Mientras la obra lleva tres años de retraso, los contratistas evaden impuestos distritales por más de $10.000 millones que debían financiar programas para adultos mayores, cultura y deporte. Una maniobra política convirtió a EDUBAR en el instrumento perfecto para la evasión.
El arte de hacerse el tonto con $10.000 millones
Cuando la exgobernadora Elsa Noguera decidió trasladar la contratación de la segunda fase de la Gran Vía a EDUBAR, esa empresa de economía mixta que funciona como el contratadero particular del Distrito de Barranquilla, no lo hizo por eficiencia administrativa. Lo hizo porque necesitaba un escudo perfecto para un esquema que ahora queda al descubierto: evadir impuestos departamentales que se triplicarían si el contrato se hacía directamente desde la Gobernación del Atlántico.
El resultado es una obra que lleva más de dos años de retraso y un consorcio contratista —Consorcio Corredor Vial F2— que presuntamente le debe al Distrito de Barranquilla más de $10.000 millones entre impuestos no pagados y mora acumulada. Dinero que debía destinarse a programas para adultos mayores, cultura, deporte y educación. Pero claro, cuando se trata de repartirse la torta entre amigos, ¿a quién le importan los abuelos o los niños?
La tramoya perfecta: De la gobernación a EDUBAR
La primera fase de la Gran Vía, adjudicada directamente por la Secretaría General de la Gobernación del Atlántico, tuvo un costo de $62.402 millones y generó impuestos departamentales por $8.112 millones que fueron cancelados oportunamente. Todo legal, todo transparente. Hasta ahí, nada que objetar.
Pero cuando llegó el turno de la segunda fase, valorada en $94.720 millones, Elsa Noguera ejecutó una jugada maestra de ingeniería administrativa: trasladó la contratación a EDUBAR. ¿El resultado? Los impuestos que debía pagar el contratista en el Distrito de Barranquilla ascendían solo a $5.493 millones, mientras que en el departamento se habrían triplicado.
Aquí está el detalle de lo que el Consorcio Corredor Vial F2 debió pagar antes del 13 de diciembre de 2022:
- Estampilla Adulto Mayor (2.5%): $2.368 millones
- Estampilla Cultura (2.0%): $1.894 millones
- Estampilla Pro ITSA (0.3%): $284 millones
- Bono al Deporte (1.0%): $947 millones
- TOTAL: $5.493 millones
Pero tres años después, no existe un solo comprobante de pago. Ni uno. Las veedurías ciudadanas han solicitado mediante derecho de petición al alcalde Alejandro Char que presente las copias de los recibos oficiales con el sello del funcionario bancario. La respuesta ha sido el silencio más elocuente.
La matemática de la impunidad
Si aplicamos las tasas de usura reglamentadas por la Superfinanciera de Colombia desde el 14 de diciembre de 2022 hasta el 9 de diciembre de 2025 (1.091 días transcurridos), la mora asciende a $5.147 millones adicionales. Sumados a los $5.493 millones del capital inicial, estamos hablando de una presunta evasión fiscal de $10.640 millones.
Para ponerlo en perspectiva: con ese dinero se podrían construir decenas de comedores comunitarios para adultos mayores, financiar programas culturales durante años, o dotar instalaciones deportivas en barrios vulnerables. Pero en cambio, ese dinero está en el limbo fiscal mientras el alcalde Char y sus funcionarios hacen malabares para justificar lo injustificable.
EDUBAR: El invento macabro
EDUBAR no es cualquier empresa. Es el instrumento perfecto que ha creado la dinastía Char para saltarse todas las normas de contratación estatal. Como empresa de economía mixta del Distrito, permite a la administración local y departamental evadir controles, acelerar adjudicaciones a dedo (disfrazadas de licitaciones), y —como en este caso— facilitar la evasión de impuestos.
La Fiscalía General de la Nación ya investiga posibles hechos de corrupción en la contratación de la primera fase de la Gran Vía, donde empresas de Villavicencio con insuficiencia financiera evidente fueron seleccionadas milagrosamente por el comité evaluador. ¿Coincidencia? Por favor.
Lo que dice la Ley (y que a nadie le importa)
El artículo 41 de la Ley 80 de 1993 es cristalino: un contrato estatal solo queda legalizado cuando se cumplen de forma concurrente la firma de las partes, la aprobación de las garantías y el pago de todos los impuestos exigidos por la ley. Sin legalización, no hay habilitación para iniciar la ejecución.
El interventor, en este caso, tenía el deber funcional de verificar que el contrato estuviera debidamente legalizado antes de autorizar el inicio de la obra. Al firmar el acta de inicio sin los comprobantes de pago de impuestos, el interventor no solo incumplió su deber, sino que incurrió en una posible falta disciplinaria grave.
Pero aquí viene lo irónico: ¿cómo iba a exigirle el interventor al contratista que pagara los impuestos si EDUBAR misma, en otros contratos, tampoco los ha pagado? Es como pedirle moral a un ladrón.
Las preguntas que nadie responde
Mientras la Gobernación del Atlántico se escuda en que delegó la contratación a EDUBAR, y el Distrito de Barranquilla hace oídos sordos a las peticiones de veedurías, las preguntas siguen acumulándose:
- ¿Se firmó el Acta de Inicio de la obra? ¿En qué fecha y bajo qué condiciones?
- ¿Qué argumentos presentó la interventoría para validar el inicio sin la acreditación del pago de impuestos?
- ¿Qué acciones tomó EDUBAR una vez vencido el plazo legal de pago de tributos?
- ¿Se realizaron pagos o anticipos al Consorcio durante esta presunta ilegalidad?
- ¿Por qué la Secretaría de Hacienda del Distrito no ha iniciado proceso de cobro coactivo?
El Impacto Real: No es solo una obra retrasada
Mientras los comerciantes del Corredor Universitario pierden millones por la dificulta de acceso a sus negocios, mientras los estudiantes de las universidades del Norte y los habitantes de Villa Campestre y la Playa padecen los cierres viales interminables, el verdadero daño está en otra parte.
Los $10.640 millones evadidos son recursos que el Distrito de Barranquilla ha dejado de percibir para:
- Comedores y subsidios para adultos mayores
- Programas culturales en barrios vulnerables
- Dotación deportiva en colegios públicos
- Fortalecimiento de la universidad pública (ITSA)
Cada peso robado es una oportunidad perdida. Cada silencio cómplice es una injusticia perpetuada.
El sistema que lo permite
Lo más grave de todo esto no es que un consorcio evada impuestos. Es que el sistema político está diseñado para que lo haga sin consecuencias. Es que la Fiscalía investiga, pero las obras siguen. Es que las veedurías denuncian, pero los funcionarios permanecen en sus cargos. Es que los medios publican, pero nada cambia.
Elsa Noguera entregó la gobernación y se fue tan tranquila. Los miembros del Consorcio Corredor Vial F2 siguen ejecutando la obra como si nada. Los funcionarios de EDUBAR cobran sus sueldos mientras facilitan la evasión. Y Alejandro Char, el alcalde eterno de Barranquilla, sigue vendiendo la imagen de gestor eficiente mientras las finanzas distritales sangran por evasiones sistemáticas.
La Conexión Perdida: Cuando la dignidad se vende barata
Esta no es solo una historia de corrupción. Es una historia sobre cómo hemos normalizado el robo como forma de gobierno. Sobre cómo una sociedad que aplaude al corrupto termina mereciendo sus cadenas. Sobre cómo el pueblo dejó de ser víctima para convertirse en cómplice.
La Gran Vía no es solo una carretera. Es un símbolo perfecto de cómo funciona el poder en Colombia: promesas incumplidas, plazos que nunca se respetan, contratos sobrevalorados, interventorías cómplices, impuestos evadidos, y una ciudadanía resignada que espera y espera mientras los políticos se reparten el botín.
¿Y ahora qué?
El Distrito de Barranquilla, a través de su Secretaría de Hacienda, debe iniciar de inmediato el proceso de cobro coactivo contra el Consorcio Corredor Vial F2 y sus miembros solidarios. La Fiscalía debe ampliar su investigación para incluir la presunta evasión fiscal de la segunda fase. La Contraloría debe determinar responsabilidad fiscal solidaria del interventor por permitir la ejecución irregular.
Pero sobre todo, la ciudadanía debe dejar de aplaudir al que roba pero hace. Debe dejar de justificar que «todos roban». Debe recuperar la capacidad de indignarse ante el despojo sistemático de sus recursos.
La pregunta no es si hubo corrupción en la Gran Vía. La pregunta es si vamos a seguir permitiéndola.
Nota del autor: Este artículo está basado en información pública, respuestas a derechos de petición, documentos oficiales y reportes de veedurías ciudadanas. Los cálculos de mora se realizaron aplicando las tasas de usura vigentes según la Superfinanciera de Colombia. El término «presunta evasión» se usa en respeto al debido proceso, aunque la ausencia de comprobantes de pago después de tres años habla por sí sola.
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