Fuga de presos en Santa Marta: 100 evadidos en 2026 y un coronel con un mes en el cargo paga la cuenta

La fuga de presos en Santa Marta del lunes festivo 12 de octubre de 2026 dejó 41 detenidos en la calle y un culpable oficial antes del mediodía. El presidente Abelardo de la Espriella anunció en X que el coronel Jeyson Haird López Puerto, comandante de la Policía Metropolitana, sería llamado a calificar servicios. El oficial sumaba 26 años en la institución y poco más de un mes en el cargo. El motivo, en palabras del mandatario: “En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”. Problema resuelto en un trino.

Tres fugas, un mismo libreto

Hasta ahí llegaron los titulares. Más allá de los titulares hay una cuenta que el trino omitió. La del lunes fue la tercera fuga masiva del año en la ciudad. El 16 de marzo escaparon 34 detenidos del centro transitorio La Norte, en pleno Centro Histórico. El 4 de junio, 25 más de un centro transitorio en el sector de Santa Ana, cerca de la terminal de transportes. Con los 41 de octubre, el total llega a 100 personas evadidas de la custodia del Estado en 285 días. Una cada tres días. En marzo y en junio, el coronel López no comandaba la Policía de Santa Marta.

Los tres episodios repiten la secuencia. Los detenidos protestan por la comida. En junio sumaron las restricciones a las visitas. En octubre, las audiencias aplazadas y las órdenes de libertad que, según ellos, nadie hace efectivas. Hay quema de objetos, entra el escuadrón antidisturbios y, en medio del desorden, decenas salen a la calle. Al día siguiente circula el cartel con las fotos y la recompensa: cinco millones de pesos por fugado. La tarifa es la misma desde marzo.

Un centro para doce horas convertido en cárcel

El nombre del lugar explica buena parte del problema: Centro de Traslado por Protección. El Código Nacional de Policía, Ley 1801 de 2016, creó esa figura en su artículo 155 para resguardar por un máximo de 12 horas a una persona ebria, desorientada o en riesgo. Es un sitio de paso. Santa Marta lo usa como cárcel. Allí estaba alias Guajiro, imputado por homicidio agravado en el caso del patrullero Milton Salas Rodríguez, escolta del alcalde de Puebloviejo. Según El Colombiano, lo capturaron el 7 de octubre y un juez ya le había dictado medida de aseguramiento en centro carcelario. Cinco días después seguía en un centro “de protección”. Allí estaba también alias Mongolo, capturado el 6 de octubre por el Ejército y el Gaula en Guachaca, con un arma de fuego, y señalado de integrar las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) desde hace más de 21 años.

El Espectador recordó en su editorial del 13 de octubre un dato que agrava el cuadro: llevar a ese centro a detenidos considerados peligrosos fue una de las medidas que el Gobierno nacional anunció semanas atrás, cuando llegó a la ciudad a responder al paro armado de las ACSN. La medida de prevención terminó como vía de escape.

El presidente pidió calma y aseguró que los evadidos no eran delincuentes de alta peligrosidad. El mismo día ordenó priorizar la recaptura de Mongolo y Guajiro, y el alcalde Carlos Pinedo Cuello subió a 15 millones de pesos la recompensa por el primero, a quien describió como sicario de las ACSN. O son peligrosos o no lo son. Las dos versiones salieron de despachos oficiales con horas de diferencia.

Un culpable por trino

La responsabilidad del coronel se estableció por redes sociales, sin investigación disciplinaria conocida y sin informe público sobre lo ocurrido. Si el oficial falló, que la Procuraduría y la Fiscalía lo demuestren. Si alguien dentro del centro facilitó la salida a cambio de algo, con mayor razón. Hasta el cierre de este artículo ninguna autoridad ha explicado cómo 41 personas abandonaron un recinto bajo vigilancia policial. Esa explicación vale más que cualquier relevo.

Los que sí estaban y siguen en el cargo

Y por supuesto, quienes sí estaban en sus cargos durante las tres fugas conservan el puesto. El artículo 17 de la Ley 65 de 1993 pone en cabeza de municipios, distritos y departamentos la creación y el sostenimiento de las cárceles para personas en detención preventiva. La Corte Constitucional lo reiteró en la sentencia SU-122 de 2022, cuando extendió el estado de cosas inconstitucional a los centros de detención transitoria. En las cifras que la Corte tuvo a la vista, Santa Marta registraba un hacinamiento de 590 % en esos centros, el segundo más alto del país. Tras la fuga de marzo, Pinedo pidió auxilio al Gobierno nacional y al Inpec. En junio hubo otra fuga. En octubre, la Alcaldía publicó el cartel de los 41 y le pidió ayuda a la ciudadanía. El editorial de El Espectador extiende el reclamo a la gobernadora María Margarita Guerra Zúñiga: la ley también obliga al departamento.

El Inpec merece párrafo propio. El lunes de la fuga, 40 detenidos pasaron a la cárcel Rodrigo de Bastidas, según informó el alcalde. Qué casualidad que los cupos aparecieran el mismo día del escándalo y no la semana anterior.

Los internos reclaman audiencias que no se programan y libertades ordenadas que no se cumplen. La Defensoría del Pueblo informó en mayo de 2026 que el 82,5 % de los detenidos en centros transitorios del país llevaba más de 36 horas allí, el tope legal, y que el 15 % superaba un año. Un año en un lugar pensado para horas.

Quién paga la cuenta

El costo lo pagan personas con nombre y dirección. El centro de Santa Ana queda junto a barrios residenciales, supermercados, un polideportivo y la terminal de transportes. Sus vecinos ya habían llamado a la Policía en junio, cuando vieron salir a los fugados. En marzo, el motín de La Norte dejó un interno muerto por arma de fuego, Keiner Almanzo, además de tres detenidos y tres policías heridos. La mayoría de quienes siguen adentro son sindicados por hurto o microtráfico, sin condena, que reciben la misma comida que originó tres motines.

Cada policía que cuida una reja es un policía menos en la calle. Lo dijo la propia Alcaldía en 2023, cuando la entonces alcaldesa Virna Johnson firmó con el Inpec un convenio de 2.000 millones de pesos para desocupar estaciones y centros transitorios y devolver uniformados al patrullaje. Tres años después, la ciudad acumula cien fugados y viene de un paro armado que, según la Cámara de Comercio, costó 39.500 millones de pesos en su primer día, con 11.000 comercios a la espera de garantías para abrir. La recompensa máxima por los 37 que seguían prófugos al cierre del lunes suma 195 millones. Es el 0,5 % de lo que perdió el comercio en una jornada.

El ciclo que nadie rompe

Nada de esto es nuevo. En julio de 2021, un motín en La Norte terminó con 64 detenidos fugados y recapturados. La Alcaldía de entonces anunció que el proyecto de un centro de detención para indiciados ya estaba en proceso. Cinco años, dos administraciones distritales y un convenio de 2.000 millones después, los motines ocurren en los mismos centros.

El ciclo tiene pasos fijos: motín, fuga, cartel, recompensa, consejo de seguridad, promesa y olvido. El Gobierno nacional agregó uno: el despido en vivo. Funciona porque satisface la indignación en minutos y no cuesta un peso del presupuesto. La palabra cobardía convierte una falla administrativa de años en el defecto moral de un individuo. El público recibe un culpable con rostro y uniforme. La cadena de obligaciones repartida entre Alcaldía, Gobernación, Inpec, Uspec, Fiscalía y jueces queda fuera del cuadro. Cuando la ley reparte la responsabilidad entre seis entidades, en la práctica ninguna responde.

El coronel Jimmy Belalcázar, anunciado como nuevo comandante, recibirá los mismos edificios, los mismos detenidos sin audiencia y el mismo menú. Mientras tanto, una organización armada con más de 30 años de presencia en la Sierra Nevada, capaz de cerrar una capital durante tres días, toma nota: el Estado que promete derrotarla no logra retener a 41 personas detrás de una reja.

La pregunta pendiente: quién cobra por la comida

Tres motines por la comida obligan a una pregunta de contratación. Quién suministra esas raciones, cuánto cobra por cada una y qué funcionario firma la supervisión. La Defensoría advirtió en mayo que la intervención de la Uspec para alimentar a los detenidos de centros transitorios podía terminar en 2026. Ese contrato, sea de la Nación o del Distrito, es público. Cualquier ciudadano tiene derecho a pedirlo.

La fuga de presos en Santa Marta seguirá en las noticias mientras dure la búsqueda de los 37. Después vendrá el silencio, hasta el próximo motín. La pregunta no es si al coronel le faltó coraje. Es por qué nadie le exige lo mismo al alcalde, a la gobernadora, al director del Inpec y a los jueces que dejan vencer los términos. Ir más allá de los titulares significa seguir la responsabilidad hasta donde la ley la puso. Un derecho de petición a la Alcaldía, una queja ante la Personería, una consulta en Secop. El sistema no se cambia solo. Pero tampoco cambia sin nosotros. ¿Cuántos fugados más hacen falta para que el próximo llamado a calificar servicios lo firmen los votantes?