La Notaría Segunda de Barranquilla no es solo un edificio con sellos oficiales y formularios. Es mucho más que eso: es la perfecta ilustración de cómo las instituciones que deberían proteger el patrimonio público y privado pueden transformarse en engranajes bien aceitados de una maquinaria dedicada al despojo sistemático.
La reciente captura de Ana Dolores Meza Caballero, titular de esta notaría, acusada de delitos que van desde peculado por apropiación hasta urbanización ilegal, no sorprende a quienes conocen la historia reciente de esta oficina. Es apenas el último capítulo de una novela negra que parece no tener fin.
Las entrañas del sistema silencioso
¿Qué tiene esta notaría que la hace tan atractiva para la criminalidad organizada? La respuesta es tan simple como perturbadora: poder legitimador. Un poder que, en las manos equivocadas, convierte la ilegalidad en «legalidad», el robo en «propiedad», y la mentira en «verdad oficial».
Hace exactamente un año, Augusto Osorio Berdugo, quien fungió como notario segundo encargado hasta 2021, fue capturado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Su crimen: utilizar su investidura para favorecer a organizaciones criminales en el despojo de tierras mediante la falsificación de documentos públicos.
El patrón es escalofriante por su eficiencia. Identificaban tierras de alto valor comercial, falsificaban documentos para simular posesión legítima, y luego, con la complicidad de funcionarios corruptos, daban apariencia de legalidad al despojo. Un «ciclo secreto» perfecto donde cada engranaje sabía exactamente qué papel jugar.
La red subterránea: nombres propios y vínculos peligrosos
El verdadero alcance de esta corrupción queda expuesto cuando observamos los vínculos de estos funcionarios. Osorio Berdugo no actuaba solo. La investigación reveló su conexión con el abogado Ever Edinson Castro Miranda y Diana Patricia Molina Barraza, quien actuaba como «patinadora» especializada en modificar documentos públicos.
Pero la red se extiende mucho más allá, hasta tocar a figuras como Omar Alexander Ladino Vargas, alias «el Señor del Portafolio«, presunto cabecilla de «los Costeños» y señalado por la Fiscalía como uno de los mayores despojadores de tierras en Atlántico, Córdoba y Antioquia. Un hombre cuyo paradero, convenientemente, es hoy desconocido.
O Jorge Eliécer Castaño Toro, alias «Plástico«, cabecilla del Clan del Golfo, para quien la misma notaría habría emitido un acta de defunción falsa fechada en septiembre de 2020, certificando su supuesta muerte en un accidente de tránsito. Una «defunción» que resultó prematura cuando fue capturado en noviembre de ese mismo año en una lujosa mansión en la isla Barú.
El impacto oculto: más allá de los 22 mil millones
La Fiscalía ha estimado el valor de los predios despojados mediante estas maniobras en aproximadamente $22 mil millones de pesos. Una cifra astronómica que, sin embargo, no alcanza a dimensionar el verdadero daño causado.
Porque detrás de cada predio robado hay familias desplazadas, comunidades fracturadas, y un mensaje claro para la sociedad: las instituciones que deberían protegerte pueden ser utilizadas en tu contra si tienes la desgracia de interponerte en el camino de quienes tienen el poder suficiente para corromperlas.
La estructura criminal que operaba con total impunidad desde hace al menos dos años utilizaba un método perfeccionado: escrituras fraudulentas, registros adulterados y testigos falsos. Pero su modus operandi no se limitaba al fraude documental. La Fiscalía documentó casos donde las víctimas fueron amenazadas o desplazadas violentamente, e incluso homicidios relacionados con disputas por estos predios.
La puerta transparente: entendiendo el mecanismo
Para comprender la magnitud real de este caso, debemos ver más allá de los individuos y analizar el sistema que permitió su operación. Un sistema donde la corrupción de servidores públicos se articula con organizaciones delincuenciales para apropiarse del patrimonio público y privado.
La primera línea de actuación implicaba identificar un predio en zona verde de «cesión o donación» en un sector comercial. Luego entraban en escena los abogados para organizar la documentación fraudulenta, seguidos por los tramitadores que agilizaban la venta irregular. Finalmente, funcionarios públicos como notarios, personal de la Oficina de Instrumentos Públicos y de la Alcaldía de Soledad, daban apariencia de legalidad al despojo.
En otros casos, se buscaba una propiedad privada y un falso poseedor que simulara tener derechos sobre ella. Con testigos falsos y la complicidad de inspectores, notarios y funcionarios municipales, desplazaban al propietario legítimo para luego lotear y vender el predio.
La verdad oculta: un problema sistémico
La captura de Meza Caballero es apenas la punta del iceberg. Junto a ella hay otros 17 capturados, entre ellos Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad; Andrés Díazgranados, asesor jurídico de la Alcaldía de Soledad; y Francisco Mejía, notario de Santo Tomás.
Esta diversidad de perfiles revela la naturaleza profundamente sistémica del problema. No estamos ante «manzanas podridas» aisladas, sino ante un entramado coherente donde cada institución involucrada ha sido penetrada y cooptada.
Y mientras unos corruptos siguen tras las rejas, otros disfrutan de los frutos de su desfalco. Omar Alexander Ladino Vargas, «el Señor del Portafolio», sigue prófugo, recordándonos que esta historia dista mucho de haber concluido.
La lógica invisible: por qué esto sigue ocurriendo
¿Cómo es posible que una notaría tan evidentemente problemática siguiera operando después de tantos escándalos? ¿Cómo explicar que tras la captura de un notario corrupto, su sucesora continuara exactamente con las mismas prácticas?
La respuesta nos confronta con una realidad incómoda: la corrupción no es una anomalía del sistema, sino muchas veces su modo habitual de funcionamiento. Las redes que se tejen entre criminalidad organizada y funcionarios corruptos son resilientes precisamente porque operan bajo la protección de quienes deberían investigarlas y sancionarlas.
Cada nuevo escándalo en la Notaría Segunda de Barranquilla nos recuerda que la lucha contra la corrupción no puede limitarse a capturar individuos. Debe apuntar a transformar sistemas completos, a romper pactos de silencio y complicidad, y a recuperar instituciones que han sido capturadas por intereses criminales.
Porque mientras no ataúemos las raíces del problema, seguiremos viendo cómo la historia se repite una y otra vez, con nombres distintos pero con el mismo libreto: el de instituciones que, en lugar de proteger al ciudadano, se convierten en instrumentos para su despojo y vulneración.
