La Gobernación del Magdalena giró 4.312 millones de regalías al Fondo Mixto Sierra Nevada cuando la entidad ya cargaba denuncias. Hoy la gobernadora acusa a su exsecretario por unas máquinas que nadie sabe contar.
La Gobernación del Magdalena y el Fondo Mixto Sierra Nevada comparten desde agosto un expediente en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La gobernadora María Margarita Guerra Zúñiga figura entre los siete gobernadores y exgobernadores a quienes el ente acusador ordenó investigar por el presunto direccionamiento de contratos pagados con regalías. Semanas después, el viernes 2 de octubre, la mandataria cruzó la misma puerta con otro papel en la mano: una denuncia contra su exsecretario de Infraestructura por la maquinaria amarilla del departamento. Investigada en un despacho, denunciante en el de al lado. Más allá de los titulares, el dato de fondo es otro. El 30 de abril de 2026, con las denuncias contra el Fondo Mixto circulando desde 2025, su administración firmó el Decreto 316 y puso 4.312 millones de pesos de regalías en manos de esa misma entidad. Y según el funcionario denunciado, otro decreto ya le había entregado al mismo Fondo la maquinaria hoy extraviada en los inventarios. Dos escándalos, un solo intermediario.
Tres fechas y una resta de 290 millones
El mecanismo cabe en tres fechas. El 30 de abril, el Decreto 316 prioriza y aprueba un proyecto de inversión para obras complementarias en el Hospital Fray Luis de León de Plato y designa como receptor de los recursos al Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada. Un nombre largo para una función corta: recibir. El 22 de junio, el Fondo firma el Contrato 107 y subcontrata la obra con JLN Ingeniería S.A.S., representada legalmente por Eliana Patricia Fuentes Zúñiga, por 4.022 millones de pesos y un plazo de seis meses. La tercera fecha todavía no llega: el día en que alguien explique la resta.
Porque la resta existe. Entre lo asignado al Fondo y lo contratado con la empresa hay 290 millones de pesos, el 6,7 % del proyecto. El Fondo no pega un ladrillo, no funde una placa, no instala una tubería. Recibe la plata, firma un subcontrato y entrega la obra a un tercero. Los fondos mixtos contratan bajo reglas de derecho privado, lejos de la licitación pública con pliegos, proponentes y audiencia de adjudicación. La Gobernación, con oficina de contratación, Secretaría de Infraestructura y Secop a su disposición, eligió la ruta larga y más cara. Porque claro, «gestión social» suena mucho mejor en un decreto. Los documentos conocidos no detallan el destino de esos 290 millones: administración, interventoría o simple peaje. Esa cifra merece un soporte, y el soporte merece ser público.
La pregunta sobre lo que sabía la gobernadora tiene dos respuestas posibles y ninguna la favorece. O ignoraba las denuncias públicas contra el contratista al que entregó 4.312 millones, y entonces su despacho firma decretos sin leer la prensa ni consultar antecedentes. O las conocía y firmó de todos modos. Desinformación o indiferencia: el contribuyente del Magdalena paga igual en ambos casos.
Cinco máquinas evaporadas entre dos inventarios
Con ese expediente abierto llegó la denuncia de la maquinaria. Según la Gobernación, una auditoría de varias semanas encontró un primer inventario con 48 equipos, 36 operativos y 12 inoperativos, y un documento posterior con 43. Cinco máquinas menos, sin justificación técnica ni documental. De las 43 restantes, cinco carecen de número de serie en los archivos. Varias permanecen en poder de alcaldías, asociaciones, comunidades y contratistas sin un solo papel con la entrega y la custodia. La administración envió requerimientos el 16 y el 25 de septiembre; el 30, la Secretaría de Infraestructura informó al despacho y a Control Interno sobre la insuficiencia de la información. El 2 de octubre, la denuncia. Una retroexcavadora pesa más de veinte toneladas. En el Magdalena, cinco se evaporan entre un Excel y el siguiente.
El denunciado, Efraín de Jesús Vargas Corvacho, secretario hasta el 31 de julio, respondió con su propia aritmética: recibió 28 máquinas, según un documento de la Secretaría General, y otras 15 estaban fuera de operación. Veintiocho más quince, cuarenta y tres. Ubicó las cinco cuestionadas: dos en la Central de Transporte, dos en el patio de la antigua Licorera, en la carrera Primera, y una quinta «inyectada» en 2023, antes de su gestión. «La maquinaria está completa y tengo cómo demostrarlo», dijo, y calificó el episodio de «ineptitud administrativa». Las cuentas de ambos bandos tampoco cuadran entre sí: la Gobernación registró 12 equipos inoperativos, el exsecretario habla de 15. Nadie en ese edificio posee un inventario confiable, y lo discuten ante la Fiscalía.
Según Vargas, la maquinaria también pasó al Fondo Mixto Sierra Nevada
Después vino la frase de mayor calibre. Vargas afirma: mediante el Decreto 060 de 2026, la Gobernación entregó al Fondo Mixto Sierra Nevada la administración y ejecución de la maquinaria departamental. «Ya no la estaba administrando el secretario de Infraestructura, simplemente hacía seguimiento», sostuvo. Y remató, dirigiéndose a su antigua jefa: «Usted me ordenaba enviar la maquinaria», con destino a Concordia, Zapayán, Pivijay y Chibolo, entre otros municipios, según conversaciones en su poder. Si el decreto dice eso, la gobernadora denunció al vigilante y dejó por fuera al administrador. El Fondo Mixto investigado por regalías resulta ser el mismo al que ella confió las máquinas, y la denuncia apunta hacia otro lado. Qué casualidad.
La cuenta la pagan Plato y las vías terciarias
Mientras los funcionarios comparan hojas de cálculo, la cuenta real corre en otra parte. En Plato, los pacientes esperan unas obras hospitalarias con seis meses de plazo y un intermediario bajo la lupa de la Corte Suprema. Los 290 millones de la resta salen de las regalías, plata del subsuelo destinada por ley a cerrar brechas en los territorios más pobres. En Concordia, Zapayán, Pivijay y Chibolo, las vías terciarias dependen de una motoniveladora para sacar la leche, la yuca y al enfermo de madrugada. Cada máquina sin serie, sin acta y sin responsable es un camino sin arreglar. Y un equipo público en manos de un contratista sin documento de entrega trabaja para quien lo tenga, gratis y sin testigos.
Un sistema donde todos cobran y nadie responde
El caso retrata un sistema. Las gobernaciones acuden a los fondos mixtos para ejecutar recursos públicos con reglas privadas, y las regalías terminan en una cadena donde cada eslabón cobra y ninguno responde. El control interno descubre los faltantes cuando el secretario ya se fue. El inventario de bienes públicos, obligación elemental de cualquier administración, se convierte en hallazgo de auditoría. Y la Fiscalía funciona como escenario: quien denuncia primero ocupa el lugar de la víctima ante la opinión pública. Es psicología básica de masas, el denunciante parece siempre más limpio. La responsabilidad política, en cambio, no se delega por decreto. La gobernadora firmó el 316. Si Vargas dice la verdad, firmó también el 060. Y ordenó, según él, los traslados.
Alguien miente en esta historia, y los documentos lo dirán: el Decreto 060, las actas de entrega, los chats, las placas de las máquinas en el patio de la antigua Licorera. La Fiscalía tiene ahora dos carpetas con el mismo protagonista institucional, y la ciudadanía tiene derecho a leerlas juntas. Se equivoca la gobernadora si espera cambiar de página con una denuncia. Cada peso entregado a un intermediario cuestionado es una oportunidad perdida para Plato, y cada inventario maquillado, un camino abandonado. La verdad se lee y se siente en la sala de espera de un hospital sin terminar. El sistema no cambia solo, y tampoco cambia sin nosotros. La pregunta para el Magdalena es concreta: ¿quién responde por 4.312 millones y por 48 máquinas cuando la investigada y la denunciante firman con la misma mano?
Por Hipólito Palencia, director de corrupcionaldia.com
