Actuando de manera totalmente contraria a lo que vienen pidiendo los promotores del paro que ya completa un mes, en el sentido de parar el uso excesivo de la fuerza, la Policía Nacional adquirió, alegando a la urgencia manifiesta, miles de cartuchos y granadas de gas lacrimógenos a principios de mayo. 

Más exactamente el 7 de mayo la Dirección Administrativa y Financiera de la Ponal celebró un contrato de compraventa con la empresa brasileña Condor S/A Industria Química a través de su representante en Colombia, Majosum SAS, para comprar 20.000 cartuchos de gas lacrimógeno triple carga modelo G-203/T, 100.000 cartuchos de gas lacrimógeno de largo alcance modelo GL 202, 11.800 granadas de gas lacrimógeno tripe modelo GL 300/T y 7.600 granadas de gas lacrimógeno de alta emisión modelo GL 302

En la adquisición la Policía invirtió la suma de $7.757.400.000, discriminados de la siguiente manera: 20.000 cartuchos de gas lacrimógeno triple carga modelo G-203/T por valor de $1.008.000.000; 100.000 cartuchos de gas lacrimógeno de largo alcance modelo GL 202 por valor de $4.620.000.000; 11.800 granadas de gas lacrimógeno tripe modelo GL 300/T por valor de $1.139.880.000; y 7.600 granadas de gas lacrimógeno de alta emisión modelo GL 302 por valor de $989.520.000.  

La Policía desde el primer día del paro impulsó una fuerte estrategia de represión contra los manifestantes, enviándoles el ESMAD con el fin de disuadir por la fuerza a los marchantes. Con el pasar de los días, la represión se ha tornado más agresiva y violenta en contra de los manifestantes, bajo denuncias de homicidios y desapariciones forzadas de jóvenes el todo el territorio nacional.  

Caben entonces varias preguntas: ¿De dónde sacó la Policía Nacional los dineros para en dos días comprar miles de municiones, si supuestamente las finanzas del Estado están en estado crítico? ¿Si hay para adquirir estos elementos bélicos así de rápido (dos días), por qué entonces se buscaba una reforma tributaria para cubrir el hueco fiscal? 

Para justificar el contrato, la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, en cabeza del brigadier general Henry Armando Sanabria Cely, emitió la resolución 0171 del 5 de mayo de 2021, donde expone que la compra debía hacerse para contrarrestar de forma inmediata las protestas, tomando como referente artículos de la Revista Semana que hacían alusión a la infiltración de disidencias de las Farc en la protestas.  

Para el general Henry Armando Sanabria Cely cuenta más un informe de la revist Semana y que de Inteligencia Militar.

En la misma resolución, Sanabria Cely declaró la figura de urgencia manifiesta, para efectuar la compra sin ningún estudio previo, de manera directa e inmediata. 

También utilizó de argumento el contenido de la Resolución 277 de la Dirección General de la Policía, del 27 de enero del 2020 en la cual se delegó en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenios y/o contratos interadministrativos. 

Vale recordar que la única misión de esta dependencia es la administrar los recursos logísticos y financieros de la Policía Nacional con el fin de contribuir al cumplimiento de la misionalidad institucional. 

Carlos Erane de Aguiar

El armamento en cuestión fue vendido por Condor S/A Industria Química, cuyo presidente es Carlos Erane de Aguiar, poderoso empresario de armas que tiene contratos con las fuerzas armadas brasileñas y quien es un aliado estratégico del presidente de Jair Bolsonaro.  

Carlos Erane y Jair Bolsonaro

De vender elementos de bioseguridad y textiles a vender armamento 

La firma brasilera está representada en Colombia, o al menos eso dice en el contrato, por la SAS Majosum, cuyo gerente es Jorge Mario Muñoz Cardona

En el Registro Único Empresarial y Social (RUES) de Proponentes, dicha empresa figura como fabricante de prensas textiles y similares con sede en Bogotá. 

De hecho, Masojum ha obtenido del Estado colombiano, en el último año, un total de $24.546 millones 917.770 pesos, a través de cuatro contratos de compraventa, incluido el último con la Dirección Financiera de la Ponal

En junio del año pasado Majosum, registrada como fabricante de textiles, le vendió a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, más de 17 millones de batas antifluídos, por un valor de $14.224’473.600

VER DOCUMENTO ANEXO

SUBCOVID19-CR-60-2020_MAJOSUM_SAS

Luego, en el segundo semestre también le vendió batas antifluídos a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, cuyo contrato tuvo un costo de $1.750.624.200. Y con la misma entidad, firmó otro contrato para la “adquisición de elementos de protección personal (tapabocas, batas quirurgicas y sabanas desechables) para la atención de emergencia del Covid-19 de los establecimientos de sanidad militar y demás infraestructura destinada a la atención y contención del virus”, por valor de $814.419.970. Solo en esto tres contratos, la SAS Majosum obtuvo $16.789’517.770

Llama la atención que en la primera evaluación que hizo la UNGR de los oferentes que presentaron propuestas, cuando se hizo la convocatoria para la compra de las batas, Majosum fue declarada como inhabilitada en su componente financiero y en una segunda evaluación, sorpresivamente fue habilitada y posteriormente ganó el contrato. 

Llegado el 2021, Majosum, sin más allá y sin más acá, y quizás olvidándose “involuntariamente” de su razón empresarial como proveedora de prendas textiles, pasó a ser representante en Colombia, de la noche a la mañana, de una compañía fabricante de armamento y municiones. 

¿Por qué la Policía colombiana contrató una empresa que no tiene absolutamente ningún tipo de experiencia, ni reconocimiento en el mercado como proveedora o fabricante de este tipo de elementos bélicos? ¿Cómo es que la Policía emite una resolución para autorizar la compra de municiones y a los dos días ya hay un contrato firmado para dicha compra? ¿Cómo se explica que una empresa textilera con apenas 20 empleados, de un momento a otro aparece como delegada en Colombia de una reconocida empresa brasileña fabricante de material bélico?  

Queda claro que detrás de la figura de urgencia manifiesta esgrimida por todas las entidades del Estado, nacionales o territoriales, para justificar abusos y extralimitación de funciones se ha vuelto paisaje en medio de la pandemia y de las protestas. Y este procedimiento, tal vez legal a la luz de la normatividad, pero ambiguo y corrupto a la hora de la verdad, ha sido utilizado para esquilmar el erario. 

Seguramente nadie pedirá explicación alguna a la Dirección Administrativa y Financiera de la Ponal y mucho menos a la SAS Majosum, de la que la información que circula en Internet, no la vincula con ningún tipo de actividad comercial de armamento. 

El General Sanabria 

Del general Sanabria Cely, el contratante de Majosum, toca recordar que en más de una ocasión fue cuestionado siendo comandante de la Policía en Cartagena, cargo que dejó cuando fue nombrado en la Dirección Administrativa de la Ponal. 

En la ciudad amurallada tuvo que sortear más de una queja por abuso policial. 

Dos de los casos más sonados fueron el de una mujer Fiona Beeson quien en junio del año pasado, en plena etapa de aislamiento preventivo, salió a ejercitarse en su bicicleta a las 6 de la mañana, en el horario permitido por la Alcaldía para dicha actividad. En Castillogrande, a la emprendedora turística casi la atropella un taxi. Fiona se bajó asustada e inquirió a un agente de Policía que estaba en el sector, “Ey, qué pasa con el Datt”, a lo que le contesta el agente: “Eso le compete a la alcaldía”. Indignada con la respuesta, le replicó de manera coloquial, “Marica, pero ¡pónganse la camiseta!”. De la nada, relató en aquel entonces la mujer, salió el comandante de la policía Metropolitana, general  Sanabria Cely, quien al parecer escuchó la conversación e inmediatamente llegó al lugar “alterado” y sin mediar palabras ordenó que la detuvieran, esposaran y llevaran a la estación de policía más cercana.  

Esposada la condujeron a la Fiscalía. Le tomaron fotos y las huellas digitales. Le imputaron cargos de ‘violencia contra servidor público’ y ‘violación de medidas sanitarias’. De ahí se la llevaron para la estación de policía del barrio Los Caracoles y la metieron en una celda pequeña junto a otras 15 detenidas, donde pasó la noche. Al día siguiente la llevaron nuevamente a la Fiscalía donde le tocó esperar varias horas, más de seis. “Me tuvieron retenida más de 32”. Dice que esperó la audiencia de imputación de cargos y nunca se dio. “Al final no pasó nada, me dieron la salida, la firmé y listo”. Dice que se sintió indignada que en vez de sentirse protegida por la institución, se sintió amenazada. 

Golpean a actor estadounidense 

En otro episodio, en diciembre del año pasado, uniformados de la Policía de Cartagena fueron acusados de golpear y apuntar con un arma de fuego al actor estadounidense Kendrick Sampson que ha actuado en series como “How to Get Away with Murder” y “CSI”. 

El actor, quien es activista del movimiento ‘Blacks lives matter’ – Las vidas negras importan-, fue golpeado en su rostro y amenazado por parte de un policía que, presuntamente, le requirió sus documentos de identificación, mientras estaba en un local comercial en Cartagena. 

En el video pueden verse dos policías que abordan a dos hombres en un local comercial. Se observa que los hombres tienen lo que parecen ser sus documentos en las manos sin oponer resistencia; sin embargo, repentinamente, uno de los policías golpea en la cara a uno de los detenidos, quien retrocede, mientras el uniformado saca y carga su arma de dotación, ante la mirada del otro uniformado, quien no hace nada. Finalmente, de acuerdo con el video compartido en redes sociales el hombre es esposado y retirado del lugar junto a su acompañante. 

Frente a las denuncias lo único que atinó a decir el comandante Sanabria fue que el procedimiento realizado por miembros de esa institución, “fue necesario el uso de la fuerza legítima” debido a la reacción del actor. 

Además, varias veedurías y organizaciones sociales habían pedido su retiro de la ciudad por los constantes abusos policiales, que no faltaron durante las jornadas de protesta de finales del 2019. 

Con estos antecedentes no extraña entonces la actuación totalitarista de Sanabria al decidir la compra de municiones para contrarrestar a quienes protestan, ni la manera como lo hizo. 

Mientras tanto desde diferentes sectores de la sociedad colombiana, piden la renuncia del Ministro de Defensa, Diego Molano, el que se supone, es el jefe natural del general Sanabria Cely y de todos los comandantes de las fuerzas públicas del país. 

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1 Comentario

  1. […] [9] La Policía compró gas lacrimógeno por $7 mil millones a través de empresas textiles, 26 de mayo de 2021. Disponible en: https://corrupcionaldia.com/la-policia-compro-gas-lacrimogeno-por-7-mil-millones-a-traves-de-empresa… […]

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