Mientras miles de cordobeses sufrían sin atención médica básica, dos exgobernadores convertían el sistema de salud en un laboratorio de desfalco institucional. Hoy, ante la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Lyons Muskus y Edwin Besaile Fayad enfrentan un nuevo juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado agravado. Pero lo que está en juego va más allá de un fallo penal: se está ventilando el funcionamiento de una red criminal incrustada en el corazón del poder regional. En Córdoba, los hospitales se vaciaron mientras las cuentas bancarias de políticos y contratistas se llenaban.
EL MECANISMO EXPUESTO
Durante las gobernaciones de Lyons y Besaile, los contratos de salud se firmaron sin planeación, sin modelo de atención definido y sin verificar a las IPS. Se justificaban con supuestas urgencias administrativas sin respaldo técnico ni legal. Esta fachada permitió desembolsos millonarios: Lyons ordenó pagos por más de $26 mil millones a solo cuatro IPS; Besaile, por su parte, aprobó contratos por otros $174 millones bajo el mismo esquema.
La estructura se sostenía en un principio clave: simular legalidad, delegar en secretarios obedientes y girar fondos públicos hacia empresas fantasma o intermediarios afines. El 30% de cada contrato iba directamente al bolsillo de Lyons, como lo estableció la Corte Suprema. No era una desviación ocasional. Era una maquinaria aceitada por el poder político, económico y judicial.
LOS ACTORES Y SUS ROLES
Alejandro Lyons no operó solo. Fue el centro de una constelación política y criminal. Se alió con los congresistas Musa Besaile y Bernardo “Ñoño” Elías, ambos del partido de La U, quienes desde el Congreso facilitaron y respaldaron la asignación de recursos de regalías por $65 mil millones a proyectos inexistentes, supuestamente del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Los beneficiarios eran empresas sin experiencia real, manejadas por testaferros como Sami Spath, hoy capturado en Italia. La red incluía familiares, amigos y aliados políticos de los tres, quienes obtuvieron contratos a cambio de lealtad y silencio.
Esta alianza permitió no solo saquear la salud, sino crear una estructura de poder paralelo en Córdoba: quien no entraba al juego, era aislado del acceso institucional.
EL IMPACTO REAL
El resultado fue devastador. Durante años, Córdoba figuró con indicadores críticos en salud pública, con hospitales colapsados, desabastecimiento de medicamentos y cobertura deficiente.
El desfalco global se estima en más de $500 mil millones. No solo se trató de cifras: detrás están miles de vidas vulnerables.
El costo de oportunidad es incalculable. Con ese dinero se habrían podido construir más de 20 hospitales regionales, garantizar atención médica a comunidades rurales o dotar centros de salud con personal y tecnología adecuada.
Mientras tanto, el sistema siguió premiando a los culpables: Musa Besaile logró postergar su condena durante años; Lyons vivió en Estados Unidos como “informante” hasta su reciente captura; Edwin Besaile siguió participando en política hasta ser inhabilitado.
EL SISTEMA QUE LO PERMITE
Lo ocurrido en Córdoba no es una anomalía, es la expresión concreta de la corrupción estructural descrita por el jurista Alejandro Nieto. Un sistema donde las redes políticas controlan la burocracia, neutralizan los controles y se blindan con fueros y dilaciones procesales.
El caso Lyons-Besaile demuestra cómo el Estado puede ser instrumentalizado por mafias políticas sin alterar la formalidad institucional.
Los órganos de control actuaron tarde. La Fiscalía solo intervino tras denuncias públicas, y la Procuraduría sancionó a los implicados cuando ya habían causado daños irreparables.
Todo esto ocurre en una sociedad resignada, anestesiada por la lógica del “roba pero hace”. El problema no es solo el funcionario: es el sistema de validación social que le permite prosperar.
¿Quién responde por los niños que murieron sin atención médica mientras los contratos se desviaban a testaferros? ¿Hasta cuándo la justicia será solo un episodio tardío en una cadena de impunidad?
El juicio que hoy comienza no debe ser visto como el final de un capítulo, sino como una puerta hacia el entendimiento profundo de cómo funciona el saqueo institucionalizado. Porque la corrupción no se oculta tras máscaras sofisticadas: se perpetúa en la indiferencia ciudadana y en los silencios estratégicos del Estado.
En Córdoba, como en muchas otras regiones de Colombia, la salud fue secuestrada por quienes prometieron defenderla. Y mientras no cambien las reglas que hacen posible este modelo de impunidad, seguiremos contando muertos mientras los corruptos negocian condenas.
