A mediados del 2018, la alcaldía del municipio de Aracataca (Magdalena) adjudicó a la Unión Temporal El Estadio de Aracataca, integrado por Javid Salomón Dadul Guzmán y Equicostas SAS, la construcción del estadio de fútbol José Chelo Castro, en dicha población.

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El entonces alcalde Pedro Sánchez Rueda y la gobernadora (de la época), Rosa Cotes, anunciaban con bombos y platillos la nada despreciable suma de $6.907’674.074 pesos, para llevar a su máximo esplendor la práctica de este deporte en esa comarca. 

Ambos sabían las joyas de contratistas a quienes le estaban entregando el contrato, pues en estos municipios el control de la entidades fiscalizadoras es nulo, lo que facilita el raponeo de los recursos públicos a través de coimas y pagos adelantados de favores.

La culminación del escenario deportivo estaba prevista en 10 meses y contaría con una gradería con sillas para tres mil personas, tendría camerinos, baños, rampas para las personas con discapacidad y la grama sería 100 % sintética. 

Pero pasados más de 4 años desde que arrancaron los trabajos y pese a que se la adicionaron $460 millones de pesos, aún el contratista no ha entregado la obra, afirmando que ha tenido múltiples inconvenientes; y lo más grave, en la actualidad no hay trabajos en las obras pendientes, y nadie responde. 

Pero no debería causar sorpresa que esta obra sea hoy un elefante blanco más, teniendo en cuenta a los contratistas. 

En cuanto a Equicostas SAS, lo primero por decir es que en un informe hecho por la Auditoría General de la República en el 2016, la incluyó en la lista de socios de la malla empresarial Castillo Baute-Vergara-Ordogoistia-Rojas Valderrama-Solarte-OLT, siendo la que más socios y uniones temporales utiliza para quedarse con la mayor contratación en el país en distintos sectores

En el 2018, la Gobernación de Bolívar abrió un proceso de contratación para el reforzamientos de las estructuras de los Centros de Conviviencia de los municipios de Arjona y Carmen de Bolívar.

Estos contratistas son especialista en vender ilusiones con maquetas y renders que nunca llevan a la realidad.

Al concurso de presentó el Consorcio Centros de Convivencia, que integraban Equicosta SAS y Construcciones Pacific, figurando como representante legal de Equicosta, Carmen Arango Romero.

En la evaluación de las propuestas, los evaluadores descubrieron que la señora Aragón Romero, fungía como empleada de la compañía y aún así no estaba “al día” con el pago de aportes parafiscales y seguridad social y por lo tanto no cumplía con lo establecido en los parámetros legales. 

Tal proceso fue declarado desierto. 

Es decir, el hecho de que la mencionada firma no cumpla con requisitos tan mínimos para poder contratar, ya de por sí se convierte en una alerta que evidencia el nivel de seriedad o legalidad en su desempeño. 

La misma Equicosta SAS con NIT 900.479.932-0, que ahora se hace llamar Making Eng SAS y no a Equicosta SAS, hizo parte de la Unión Temporal Sierra Verde, junto con las firmas Constructores e Interventores SAS y Fulgor SAS, que en septiembre de 2017 firmaron un contrato con la Empresa Distribuidora del Pacífico SA ESP, para “Suministro, transporte, instalación e implementación de soluciones de energía individuales consistentes en sistemas solares fotovoltaícos para el sector rural del municipio de Ciénaga (Magdalena)”.



Con la ejecución de este contrato se favorecerían a 283 viviendas y 7 centros educativos, y su valor ascendía a $4.215 millones de pesos, con un tiempo de ejecución de 3 meses. 

No obstante el contrato sufrió varios aplazamientos, siendo el último en el 2020, fecha para la cual el mismo ministerio de Minas y Energía, realizó una auditoría de Control Interno, en la que verificó los diferentes contratos interadministrativos del Fondo de apoyo para la Energización de las Zonas Interconectadas FAZNI GGS 396 de 2016, que pretendía llevar energías alternativas a zonas apartadas del país. 

A estas alturas, ni el municipio de Ciénaga, ni nadie responde por esta situación. Y en el registro Único de Proponentes, la Unión Temporal ni siquiera aparece. 

En cuanto a Javid Salomón Dadul Guzmán, toca recordar que fue candidato a la Alcaldía del municipio de Pedraza (Magdalena), en las elecciones del 2015, por el partido político Opción Ciudadana, envuelto desde sus orígenes en temas de corrupción y paramilitarismo. 

En el 2013 el viejo partido PIN, hizo su convención donde anunciaba el cambio de nombre a Opción Ciudadana, pero ese día presidió el encuentro uno de sus fundadores, el excongresista Luis Alberto ‘el tuerto’ Gil, condenado por parapolítica, y quien tras cumplir una condena de siete años de prisión, volvía a agarrar las riendas del partido.  

En marzo de 2014, Opción Ciudadana se estrenó en las urnas. En las elecciones parlamentarias alcanzaron cinco curules en el Senado Mauricio Aguilar, hijo del coronel (r) Hugo Aguilar, famoso por haber dado de baja a Pablo Escobar, y condenado por vínculos con paramilitares, fue el gran elector del partido, con 100.159 votos. 

También alcanzó curul Antonio José Correa (81.942 votos), exsecretario de salud de Magangué, precisamente en los años en los que la empresaria del chance, Enilce López ‘la gata’, ejercía ampliamente su poder político en este municipio del sur de Bolívar. 

Julio Miguel Guerra Soto, hijo del exgobernador de Sucre, Julio Guerra Tulena (investigado por irregularidades en contratos), alcanzó el tercer escaño (con 50.634 votos). Doris Vega, esposa del tuerto Gil, fue la cuarta en votación (46.625) del partido; la quinta curul correspondió a Teresita García Romero (38.797 votos), hermana de uno de los primeros condenados por parapolítica, el exsenador Álvaro ‘el gordo’ García Romero, a quien la justicia señaló de determinador de la masacre de Macayepo, perpetrada por paramilitares. 

A Dadul entonces le cabría aquello de que, dime con quién andas … 

Con estos antecedentes, no es extraño entonces que hoy día, el estadio de fútbol de Aracataca no haya sido entregado, pero además deja claro el poco o nulo control que se hace desde las oficinas jurídicas de las diferentes entidades del Estado, entra la duda de si manera corrupta o no, a los contratistas. 

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