la efectividad en la capacidad de respuesta, toda vez que cerca de 19.000 ciudadanos no conocieron los resultados de sus muestras pudiendo transmitir el virus por no tomar las medidas necesarias para romper la cadena de contagios, aunque el sistema de salud sí incurrió en costos económicos.
La PGN y la CGR exhortaron a las entidades departamentales y distritales y a la Superintendencia Nacional de Salud a que ejerzan vigilancia sobre las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) de cada jurisdicción, frente al cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y por el Instituto Nacional de Salud para el manejo del Covid-19.
Por su parte, la Contraloría General de la República procederá a remitir los resultados obtenidos a la Dirección de Vigilancia Fiscal -DVF- de la delegada para el Sector Salud, con el fin de adelantar las actuaciones de control fiscal a que den lugar.
El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtieron que los recursos dispuestos por el Estado para la atención de la pandemia deben ser gestionados con rigor y eficiencia. Los problemas identificados, que tienen como base deficiencias de carácter técnico, sumados a reiteradas fallas en la comunicación de los resultados de las pruebas diagnósticas, se convierten en factores que agravan la problemática situación derivada de la pandemia y, por lo tanto, vulneran el derecho fundamental a la salud y los principios de oportunidad, integralidad, continuidad y afectan la eficacia en el uso de los recursos públicos.
Al tiempo recordaron que enfrentar la pandemia exige la mayor responsabilidad y eficiencia en la utilización de los recursos públicos dispuestos para la misma. Lo contrario, agrava la situación de salud de la población colombiana y genera sobrecostos injustificados en la atención de esta emergencia de salud pública.
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