Mientras el ministro Daniel Rojas habla de paramilitarismo, la comunidad universitaria revive fantasmas del pasado en medio de una elección rectoral fraudulenta
Cuando el pasado ya no es pasado sino un déjà vu con pistolas
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, pronunció una palabra que nadie quería volver a escuchar en el contexto de la Universidad del Atlántico: paramilitarismo. Y no lo hizo de manera retórica o nostálgica. Lo hizo porque el 11 de noviembre de 2025, personas armadas —ajenas a la institución— ingresaron al campus universitario y agredieron con gas pimienta, bates y armas blancas a estudiantes y profesores que se encontraban en una asamblea multiestamentaria.
«El paramilitarismo en las universidades públicas ha sido parte de una lamentable historia que hace parte del pasado y no venimos acá a repetir o permitir la repetición, sino a cambiar«, declaró Rojas. Pero la pregunta que nadie parece responder es: ¿de verdad quedó en el pasado?
Porque mientras el ministro pide la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional y menciona conceptos como «autonomía universitaria» y «respeto a la vida«, la Universidad del Atlántico está viviendo una película de terror que ya vio entre 1998 y 2010, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desplegaron una estrategia de violencia sistemática que dejó al menos 22 asesinatos, 50 desplazamientos forzados y una docena de exilios.
La diferencia es que ahora no hay discurso contrainsurgente. Ahora hay un rector impuesto a punta de irregularidades, un Consejo Superior que ignoró alertas del Ministerio de Educación, y una comunidad universitaria que descubrió que defender la democracia puede costarte una puñalada o un disparo en las cercanías del alma mater.
Alerto sobre la grave crisis de DD.HH. en la @udeatlantico.La multiestamentaria de hoy fue infiltrada por actores externos armados(bates) agrediendo a quienes lideran la protesta pacífica. 🚨 ¡Llamado urgente a organizaciones de DD.HH. y al Ministerio Público acercarse a la U! pic.twitter.com/7zGVF53A3Z
— Melissa Obregón Lebolo 💚💜 (@MelissaObregonL) November 11, 2025
La farsa que nadie quiso detener: ¿cómo llegó Leyton Barrios a la rectoría?
Leyton Daniel Barrios Torres no es un académico con trayectoria impecable que llegó a la rectoría tras un proceso transparente. Es un operador político cercano al clan Char, exsecretario de Educación del Atlántico, que mintió en su inscripción, cambió su versión tres veces sobre su experiencia docente, y fue validado por un Comité de Credenciales que operó fuera de los plazos legales.
Los hechos son claros y están documentados:
- Primera mentira: Barrios inscribió su experiencia docente en la Corporación Universitaria Americana bajo la figura de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS).
- Segunda mentira: Cuando la Universidad Americana negó categóricamente que hubiera sido docente bajo OPS o contrato laboral, Barrios cambió su historia.
- Tercera mentira: Finalmente alegó ser «profesor ad-honorem», una figura que se refiere a actividades de extensión sin ejercicio real de docencia universitaria.
¿El resultado? El Comité de Credenciales decidió validar su hoja de vida el mismo día de la elección, el 27 de octubre de 2025, violando todos los plazos establecidos en el Acuerdo Superior 000023 del 28 de julio de 2025, que fijaba como fecha límite el 1 de septiembre.
Y por si fuera poco, el Consejo Superior sesionó con apenas cinco miembros —incluyendo al gobernador Eduardo Verano de la Rosa como presidente—, después de que cuatro consejeros (representantes del Ministerio de Educación, Presidencia, exrectores y profesores) se retiraran en desacuerdo con el proceso.
El gobernador Verano confesó en entrevista radial que el Comité sesionó 10 horas el día de la elección para validar documentos que ya deberían haber sido revisados dos meses antes. Esto no es transparencia. Es una operación de legalización de fraude.
La consulta popular que no importó: cuando los votos no valen nada
La Universidad del Atlántico realizó una consulta entre estudiantes, docentes y trabajadores para medir las preferencias sobre los candidatos a rector. Los resultados fueron claros:
- Danilo Hernández: 6.345 votos
- Álvaro González: 3.996 votos
- Leyton Barrios: 3.496 votos (tercer lugar)
- Wilson Quimbayo: 3.349 votos
- Alcides Padilla: 967 votos
Leyton Barrios quedó en tercer lugar. Pero eso no importó. Porque en Colombia, las universidades públicas no las gobiernan los académicos ni la comunidad universitaria. Las gobiernan los clanes políticos que controlan los Consejos Superiores.
Y en el caso de la Universidad del Atlántico, el clan que controla es el Char. Leyton Barrios no es un extraño para ellos: fue concejal de Cambio Radical, secretario de Educación del Atlántico, y operador político en múltiples campañas.
El presupuesto de la universidad para 2025 ronda los $445.000 millones de pesos. No es una cifra menor. Es un botín que justifica cualquier esfuerzo por controlar la rectoría.
Cuando la violencia regresa: disparos, gas pimienta y amenazas en el campus
El 11 de noviembre de 2025, la Universidad del Atlántico debía realizar una asamblea multiestamentaria. Estudiantes, docentes y trabajadores se habían declarado en paro indefinido exigiendo la renuncia de Leyton Barrios y la nulidad de su elección.
Pero la asamblea nunca se pudo realizar. Personas ajenas a la universidad —según testimonios de estudiantes y docentes— ingresaron al campus portando bates, armas blancas y sustancias químicas como gas pimienta.
¿Qué pasó?
- Estudiantes fueron atacados con gas pimienta, generando casos de asfixia.
- Desde el segundo piso del Bloque D lanzaron sillas sobre los manifestantes.
- Hubo heridos con arma blanca.
- Personas en motocicletas merodearon los alrededores de la universidad y efectuaron disparos con armas de fuego.
El representante estudiantil ante el Consejo Académico, José Marchena, declaró: «Es un estilo de práctica que nos recuerda las prácticas paramilitares que la universidad tuvo hace muchos años y eso es una de las cosas que más nos atemoriza en el tema de seguridad e integridad de nuestros compañeros«.
La Defensoría del Pueblo Regional fue notificada. La Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) denunció seguimientos ilegales y grabaciones a líderes estudiantiles antes de la asamblea, calificándolo como «acto de perfilamiento y hostigamiento».
Y mientras todo esto ocurría, el rector Leyton Barrios guardaba silencio. Hasta que finalmente emitió un tibio comunicado rechazando «los actos violentos y vandálicos» sin mencionar quiénes los perpetraron ni asumir responsabilidad alguna por la situación.
#CaribeEnCanal1 | En medio del paro en la Universidad del Atlántico se presentaron actos violentos por personas ajenas a la institución.
— Canal 1 (@Canal1_Col) November 13, 2025
Así lo denunció el ministro de educación, Daniel Rojas. pic.twitter.com/viB7hgTdSH
El fantasma del paramilitarismo: ¿estamos repitiendo la historia?
La Universidad del Atlántico es sujeto de reparación colectiva desde 2015 por los hechos de violencia que sufrió entre 1998 y 2010 a manos del paramilitarismo. En 2012, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá declaró responsable a Edgar Ignacio Fierro Flores, alias «Don Antonio«, comandante del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC, por los asesinatos selectivos y vulneraciones de derechos humanos contra miembros de la comunidad universitaria.
¿Qué buscaban los paramilitares en la universidad? No erradicar guerrilleros. Buscaban capturar el presupuesto, la burocracia y la contratación del alma mater. Los recursos públicos eran el objetivo.
Hoy, 25 años después, la Universidad del Atlántico vive una crisis similar: un rector cuestionado por fraude electoral, violencia armada contra estudiantes y profesores, operadores políticos controlando el Consejo Superior, y un presupuesto millonario que justifica cualquier atropello.
El profesor Luis Fernando Trejos, investigador de la Universidad del Norte, lo resumió así en la presentación del libro Las fracturas del Alma Máter: «El paramilitarismo en la ciudad no perseguía fines contrainsurgentes sino económicos, y la violencia desplegada en la Universidad del Atlántico tenía dentro de sus objetivos la captura del presupuesto«.
¿Suena familiar? Porque lo que está pasando hoy no es una repetición exacta, pero sí es una continuación de esa lógica: violencia al servicio del control institucional y económico.
El sistema que protege al corrupto: cuando la justicia llega tarde o nunca llega
El 12 de noviembre de 2025, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla emitió un fallo que dejó en firme la designación de Leyton Barrios como rector. El despacho declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por los excandidatos Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández, y ordenó suspender los efectos de la Resolución No. 002 del 7 de noviembre de 2025, mediante la cual el Comité Electoral de la Universidad había declarado la nulidad de la elección de Barrios.
Sí, leyeron bien. El Comité Electoral de la propia universidad declaró nula la elección por irregularidades. Pero un juez decidió que esa nulidad no vale.
El secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, Rachid Nader, celebró el fallo: «Este pronunciamiento judicial ratifica la legalidad de la decisión adoptada por el Consejo Superior«.
Mientras tanto, el Ministerio de Educación anunció un proceso de «investigación sancionatoria» por las denuncias sobre la elección. Pero ya conocemos el final de esta película: las investigaciones avanzan lentamente, los recursos se agotan, el tiempo pasa, y finalmente todo queda en nada.
Porque en Colombia, el sistema está diseñado para proteger al corrupto.
El pronunciamiento del ministro: ¿retórica o acción real?
El ministro Daniel Rojas Medellín hizo un llamado enérgico:
«Ante la inacción de autoridades locales solicito a @mindefensa, @MinInterior, @DefensoriaCol, @PGN_COL, @Gobatlantico, @FiscaliaCol, personería y entidades por determinar la instalación de un PMU de orden nacional para atender esta situación, con el debido respeto de la autonomía universitaria pero con el respeto también de un propósito mayor: Respetar la vida.»
Bonitas palabras. Pero ¿dónde estaba el Ministerio de Educación antes de la elección, cuando las denuncias sobre las irregularidades en la hoja de vida de Barrios ya circulaban? ¿Por qué no se detuvo el proceso cuando el propio Ministerio pidió revisar las certificaciones laborales de Barrios?
Porque la estructura del poder en Colombia funciona así: se permite el fraude, y luego se lamenta la violencia.
El ministro ahora habla de paramilitarismo, de protección de la vida, de democracia universitaria. Pero mientras él pronuncia discursos, Leyton Barrios sigue siendo rector, los estudiantes siguen siendo amenazados, y el sistema sigue funcionando para proteger a quienes tienen el poder político y económico.
¿Qué sigue? La pregunta que nadie responde
La Universidad del Atlántico está en paro indefinido. Ocho facultades paralizadas. Estudiantes tomando el campus. Docentes en asamblea permanente. Y un rector que se niega a renunciar pese a haber llegado al cargo mediante un proceso fraudulento.
¿Qué sigue? ¿El PMU nacional que pide el ministro se instalará realmente o quedará en promesa? ¿La Fiscalía investigará a quienes ingresaron armados al campus o esto quedará impune como tantos otros casos? ¿El Ministerio de Educación aplicará sanciones o todo quedará en retórica?
La historia de la Universidad del Atlántico demuestra que cuando el poder político captura las instituciones, la violencia es solo una herramienta más para defender el botín.
Y mientras la ciudadanía mira hacia otro lado, mientras los barranquilleros y atlanticenses se muestran indiferentes ante lo que pasa en su universidad pública más importante, los operadores políticos celebran: porque han comprobado, una vez más, que en Colombia se puede robar, mentir, violar la ley y salir impune. Solo hace falta tener los contactos correctos y estar dispuesto a usar la violencia cuando sea necesario.
¡Es inadmisible lo que está pasando en la Universidad del Atlántico! Mientras la comunidad universitaria se encuentra en su derecho de movilizarse y reunión, el rector ilegítimo Leyton ha permitido el ingreso de personas externas a la universidad que andan golpeando estudiantes👇🏻 pic.twitter.com/xzAmRZtnz6
— Maria José Murillo Zapata (@M28Mariajose) November 11, 2025
La pregunta que incomoda: ¿somos cómplices del sistema corrupto?
El sociólogo y filósofo Alejandro Nieto advirtió en su libro El desgobierno de lo público que el Estado ha sido secuestrado por una clase política que actúa como casta parasitaria. Que la corrupción no es un problema de casos aislados, sino una práctica sistemática integrada en el funcionamiento del Estado.
La Universidad del Atlántico es la prueba viviente de esa tesis.
Pero hay algo más incómodo que reconocer la existencia de un sistema corrupto: aceptar que nuestra pasividad lo alimenta.
¿Dónde están los egresados de la universidad exigiendo transparencia? ¿Dónde están los empresarios atlanticenses que se benefician de profesionales formados en esa institución? ¿Dónde están los ciudadanos que pagan impuestos para financiar ese presupuesto de $445.000 millones que ahora está en manos de un rector cuestionado?
La respuesta es aterradora: están mirando hacia otro lado. Porque es más cómodo fingir que esto no nos afecta, que es problema de otros, que siempre ha sido así y así seguirá siendo.
«Una sociedad que aplaude al corrupto merece sus cadenas. La corrupción no nace sola, necesita silencios cómplices, miradas indiferentes, y multitudes que aplaudan aunque sepan la verdad«.
Epílogo: cuando las palabras del ministro se convierten en epitafio
El ministro Daniel Rojas cerró su pronunciamiento con una frase que debería hacernos reflexionar: «El paramilitarismo en las universidades públicas ha sido parte de una lamentable historia que hace parte del pasado y no venimos acá a repetir o permitir la repetición, sino a cambiar«.
Pero señor ministro, con todo respeto: el pasado ya regresó. Y no con fusiles ni con discursos contrainsurgentes. Regresó con operadores políticos, con procesos electorales fraudulentos, con comités que operan fuera de la ley, con jueces que convalidan irregularidades, y con personas armadas que ingresan a las universidades a agredir a quienes defienden la democracia.
El paramilitarismo de hoy no usa botas militares. Usa trajes de paño, sentencias judiciales y cargos públicos. Pero el resultado es el mismo: violencia, impunidad y captura del Estado.
¿Vamos a cambiar eso? ¿O solo seguiremos escribiendo comunicados mientras la historia se repite?
La Universidad del Atlántico espera respuestas. Los estudiantes amenazados esperan protección. La ciudadanía espera justicia.
Pero sobre todo, Colombia espera dejar de ser un país donde el corrupto siempre gana porque la sociedad ya se acostumbró a perder.
Este artículo fue elaborado con base en información pública, testimonios de la comunidad universitaria, investigaciones periodísticas y documentos oficiales. La verdad no solo se lee, se siente. ¿Listo para verla de frente?
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