Cómo Ape Cuello y Didier Lobo convirtieron una emergencia hídrica en Aguachica en una feria electoral: planillas, carrotanques y 20 años de impunidad
EL ESCÁNDALO
En Aguachica, una ciudad del sur del Cesar donde los barrios populares llevan más de veinte días sin agua potable, alguien tuvo una idea brillante: no arreglar el acueducto, sino convertir la sed en votos. El mecanismo es tan antiguo como la política criolla y tan descarado que habría sonrojado incluso a los más curtidos caciques de la costa: carrotanques engalanados con la imagen de dos congresistas —el representante Alfredo Ape Cuello, del Partido Conservador, y el senador Didier Lobo, de Cambio Radical— recorriendo barrios sin agua, no para llenarlos de dignidad, sino de planillas.
Porque no bastaba con llegar con el agua. Primero había que inscribirse. Primero había que entregar el nombre, el documento, la dirección. Primero, en otras palabras, había que demostrar lealtad. El líquido que sale de una tubería pública —sí, los denunciantes señalan que los vehículos se abastecían de hidrantes municipales, o sea, con agua del Estado— se convertía así en moneda electoral de bolsillo.
La denuncia fue difundida por el periodista Jacobo Solano en sus redes sociales y confirmada por testimonios directos de ciudadanos que recibieron el servicio bajo esas condiciones. La historia no tardó en escalar a medios nacionales. Y sin embargo, a la hora de redactarse estas líneas, ni Ape Cuello ni Didier Lobo ni nadie de sus equipos habían emitido una sola palabra de respuesta oficial. El silencio, ya se sabe, es también una forma de hablar.
EL MECANISMO EXPUESTO
Démosle nombre técnico a lo que aquí ocurrió, porque los eufemismos han sido siempre el mejor escudo del corrupto. Lo que se denuncia en Aguachica tiene nombre jurídico preciso: constreñimiento al elector, delito tipificado en el artículo 387 del Código Penal colombiano, que castiga a quien mediante maniobras engañosas, violencia, presión, promesa o entrega de dádiva condicione el voto o la participación electoral de otra persona.
El esquema denunciado operaría así: los carrotanques —identificados con publicidad política de los congresistas— llegaban a los barrios con el agua tomada, presuntamente, de hidrantes públicos. Antes de descargar una sola gota, el equipo del operador Víctor Roqueme, alias ‘El Indio‘, exigía a los residentes llenar planillas con datos personales. Según los testimonios recogidos, solo quienes se inscribían recibían el servicio. Los que rechazaban el registro o se identificaban con otras corrientes políticas, simplemente se quedaban sin agua.
«Para estos políticos, el agua no es un derecho. Si usted está con ellos, le llevan el carrotanque. Si está con otro candidato, se queda sin agua. Lo que debería ser un derecho lo reparten como si fuera un favor. No es ayuda, es chantaje político.«
— Adolfo Rivas, candidato al Senado por Alianza Verde
Y como si el simbolismo no fuera suficientemente obsceno, el abogado Francisco Peláez lo describió con una precisión quirúrgica ante Caracol Radio:
«La gente de Ape Cuello y de Didier Lobo anda con planilla en mano y un carrotanque lleno de publicidad política, una casa sí y una casa no, donde son afines a las ideologías políticas de ellos, abastecen el servicio, aprovechándose de la necedad del pueblo.«
— Francisco Peláez, abogado, a Caracol Radio
Casa sí, casa no. Un barrio con agua, otro sin ella. Según la filiación política, no según la necesidad. Ahí, en esa frase, está encapsulada toda la lógica del sistema: la corrupción no es solo el robo, es la selección. Es decidir quién merece los derechos según a quién vota.
Siguen llegando denuncias de Aguachica Cesar sobre los Carrotanques del senador Didier Lobo de Cambio Radical y el representante Ape Cuello del Partido Conservador que están repartiendo agua gratis (tomada de los hidrantes del municipio) en barrios de Aguachica que tienen 20 dias… https://t.co/wkCYxwiT9r pic.twitter.com/MVBdwMtAld
— Jacobo Solano Cerchiaro (@JACOBOSOLANOC) February 13, 2026
LOS ACTORES Y SUS ANTECEDENTES
Nadie debería sorprenderse. El nombre de Alfredo ‘Ape’ Cuello Baute en un escándalo de corrupción no es noticia; es tradición. El representante vallenato acumula un prontuario que haría palidecer a cualquier auditor de la República, aunque la justicia colombiana —con su particular sentido del humor— no lo haya logrado condenar en ningún caso.
En 2007, siendo ya congresista reelecto y nada menos que presidente de la Cámara de Representantes, fue vinculado a investigaciones de la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El caso fue archivado. El magistrado que lo archivó fue José Leónidas Bustos, luego condenado como cerebro del Cartel de la Toga y hoy atendiendo citaciones judiciales desde Canadá, donde huyó para no ir a la cárcel. Qué casualidad.
En 2017, el nombre de Cuello apareció en el escándalo de Odebrecht como parte del llamado grupo de los Bulldozer, congresistas señalados de recibir coimas de la multinacional brasileña para empujar la adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra. Sus compañeros de grupo fueron condenados. Él no. Qué casualidad, de nuevo.
Más recientemente, la revista Cambio reveló que entre 2024 y lo que va de 2025, las alcaldías aliadas de Cuello —incluyendo Aguachica, liderada por Greisy Roqueme, pariente del mismísimo ‘El Indio‘— han recibido al menos ocho contratos del Ministerio del Deporte por más de $60.000 millones de pesos. El ‘Equipo Azul‘ de Cuello no solo gana elecciones; también gana contratos.
El senador Didier Lobo Chinchilla no se queda atrás. La Corte Suprema de Justicia le abrió investigación formal por presunto enriquecimiento ilícito, rastreando movimientos financieros entre 2016 y 2020 que incluyen depósitos de terceros sin identificar y un presunto incremento patrimonial que no cuadra con sus ingresos declarados. Sus vínculos con el clan Gnecco —investigado por parapolítica— y su aparición en los audios de la Ñeñepolítica completan el cuadro.
En 2016, a Lobo se le abrió investigación por presuntos sobrecostos superiores a $3.000 millones de pesos en un contrato para suministro de paquetes nutricionales cuando era alcalde de La Jagua de Ibirico, municipio bañado en regalías carboneras. Claro, ese municipio fue ganado gracias al apoyo del Partido Integración Nacional (PIN), el movimiento político del condenado por parapolítica Luis Alberto ‘el Tuerto‘ Gil.
Estos son los dos hombres que llegaron a Aguachica con carrotanques y planillas a socorrer —con condiciones— a una población sin agua potable durante tres semanas.
| La corrupción no se improvisa. Se hereda, se perfecciona y se institucionaliza. |
EL IMPACTO REAL
Detrás de los videos y las declaraciones hay una realidad concreta: miles de familias en los barrios populares de Aguachica llevan más de veinte días sin servicio de agua potable. No agua caliente, no agua limpia: sin agua. En un país tropical, en pleno siglo XXI, con congresistas que se retratan en Bogotá prometiendo desarrollo.
La emergencia hídrica en Aguachica no es nueva ni exclusiva. La región Caribe colombiana ha sido históricamente la más golpeada por la crisis de agua, como lo documenta el escándalo de los carrotanques de La Guajira, donde la UNGRD distribuyó vehículos para atender una crisis de desabastecimiento que lleva décadas. La diferencia es que en La Guajira los carrotanques llegaban por mandato constitucional. En Aguachica, llegaron con propaganda electoral.
¿Qué mensaje recibe un niño que ve cómo su madre tiene que registrarse ante un operador político para conseguir que le traigan el agua del día? ¿Qué aprende sobre la democracia, sobre sus derechos, sobre el Estado? Aprende lo que estos políticos llevan décadas enseñando: que los derechos no existen, que hay favores, y que los favores se cobran en votos.
Este es el costo real de la corrupción. No solo los millones desviados, no solo los contratos inflados. También la normalización de la dependencia, la erosión de la dignidad ciudadana, la transformación de los derechos en dádivas.
EL SISTEMA QUE LO PERMITE
El caso de Aguachica no es una excepción escandalosa. Es la norma. Es el Estado Profundo en acción, ese entramado de redes clientelares que sobrevive a los gobiernos, a las reformas y a los escándalos porque está construido precisamente para sobrevivir a todo eso.
Ape Cuello lleva en el Congreso desde 2002, con un interludio. En 2026 cumplirá cinco períodos. Ha sobrevivido a la parapolítica, a Odebrecht, al Cartel de la Toga, a los OCAD-Paz, a los contratos del Mindeporte. No porque sea inocente —la justicia nunca lo ha probado definitivamente—, sino porque el sistema que él representa y alimenta lo protege con la misma eficiencia con que él lo reproduce.
Didier Lobo lleva décadas construyendo su ‘imperio‘, como lo llamó El Tiempo en su investigación de 2025: alcaldías aliadas, constructoras sospechosas, depósitos de origen oscuro. La Corte Suprema investiga. La ciudadanía espera. Y mientras tanto, los carrotanques siguen rodando con publicidad electoral, tomando agua de hidrantes públicos para distribuirla entre quienes firmen la planilla correcta.
Como lo hemos enido describiendo: el corrupto no gana porque sea fuerte; gana porque muchos ya se rindieron. Porque en vez de exigir transparencia, se prefieren miniganancias. Y mientras la dignidad se vende barata, el poder siempre se la lleva toda.
LA PREGUNTA QUE NADIE RESPONDE
¿Cuándo actuarán el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y la Procuraduría? ¿Cuándo será la última vez que estos congresistas puedan usar la miseria de su propia gente como moneda electoral sin consecuencia alguna? ¿Cuándo dejará de ser más rentable comprar votos con agua robada del Estado que invertir en un acueducto funcional?
La pregunta no es si hubo constreñimiento al elector. Las denuncias, los videos, los testimonios y los propios silenciosos implican una respuesta incómoda. La pregunta es si Colombia, otra vez, va a mirar hacia otro lado.
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