El Juego de Cartas Marcadas: Cómo la Corte salvó a Sanitas y hundió al Sistema de Salud
La Corte Constitucional acaba de escribir el manual perfecto para que las EPS eviten intervenciones mientras el sistema colapsa
El Juego de Cartas Marcadas: Cómo la Corte Salvó a Sanitas y Hundió al Sistema de Salud
La Corte Constitucional acaba de escribir el manual perfecto para que las EPS eviten intervenciones mientras el sistema colapsa
Qué timing tan exquisito. Justo cuando la Contraloría General revela que el sistema de salud colombiano está en quiebra técnica con $32.9 billones de deudas acumuladas, la Corte Constitucional decide que Sanitas EPS —propiedad del Grupo Keralty— fue víctima de una intervención «arbitraria» por parte de Supersalud. Como si el problema fuera la intervención y no la corrupción que la motivó.
La Sentencia SU-277/25 del 26 de junio de 2025 no solo devuelve el control de Sanitas a sus accionistas, sino que establece un precedente peligroso: las EPS ahora tienen una excusa jurídica de oro para evitar cualquier supervisión cuando sus finanzas están en rojo. Porque claro, si el Estado no les da suficiente plata, entonces no es culpa de ellos que los recursos se «evaporen» misteriosamente.
La alquimia jurídica: Convertir la corrupción en victimización
La Corte encontró que Supersalud cometió un «defecto sustantivo» al no considerar que la UPC (Unidad de Pago por Capitación) era insuficiente y que el Estado no pagaba a tiempo los Presupuestos Máximos. En otras palabras: si el gobierno no te financia adecuadamente, entonces no importa lo que hagas con el dinero que sí recibes.
Esta lógica es tan brillante como perversa. Es como si un cajero de banco argumentara que no puede procesarlo por robo porque su salario era muy bajo. La Corte básicamente le dice a las EPS: «Tranquilas, si pueden demostrar que el Estado les debe algo, cualquier irregularidad financiera puede justificarse como consecuencia de esa deuda«.
Pero aquí viene lo realmente escandaloso: mientras la Corte protege a Sanitas con esta argumentación, la Contraloría revela que de 29 EPS activas, solo 6 cumplen con los requisitos financieros básicos. Es decir, el 89% de los afiliados están en EPS que no cumplen con la normativa, y ahora tienen el precedente perfecto para evitar cualquier supervisión.
El Manual de Impunidad: Cómo usar la Sentencia T-760 para evadir responsabilidades
La Corte se escuda en la famosa Sentencia T-760 de 2008, que declaró un «estado de cosas inconstitucional» en el sistema de salud. Desde entonces, la Sala Especial de Seguimiento ha emitido más de 300 autos, todos relacionados con la financiación del sistema. Y ahora, cualquier EPS puede citar estos autos para argumentar que sus problemas financieros son culpa del Estado, no de su propia gestión.
Es la estrategia perfecta: mientras las EPS se embolsillan miles de millones (como lo revela la Contraloría al mostrar que adeudan $2.8 billones solo a operadores farmacéuticos), pueden argumentar que es culpa del Estado por no darles suficiente dinero. Un ciclo perfecto de impunidad disfrazada de victimización.
La Nueva EPS: El elefante en la habitación
Hablemos de la Nueva EPS, esa joya de la ineficiencia estatal que maneja 11.5 millones de afiliados. No ha presentado estados financieros certificados para 2023 y 2024, tiene patrimonio negativo, y es responsable del 22% de todas las quejas del sistema. Pero con el precedente de Sanitas, ¿qué impide que también alegue que sus problemas son culpa de la insuficiencia de la UPC?
La Contraloría es clara: las intervenciones de Supersalud han sido ineficaces. Pero con la sentencia de la Corte, ahora serán prácticamente imposibles. Cualquier EPS podrá argumentar que sus indicadores financieros están «distorsionados» por el incumplimiento del Estado, y la Superintendencia tendrá que demostrar lo contrario.
El Salvamento de Voto: La última Luz de cordura
El magistrado Vladimir Fernández Andrade se apartó de la decisión mayoritaria, y sus argumentos son devastadores para la posición de la Corte. Señaló que la Sala Plena carecía de competencia para decidir el asunto, que no se cumplían los presupuestos de la tutela, y que se estaba abriendo una «puerta» peligrosa para que las EPS eviten la supervisión administrativa.
Fernández Andrade vio lo que sus colegas no quisieron ver: que esta decisión no protege el debido proceso, sino que entrega las llaves de la impunidad a las EPS. Su salvamento de voto será recordado como el momento en que alguien en la Corte tuvo el valor de señalar que el rey estaba desnudo.
La Procuraduría: Investigando mientras Roma arde
Mientras tanto, la Procuraduría prorroga por tres meses más la investigación contra el exsuperintendente Luis Carlos Leal Angarita por la intervención a Sanitas. También investiga a Beatriz Noguera, superintendente delegada y esposa del ministro de Salud. Qué conveniente: investigar a los funcionarios que intentaron supervisar, mientras se protege a los supervisados.
La ironía es brutal: la Procuraduría busca sancionar a quienes trataron de intervenir una EPS con problemas financieros, justo cuando la Corte dice que esa intervención fue ilegal. Es como castigar a los bomberos por apagar un incendio que la Corte considera que no existía.
La factura de la impunidad: 32.9 billones de razones
Los números de la Contraloría son apocalípticos: $32.9 billones en deudas acumuladas, 16 EPS con problemas de liquidez, siniestralidad promedio del 110% (gastando más de lo que reciben), y un aumento del 35% en las tutelas por servicios de salud negados.
Pero la Corte Constitucional parece vivir en un universo paralelo donde el problema no es la corrupción sistemática, sino la supervisión «arbitraria«. Como si los 1.6 millones de quejas ciudadanas fueran producto de una supervisión excesiva, y no de un sistema que prioriza las ganancias sobre la salud.
El Precedente perfecto: Manual de Supervivencia para EPS Corruptas
La sentencia de la Corte crea el precedente perfecto para que cualquier EPS evite supervisión. La fórmula es sencilla:
- Demuestra que el Estado te debe dinero (siempre pasa)
- Argumenta que tus problemas financieros son consecuencia de esa deuda
- Cita la Sentencia T-760 y los autos de seguimiento
- Alega violación al debido proceso
- Profit: evita cualquier intervención
Es el manual de supervivencia para EPS corruptas, cortesía de la Corte Constitucional. Porque al final, ¿qué importa que millones de colombianos no tengan acceso a medicamentos si las EPS tienen sus derechos constitucionales protegidos?
La Pregunta incómoda: ¿A quién protege realmente la Corte?
La Corte dice proteger el debido proceso, pero ¿de quién? ¿De Sanitas y el Grupo Keralty, o de los 11.5 millones de afiliados que quedan en manos de EPS financieramente insolventes? ¿De los accionistas que recuperan el control de una empresa intervenida por irregularidades, o de los pacientes que no pueden acceder a medicamentos porque las EPS deben $2.8 billones a los operadores farmacéuticos?
La respuesta es obvia, pero la Corte prefiere no verla. Porque es más fácil proteger los derechos de las corporaciones que enfrentar la realidad de un sistema que colapsa mientras los responsables se escudan en tecnicismos jurídicos.
El Futuro: Más Impunidad, Menos Salud
Con este precedente, el futuro es predecible. Las EPS seguirán alegando que sus problemas son culpa del Estado, Supersalud tendrá las manos atadas para intervenir, y los ciudadanos seguirán sin acceso a servicios de salud dignos. Pero al menos las EPS tendrán sus derechos constitucionales protegidos.
La Corte Constitucional acaba de escribir el epitafio del sistema de salud colombiano. No con balas o bombas, sino con una sentencia que prioriza los derechos de las corporaciones sobre el derecho fundamental a la salud. Y lo hizo con la mejor de las intenciones: proteger el debido proceso.
Qué ironía más perfecta: destruir el sistema de salud en nombre de la Constitución. Los muertos que resulten de esta decisión no tendrán debido proceso, pero al menos Sanitas sí.
El sistema no se cambia solo. Pero tampoco puede cambiar cuando la justicia protege a los corruptos.
Un cierre con esperanza: el civismo como vacuna contra la corrupción
Pero no todo está perdido. Las grandes transformaciones no comienzan con reformas constitucionales sino con pequeñas revoluciones cotidianas. Cada vez que exigimos cuentas, cada vez que denunciamos, cada vez que no normalizamos la trampa, estamos ejerciendo la ciudadanía como se debe: con coraje, empatía y dignidad.
El civismo no es un gesto moral; es una estrategia de sobrevivencia colectiva. Porque mientras el Estado siga en cuidados intensivos, la ciudadanía organizada será el único sistema inmunológico capaz de resistir este virus llamado corrupción.
