Dicen que los mandatarios solo miran hacia donde les conviene, hacia donde pueden sacar rendimientos políticos y económicos. Y eso parece estarle sucediendo al alcalde de Barranquilla Alejandro Char, quien hasta el momento no ha dado muestras de interés en uno de los problemas más patéticos que tiene esta ciudad, más insufribles que cualquiera de los círculos infernales de Dante.
Lástima que Char no haya leído la Divina Comedia, pero si visitara las carceletas de las estaciones de policía de Barranquilla, sabría muy bien de qué estamos hablando. Sí, estamos hablando de lo más podrido socialmente que tiene Barranquilla, los lugares que superan la imaginación del más grande poeta italiano.
Barranquilla no cuenta con un sistema digno de recepción de personas sindicadas, un eslabón clave en la cadena de inseguridad y violencia que tiene sometida a la ciudad. Al alcalde Alejandro Char no le interesa esta problemática social, pues lo demostró en sus dos gobiernos anteriores, y a los antecesores alcaldes de Barranquilla tampoco les trasnochó.
Un problema de salud pública y derechos humanos
El sistema de justicia en Colombia le trasladó a los entes territoriales la gestión relacionada con la recepción y custodia de las personas capturadas y sindicadas. El Inpec solo se encarga de las personas privadas de la libertad condenadas.
Por eso, algunas ciudades tienen (o tenían) la cárcel municipal, para recibir todas aquellas personas privadas de la libertad en calidad de capturadas en flagrancia o sindicadas por algún delito. La alcaldía municipal es la encargada de la operación y manutención de esas cárceles, y por ello dentro de su presupuesto general municipal y programa de gobierno se asignaba lo necesario para mantener lo más dignamente posible estos sitios de reclusión.
Ya estas cárceles municipales no existen, pero sigue siendo responsabilidad del alcalde tener clara una política pública frente a este tema y por ello debe responder con alimentación, vigilancia, salubridad, reclusión digna, y programas de resocialización para todas aquellas personas privadas de la libertad sindicadas.
Esta es una fotografía en 360 grados, el lector puede moverla con la ayuda de su dedo o con el mouse para recorrer todos los rincones. Este es el patio de la Estación de Policía San José que fue adaptado para albergar capturados y sindicados privados de la libertad. En este momento hay 179 personas hacinadas, conviviendo en una estrechez inhumana y compartiendo un pequeño baño, que, a veces, sirve de dormitorio para cuatro o cinco personas. Solo la Personería Distrital de Barranquilla realiza jornadas de inspección y apoyo.
En Barranquilla, después de que se cerró la cárcel municipal, a ningún alcalde le ha interesado este tema, que entre otras cosas, ha quedado en manos de la Policía Nacional. No obstante, esta enorme problemática no es resorte de la Policía, la cual no cuenta ni con un presupuesto ni con instalaciones necesarias para recibir a toda esta población.
La situación es compleja: el alcalde mira para otro lado y la Policía no sabe qué hacer con una papa, que no es caliente, sino que cada vez se pudre más, pues esta falta de interés del municipio se ha convertido un problema serio de salud pública.
El hacinamiento tanto en los centro carcelarios como en las carceletas, que la Policía Nacional ha adaptado en algunas de sus Estaciones, ha desbordado todos los límites pensables. Por ejemplo en una Estación de Policía del norte de Barranquilla, con una instalación adecuada para 7 personas detenidos, encontramos 76 privados de la libertad, lo que quiere decir que el hacinamiento sobrepasa el 1000%. De esas 76 personas en condiciones infrahumanas, 62 son sindicados, o sea, que llevan ahí encerradas meses sin que se les resuelva su situación jurídica.

Esos centros perversos de reclusión que la administración distrital ha abandonado, dejándole irresponsablemente el problema a la Policía Nacional, que no tiene ni el presupuesto ni la infraestructura para lidiarlo, se han convertido en verdaderos focos de insalubridad y un peligro para la salud pública.
Allí proliferan toda clase de virus, bacterias, hongos y parásitos que afectan no solo a la población detenida en las estaciones, sino que pone en grave riesgo a los uniformados, a los familiares que los visitan y a la comunidad que habita en los alrededores. Ya se han detectado numerosos casos de tuberculosis, enfermedades graves en la piel (exantemas cutáneos) y problemas respiratorios serios.

Este hombre que ha estado privado de la libertad por un largo tiempo en la estación de Policía del Bosque, adquirió una fuerte infección en la espalda, de donde brotaban gusanos y un fétido olor. Ninguna entidad gubernamental se ha hecho cargo del estado de salud de esta población.
Es fácil pensar que quienes están ahí encerrados en esas condiciones infernales se lo merecen, que ese es el castigo por infringir la Ley y actuar en contra de la sociedad. Pero resulta que a esos centros también llegan personas acusadas injustamente, victimas del poder o la corrupción de algún fiscal.
Como el caso de un portero de un edificio del norte de la ciudad, quien fue acusado en circunstancias extrañas por una menor, habitante del edificio, de que la había acosado. Este portero llevaba más de tres años trabajando en ese edificio, mostrando un comportamiento intachable y un gran espíritu de colaboración con los propietarios de los apartamentos. No obstante, el padre de la menor, indignado, y con una fuerte influencia en los altos mandos de la Policía local, movió todos sus contactos para que apresaran al portero y lo encerraran en una de estas estaciones de policía, al norte de la ciudad.
Este hombre, que jamás en su vida había tenido una denuncia en su contra, lleva más de dos años pudriéndose en esa carceleta en calidad de sindicado. Como este portero de edificio hay muchos encerrados en esas ratoneras, esperando a que les resuelvan una posible injusta acusación.
Humanizar la situación carcelaria
La Policía Nacional no sabe qué hacer con este grave problema de salud pública, le toca a los altos mandos definir con los alcaldes cómo comenzar a arreglar esta situación, pues en manos de los burgomaestres está la responsabilidad de establecer una política clara que le brinde al municipio la seguridad de contar con una infraestructura apta para recepción y custodia de las personas capturadas y sindicadas.
Infraestructura que debe contar con servicios básicos permanentes que humanice la actual situación carcelaria y ayude a apagar el fuego de la violencia que nos consume.
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La alcaldía de Medellín, en la administración del alcalde Daniel Quintero, lo entendió y construyó la cárcel Pedregal, pero terminó entregándole el penal al Inpec ya que no contaba con un programa dirigido a esta problemática ni personal adecuado para su ejecución. Hoy, la alcaldía de Medellín utiliza el Pedregal pero le paga al Inpec por cada recluso que reciba, y han terminado convirtiendo este centro carcelario en una prisión mixta, para sindicados y condenados.
Hacemos un llamado al alcalde Alejandro Char y al gobernador Eduardo Verano de la Rosa para que juntos atiendan esta problemática social y sanitaria, y el departamento del Atlántico instaure una visión más humana para esta población cada vez más degradada.
Instamos igualmente a la comunidad a participar en mesas de trabajo y presionar a las autoridades locales para abordar la situación.