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Por: Jan Slodvak

Mientras más se apoltrona y se defiende el Fiscal General de la Nación Néstor Martínez Neira, más tétrico parece su más inmediato destino. Creyó, él y los propugnadores de su alzada milagrosa hasta esa importante posición, que tendrían todo bajo control, amplificada sus posiciones con El Tiempo, dos canales de televisión, un portafolio de revistas, la pauta publicitaria orientadora de opinión pública y el respaldo irrestricto del gobierno colombiano rendido en pleitesía en su organigrama institucional ante el grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Eso creían. Que todo se reducía echarle agüita al creciente escándalo nacional e internacional de la constructora brasileña Norberto Odebrecth, socios suyos en la corrupta concesión Ruta del Sol II a través de la empresa Episol, pertenecientes a su holding financiero Corficolombiana. Que atajando procesos, desviando o entorpeciéndolos podrían superar los crecientes indicios de culpabilidad de la cúpula de Aval y su habilidoso abogado Martínez Neira y que a la larga la macabra historia –con varios muertos a cuestas en misteriosas circunstancias– desembocaría en una calma chicha y pronto olvido mediático.

Pero ha pasado exactamente todo lo contrario y la estadía de Martínez Neira en la Fiscalía, a la que le ha hecho un daño inmenso visible en las redes sociales y la gran prensa, se ha convertido en una especie de viacrucis que lo ha convertido en el Fiscal General con mayor descredibilidad en la historia de esa institución creada por el poder constituyente en 1991. Martínez, abogado de Aval, ha pasado por todas las causas del poder político y privado. De recolector de sumas para la campaña electoral de Juan Manuel Santos, pagada por Odebretch, súper Ministro de ese gobierno y postulado para el cargo de Fiscal, mintiendo descarnadamente sobre sus aspiraciones al cargo, negando con vehemencia tal posibilidad y aduciendo que tenía compromisos ineludibles con su empresa de abogados.

El primer golpe

El primer golpe que encajó Martínez Neira fue en abril de 2017 cuando el senador Jorge Enrique Robledo presentó una proposición citando al Fiscal y la cúpula directiva del grupo Aval al congreso, solicitándoles explicaciones. La comunicación oficial de Robledo, en la página web del Congreso, estaba encabezada así:

Proposición

En cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, la Comisión Quinta del Senado mediante la proposición No. 44 ha citado a debate de control político sobre el caso de Odebrecht, en especial en lo relacionado con los contratos de la Ruta del Sol II y Navelena SAS.

En el párrafo final se emplazaban para la respectiva presentación en el Senado a las siguientes personas: representante legal del Consorcio Ruta del Sol SAS, representante legal de Episol S.A., representante legal de Navelena SAS., representante legal de la Corporación Financiera Colombiana SA, Corficolombiana, representante legal de la Fiduciaria de Occidente, FiduOccidente, representante legal del Banco de Occidente, Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval SA, Néstor Camilo Martínez Beltrán y Néstor Humberto Martínez Neira como persona natural en relación con su actividad particular como abogado.

El segundo golpe

El segundo episodio en el senado de Martínez Neira fue peor. Sucedió el 26 de noviembre de 2018 y fue relatado así por la Oficina de Prensa del Senado:

En un álgido debate que giró alrededor del sonado caso Odebrecht y en el cual senadores de la bancada de oposición y el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien era invitado a la plenaria, se hicieron mutuos cuestionamientos, al punto que el jefe del ente investigador dijo: “Aquí están persiguiendo al Fiscal ideológicamente desde un sector de la frontera del pensamiento colombiano. Esa es la realidad y no me dejaré constreñir”. Aunque la sesión en pleno comenzó pasadas las 4:00 de la tarde, solo alrededor de las ocho de las noche arribó al recinto del Senado el fiscal Martínez, quien llegó a responder cada uno de los interrogantes planteados por los senadores citantes al debate: Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático), Gustavo Petro (Colombia Humana) y Angélica Lozano (Alianza Verde), quienes con documentos en mano lanzaron fuertes críticas al Fiscal General y a otras personalidades del país relacionadas con el polémico caso Odebrecht.

Martínez Neira salió mal librado en la prueba. Hizo de todo. Pasó del rol de abogado de intereses privados a Fiscal de intereses públicos, perseguidor de periodistas, amenazó, confesó seguimientos a opositores; en fin, si los procesos internos de la directiva del Senado encabezados por Macías y Pulgar (se encuentran con investigación formal de pérdida de investidura por los hechos sucedidos en esa sesión del congreso ante el Consejo de Estado) y la desviación torticera del debate con la presentación de un vídeo del senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro, seguramente la pesadumbre de la presentación de Martínez Neira hubiese alcanzado los pináculos del desastre.

El tercer golpe

El tercer golpe lo recibió el 12 de diciembre de 2018 por la vía de una decisión considerada “histórica” sobre la corrupción y el caso Odebrecht en la Ruta del Sol II con sus respectivos socios, producida por el Tribunal de Cundinamarca, tras la presentación en el 2017 de una Acción Popular por parte del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo en donde fueron conminados a pagar en indemnizaciones 800 mil millones de pesos y la inhabilidad para celebrar contratos con el estado colombiano por 10 años. Por supuesto que una cuota parte del pago de la indemnización le corresponde a Episol, la empresa de Corficolombiana del grupo Aval del cual Martínez Neira era abogado. Duro mazazo en su reputación jurídica y un revés para la visión presentada por el Fiscal y el grupo Aval en el sentido que no conocían de sobornos y coimas en los procesos de selección del concesionario ni del reparto de dineros para campañas políticas. En el fallo del Tribunal se declaró la suspensión del contrato Ruta del Sol 001, sus adiciones y modificaciones, ordenando el mantenimiento de los embargos contra las cuentas, bienes y dividendos de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. – Episol S.A.S., CCS Constructores S.A., y las personas naturales Gabriel Ignacio García Morales, José Elías Melo Acosta, Otto Nicolás Bula Bula, Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares.

El cuarto golpe

El cuarto golpe –contundente y peligroso para el grupo Aval– sucedió coetáneamente con el tercero. El mismo 12 de diciembre de 2018, la Superintendencia Financiera de Colombia recibió una petición formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en su sigla en inglés) en relación con la investigación que adelanta en su contra por las actuaciones en el proyecto de infraestructura Ruta del Sol II. Martínez Neira llega a la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de aplacar las implicaciones penales del caso Ruta del Sol, no puede evitar que otras competencias judiciales y administrativas nacionales e internacionales se inmiscuyan. Ya no son suspicacias ni se trata de débiles indicios. Es una sospecha creciente ante la cual solo se limita esperar el desenlace de unos acontecimientos en los cuales carece de control. Por su parte el grupo Aval acusa el golpe y ofrece un comunicado ambiguo en el que manifiesta su deseo de colaboración con las autoridades judiciales norteamericanas:

 El Grupo Aval ha informado al DOJ, a través de sus abogados en los Estados Unidos, que cooperará con la investigación, así como lo ha venido haciendo con otras entidades gubernamentales. El Grupo Aval toma muy en serio ésta y cualquier otra investigación gubernamental que pueda surgir (…) de existir avances que revistan materialidad relacionados con Ruta del Sol II”, los informará en sus reportes trimestrales de resultados.

El quinto golpe

Y el quinto golpe fue directo a la mandíbula del Fiscal Martínez Neira y sucedió también, para su infortunio, ante la justicia norteamericana el 6 de noviembre de 2018. El periodista Gonzalo Guillen lo denunció por los delitos de blanqueo de capitales y evasión de impuestos ante Jeff Sessions, Fiscal General de los Estados Unidos, relatando las propiedades, empresas y cuentas corrientes de Martínez Neira en el extranjero, no declaradas en Colombia y relacionadas con trámites del gobierno norteamericano. Guillen señala en su escrito ante el Fiscal General de USA lo siguiente:

Entiendo que, bajo las leyes de los Estados Unidos de América, como por ejemplo la Money Laundering Control Act, la evasión de impuestos puede constituir en algunos casos el delito de lavado de activos. Entiendo, asimismo, que la utilización de los bancos estadounidenses para transacciones ilegales podría también generar en algunos casos responsabilidad criminal. Entiendo, además, que la relación ilegal entre empresas estadounidenses y funcionarios públicos extranjeros puede, en ciertos supuestos, implicar violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act.

En total son 29 páginas con datos, indicaciones, seguimientos en los que presenta a Martínez Neira que antes de asumir su rol de Fiscal General de Colombia, fue abogado principal de las negociaciones entre el Estado colombiano y la empresa brasileña Odebrecht, y los contratos resultantes, que “fueron logrados mediante la comisión de crímenes monumentales cometidos por medio de sobornos, como lo han probado las autoridades federales de los Estados Unidos y Brasil”. En ese mismo escrito Guillen puntualiza que Martínez Neira fue asesor legal del Grupo Aval, socio de Odebrechet en Colombia, y que su papel de Fiscal General de la Nación ha consistido en encubrir abiertamente la participación del Grupo Aval, del que era abogado principal –y su firma particular lo sigue siendo en la actualidad– en los negociados de Odebrecht en Colombia. Guillen remata el viacrucis del otrora exitoso abogado Martínez Neira sindicándolo de criminal:

Esto, a mi modo de ver, sería una violación a las normas de la ya mencionada Foreign Corrupt Practicss Act, el que aplica plenamente al Grupo Aval desde cuando se enlistó en la Bolsa de Valores de New York, en 2014. Es decir: la violación aplica al Grupo Aval pero también en forma personal a Néstor Humberto Martínez Neira por haber participado en el encubrimiento de los ilícitos mencionados, tanto como abogado particular, primero, y luego como Fiscal General de la Nación de Colombia.

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