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Mientras el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, hacía un llamado a las autoridades civiles y económicas para que establecieran un control de precios a los productos de la canasta familiar, y a brindar garantías para la comercialización y el abastecimiento de esos productos, durante la cuarentena obligatoria por la pandemia del Covid-19, el alcalde de Fundación Magdalena, Carlos Sierra, hacía todo lo contrario, contratando por precios superiores, lo que serían las ayudas humanitarias para población vulnerable de ese municipio.

Así se evidencia en el contrato 076 del 25 de marzo por valor de $113 millones de pesos bajo la modalidad de contratación directa y utilizando la figura de Urgencia Manifiesta, que se firmó entre el municipio de Fundación y el Autoservicio Superlay, para el suministro de ayudas alimentarias por emergencia humanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 y que va dirigida a familias de escasos recursos de la población.

Según el contrato se entregarán 1.198 kits con productos no perecederos a igual número de familias.

Cada Mercado a entregar tiene un costo de $95.150 pesos, pero, cuentas hechas por veedores en esa población afirman que el verdadero valor no sería superior a los $62.501 pesos, lo que equivaldría a un sobre costo de $32.649 pesos.

Esto equivale que el contrato de 1.198 compras no cuesta $113 millones si no en realidad $74.876.198 pesos y se deja de beneficiar a 625,8 familias que necesitan ayuda urgentemente.

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Y agregan que por el valor contratado se hubiera podido ayudar 1.825 familias y no solo a 1.198.

Y recuerdan que la misma administración municipal expidió días atrás un Decreto castigando a especuladores de precios.

Además el valor de los productos a entregar, según el contrato, prácticamente tienen el costo de venta al detal, y algunos un poco más elevados; es decir, la Alcaldía no hizo uso del sentido económico a la hora de contratar sino que de manera directa optó no solo por un solo y único proveedor, pudiendo haberlo hecho con varios y de esta manera ayudar al resto de comerciantes de la cadena alimentaria y abarrotes de la localidad, sino que además, pese a la cantidad de productos, le fueron facturados como si se tratara de una adquisición al menudeo.

La libra de arroz la cotizan a $1.900 pesos, que es el valor normal que se consigue en un supermercado de grandes cadenas; una libra de pasta a $2.725 pesos; una libra de lentejas $2.720 pesos; un litro de aceite $5.300 pesos; una panela $1.840 pesos; una libra de café $8.450 pesos; una libra de harina de maíz $1.960 pesos; y una lata de sardinas $4.000 pesos.

Adicionalmente, el componente nutricional deja mucho que desear; no se incluye otros granos, ni huevos, o cereales, y ni siquiera una libra de sal.

A cada familia se le habría entregado según el contrato, 10 libras de arroz, 8 de pastas, 5 de lentejas, 1 litro de aceite, 5 panelas, 5 libras de harina, 1 de café y 2 latas de sardina.

No se especifican tampoco las marcas de los productos, a sabiendas de que los precios están directamente relacionados con el fabricante.

Veedores de la localidad hicieron un urgente llamado a los organismos de control para evitar que amparados en la emergencia de salud, social y económica que hoy se vive por la pandemia del coronavirus, las administradores del erario público a nivel local y departamental, utilicen los recursos públicos de manera corrupta o para favorecer a amigos o patrocinadores de campañas.

Así mismo para que, como dijo el Procurador, hagan uso racional de los recursos públicos a la hora de atender la emergencia.

 

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