La Corte Suprema de Justicia ha confirmado la condena de siete años y seis meses de prisión para Efrén Palacios Serna, exgobernador encargado y secretario de Gobierno del Chocó en 2007. Este fallo representa un golpe contundente a la corrupción, marcando una diferencia significativa en un sistema donde, en su mayoría, solo se castiga a funcionarios de bajo rango.
Resultados Cuantitativos: El cambio en la lucha contra la corrupción
En los últimos años, los datos de la Alta Corte han mostrado un aumento en las condenas por corrupción; sin embargo, casi la totalidad recaen sobre funcionarios de menor jerarquía. De hecho, apenas un pequeño porcentaje de sentencias se dirige contra políticos de alto nivel. En este contexto, las condenas de Palacios Serna y de Hecson Alexys Benito Castro, actual gobernador de Vichada, son extraordinarias, ya que demuestra que la justicia puede y debe actuar con mano firme contra los líderes corruptos, rompiendo con la impunidad que históricamente ha protegido a los altos mandos.
El caso que sacude al Chocó
Los hechos que llevaron a la condena se remontan a un breve pero devastador periodo en 2007. Durante tres días, siendo gobernador encargado y secretario de Gobierno, Serna Córdoba autorizó de manera irregular el pago de cesantías, primas de Navidad y sanciones moratorias a profesores sin que existieran fundamentos legales para ello. La Sala de Casación Penal calificó su proceder como una violación flagrante de los mecanismos de protección de los recursos públicos, evidenciando un afán de evadir la ley que no puede ser tolerado.
Otro de los contratos que hoy tiene condenado a Palacios fue el que se celebró con la Droguería Santa Cruz por $500 millones de pesos y otro que se acordó con la Droguería la 20 por $400 millones de pesos. En total fueron 7 contratos que habrían presentado una serie de irregularidades en la forma como se adjudicaron.
«El gobernador Efrén Palacios Serna direccionó de comienzo a fin el trámite y celebración de los contratos con la finalidad de apropiarse de los recursos de la salud incluidos en el presupuesto departamental para atender las necesidades de suministros de medicamentos de alto costo a la población más vulnerable del departamento», dice el documento de la Corte.
En el fallo también se confirmó que el exgobernador de Chocó «organizó una estructura de funcionarios al interior de la entidad a través de la cual aseguró la expedición de disponibilidades presupuestales; eligió los contratistas, direccionó y ordenó la celebración de los contratos cuyo objeto no habría de tener cumplimiento».
Este caso se conoció por medio de la gestión el médico Elpidio Asprilla Guerrero, auditor médico de la Secretaría de Salud departamental, quien le contó a la Fiscalía la trama que se montó para sacar los dineros del empobrecido rubro de la salud.
La importancia de enfrentar a los altos mandos corruptos
Mientras la mayoría de las condenas afectan a funcionarios de bajo rango, el fallo contra un exgobernador es un avance crucial en la lucha contra la corrupción. La decisión de negar la solicitud de prisión domiciliaria y ordenar su traslado a un centro carcelario envía un mensaje claro: nadie está por encima de la ley. Este veredicto no solo es un triunfo judicial, sino también un llamado a que la ciudadanía exija una mayor participación y vigilancia sobre sus representantes.
Cargos de la Procuraduría
Ya en el 2022, la Procuraduría General de la Nación le había formulado cargos al ex gobernador del Chocó, y al entonces secretario de Desarrollo Económico y Recursos Naturales, José Nixon Chamorro Caldera, supervisor de otro contrato con la empresa Constructec para la adecuación de 250 estanques piscícolas, en cuya ejecución se habrían presentado irregularidades.
Al parecer, a través de un otrosí, los implicados modificaron algunos precios unitarios así como varios ítems de cantidades y especificaciones, en el bilateral suscrito para fortalecer a asociaciones de pequeños productores piscícolas de los municipios de Atrato, Condoto y Medio Baudó, supuestamente por recomendación del Ministerio de Agricultura, sin que la gobernación hubiese soportado las razones de estos cambios.
Asimismo, habrían ordenado, sin justificación alguna, aumentar el monto del anticipo del 30 % al 40 % del valor del contrato celebrado con aportes del citado ministerio por $1.417’051.275, y pagar el saldo final acordado sin cumplir con las obligaciones pactadas, el término de ejecución ni otros parámetros establecidos en el acuerdo de voluntades.
Poco les valió a los funcionarios públicos, los principios que rigen la contratación estatal, y por el contrario cometieron actos de corrupción, en un departamento donde los recursos públicos ni siquiera alcanzan para garantizar los derechos a sus ciudadanos.
Un llamado a la acción
La condena de Modesto Serna Córdoba es más que una sentencia; es una señal de que el sistema puede actuar con rigor, incluso contra los altos mandos. Sin embargo, la verdadera transformación ocurre cuando los ciudadanos dejan de ser espectadores pasivos y se convierten en actores activos de cambio. Es momento de alzar la voz, denunciar la corrupción en todos los niveles y exigir transparencia en la gestión pública.
¡No permitamos que la desidia siga abriendo la puerta a los corruptos! Comparte este análisis y únete a la lucha para construir un futuro donde la justicia sea real y efectiva para todos.
