Omar Ricardo Díazgranados Velásquez, exgobernador del Magdalena (2008-2011), representa un caso emblemático de corrupción administrativa en Colombia. Condenado por la Corte Suprema de Justicia a 10 años y 7 meses de prisión —que cumplirá en su domicilio—, Díazgranados estableció acuerdos con la captadora ilegal DMG y su líder David Murcia Guzmán para adjudicar contratos públicos educativos a cambio de financiación política y enriquecimiento personal. La investigación reveló que manipuló sistemáticamente una licitación por $6.980 millones (posteriormente incrementada a $10.328 millones sin justificación) para servicios en instituciones educativas, mediante plazos arbitrarios, jornadas laborales ilegales y restricción a competidores legítimos. Además de la pena privativa de libertad, recibió una multa de 12.931 salarios mínimos y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante una década, confirmando cómo los recursos destinados a la educación de los jóvenes magdalenenses fueron desviados para beneficio personal y de una organización que posteriormente sería intervenida por captación masiva ilegal de dinero.
