En un país donde la luz cuesta como si fuera oro, el presidente Gustavo Petro lanzó una acusación que muchos colombianos intuían pero pocos se atrevían a formular con tal contundencia: «Se está robando el dinero un oligopolio de empresas generadoras de energía eléctrica«. Lo que podría parecer retórica política es, en realidad, la punta de un iceberg de enormes proporciones que hunde sus raíces en décadas de arreglos institucionales diseñados para beneficiar a unos pocos.
El Sistema Silencioso que sostiene el despojo
Mientras la Región Caribe sufre con tarifas de energía que devoran presupuestos familiares ya exhaustos, opera en Colombia un engranaje perfectamente aceitado que mantiene este statu quo. No estamos hablando simplemente de empresas que cobran caro, sino de un sofisticado sistema donde la regulación, los tribunales y las grandes corporaciones parecen bailar una danza sincronizada que siempre termina con el mismo resultado: el ciudadano común paga más, mucho más.
La fórmula tarifaria, ese conjunto de variables matemáticas que pocos comprenden pero todos pagan, ha sido diseñada por la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) bajo parámetros que privilegian sistemáticamente al productor sobre el consumidor. Lo interesante —o alarmante, según se mire— es que cuando el actual gobierno ha intentado modificar esta ecuación perversa, se ha encontrado con un muro: «No hemos podido cambiarla porque los magistrados del Consejo de Estado se oponen a nuestros nombramientos«, según denunció el presidente.
¿Casualidad que los guardianes judiciales de la administración pública bloqueen precisamente los cambios que afectarían a un sector económico tan poderoso? El patrón se repite con demasiada frecuencia como para ser coincidencia.
La importación que nunca llega
El caso del gas es aún más revelador. En un país con reservas limitadas, la importación se vuelve crucial para mantener precios competitivos. Sin embargo, según denunció Petro dirigiéndose a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol: «Importe el gas, así tenga que pagar el servicio en el 'único barco que existe', que es mentira. No lo quieren importar para dejarle el negocio a una sola persona privada«.
Esta acusación, de una gravedad que no debería pasar desapercibida, sugiere que la empresa más importante del país estaría siendo utilizada para proteger monopolios privados en la importación de gas. Lo que se presenta como imposibilidad técnica («el único barco que existe«) sería, en realidad, una excusa para mantener el control del mercado en manos específicas.
Los paneles solares que no llegan
La transición energética, bandera del actual gobierno, prometía no solo sostenibilidad ambiental sino también económica. La instalación de paneles solares en hogares de estratos 1, 2 y 3 representaría un alivio real para millones de familias y una disminución significativa de la dependencia del sistema tradicional. Sin embargo, esta iniciativa que beneficiaría directamente a la población más vulnerable ha encontrado obstáculos a cada paso.
¿Por qué algo tan beneficioso para la mayoría enfrenta tanta resistencia? La respuesta parece estar en ese «oligopolio» mencionado por el presidente, que ve en la democratización de la generación energética una amenaza directa a su modelo de negocio basado en la escasez artificial y el control centralizado.
La extraña coincidencia de los intereses
Mientras el ministro de Hacienda, Germán Ávila, informa sobre pagos por $923.000 millones en subsidios de energía y promete un abono adicional de $400.000 millones, cabe preguntarse: ¿por qué el Estado debe destinar sumas tan astronómicas para hacer «pagable» un servicio esencial? La respuesta incómoda es que estas transferencias masivas de recursos públicos terminan, en gran medida, en los bolsillos de las mismas empresas generadoras que se niegan a modificar un sistema tarifario que las beneficia.
El círculo perverso se completa: tarifas excesivas obligan al Estado a subsidiar, los subsidios mantienen artificialmente viable un sistema diseñado para maximizar ganancias corporativas, y cualquier intento de reforma encuentra resistencia en múltiples niveles institucionales.
La estrategia de unificación: ¿Demasiado tarde?
La propuesta del ministro de Minas, Edwin Palma, de unificar empresas públicas para tener mayor poder negociador en la bolsa de energía, parece un reconocimiento tácito de que el mercado energético colombiano nunca ha funcionado bajo las reglas de competencia que se prometieron cuando se privatizó el sector.
Este «mercado» opera más como un club exclusivo donde las reglas benefician consistentemente a sus miembros. La tardía reacción gubernamental de buscar formar un contrapeso sugiere que durante décadas el Estado ha permitido —e incluso facilitado— esta concentración de poder.
El Decreto que nadie quiere
«Lo había retenido esperando que las generadoras fueran racionales pero no lo fueron. El decreto se expide, van a demandarlo y vuelve al Consejo de Estado«, afirmó Petro sobre su intento de garantizar estabilidad tarifaria mediante decreto. Esta frase revela dos realidades inquietantes: primero, que el gobierno reconoce estar en una batalla legal que probablemente perderá en las cortes; segundo, que las generadoras han optado deliberadamente por mantener un modelo irracional desde la perspectiva del bienestar colectivo.
El Impacto Oculto en la vida cotidiana
Detrás de las cifras y las batallas legales, existe una realidad cotidiana que rara vez capturan los titulares: familias que deben elegir entre pagar la luz o comprar alimentos, pequeñas empresas que sucumben ante costos operativos inflados por tarifas eléctricas desproporcionadas, y una competitividad nacional severamente comprometida por costos energéticos que superan los estándares internacionales.
Este es el verdadero rostro de lo que el presidente llamó «uno de los grandes hechos de corrupción«: un sistema que transfiere sistemáticamente riqueza desde los más vulnerables hacia un grupo selecto de empresas, con la complicidad de un entramado institucional diseñado para perpetuar este flujo.
La Verdad que cambia perspectivas
Comprender los mecanismos invisibles que sostienen este sistema de extracción de riqueza es el primer paso para transformarlo. Las denuncias presidenciales no deberían quedar en simples declaraciones políticas, sino convertirse en el punto de partida para una investigación exhaustiva, independiente y con consecuencias reales.
Las preguntas que quedan flotando son inquietantes: ¿Quiénes son exactamente los beneficiarios últimos de este «oligopolio«? ¿Qué conexiones existen entre estas empresas y los centros de poder político y judicial que sistemáticamente bloquean las reformas? ¿Cuánto del presupuesto familiar de los colombianos se destina a enriquecer a este selecto grupo bajo el concepto de «tarifas de energía»?
Porque detrás de cada recibo inflado hay una historia de corrupción sistémica que ya no puede seguir oculta. Y como siempre ocurre con las verdades incómodas, una vez que se ven, resulta imposible dejar de verlas.
