Jorge Vergara Carbó
@VergaraCarbo
Barranquilla enfrenta una tormenta de cuestionamientos por el manejo de sus finanzas públicas, que hoy se ven marcadas por aumentos de impuestos y un endeudamiento que amenaza la sostenibilidad financiera de la ciudad. Detrás de cada cifra aprobada en el Concejo, los ciudadanos ven crecer sus cargas tributarias mientras que, en contraste, el beneficio parece recaer en los grandes actores económicos. ¿Dónde queda la transparencia y la justicia en esta ecuación?
Aumentos de impuestos sin rendición de cuentas
La administración del alcalde Alex Char ha insistido en gravar a los barranquilleros con nuevos aumentos de impuestos en sectores estratégicos como la industria y el comercio, con el respaldo de un Concejo que aprueba sin debate estas decisiones. Desde enero de este año, un incremento impositivo ya había comenzado a surtir efecto con el sector financiero y el alumbrado público, generando ingresos adicionales para la ciudad por más de $100.000 millones de pesos. Sin embargo, estos recursos adicionales no han sido suficientes, y la administración ahora pretende ampliar la carga fiscal, sin un análisis público que explique de manera transparente en qué se han empleado los recursos ya recaudados.
No puede ser el nivel de servilismo de los concejales de Barranquilla es una vergüenza, tienen sometida a la ciudad a los caprichos de contratistas corruptos que se llenan los bolsillos con los dineros públicos de nuestro impuestos. https://t.co/AtzHtkhrl5
— Lau (@Laucamkilla) November 2, 2024
El trato desigual en la aplicación de impuestos
El alcalde y su equipo argumentan que el aumento se debe a la necesidad de corregir errores en la aplicación del impuesto a fondos de empleados y cooperativas. Pero este argumento deja sin responder una pregunta fundamental: ¿por qué grandes corporaciones y desarrolladores urbanos, como la multinacional Argos, siguen sin cumplir con el pago de plusvalía, que debería aplicarse cuando el cambio en el uso de suelo y la infraestructura pública eleva el valor de sus propiedades? Mientras tanto, supermercados y grandes superficies como Olímpica, SAO y Éxito tampoco han sido transparentes sobre sus pagos de predial e ICA, una falta de claridad que solo incrementa la percepción de un sistema fiscal desigual e injusto.
Endeudamiento peligroso e insostenible
Otro de los puntos críticos que enfrenta la administración es el altísimo nivel de endeudamiento de la ciudad. En enero, el Concejo aprobó un acuerdo de sobreendeudamiento por tres billones de pesos, a pesar de que Barranquilla ya presentaba un índice de sostenibilidad financiera superior al 60% permitido por la Ley 358 de 1997. Con un índice que ahora se sitúa en el 161%, la ciudad es incapaz de asegurar nuevas líneas de crédito, lo que la sitúa en una posición de alto riesgo financiero. La deuda actual del Distrito se aproxima a los 3,7 billones de pesos, posicionando a Barranquilla como una de las ciudades más endeudadas del país, una carga que amenaza con comprometer su desarrollo futuro.
El Concejo y la falta de responsabilidad institucional
La actitud del Concejo Distrital y la aparente falta de escrutinio por parte de la Contraloría y la Procuraduría son factores que agravan esta situación. Los concejales aprobaron sin titubear las solicitudes de endeudamiento, así como el plan de desarrollo “A Otro Nivel”, aun cuando sabían que estaba completamente desfinanciado y que el gasto proyectado excedía las capacidades de la ciudad. Esta serie de decisiones sin análisis ni debate denota una falta de responsabilidad institucional que afecta directamente a la ciudadanía, que se enfrenta a una administración que parece más interesada en beneficiar a ciertos sectores que en proteger el bienestar colectivo.
El costo de la corrupción y la falta de transparencia
Más allá de las cifras, el caso de Barranquilla revela un problema profundo de corrupción y opacidad en el manejo de los recursos públicos. Sin informes detallados sobre el uso de los impuestos recaudados ni una fiscalización adecuada por parte de las autoridades, la administración ha continuado una gestión en la que las decisiones parecen responder más a intereses privados que al bien común. Los recursos de la Nación y de los barranquilleros se destinan a proyectos sin una clara justificación, y la falta de control efectivo sobre el recaudo de plusvalía y los grandes contribuyentes deja un vacío que afecta a toda la ciudadanía.
Un llamado a la rendición de cuentas
La administración de Barranquilla y su Concejo tienen una obligación constitucional de transparencia que no se está cumpliendo. Los barranquilleros merecen respuestas claras sobre el manejo de sus impuestos y sobre el estado de la deuda pública que compromete el futuro financiero de la ciudad. Es hora de que la Contraloría y la Procuraduría asuman un rol activo y revisen a fondo las cuentas distritales, esclareciendo cada peso invertido y cada decisión tomada en nombre del desarrollo. La ciudadanía necesita y merece cuentas claras.
Conclusión: El derecho ciudadano a la transparencia
Las acciones de la administración de Alex Char y el Concejo de Barranquilla reflejan un uso abusivo y corrupto de los recursos públicos que no puede continuar sin consecuencias. La carga tributaria y el endeudamiento desmedido representan una amenaza para el bienestar de los barranquilleros, quienes han sostenido, en silencio, decisiones que benefician a unos pocos. El derecho a la transparencia es fundamental en toda democracia, y los ciudadanos tienen el poder y el deber de exigir que se respete.
