Por: Jan Slodvak

El escabroso caso de corrupción política administrativa que culminó en el robo más grande que recuerde la historia de Barranquilla sigue sin dolientes y en un completo mutismo institucional. No dicen nada los jueces, ni las autoridades de la ciudad. Menos los organismos de control y medios de comunicación, engolosinados todos con los ríos de dinero que se han dispuesto en la consigna cerrera de ciegos, sordos y mudos.

Al inicio del proceso, todos alababan las virtudes “cívicas” de la Triple A que había sacado a la ciudadanía barranquillera de las penurias de la falta del preciado líquido mejorando sustancialmente la red de distribución y su calidad, que entre otras cosas, se debía a la rapiña generalizada de la clase política de la ciudad sobre los administración de las extintas Empresas Públicas Municipales.

Cuando se descubre la perfidia del supuesto redentor, del complejo entramado societario creado para arrebatar esta empresa de propiedad de todos los barranquilleros y donde los nuevos dueños se inventan todo tipo de fórmulas ilegales para “tumbarlos” vía tarifaria, es cuando empieza a develarse toda la compleja trama de corrupción internacional con sociedades off shore creadas en Panamá, con fondos diluidos en paraísos fiscales que culminan, en una especie de apoteosis escandalosa, con la caída de varios políticos españoles vinculados al partido Poder Popular, quienes se beneficiaron de sobre costos y coimas, exhibidos en la llamada Operación Lezo de la Fiscalía de ese país, mientras que en Colombia, el cuestionado Fiscal General de la Nación Martínez anunció hace más de un año con bombos y platillos la Operación Acordeón del cual todavía se espera que suene, aunque sea una quejumbrosa nota.

El Fiscal General de la Nación todavía no se pronuncia…

¿Un robo consentido?

Dentro de este gigantesco silencio sobre el robo de la Triple A hay notables excepciones, entre ellas los ciudadanos que incoaron una Acción Popular desde el 2010 en contra de las tarifas y la ilegal usurpación de la acciones de la Triple A, que por cierto se ha dilatado a nivel de jurisdicción administrativa con todas las excusas posibles, desde falta de competencia hasta inhabilidad manifiesta y es allí, ante tanto silencio sospechoso, ante desidia concertada, que la Procuraduría General de la Nación en cabeza de Fernando Carrillo atendió una queja presentada por los impulsadores de la acción popular y decidió investigar por cuenta de esa entidad dentro de la trama el cual resultó en varios viajes a España para recabar pruebas que su vez propició, por parte de la Procuraduría, en el inicio de una acción popular en Bogotá en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Otra consecuencia de las investigaciones de la Procuraduría fue el desmonte inmediato de la llamada prima técnica que constituía el 4.5% anual de los ingresos anuales de la Triple A, a una serie de supuestos proveedores de servicios en el exterior. Puro desangre financiero con artimañas contractuales.

Ante la arremetida de la Procuraduría, los socios de Inassa que son Canal Extensia y Canal Isabel II crearon una matriz mediática en España, basados en la crisis y intervención del estado colombiano sobre ElectriCaribe, propiedad de la gasífera española Unión Fenosa,  promoviendo la tesis que los recursos económicos empleados por parte de la comunidad de Madrid en la compra de Triple A  se iban a perder. El diario El Confidencial, que había mostrado una posición en contra de los negociados de Inassa, presenta una alarmante y mentirosa noticia al respecto el 17 de julio de 2018: “Colombia quiere expropiar Inassa al Canal Isabel y que pague 73 M a los socios minoritarios”. (https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2018-07-17/inassa-canal-colombia-procuraduria-juez-denuncia_1593188/)

Veamos los dos primeros párrafos de la alarma madrileña sobre las consecuencias de las medidas cautelares impulsadas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la Procuraduría General de la Nación: “Un juez colombiano puede decidir esta misma semana la expropiación encubierta de Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel ll. La Procuraduría General de la Nación ha solicitado unas medidas cautelares tan drásticas que pueden suponer la quiebra de la empresa y obstaculizar gravemente el proceso de venta que ya ha iniciado la Comunidad de Madrid para deshacerse de todas sus compañías participadas al otro lado del Atlántico. La Procuraduría, que depende del Senado y del presidente de la República, ha solicitado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca tres medidas cautelares que son todo un torpedo en la línea de flotación de Inassa. La primera, “el embargo y secuestro de las acciones de las que es titular Inassa” en todas las empresas colombianas y en el exterior. El Canal, a través de Canal Extensia, tiene el 82% de Inassa. Y a través de Inassa sigue controlando actualmente una decena de participadas, entre ellas la Triple A de Barranquilla, ‘la joya de la corona’ del conglomerado. El embargo de las acciones supondría que la Comunidad de Madrid dejaría de tener el control de Inassa y complicaría la venta de esas acciones, un proceso por el que el Gobierno regional quiere sacar al menos 150 millones de euros”.

Sigue corriendo en los mercados internacionales el dinero de los ciudadanos barranquilleros según se observa en estas líneas que, además, poseen una evidente falsedad al señalar que la Procuraduría General de la Nación depende del Presidente de la República y del Senado colombiano. Es puro miedo, físico culillo, ante lo que pasará cuando se resuelva todo este litigio en derecho y no usando estrategias no santas –que hasta este momento les han funcionado a los españoles en Colombia- y terminen, no solo perdiendo lo que invirtieron en la compra, sino devolviendo lo que pide la Acción Popular incoada en Barranquilla que, según cálculos conservadores, debe andar entre los 15 y 17 BILLONES de pesos. Nada menos y nada más.

El procurador general, Fernando Carrillo, el único que se ha preocupado por resolver este robo

El Procurador Carrillo sostuvo en conferencia de prensa “que hemos avanzado muchísimo en las investigaciones en compañía de la audiencia de España y han aparecido nuevas operaciones, destapando una caja de Pandora en donde la mayoría de esos contratos de dudosa procedencia fueron una forma de malversar fondos públicos que son de la ciudadanía barranquillera”. Terrible verdad de boca del Ministerio Público de Colombia.

El proceso continua y por ello se acrecienta el miedo entre los propietarios de Inassa y Triple A pues a finales del mes de octubre de 2018 se tiene prevista una visita del Fiscal General de España –mientras Néstor Martínez en Colombia mantiene imprudente silencio- en compañía del fiscal encargado del caso Lezo, un juez de la Audiencia Nacional y el jefe de Cooperación Española. En suma, una verdadera pesada judicial que seguramente, ante la contundencia de las investigaciones indicadas por el Procurador de Colombia, obligaron a un cambio en la estrategia inicial de Inassa de desmentir todas las aseveraciones bajo diversas argumentaciones ciertamente no convincentes, aceptando ahora parte de su culpa según se desprende de declaraciones del Procurador Carrillo: “Se han acercado a la Procuraduría las Directivas de Inassa a proponer buena parte de la devolución de esos dineros (80 millones dólares). Estamos en dialogo con la compañía para ver cómo puede producirse esa reparación”.

No hay que creer en las buenas intenciones de Inassa a estas alturas de los procesos. Sea lo primero que amenazan –palabras textuales del Procurador Carrillo- con devolver solo “una buena parte”. Lo cual equivale a decir que no se trata del total de la defraudación, estrategia que aplica para resolver con la vieja fórmula de componer una fórmula de pago de lo acordado amortizado a cómodos y largos plazos, situación que les permitiría proseguir sin problemas con el control integral de la empresa, aplicando cobros –como es su costumbre- en las tarifas para que sean los mismos barranquilleros los que paguen el entuerto de su conducta ilícita. Revise este mes su recibo de Triple A y si acaso ve aumento sustancial en el cobro (entre 7% y 10%), puede apostar que ya empezó el recaudo anticipado de la posible devolución ante el cariz tomado por los procesos ilegales de Inassa por la Procuraduría. Lo que nadie sabe es si tales dineros “devueltos” serán reflejados en tarifas más bajas o ingresa a algún fondo especial adaptado para esta específica continencia. Sería una suprema ironía que devolvieran los recursos tumbados vía tarifas subiéndolas!

Sigue el rollo. El pasado 14 de septiembre la Procuraduría escuchó en versión libre a los ex Gerentes de Triple A, Ramón Navarro y Ramón Heraclito Hemer dentro del juicio disciplinario por los 80 millones pagados a Inassa por la supuesta asistencia técnica. De allí que Inassa, ahora en actitud contrita, haya aceptado la falta y proponga pagar buena parte de ella lo que le permitiría alejar convenientemente a la Procuraduría de los procesos de venta al mejor postor embolatados por 150 millones de euros de Triple A, cuando solo costó la mitad, sin meter en las cuentas lo que sacaron ilegalmente vía cobro tarifario en un gigantesco robo a Barranquilla del cual todavía no alcanzamos a dimensionar.

Esperamos que el diligente Procurador no se deje engatusar de esta estrategia de Inassa de pagar solo una parte –de mentiras, porque nuevamente las pagaran todos los barranquilleros por la vía del aumento de tarifas- y si usted, estimado lector, se muestra incrédulo, revise el costo de la factura tarifaria este mes y compárelo con el del mes pasado en operaciones en que tiene suprema experticia la Triple A. Así que Inassa, tras la posible operación planteada, saneada en los aspectos disciplinarios y posiblemente penales con la Procuraduría, puedan con toda la facilidad del mundo vender la empresa en los mercados internacionales prometiendo al posible adquirente alta rentabilidad a costa de los atribulados bolsillos de todos los barranquilleros.

Ellos tienen todas las pruebas para demostrárselos.

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