Doce años lleva Luis Amín Mosquera Moreno al servicio de la Fiscalía General de la Nación, entidad a donde llegó tras ganar un concurso de méritos.
Durante su trayectoria en la institución de investigación, se ha destacado por su impecable hoja de vida, al punto que ha sido objeto de traslados, y de protección especial desde hace ya algunos años, porque los resultados de sus investigaciones han incomodado a más de un delincuente.
Cuando apenas llevaba dos años en la Fiscalía, hace diez años, la Policía Nacional descubrió un plan de las FARC para asesinarlo por sus investigaciones en Antioquia. Para proteger su vida, fue trasladado de Medellín inicialmente a Cartagena.
Posteriormente, debido a que las amenazas persistían fue movido a la ciudad de Barranquilla.
En la capital del Atlántico, el fiscal Mosquera empezó a manejar muchos procesos complicados y peligrosos, pero quizás uno le ha traído más dolores de cabeza que todos los demás.
Estando allí en el 2016 fue asesinado en Soledad (Atlántico) el agente del CTI José Francisco Muñoz y aunque él estaba en la Unidad de Antinarcóticos, la directora regional de ese entonces Ángela María Bedoya, decidió encomendarle la investigación de este asesinato, y la que adelantaba el agente, relacionada con el robo de tierras en Soledad.
Aunque inicialmente se pensó que el crimen estaba relacionado con un caso de hurto de armas, había algunos indicios para pensar que podía tener origen en una pesquisa por disputas de tierras.
Mosquera empezó a investigar el caso como fiscal de apoyo y encontró varias líneas que tenían que ver con el robo de tierras de un lote de 92 hectáreas que pertenecía al Ministerio de Comercio Exterior y otros terrenos que habían sido titulados aparentemente de manera irregular a dos empresas. Una de ellas, la firma Alejandro Char & Cía Ingenieros Constructores y la otra Grupo Andino Marín Valencia Construcciones, Gramma.
Sobre este último caso, de acuerdo con la investigación de Mosquera, los predios realmente son baldíos y fueron registrados ilegalmente a nombre de las firmas constructoras, entre las cuales está la de Alejandro Char.
Por esa razón abrió un proceso por concierto para delinquir agravado y fraude procesal.
No avanzó mucho, porque pronto le quitaron el caso. Eso sucedió en 2019. Después, le abrieron investigación por prevaricato diciendo que se había excedido en sus funciones al iniciar esta investigación.
El otro caso relacionado con predios del Ministerio de Comercio Exterior, Mosquera logró demostrar que el robo de varias de esas 92 hectáreas estuvo orquestado por tres personajes: Jesualdo Cure Camargo, Rosamira Madera Sánchez, y René Alexander Celis, según declaraciones que entregó a medios de comunicación independientes.
Ver entrevista al fiscal Luis Amín Mosquera Moreno.
«Estas tres personas entraron en conflicto y se demandaron mutuamente, porque cada uno pretendía ese predio. Un fiscal que estaba confabulado con Jesualdo Cure Camargo, dicta orden de captura contra Rosamira Madera, que era socia del Gato Volador, logró q el fiscal lo sacaran de esta investigación», afirma el Fiscal.
Según sus indagaciones, el funcionario del CTI asesinado, fue quien se percató de la situación y por eso fue ultimado.
«Cuando asumo la investigación que dejó adelantada el compañero del CTI, y la de su asesinato, solicito que se expidan órdenes de captura contra 26 personas. Pero a estas alturas, resulta que ya el predio despojado, estaba ocupado por el Centro Comercial Carnaval, que contaba con importantes accionistas, entre ellos una constructora de Medellín. Y actuando en consecuencia y como lo ordena la ley, impuse una medida cautelar para bloquear el predio hasta tanto no se aclarara la veracidad de su propiedad», afirma.
Sin embargo, en el 2019, el caso es intervenido directamente por el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien prácticamente lo retira del caso y envía desde Bogotá a los fiscales Iván Zorro y Luis González, quienes suspenden el proceso y en cambio, abren a una investigación disciplinaria y penal contra Moquera por extralimitación de funciones.
«Otro fiscal asumió el proceso, que pasa otra vez a la sede de Soledad, y le devuelve a estos personajes la titularidad del predio al centro comercial, y como era de esperarse las investigaciones quedaron en el limbo», señala.
Al llegar Francisco Barbosa a la Fiscalía, el tema fue a peor, pues dejan en firme las imputaciones en su contra, e incluso, le abren otro proceso por el caso de los Char.
Incluso estas imputaciones ya están en la etapa de audiencia de imputación. Y como para dejar en claro lo incómodo que se volvió el valiente investigador, en marzo de 2021 le llegó una orden de traslado al Putumayo.
Con una acción de tutela que ha llegado hasta la Corte Suprema, el fiscal Mosquera ha venido aplazando su traslado al Putumayo. Se defiende con todo para proteger su vida, pues considera que en un territorio tan apartado, resultaría mucho más fácil aniquilarlo.
Cabe recordar que no es el primer fiscal que por cumplir con su tarea e impartir justicia, se le amenaza con un traslado al Putumayo.
La fiscal delegada ante los jueces del circuito de Bogotá, Angélica Monsalve Gaviria, fue amenazada con ser trasladada a esa región del país, luego de que en febrero del 2022 citara a imputación de cargos a tres miembros de una familia de poderosos contratistas: Carlos Mario Ríos Velilla, Javier Francisco Ríos Velilla y Felipe Ríos Londoño, exconcejal de Bogotá e hijo de Alberto Ríos Velilla.
El señor Alberto Ríos, multimillonario empresario de la basura y de compañías de servicios públicos como Enertolima, Enerpereira y Air-E de Barranquilla, es un personaje influyente en la política, muy cercano a Germán Vargas Lleras.
La fiscal Monsalve consideraba que los señores Carlos y Javier Ríos Velilla y el señor Felipe Ríos Londoño, debían ser imputados por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pues lograron, durante la alcaldía de Samuel Moreno, una concesión por 16 años para manejar el recaudo de TransMilenio, un contrato multimillonario, como pocos se ven.
