De nuevo la corrupción y el pillaje arruinan la U. Autónoma del Caribe de Barranquilla

Con un comportamiento que raya en lo delincuencial, el rector de la universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, Mauricio Molinares Cañavera, está llevando a esta institución de educación superior a la ruina, muy a pesar de que en ella el Ministerio de Educación ejerce una vigilancia especial.

La Universidad Autónoma del Caribe lleva más de una década vapuleada por mediocres y ominosos rectores, que se han dedicado a esquilmar sus finanzas.

Primero fue la impúdica Silvia Gette, después vino el nefasto Ramsés Vargas, y ahora Mauricio Molinares ha hecho todo lo fraudulentamente necesario para ser acusado penalmente ante la Fiscalía General de la Nación por haber llevado a la ruina a la universidad en favor de terceros.

Analizando todas las pruebas que tenemos de la loca y desenfrenada actuación de Molinares al frente de esta institución de educación superior después de los tristes sucesos que llevaron a la cárcel al exrector Ramsés Vargas, podemos concluir que al parecer, mediante la necesaria coparticipación criminal de funcionarios y contratistas de la universidad, con sustancial y evidente violación de los principios de Publicidad, Transparencia, Legalidad, Moralidad, Selección Objetiva, Planeación, Eficiencia y Economía, este rector probablemente incurrió en comisión de los delitos tipificados como Concierto para Delinquir, Contrato Sin Cumplimiento de Requisitos Legales, Peculado por Apropiación, Falsedad Ideológica en Documento Público, Enriquecimiento Ilícito, Lavado de Activos y Enriquecimiento Ilícito de Particulares.

En cada uno de los reportajes que vendrán después de esta publicación, demostráremos con evidencias el actuar delictivo del rector Mauricio Molinares Cañavera.

Un poco de historia

Antes de entrar en materia sobre la penosa y mediocre gestión del rector Mauricio Molinares y su Consejo Superior, queremos explicar algo de historia de la última década de esta institución de educación superior.

Con la captura y encarcelamiento del exrector Ramsés Vargas, el 25 de noviembre de 2018, el Ministerio de Educación intervino, en virtud de lo señalado en la Ley 1740 de 2014 y el Decreto 2070 de 2015, para garantizarle a la comunidad estudiantil y a los trabajadores de la universidad Autónoma del Caribe la normalización de las actividades académicas.

^{Ramsés Vargas, capturado por el CTI.}

El Ministerio de Educación nombró un Inspector In Situ para ejercer la vigilancia a la gestión administrativa y financiera de la Universidad, así como a los aspectos que afectan la calidad y continuidad del servicio público que tiene a su cargo y revisar de forma continua la evolución de las causas que originaron la declaratoria de la medida de vigilancia especial.

Con las medidas de vigilancia especial también se nombró un nuevo rector, a Claudia D’Acuña, quien debía ceñirse a los auditajes de la finanzas, a cumplir las prohibiciones como los gastos de publicidad y a priorizar el pago de las acreencias laborales.

D’Acuña no dura mucho y el Ministerio nombra a otra rectora, a María Victoria Mejía. Al mismo tiempo anuló la Sala General de la universidad y la transformó en Consejo Superior. Este Consejo Superior debía elegir lo más pronto posible un rector en pleno.

El nuevo Consejo Superior escogió a Rodolfo Pérez, quien no duró más que un mes en el cargo. El desorden administrativo y financiero era tanto que no se le midió a la tarea. Por ello se nombró a Mauricio Molinares, alguien de las entrañas del Consejo Superior.

Ramsés Vargas había dejado una deuda de más de $90 mil millones de pesos. Sin embargo, con la presencia del Ministerio de Educación, los rectores anteriores a Molinares habían logrado acuerdos de pago y sofocar el descontento estudiantil y las protestas de los trabajadores.

Pero todo indica que Molinares, con la anuencia del Consejo Directivo, se ha dedicado a empeorar la finanzas y azuzar el descontento de los profesores y estudiantes. Se ha enloquecido con contrataciones fraudulentas, ha vendido terrenos y casas de la universidad a precios irrisorios, ha falseado documentos para obtener dinero de convenios y se ha endeudado con prestamistas privados.

La infraestructura locativa está a punto de convertirse en ruinas y la deserción estudiantil es preocupante.

^{El estado lamentable de las instalaciones de la Universidad Autónoma del Caribe.}

Informe del Ministerio de Educación

Todo lo anterior lo sabe el Ministerio de Educación, incluso, el inspector in situ, Diana Lucia Barrios Barrero, elaboró un informe detallando todas las graves irregularidades en materia de contratación y manejo de las finanzas entre los años 2021 y 2022, pero no tomó cartas en el asunto ni denunció las punibles actuaciones del rector Mauricio Molinares, antes de que sea demasiado tarde.

Por ello, la funcionaria Diana Lucía Barrios Barrero ha sido denunciada ante la Procuraduría General de la Nación.

El informe detalla las irregularidades en lo referente a la Gestión y Adquisición de bienes y contratación de servicios, denunciadas por el Secretario General de la Universidad Autónoma del Caribe, en calidad de Jefe de Control Interno encargado.

De todos los contratos realizados en 2021 y 2022, Control interno hizo un muestreo para verificar si sobre dichos negocios se había dado con el cumplimiento de las ritualidades exigidas en el normativa nacional, así como la interna (Manual de contratación, Código de Ética y Buenas Prácticas). Arrojando lo siguiente:

El informe realizado por parte de la auditoria interna determinó, que de los contratos suscritos y auditados para el año 2021, ninguno de ellos contaba con póliza suscrita, así como tampoco se pudieron evidenciar los informes de supervisión que permitiesen corroborar la labor de seguimiento al desarrollo normal de la ejecución contractual, para el año 2022, se mantuvo la misma situación, aunado a que de ningún contrato auditado se le aportó minuta.

De esta muestra podemos inferir, sin temor a equivocarnos, que fueron reprensibles procesos contractuales instrumentalizados para favorecer a terceros y apoderarse de las finanzas de la universidad.

De igual manera, el informe indica que no se obtuvieron las actas de Comités de Contratos y Adquisiciones, argumentándose que dado que la totalidad de la sub – contratación de servicios se efectuó a través de la figura del contrato directo de Prestación de Servicios.

El informe de la Auditoría interna presentó como conclusiones las siguientes:

1. Para la vigencia contractual 2022, no se observa el cumplimiento del numeral 6 (pág 17 a 20) del Manual Guía de Contratación para Adquisición de Bienes y Servicios (Versión 2 del 30/09/21), el cual contempla que todo trámite contractual inicia con la “solicitud para trámite jurídico”. Lo anterior fue corroborado por la Dirección Jurídica.
2. En la toma contractual analizada de la vigencia 2021, no se observa el cumplimiento del numeral 7.2 del Manual Guía de Contratación para Adquisición de Bienes y Servicios (Versión 2 del 30/09/21), que indica que el contratista debe constituir por su cuenta, las garantías exigidas en el contrato. Este hecho acarrea riesgos, pues ante un eventual incumplimiento de las obligaciones del contrato, la Universidad quedaría desprotegida y estaría propensa a un detrimento de su patrimonio. Hasta el cierre de la auditoría, para la vigencia 2022, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera no aportó las pólizas solicitadas para análisis.
3. En la toma contractual analizada de la vigencia 2021, no se observa el cumplimiento del numeral 12 del Manual Guía de Contratación para Adquisición de Bienes y Servicios (Versión 2 del 30/09/21), por cuanto los informes de supervisión allegados no ofrecen la suficiente ilustración y evidencias para el control de la labor encomendada. Hasta el cierre de la auditoría, para la vigencia 2022, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera no aportó los informes solicitados para análisis.

CONTINUARÁ. Próxima entrega: Análisis de los Contratos de prestación de servicios de la Universidad Autónoma del Caribe.

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