La red de corrupción que sostiene el poder en el Atlántico opera a plena luz del día, mientras sus protagonistas se disputan los reflectores del carnaval
Por: Redacción Verdad Oculta
Si buscamos la definición perfecta de impunidad en Colombia, no necesitamos revisar diccionarios. Basta con mirar al departamento del Atlántico, donde los apellidos Pulgar, Verano y Char se entrelazan en una danza de poder que hace parecer la democracia una simple formalidad. Una maraña donde los hilos se tejen desde una prisión domiciliaria, despachos gubernamentales y palcos privilegiados durante el Carnaval de Barranquilla.
La puerta giratoria del poder: de la casa por cárcel al palacio
Eduardo Pulgar, quien cumple condena por corrupción en la comodidad de su hogar, no ha perdido el tiempo. Como el titiritero detrás de la cortina, ha extendido su influencia política a través de su hija, la diputada Isabella Pulgar Mota, mientras continúa manejando una estructura clientelista que determina quién ocupa cargos desde alcaldías hasta curules en el Senado.
Por su parte, Eduardo Verano De la Rosa, gobernador en su tercer mandato, navega las aguas políticas del Atlántico como quien conoce cada corriente traicionera. Su supervivencia política ha dependido de transferir lealtades: de ser un líder con voz propia a convertirse en el administrador preferido del Clan Char, la familia que verdaderamente gobierna en Barranquilla y gran parte del departamento.
El incidente que reveló lo que todos ya sabíamos
El pasado 28 de febrero, durante la coronación de la Reina del Carnaval de Barranquilla, un microcosmos del poder atlántico quedó al descubierto. Liliana Borrero, esposa de Verano, ordenó a su equipo de seguridad retirar del evento al hermano de la diputada Isabella Pulgar con palabras que resonaron como un eco de la verdadera estructura de poder: «Es un Pulgar, es un enemigo«.
Este arrebato de autoridad no fue simplemente un desplante social. Fue la manifestación pública de una guerra entre dinastías políticas corruptas que se disputan el control territorial, donde los espacios públicos se convierten en extensiones de sus feudos particulares.
«¿Qué clase de poder cree tener esta señora para decidir quién puede estar en un evento público y quién no?«, cuestionó públicamente la diputada Pulgar en un comunicado cargado de indignación. La pregunta, sin embargo, tiene una respuesta que todos conocen pero nadie se atreve a formular directamente: el poder que otorga ser parte del engranaje dominante.
El Sistema Silencioso en acción
La estructura que permite la perpetuación de estas dinastías políticas no opera a escondidas, sino abiertamente, protegida por lo que podríamos llamar un «Sistema Silencioso» que normaliza las prácticas corruptas hasta volverlas invisibles al escrutinio público.
Eduardo Pulgar, sentenciado por intentar sobornar a un juez para favorecer a un aliado político en un proceso de insolvencia, continúa ejerciendo poder desde su prisión domiciliaria. No es un secreto en los círculos políticos barranquilleros que candidatos y funcionarios desfilan por su residencia en busca de orientación y aprobación, como peregrinando a un oráculo político.
Por su parte, Verano De la Rosa, quien ha desarrollado una técnica para sobrevivir tres décadas en política, se ha convertido en el administrador ideal para el Clan Char: lo suficientemente experimentado para gestionar, pero lo bastante dócil para no cuestionar las estructuras de poder económico que controlan desde contratos públicos hasta decisiones urbanísticas en Barranquilla.
La indignación selectiva
Lo más revelador del incidente durante el Carnaval no fue la expulsión en sí misma, sino la reacción diferenciada que generó. Mientras la diputada Pulgar lanzaba un comunicado público, la clase política atlántica mayoritariamente guardó silencio, como quien teme despertar al gigante que alimenta sus propias aspiraciones.
¿Dónde quedaron los defensores de la democracia cuando una figura no electa, como la esposa del gobernador, determinó quién podía permanecer en un evento financiado con recursos públicos? Quizás ocupados calculando el costo político de la indignación versus el beneficio del silencio cómplice.
Más allá del circo: la estrategia de distracción
Mientras el público se entretiene con estos dramas de palacio, las verdaderas transacciones de poder ocurren lejos de las cámaras. Contratos millonarios, adjudicaciones a dedo y decisiones sobre planificación urbana se firman discretamente, beneficiando a los mismos círculos que financian campañas y sostienen el sistema.
Como señala el análisis sobre Corrupción Estructural en Colombia: «La historia política ha estado marcada por una constante: la impunidad de la clase gobernante frente a sus errores, negligencia, despilfarro, abusos y actos de corrupción».
Y es precisamente esta impunidad la que permite que un sentenciado por corrupción como Eduardo Pulgar pueda seguir controlando hilos políticos desde su casa, o que un gobernador como Eduardo Verano supedite decisiones públicas a intereses privados sin consecuencias reales.
¿Democracia o simulacro?
«La democracia no es solo votar cada cuatro años. La democracia es la garantía de que quienes piensan diferente pueden hacerlo sin miedo, sin represalias«, expresó la diputada Pulgar en su comunicado. Una declaración que, vista en contexto, adquiere un tono casi irónico cuando proviene de la hija de un político condenado que continúa ejerciendo influencia indebida en la política regional.
Sin embargo, su observación es acertada. La democracia en el Atlántico se ha convertido en un ejercicio periódico de validación de acuerdos previamente establecidos entre clanes familiares, donde las urnas solo ratifican lo que ya fue decidido en reuniones privadas.
La herencia invisible
La verdadera tragedia de esta situación es su normalización. Nuevas generaciones de atlanticenses crecen asumiendo que la política funciona así: como un juego de tronos donde el mérito es secundario frente a las lealtades familiares, donde la crítica se castiga y la obediencia se premia.
Como menciona el documento sobre corrupción estructural: «La falta de participación activa en la política fortalece a los grupos de interés, los lobbies que buscan explotar el aparato estatal en su beneficio«. En el caso del Atlántico, esta explotación ha sido perfeccionada como arte por familias que han transformado el servicio público en patrimonio personal.
Romper el ciclo: una posibilidad remota pero necesaria
Alejar al departamento del Atlántico de este círculo vicioso requeriría acciones concretas:
- Eliminar el aforamiento para políticos y funcionarios involucrados en casos de corrupción.
- Establecer auditorías independientes sobre la gestión de recursos públicos.
- Aplicar inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos a condenados por corrupción.
- Implementar sistemas de transparencia total en contratación pública.
- Proteger a denunciantes y activistas anticorrupción.
Sin embargo, la pregunta persiste: ¿quién implementará estas reformas? Ciertamente no quienes se benefician del sistema actual.
El precio del silencio
Mientras tanto, el verdadero costo de este sistema lo paga la población. Infraestructura deficiente, servicios públicos costosos y precarios, y oportunidades limitadas son el resultado directo de una administración pública que prioriza redes clientelares sobre eficiencia y transparencia.
La expulsión del hermano de la diputada Pulgar de un evento carnavalero es apenas la punta del iceberg de un sistema donde el espacio público se privatiza al servicio de intereses particulares, donde los recursos colectivos se distribuyen según lealtades personales, y donde la crítica se etiqueta como traición.
El incidente del Carnaval no es un simple drama familiar o político; es el reflejo de cómo funciona el poder en un departamento donde la democracia ha sido secuestrada por dinastías que transforman lo público en patrimonio privado, mientras la ciudadanía observa el espectáculo con una mezcla de resignación e impotencia.
Y así, mientras Pulgar maneja hilos desde su prisión domiciliaria y Verano administra los recursos bajo la supervisión del Clan Char, el Atlántico continúa atrapado en un ciclo donde la corrupción no es la excepción, sino la regla que rige el juego político.
