La lavandería pública de los dineros públicos del distrito de Barranquilla

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A pesar de los altos niveles de popularidad y aceptación de la gestión del alcalde distrital Alejandro Char, y de la evidente inversión en materia de infraestructura que solucionará problemas ancestrales de la ciudad, el gobierno y la comunidad barranquillera aun se encuentran anclados en las oscuras aguas de la sociedad de la negatividad, entendida como aquella que se sostiene en la falta de transparencia.

Hay que observar con mucho detalle algunos datos que nos brinda la encuesta Pulso País de Gallup sept/2017 sobre alcaldías para analizar la real situación de la administración de Alejandro Char. Ante la pregunta: Usted aprueba o desaprueba la manera como el Alcalde está manejando su ciudad? En aprobación bajó del 93 por ciento al 78 por ciento de Jul a agosto 2017 y aumentó desaprobación del 7 al 22 por ciento mismo período. En Inseguridad bajó aprobación del 70 al 43 por ciento y subió desaprobación del 30 al 56 por ciento. En Movilidad bajó aprobación del 78 al 53 por ciento y subió desaprobación del 21 al 47 por ciento.

 

Es tanta la falta de transparencia que el gobierno distrital sigue reproduciendo estructuras mafiosas que se dedican al saqueo de los dineros públicos, entre esas estructuras están las lavanderías públicas de los dineros públicos que a continuación comenzaremos a desenmascarar con ejemplos tomados de la contratación distrital y de la red de contratistas que apoya el gobierno Char.

Hay muchísimos ejemplos que comprueban esta tesis, pero hoy expondremos una pieza reina que describe todo ese mundo de compromisos políticos que sostienen la corrupción reinante.

Este mundo de compromisos está compuesto por una red de senadores, diputados y concejales, quienes unidos a “líderes” sociales (los que saben donde están los votos y cómo comprarlos), crean fundaciones con objetos tan amplios que dicen que saben hacer desde un tornillo hasta equipar un hospital de alta complejidad, desde dictar una clase de urbanidad hasta cambiarle los pensamientos negativos a toda una comunidad. Estas fundaciones contratan de manera directa con el distrito o con el departamento, bajo el amparo de objetos contractuales gaseosos, subjetivos, inmedibles, y estructurados con gran facilidad para falsear su realización y resultados.

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CASO FUNDACIÓN VISIONARIOS SIGLO XXI

No hay que ser un sesudo analista para notar la intención de confundir a cualquier lector con el nombre de la Fundación Social Visionarios Siglo XXI, una institución dedicada a trabajar en pro del desarrollo del Agro y del Medio Ambiente para un desarrollo social rural sostenible (https://www.computrabajo.com.co/empresas/acerca-de-fundacion-social-visionarios-siglo-xxi-4F05CF9560DE4B31).

La Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana contrató con esta fundación por un monto de $1.700.000.000, con el siguiente objeto: “aunar esfuerzos y recursos en el fortalecimiento y consolidación de la gestión institucional para la prevención social, situacional y comunitaria en sectores que concentran factores de riesgo sociales y situacionales que producen mayores problemáticas de seguridad y convivencia desde la perspectiva de las comunidades, con el fin de generar planes de intervención y formación para la prevención de la criminalidad, la violencia y el mejoramiento de la percepción”.

Consultamos reconocidos expertos en el tema de convivencia ciudadana y no pudimos dilucidar qué significaba realmente este objeto, pues no contiene una intención significante o un enunciado coherente que pretenda construir algún valor.

La contratación se realizó a través del convenio No.012016001777, seguramente con fin de hacerle el quite a una licitación y proceder por contratación directa.

Esta fundación fue inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 2 de marzo de 2009, durante la primera administración de Alejandro Char. En el acta de constitución para su correspondiente inscripción en la Cámara de Comercio, se anota un patrimonio de $5.000.000, y que los socios fundadores son Mercedes Mena Mena, Erika Natalia Carvajal Escobar y María Altamiranda Martínez, prima del diputado Gérsel Luis Pérez Altamiranda.

Consta en el acta de constitución de esta fundación que María Altamiranda Martínez reside en la calle 65 No.44-44, y casualmente el comando del aspirante a diputado Gérsel Pérez Altamiranda en las pasadas elecciones estaba ubicado en la calle 65 No.44-51, frente a la casa de su prima María. Hoy día, la sede de la Fundación Visionarios Siglo XXI está ubicada en esta última dirección, donde estaba el comando político de Gérsel Pérez.

El 4 de enero de 2016, la Fundación Visionarios Siglo XXI inscribió ante la Cámara de Comercio el acta 0001, dando cuenta que mediante Asamblea General se procedió a aumentar el patrimonio de la entidad a $501.046.267, basándose en el informe del representante legal que presentaba un buen comportamiento financiero por los contratos que se habían obtenido.

El 18 de abril de 2016, también mediante Asamblea General, procedió a modificar y ampliar el objeto social, que ocupa tres cuartillas tamaño carta con tipografía de 14 puntos. En ese objeto no se les escapa nada, aseguran saber y hacer de todo.

El 20 de junio de 2016 inscriben acta en la Cámara de Comercio para notificar el aumento del patrimonio a $737.720.100. Además, la junta decide en Asamblea aumentar la autorización para que el representante legal pueda realizar actos y contratos desde $4.000 salario mínimos.

Y finalmente, el 18 de marzo de 2017, vuelven a inscribir acta en la Cámara de Comercio para notificar otro aumento patrimonial a $1.027.718.012.

Ese aumento patrimonial no se nota en las instalaciones de la fundación, en la calle 65 No.44-51, donde solo hay una calcomanía pegada a una ventana anunciando el nombre de la entidad, y adentro, dos modestos cubículos.

CONTINUARÁ (PRÓXIMA ENTREGA: ANÁLISIS DE LAS INCONSISTENCIAS Y LAS ILEGALIDADES DEL CONTRATO EN CUESTIÓN)

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