La ausencia de un manual de aprovechamiento económico deja a la ciudad sin recaudar millones mientras empresas privadas explotan los escenarios deportivos sin retribución alguna
Barranquilla acaba de anunciar una inversión de $180.000 millones en la ampliación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La cifra, financiada con recursos públicos y sin aportes privados según confirmó el alcalde Alejandro Char, promete convertir el escenario en un coloso de 60.000 espectadores para la final de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, una pregunta fundamental permanece sin respuesta: ¿por qué los barranquilleros financian con sus impuestos un estadio que empresas privadas usan para lucrar sin pagar un peso al distrito?
La respuesta es simple y alarmante: porque no existe un marco legal que lo exija.
El escándalo silencioso
Desde 2008, según documentó Corrupción al Día en una investigación de agosto de 2023, la Secretaría Distrital de Recreación y Deportes no ha establecido un Manual de Aprovechamiento Económico del Espacio Público para los escenarios administrados por la entidad. Esto significa que clubes como el Junior de Barranquilla, el Barranquilla FC, los Titanes de Básquetbol y los Caimanes de béisbol explotan estos bienes públicos mediante simples «actas de préstamo de uso», sin cancelar tarifas por el arrendamiento ni impuestos por la publicidad que comercializan en las instalaciones.
La situación contrasta radicalmente con lo que sucede en Bogotá y Medellín, donde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y el Instituto de Deportes y Recreación (INDER) han implementado desde hace años sistemas de tarifas que les permiten generar ingresos adicionales para el mantenimiento de sus escenarios.
El modelo bogotano: cuando los bienes públicos sí generan retorno
En Bogotá, el IDRD cuenta desde 2007 con un régimen de tarifas actualizado periódicamente. Para 2023, el cobro base por partido profesional de fútbol alcanzaba los $11.968.416, más el 12,48% de las ventas de boletería. Este sistema, que se ajusta anualmente según el incremento del salario mínimo más la DTF, ha permitido a la capital generar recursos significativos para reinvertir en sus parques y estadios.
Según la Resolución 338 de 2010 del IDRD, las tarifas se expresan en salarios mínimos legales mensuales vigentes y contemplan diferentes categorías según el tipo de escenario, el estrato de ubicación, el número de horas de uso y el horario (diurno o nocturno). Además, Bogotá actualizó en abril de 2025 su Protocolo de Aprovechamiento Económico, estableciendo reglas claras para el uso de espacios públicos con fines lucrativos.
«El protocolo regula actividades con y sin motivación económica«, explicó el IDRD al presentar la actualización. Las primeras incluyen eventos como ferias, clases pagas y exhibiciones comerciales, mientras que las segundas abarcan iniciativas comunitarias sin fines de lucro. La diferenciación permite una gestión transparente y asegura que los recursos generados se reinviertan en el mantenimiento de los escenarios.
Las cifras que no cuadran
Según la investigación de Corrupción al Día, a los estadios de Barranquilla se les ha invertido desde 2008 más de $138.953 millones en construcción, refacciones y servicios públicos:
- Metropolitano Roberto Meléndez: $45.681 millones
- Romelio Martínez: $29.893 millones
- Edgar Rentería: $46.948 millones
- Elías Chegwin: $15.429 millones
Estas cifras no incluyen los salarios del personal encargado de cada escenario ni la inversión inicial de $124.625 millones en construcciones mayores entre 2008 y 2018.
Si la Secretaría de Recreación y Deportes hubiera aplicado tarifas similares a las de Bogotá durante estos 17 años, habría recaudado cifras que superarían ampliamente el costo de los servicios públicos. Un análisis comparativo sugiere que solo por los partidos del Junior en el Metropolitano, el distrito habría dejado de percibir cientos de millones de pesos.
Las «actas de préstamo»: un eufemismo legal
El mecanismo utilizado en Barranquilla es tan simple como cuestionable. Las empresas deportivas y promotoras de eventos suscriben «actas de préstamo de uso del espacio» que les autorizan a explotar comercialmente los estadios sin restricciones. Estas actas les permiten:
- Colocar vallas rotativas o digitales
- Instalar vallas fijas, pendones y pasacalles
- Comercializar espacios publicitarios
- Realizar eventos con venta de boletería
Todo ello sin pagar tarifas de arrendamiento ni impuestos distritales por esa explotación comercial.
En octubre de 2023, Corrupción al Día documentó un caso emblemático que ilustra el problema: la Secretaría General del Distrito, bajo la dirección de María Mónica Hernández Ucrós, celebró un contrato de arrendamiento del Estadio Metropolitano por $141.844.347 con la empresa Gratitud y Experiencias Zese S.A.S., violando el principio constitucional que establece que los bienes de uso público no pueden ser entregados en arrendamiento para aprovechamiento privado.
El Artículo 63 de la Constitución Política es claro: los bienes de uso público son inalienables, inembargables e imprescriptibles, y están afectados a una destinación de interés general. No obstante, la administración distrital ha interpretado estos principios de manera laxa, permitiendo que el sector privado se beneficie económicamente de infraestructura pagada con recursos públicos.
El Junior: un caso paradigmático
El Club Deportivo Junior de Barranquilla S.A. es una empresa privada que mueve miles de millones de pesos anualmente en el mercado del fútbol profesional. En diciembre de 2024, el club anunció sus abonos para la temporada 2026 con precios que oscilan entre $300.000 y varios millones de pesos, según la categoría. Cada partido de la Liga BetPlay genera ingresos millonarios por concepto de boletería, patrocinios y derechos de televisión.
Sin embargo, el Junior no paga canon de arrendamiento al Distrito de Barranquilla por el uso del Metropolitano. Tampoco existe evidencia de que haya contraprestaciones equivalentes, como programas deportivos gratuitos permanentes para la comunidad o el pago de servicios públicos del estadio.
El club utilizará el Estadio Romelio Martínez para la Liga BetPlay 2026 mientras el Metropolitano está en remodelación, y el Jaime Morón de Cartagena para la Copa Libertadores. Pero en ningún caso se ha informado a la ciudadanía sobre convenios que garanticen retribución económica al distrito.
El silencio del Concejo
El Concejo de Barranquilla ha permanecido ajeno a esta situación durante casi dos décadas. No existe iniciativa legislativa para crear un Manual de Aprovechamiento Económico similar al de Bogotá o Medellín. Tampoco se han presentado citaciones a debate de control político sobre el tema, pese a que las cifras son públicas y el marco legal existente en otras ciudades ofrece modelos probados.
La ausencia de control político es particularmente llamativa considerando que el mismo Concejo aprueba año tras año los presupuestos para mantenimiento de estos escenarios, sin cuestionar por qué no generan ingresos propios que alivien la carga fiscal.
Posibles delitos y responsabilidades
La investigación de Corrupción al Día concluye que los funcionarios responsables desde 2008 podrían haber incurrido en múltiples delitos:
- Celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales
- Evasión del pago de impuestos distritales
- Tráfico de influencias
- Enriquecimiento ilícito a favor de terceros
- Abuso de funciones públicas
- Peculado por uso indebido de bienes públicos
- Prevaricato por acción y omisión
Estos delitos están tipificados en el Código Penal colombiano y su configuración depende de que se demuestre la intencionalidad, el daño al patrimonio público y el beneficio indebido a terceros.
La Contraloría Distrital de Barranquilla tendría competencia para investigar un posible detrimento patrimonial. El cálculo sería relativamente simple: comparar los ingresos que debió recibir el distrito durante 17 años aplicando tarifas similares a las de Bogotá, versus los cero pesos efectivamente recaudados.
La nueva inversión: ¿más de lo mismo?
La adjudicación del contrato para ampliar el Metropolitano por $172.969 millones al Consorcio Metro Estadio plantea nuevas preguntas. ¿Incluirá el proyecto un esquema de aprovechamiento económico que genere retornos? ¿Se establecerán finalmente tarifas por el uso del estadio? ¿Habrá contraprestaciones claras del Junior y otros usuarios privados?
Hasta ahora, ninguna de estas preguntas ha sido respondida públicamente por la administración Char. El alcalde ha enfatizado que la inversión proviene «de los impuestos de los barranquilleros» y que el objetivo es posicionar a la ciudad como epicentro de grandes eventos deportivos y culturales. Sin embargo, no ha especificado cómo se recuperará esa inversión ni cómo se garantizará que los barranquilleros que la financian puedan acceder al estadio de manera equitativa.
Comparación internacional: cuando el estadio sí retribuye
El modelo de concesión o aprovechamiento económico de estadios públicos es común en el mundo. En España, por ejemplo, clubes como el Real Madrid y el Barcelona arriendan terrenos municipales mediante contratos con cánones anuales y cláusulas de reversión. En Estados Unidos, muchos estadios NFL son de propiedad pública pero generan ingresos mediante contratos de naming rights, alquiler de palcos VIP y porcentajes sobre ventas de concesiones.
Incluso en América Latina hay ejemplos exitosos. El Estadio Nacional de Chile, administrado por el Instituto Nacional de Deportes, genera recursos mediante el arriendo para eventos deportivos, culturales y corporativos. El Estadio Centenario de Uruguay cobra tarifas diferenciadas según el tipo de evento y destina los recursos a su mantenimiento.
Barranquilla tiene el potencial para implementar un modelo similar, pero requiere voluntad política y transparencia.
Conclusiones y recomendaciones
- Crear urgentemente un Manual de Aprovechamiento Económico para todos los escenarios deportivos distritales, siguiendo el modelo del IDRD de Bogotá.
- Establecer tarifas proporcionales para clubes profesionales, promotores de eventos y otros usuarios comerciales, con descuentos o exenciones solo para actividades comunitarias sin fines de lucro.
- Implementar un sistema de rendición de cuentas pública que informe periódicamente sobre los ingresos generados por los estadios y su reinversión.
- Garantizar acceso ciudadano programado mediante eventos gratuitos, programas deportivos comunitarios y uso de colegios públicos.
- Solicitar a la Contraloría Distrital que realice una auditoría sobre el posible detrimento patrimonial causado por la falta de recaudo en los últimos 17 años.
- Establecer en el contrato de remodelación del Metropolitano cláusulas claras sobre aprovechamiento económico futuro y contraprestaciones de usuarios privados.
Los barranquilleros tienen derecho a saber por qué sus impuestos financian infraestructura deportiva que luego se entrega gratuitamente a empresas privadas con fines lucrativos. La transparencia no es un ataque a la gestión pública; es un derecho constitucional y una obligación democrática.
Sobre esta investigación: Este artículo se basa en reportajes previos de Corrupción al Día, información pública del IDRD de Bogotá, documentos de la Alcaldía de Barranquilla y análisis comparativo de marcos normativos municipales en Colombia. Se solicitó pronunciamiento a la Secretaría Distrital de Recreación y Deportes, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.
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