Recientemente se conoció que la Procuraduría general de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 13 años y 4 meses al exalcalde de El Carmen de Bolívar, Bolívar, Francisco José Vega Arrauth (2012 – 2015), por irregularidades en la construcción del acueducto del corregimiento San Isidro. 

Momentos en que fueron capturados.

Por los mismos hechos, también fue sancionado con destitución e inhabilidad por 10 años y 3 meses el exsecretario de Planeación, Obras Públicas y Saneamiento Básico del mismo municipio, quien actuaba como supervisor del contrato, Mario José Melo Villa (2014 – 2015). 

En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de El Carmen de Bolívar estableció que la administración municipal no adquirió oportunamente el predio sobre el cual se ejecutarían las obras, lo que retrasó el inició de las mismas. 

Además, se reconocieron pagos parciales al contratista por el 80,24% de la obra, equivalente a $705 millones, sin tener los permisos de prospección y exploración de aguas subterráneas que debía emitir la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – Cardique-, y sin que se hubiese adquirido el predio donde se ejecutarían los trabajos. 

Para el Ministerio Público, con su conducta los exfuncionarios afectaron la eficiencia de la administración pública, los fines estatales y el interés general, la transparencia, imparcialidad, objetividad y moralidad. 

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Por esos hechos, la Procuraduría sancionó por dos cargos disciplinarios al exalcalde Vega Arrauth y por un cargo al exsecretario Melo Villa, calificados como faltas gravísimas cometidas a título de dolo. 

Aunque podría parecer ejemplarizante este fallo, lo cierto es que además de no ser definitivo, pues aún el exmandatario tiene derecho a la apelación, se produce de manera tardía, pues desde su posesión Vega Arrauth estuvo en la mira de los organismos de control y aún así no ha habido una sanción definitiva. 

El recorrido 

En el año 2013, el contralor departamental de Bolívar de la época, Óscar Pardo Ramos, solicitó al gobernador del Departamento, Juan Carlos Gossaín Rognini, la suspensión inmediata del entonces alcalde de El Carmen Vega Arrauth, por 3 meses. 

Tal solicitud se basaba en que en el desempeño de sus funciones, el burgomaestre no afectara dos procesos de responsabilidad fiscal que se le seguían. 

Una de esas investigaciones tenía que ver con un presunto detrimento patrimonial, relacionado con el pago que supuestamente había hecho el mandatario a contratistas de la Alcaldía del año 2009 y que ya habían desistido de sus demandas y dado que su antecesor, Galo Torres Serra, declaró la caducidad administrativa. 

Según las denuncias, pese a que la mayoría de los beneficiarios habían dado por culminadas sus pretensiones, éstos fueron contactados por funcionarios de la administración de Arrauth para “negociar” las cuentas por pagar. 

También se le acusó de haber trasladado a las cuentas de Cajacopi, EPS del régimen subsidiado, la suma de $864.437.528, pero deduce que la entidad desconocía los giros que le efectuó el municipio los días 28 y 29 de febrero de 2012, porque no entraron a su contabilidad. 

Cajacopi en su momento hizo llegar a la Alcaldía posteriormente el corte de cuentas donde resume que el municipio le debía desde febrero del 2011 a septiembre de 2012, la suma de $158.227.138 y que no había recibido la suma mencionada. 

Por estos hechos el entonces gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini, una vez fue notificado por la Contraloría Departamental de Bolívar, la cual expidió una medida de suspensión a Arrauth, encargó a director del Departamento Administrativo de Planeación Departamental, Julián Gonzalez Roa. 

Sin embargo pasados los 3 meses de suspensión el titular se reincorporó a su cargo y el caso pasó al olvido. 

En septiembre del 2017, cuando ya no era alcalde, y se desempeñaba como gerente de la ESE hospital Santa Catalina de Bolívar, Vega Arrauth; el exsecretario de Planeación Mario José Melo Villa y el entonces gerente de Sayco, Poldino Posterano Ariza, fueron cobijados con medida de aseguramiento en cárcel, por un juez en Cartagena. 

A los detenidos, la Fiscalía les imputó los delitos de violación al régimen legal o constitucional, inhabilidades e incompatibilidades; contrato sin cumplimiento de los requisitos legales vigentes y falsedad ideológica en documento público. 

Según las investigaciones de la Fiscalía, en diciembre del 2014, Asoaguas de la Guajira cedió a Posteraro Ariza, un contrato para la construcción del acueducto de Caracolí, corregimiento de El Carmen de Bolívar. Para esta obra, la Alcaldía entregó inicialmente $1.640 millones de pesos, este habría subcontrato a terceras personas para la culminación del proyecto. 

Los elementos recopilados en las indagaciones evidenciaron que en noviembre del 2015, pese a que las obras solo iban en un 20%, Posterano Ariza recibió de la administración municipal $600 millones de pesos adicionales, a través de un otrosí. 

En total, el contratista se hizo de $2.240 millones de pesos, pero la obra no se realizó en su totalidad. Adicionalmente, los terrenos donde se levantaron los trabajos no tenían escritura pública ni licencia de construcción. 

Por este caso de presunta corrupción priorizado en el plan ‘Bolsillos de Cristal’ de la Fiscalía General de la Nación, fueron emitidas ocho órdenes de captura. Inicialmente fueron detenidos Uriel Antonio Vilora Arias, extesorero de la Alcaldía de El Carmen de Bolívar (2012 – 2015) y Silvio Esnobis Cuesta Solano, contratista, quienes son procesados por los delitos de violación al régimen legal o constitucional, inhabilidades e incompatibilidades; contrato sin cumplimiento de los requisitos legales vigentes y falsedad ideológica en documento público. Otro capturado es Winston Hernández Anaya, interventor privado, quien fue imputado por peculado por apropiación. 

A Cuesta Solano y Hernández Anaya, un juez los cobijó con detención domiciliaría, mientras que Vilora Arias quedó en libertad con algunas restricciones pero seguirá vinculado al proceso. 

Meses antes, en febrero del 2017, el Juzgado Prmiscuo municipal de Santa Catalina le impuso una orden de arresto de diez días y multa de dos salarios mínimos al entonces gerente del hospital Vega Arrauth, por no certificar deuda y pagar a sus empleados. 

Tras este recorrido de al menos 8 años en que el exalcalde de El Carmen de Bolívar, Vega Arrauth ha logrado de alguna manera salir bien librado de investigaciones que poco o nada han resultado con fallos ejemplarizantes, lo que queda claro es que los organismos de control, vigilancia y castigo en Colombia, no solo trabajan a paso de tortuga, sino que de manera tal vez intencional o no, terminan incentivando la corrupción en el sector público, al no aplicar penas y sanciones contundentes con consecuencias que sienten un precedente para los funcionarios que cometan actos delictivos. 

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