Guillermo Polo Carbonell radiografía el colapso del sistema penal que hereda Abelardo de la Espriella y explica por qué la promesa de desarticular las bandas criminales se decide en los juzgados, no en las calles.
Un panfleto firmado por La Nueva Generación bastó para cerrar comercios enteros en Barranquilla y Soledad. Entre enero y mayo de 2026 los colombianos presentaron 5.032 denuncias por extorsión, la cifra más alta registrada para ese periodo, y detrás de cada denuncia hay decenas de víctimas que pagan calladas, en las grandes urbes y en los municipios pequeños donde la banda del barrio cobra más puntual que el recibo de la luz. El 7 de agosto asume la presidencia Abelardo de la Espriella con una promesa central: combatir la delincuencia, desarticular las bandas criminales y acabar con la extorsión.
Para medir las posibilidades reales de esa promesa conversamos con Guillermo Polo Carbonell, experto en seguridad y justicia, autor del diagnóstico más completo que existe sobre el circuito judicial penal del Atlántico. Sus cifras describen un Estado que recibe denuncias pero no imparte justicia: el 86% de las noticias criminales se archiva sin resultado, cada fiscal carga 2.746 procesos cuando su capacidad real es de 135, y la reincidencia alcanza el 80%. Más allá de los titulares, esta entrevista disecciona el sistema que convirtió el delito en el negocio más rentable del país.
corrupcionaldia.com: Su estudio revela que en el circuito judicial del Atlántico solo concluye una fracción mínima de los procesos penales. ¿El delincuente colombiano opera con la certeza matemática de que nunca pagará por su delito?
Guillermo Polo: Así es. El mensaje implícito que reciben las estructuras criminales es que el riesgo de sanción es muy bajo, casi inexistente. Ese es el verdadero combustible de la criminalidad en Colombia. En la lógica de la delincuencia, especialmente en la organizada, participar en estas economías ilegales no solo es rentable: es una decisión racional. El riesgo es ínfimo y la ganancia es inmediata.
corrupcionaldia.com: ¿A quién le sirve una justicia que no funciona? ¿Este colapso es negligencia o conveniencia?
Guillermo Polo: Solo le sirve al delincuente. Colombia ha vivido durante años las consecuencias de estructuras criminales que operan con absoluta impunidad, coordinando extorsiones, homicidios y redes de narcotráfico. Desconocer esa realidad sería omitir una de las principales debilidades del sistema de seguridad nacional. La principal causa de la impunidad es el resultado de años de abandono institucional y de falta de voluntad política para fortalecer la justicia. Mientras el sistema se debilitaba, las estructuras criminales se fortalecieron, se adaptaron y ampliaron su capacidad de operación. Hoy Colombia enfrenta las consecuencias de esa omisión histórica. Por eso señalamos que no estamos frente a un problema de diseño institucional sino de capacidad operativa.
corrupcionaldia.com: Casi la mitad de las audiencias programadas no se realiza. ¿Cómo se le explica eso al ciudadano al que se le exige denunciar?
Guillermo Polo: El principal problema del sistema se encuentra en la congestión procesal, no solo en el número de audiencias que se programan y no se realizan, sino en todas las etapas del proceso penal. Explicarle al ciudadano por qué ocurre esto no es fácil. No hay una única explicación. Quizás la más obvia es que la justicia no es una prioridad para el Estado.
corrupcionaldia.com: Hablemos de las cifras de su diagnóstico. ¿Qué dicen los datos del circuito judicial del Atlántico?
Guillermo Polo: Los datos son concluyentes. El 86% de las noticias criminales son archivadas sin resultados efectivos. La demanda de justicia creció un 107%, pasando de 206.897 procesos en 2019 a 428.435 en 2024. El 70% de los procesos permanece sin resolverse, acumulando cientos de miles de casos en inventario. La capacidad de evacuación del inventario cayó del 17% en 2019 al 5% en 2024. Barranquilla cuenta con apenas 2,37 jueces penales por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más bajas del país, y la tasa de fiscales es de 5,5 por cada 100.000 habitantes. Cada fiscal o cada juez de conocimiento enfrenta una carga promedio de 2.746 procesos, cuando la capacidad máxima es de apenas 135. La reincidencia criminal alcanza niveles entre el 70% y el 80%. Y el 46% de las audiencias programadas no se realiza, facilitando libertades por vencimiento de términos. Por eso hemos señalado que estamos más ante un sistema de recepción de denuncias que ante uno que verdaderamente imparta justicia.
corrupcionaldia.com: ¿Colombia tiene una política criminal o una sucesión de reacciones improvisadas?
Guillermo Polo: No la tiene, en términos de no concentrar los esfuerzos y los recursos, que son escasos, hacia donde tenemos la principal afectación en materia de seguridad. No se observa una clara decisión de combatir estas poderosas organizaciones.
corrupcionaldia.com: El presidente electo anunció un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, un nombre que evoca al Bloque de Búsqueda que persiguió a Pablo Escobar. ¿Es una fórmula de los años noventa para un problema del siglo XXI?
Guillermo Polo: No. Lo que escuchamos del presidente electo no es copiar ese modelo, que se implementó para capturar o dar de baja a los miembros del cartel de Medellín. Lo que interpretamos de los anuncios de De la Espriella es una estrategia en dos direcciones. Una, el fortalecimiento de la fuerza pública para combatir militarmente lo que él llama organizaciones narcoterroristas. Eso implica operaciones militares en las zonas donde estas tienen presencia, combatiéndolas con las fuerzas armadas y erradicando los cultivos ilícitos. Y otra, que es la que esperamos se dé en los centros urbanos, es la creación de fuerzas especiales de tareas para desarticular las organizaciones del crimen organizado que explotan las principales economías ilegales: narcotráfico, microtráfico, extorsiones, préstamos ilegales, trata de personas, entre otras. La diferencia es que esta estrategia la constituye la judicialización de estas estructuras que operan en el contexto urbano. Lo que le entendimos al presidente electo es la decisión de conformar grupos de tareas en materia judicial. En lugar de trabajar con fiscales, grupos de policía judicial e investigadores de manera aislada, pasaremos a un modelo de persecución penal creando unidades tácticas, multidisciplinarias, con dedicación exclusiva para cada una de las organizaciones que operen en las ciudades. Estas unidades estarían conformadas por fiscales especializados, investigadores de policía judicial y analistas de datos para trabajar la información de manera integral, identificando contextos, buscando patrones, dotadas de tecnología que permita una adecuada labor de inteligencia y contrainteligencia, y con el respaldo de la Unidad de Apoyo y Análisis Financiero (UNIAF) para golpear las rentas criminales y el lavado de activos. No podemos seguir persiguiendo al sicario o al extorsionista de turno, sino impactar realmente la estructura logrando su desarticulación. Y estas capacidades se bajarían al nivel territorial, para golpear con mayor eficacia el accionar delictivo. Ese es, sin duda, el camino correcto, y lo que hoy tiene ilusionados a los alcaldes del país. Hay que señalar que estos grupos de tareas especiales deben autorizarse por la Fiscalía General de la Nación, decisión que puede liderar el presidente desde el Consejo de Política Criminal, respetando la independencia de la rama judicial, pero obedeciendo al principio de armonía y cooperación institucional que debe existir entre las ramas del poder público, y al mandato constitucional que tiene el presidente como responsable de la seguridad nacional.
corrupcionaldia.com: Expertos como Hugo Acero piden recuperar el control de las cárceles y depurar el Inpec antes de crear nuevas unidades. Cerca de la mitad de las llamadas extorsivas sale de las prisiones. ¿Es posible acabar con la extorsión sin reformar el sistema carcelario?
Guillermo Polo: Tiene toda la razón el doctor Hugo Acero. La política penitenciaria hace parte del sistema penal y, sin duda, todo esfuerzo, toda política pública que se implemente, si no avanzamos hacia una reforma al sistema carcelario, no será posible. No sé cuál será la decisión final frente al Inpec. A mi juicio deben surtirse grandes cambios en el control de las prisiones, pero no vemos ningún impedimento para construir nuevos centros financiados con vigencias futuras. Porque queda claro que plata hay poca, y la idea es que los privados financien el capex, la infraestructura, y el opex, la operación, y la nación diferiría en el tiempo el pago de esa inversión.
corrupcionaldia.com: Tras una advertencia del presidente electo, los cabecillas de Los Pepes anunciaron que se someterán a la justicia. Ya vimos la fallida paz urbana del gobierno Petro. ¿Sometimiento genuino o reacomodo táctico?
Guillermo Polo: La paz total, como está planteada para estas organizaciones, es absolutamente inviable e inconveniente, tanto en la práctica, porque ellos nunca van a entregar las rentas criminales, como en el ámbito jurídico. Si la voluntad es real, que no lo es, se debería tramitar una ley de sometimiento en el Congreso, o dentro del mismo Código de Procedimiento Penal se pueden acordar beneficios a partir del principio de oportunidad o de los preacuerdos. No se trata de confesar algunos delitos, sino de desmontar realmente las organizaciones.
corrupcionaldia.com: Con 5.032 denuncias de extorsión entre enero y mayo de 2026, la cifra más alta de la historia, ¿qué probabilidad real le asigna a la promesa de acabar con las bandas criminales en cuatro años?
Guillermo Polo: Debemos confiar en que así será. No se trata de eliminar por completo el negocio del narcotráfico, pero sí es posible combatir y desarticular las llamadas bandas criminales. El Estado siempre tendrá más fuerza que ellas. Lo que falta es tomar la decisión de combatirlas, y hacerlo con una política criminal diseñada para ese propósito. Sin negociar el Estado de derecho.
corrupcionaldia.com: Sea concreto: ¿qué decisiones tendría que tomar De la Espriella para demostrar que esta vez es en serio?
Guillermo Polo: Tengo total confianza en que el presidente y su gobierno logren implementar estas políticas. Observamos comprensión del tema y, lo más importante, voluntad y decisión política. Primero, realizar las operaciones militares en las zonas de conflicto armado y presencia de cultivos ilícitos; ahí, buscar aliados como Estados Unidos no solo es conveniente sino necesario, y señalar que buscar esa cooperación es ceder soberanía no es sino un planteamiento populista. Segundo, atender el colapso del sistema penal en términos operativos y diseñar políticas diferenciales para judicializar a los miembros de estas organizaciones: concentrar operaciones dedicadas a ese propósito, lograr la articulación interinstitucional y bajar las capacidades al ámbito territorial. Tercero, fortalecer los servicios de inteligencia y contrainteligencia, y operarlos casi con exclusividad para ese propósito. Y cuarto, formular una nueva política penitenciaria.
corrupcionaldia.com: En corrupcionaldia.com investigamos a diario la corrupción política municipal, la de los contratos amañados. ¿Las bandas criminales y las administraciones públicas son mundos separados o vasos comunicantes?
Guillermo Polo: Nadie niega los fenómenos de corrupción en el Estado. Esa es una de las principales apuestas del programa de gobierno del presidente electo. Pero señalar que las bandas criminales están asociadas a las administraciones públicas, por lo menos en el departamento del Atlántico, es absolutamente falso.
corrupcionaldia.com: Las finanzas de fachada de las bandas siguen intactas aunque capturen a sus cabecillas. ¿De qué sirve detener al que recoge la bolsa si nadie persigue la plata?
Guillermo Polo: Sí, ya lo señalamos. No hay nada que le duela más a la delincuencia que se le capturen las finanzas ilegales. Les preocupa más que una captura. Seguir persiguiendo al delincuente y no a la estructura para la que trabaja sirve muy poco.
corrupcionaldia.com: ¿Cuánto costaría descongestionar el circuito judicial del Atlántico y por qué ningún gobierno ha pagado esa cuenta?
Guillermo Polo: No lo sé. En el diagnóstico no se cuantificó el valor de esa inversión. Lo que debe ocurrir es que entre el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura le presenten al Congreso un proyecto de presupuesto a cuatro años, en función de recuperar capacidades operativas: más jueces, más fiscales, más policía judicial, más tecnología, mejor infraestructura. Ellos saben cuáles son las necesidades. Regresamos al mismo punto. Lo que ha faltado es voluntad política.
corrupcionaldia.com: El vencimiento de términos se convirtió en la puerta giratoria de los delincuentes de alto impacto. ¿Por qué ocurre?
Guillermo Polo: Los vencimientos de términos ocurren principalmente por la congestión judicial, y esta, a su vez, ocurre por la precariedad de los recursos que ya mencionamos.
corrupcionaldia.com: Un 63% de los procesos se archiva porque el Estado no logra identificar al autor del delito. ¿Qué revela ese dato?
Guillermo Polo: Que el 63% de los procesos se archive por la incapacidad del ente acusador de encontrar al sujeto activo del delito es una muestra clara de las debilidades en las capacidades de investigación criminal.
corrupcionaldia.com: Buena parte de los comerciantes extorsionados no denuncia por miedo. ¿Con qué autoridad le pide el Estado al ciudadano que denuncie?
Guillermo Polo: La denuncia es un elemento esencial para la judicialización. Lo que hay que hacer es recuperar la confianza hoy perdida, y establecer canales y protocolos de recepción de denuncia que sean seguros.
Polo Carbonell confía en el nuevo gobierno. Sus cifras, en cambio, no le fían a nadie: describen un Estado que durante dos décadas montó un sistema penal sofisticado y se negó a pagarlo, mientras las bandas diversificaban rentas con la disciplina de una multinacional. La promesa del 7 de agosto no se medirá en capturas transmitidas en vivo sino en datos áridos: cuántos procesos deja de archivar la Fiscalía, cuántas audiencias se realizan, cuántas finanzas criminales se incautan, cuántas llamadas extorsivas dejan de salir de las cárceles. El Estado siempre tendrá más fuerza que las bandas, dice Polo. La pregunta que este gobierno tendrá que responder es otra: ¿tendrá por fin la voluntad de usarla, o seguiremos siendo un país donde delinquir es la decisión más racional de todas?
