La Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal contra el exalcalde de Arenal (Bolívar), José Luis Pacheco Escriba (2016-2019), por el posible detrimento patrimonial de más de $1.700 millones de pesos.
El proceso también involucra al entonces secretario de Planeación de dicha población, Cristian Agámez Díaz, al contratista Fernando Tafur Peña y al interventor de la fracasada obra, Reynaldo Manrique Terán.
Los hechos se remontan al 2019, cuando El OCAD del municipio de Arenal, Bolívar mediante acuerdo 001 del 5 de abril de 2019, aprobó el proyecto BPIN 2019130420003, denominado «Construcción de una torre residencial con dieciséis soluciones de viviendas de interés social para víctimas del conflicto en la urbanización Villa Nelly del municipio de Arenal», financiado con recursos del Sistema General de Regalías, por un monto de $1.401.694.276, y con un plazo inicial de ejecución de 4 meses.
Sin embargo la Contraloría encontró que habiendo pasado casi 4 años desde se empezaron las obras, los trabajos solo han avanzado en un 17%, y lo peor es que se ha pagado al contratista la totalidad del contrato más una adición de más de $400 millones de pesos.
El municipio de Arenal pagó a Tafur en total $1.712.252.733,83, según constató la Contraloría. Y al interventor de la obra, Reynaldo Manrique, $103.672.800.
«De acuerdo con lo establecido por el grupo auditor de la Contraloría, se evidenció mediante hallazgo fiscal 98610, un presunto detrimento patrimonial en los recursos del Municipio de Arenal originado en el deficiente seguimiento a la ejecución de las obras objeto del Contrato de Obra 001 del 4 de junio de 2019, por valor de $1.864.868.744», señala la apertura del proceso.
Adicional a esto, tanto Tafur Peña como Manrique aparecen como beneficiarios de contratos entre el 2019 y 2022 por el orden de los mil 10 millones de pesos. A Tafur Peña le aparecen asignadas contrataciones por 908 millones de pesos y a Manrique por 103 millones 673 mil pesos.
De hecho, Fernando Tafur Peña aparece de quinto en el TOP 20 de los contratistas de la región Caribe, según un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación, en el año 2016. Sin embargo, no aparece dato alguno sobre su empresa y sus obras en la red (internet), es un fantasma.
Sin contar otra cantidad de contratación con la que ha resultado favorecido, no solo de la Gobernación de Bolívar, sino en otros municipios de ese departamento.
Uno de esos fue el que firmó con la Gobernación de Bolívar en el año 2020, luego de ganar el proceso de licitación pública, número LIC-HAB-001 -2020 cuyo objeto era la ‘Optimización del sistema de acueducto en los corregimientos de Loma de Arena, Pueblo Nuevo, Colorado y Hobo del municipio de Santa Catalina’, sur de Bolívar.
El 4 de junio del 2020, se firmó el contrato 831 entre el Departamento de Bolívar y Tafur Peña. Pero el 28 de julio del mismo año, es decir un mes y 24 días después, Tafur solicitó la autorización para ceder el contrato a la sociedad Javo Ingeniería S.A.S. identificada con NIT 900.202.917-0, representada legalmente por Jorge Alberto Villegas Oñate, la cual le fue concedida por la Gobernación de Bolívar, sin mayores reparos.
Lo que queda al descubierto es que el mencionado contratista, se mueve como pez en el agua en las entidades territoriales, que abren procesos contractuales, y que por lo visto ni siquiera tienen en cuenta incumplimientos o conductas irregularidades de parte de Tafur Peña.
Por lo pronto, la Contraloría avanzará en el proceso de indagación preliminar contra los ya mencionados.
