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Alcaldía de Abejorral, Antioquia

Judicializan a funcionarios por corrupción

En contratos para atender el Covid-19

El Juzgado Promiscuo Municipal de La Unión (Antioquia) dictó medida de aseguramiento de carácter domiciliario en contra de la secretaria de Salud del municipio de Abejorral, Alba Nury Bedoya Arango, como presunta responsable de peculado por apropiación, tentativa de peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público e interés indebido en la celebración de contratos. 

En la misma decisión, se impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra Juan Guillermo Gutiérrez Cortés, Secretario de Gobierno, y Aldemar Andrés Tabárez Arenas, jefe de la Oficina Jurídica del municipio. Ambos investigados continúan vinculados al proceso, con restricción para salir del país, y deberán presentarse cuando sean requeridos.  

La investigación adelantada por el grupo de tareas especiales Covid-19 de la Fiscalía General de la Nación y la seccional Antioquia, con apoyo de la Dirección Especializada Contra la Corrupción, evidenció posibles irregularidades cometidas en la celebración de un contrato para el suministro de víveres a personas en situación de vulnerabilidad y de elementos de aseo y bioseguridad, para contener y prevenir los efectos generados por el Covid-19 en esa población del oriente antioqueño.  

La Fiscalía General de la Nación estableció que el contrato fue firmado el 27 de marzo de este año por valor de $267.795.977 y que habría un detrimento patrimonial superior a los 19 millones de pesos. 

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La rápida intervención de la Fiscalía, junto a la Contraloría, en el marco de la estrategia Transparencia por la Emergencia, liderada por el Fiscal General Francisco Barbosa Delgado, evitó que se ejecutará la totalidad del convenio y se perdieran otros 61 millones de pesos.  

Ya son varios los mandatarios que han sido detenidos o suspendidos por los organismos del control y vigilancia tras habérseles comprobado conductos corruptas con los procesos de contratación estatal en el marco de la pandemia de Covid-19.

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