¿Cuánto dinero más quieren quitarnos los contratistas del túnel del Toyo?

Si el túnel más largo del mundo, el túnel de Lærdal en Noruega, con 24.5 kilómetros de longitud se construyó en cinco años y costó un poco más de $600.000 millones de pesos, ¿por qué el túnel del Toyo en Antioquia, con apenas 9.84 kilómetros, lleva casi 10 años construyéndose y ya se han invertido en la obra $3.8 billones de pesos?

La única explicación a esto es la mediocridad de los contratistas, interventores y funcionarios públicos corruptos, involucrados en este megaproyecto.

Sobrecostos y retrasos

Aunque por los tiempos prestablecidos para su culminación no puede considerársele un elefante blanco, el túnel Guillermo Gaviria Echeverri, conocido como Túnel del Toyo, una de las más ambiciosas obras de infraestructura del país, presenta hoy atrasos en su terminación y una inversión que ya dobla el presupuesto que se había estipulado cuando fue concebida.

Hasta ahora, según cuentas dadas a conocer en medios de comunicación se han invertido en la obra $3,8 billones de pesos, siendo que, en el convenio inicial firmado a finales del 2014, entre el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invias), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Gobernación de Antioquia y el municipio de Medellín, se estimó que la obra demandaría una inversión de $1 billón 300 mil millones de pesos.

Esta cifra comprometía vigencias futuras de todas las entidades y el aumento anual del IPC. En consecuencia, 10 años después su ejecución le ha costado al país y a los antioqueños, casi tres veces más de lo planeado.

Llama la atención que ningún órgano de control haya puesto la lupa en este proyecto que vio la luz cuando ostentaban los cargos de director general del Invias, Carlos García Montes, quien mantiene abierto un expediente de responsabilidad fiscal por los daños en el puente Isgaura y de presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, involucrado en varios casos de corrupción e imputado por el contrato con la brasilera Odebrecht para la construcción de la Ruta del Sol.

Generalidades del proyecto La megaobra Túnel del Toyo tiene una longitud aproximada de 39.5 km de vía nueva y estará conformada por 29 puentes y 18 túneles, será el túnel más largo de Colombia y Latinoamérica. Para su desarrollo se han invertido 3.15 billones de pesos, de los cuales $1.4 billones corresponden al Gobierno Nacional, $1.05 billones son de la Gobernación de Antioquia, y $703 millones de la Alcaldía de Medellín.

Pero, como era de esperarse, con semejante inversión, la construcción del Túnel del Toyo tampoco ha estado exenta de posibles actos de corrupción.

Por un lado, el año pasado, al entonces gobernador de Antioquia Sergio Fajardo, la Procuraduría General de la Nación le profirió pliego de cargos por las presuntas irregularidades presentadas en el proceso de contratación del túnel del Toyo.

Según el organismo disciplinario, el entonces gobernador habría suscrito de manera directa un convenio interadministrativo con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia –Idea– para la administración y pagos de los recursos destinados al proyecto por la Gobernación y el municipio de Medellín, que ascendían a más de $1,3 billones de pesos, cuando lo pertinente era la contratación de una fiducia mediante la convocatoria de una licitación pública.

Para el Ministerio Público, Fajardo: «no podía desconocer ni variar el contenido de las cláusulas establecidas para la administración de los recursos, donde se pactaron obligaciones mutuas para el éxito del proyecto. Además, el Idea no tenía la capacidad para asumir las obligaciones del contrato suscrito, pues no es una sociedad fiduciaria».

También en el 2019, cuando ya habían comenzado las obras del llamado Tramo 1, las cuales fueron contratadas por la Gobernación de Antioquia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), le hizo un total de 45 requerimientos a los contratistas e interventores, que contemplaban aspectos relacionados con los medios socioeconómicos, bióticos y físicos, entre ellos la obligación de ajustar los indicadores de cumplimiento, presentar los registros documentales de las señales preventivas para el paso de fauna, allegar la actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y presentar un informe sobre las acciones de mejora aplicadas en los monitores de calidad del aire y ruido ambiental.

Dada la magnitud de la obra, tampoco han faltado quejas por parte de las comunidades colindantes al proyecto, relacionadas con los procesos de expropiación que han hecho a las tierras de campesinos que no cuentan con título de propiedad, la compra de predios por debajo de su valor real, bajo la amenaza de la expropiación, o la afectación de las obras sobre vías terciarias.

Tampoco ha despertado el menor interés entre las entidades de control, el hecho de que varias de las contrataciones, principalmente relacionados con la administración y gerencia del proyecto, se hicieran por contratación directa, pese a que por los montos a contratar debían hacerse a través de licitación pública; al igual que las interventorías que se convocaron bajo la modalidad de concurso de méritos.

Ni que el convenio inicial fuera firmado en el 2014, y las contrataciones para las obras empezaran en el 2016.

Ni el hecho de que varios de los socios que al final ganaron las licitaciones de las obras de mayor envergadura, mantienen procesos penales por corrupción, por la entrega de coimas a funcionarios públicos y otras irregularidades.

Las millonarias contrataciones

Una primera contratación por prestación de servicios la hizo la Gobernación de Antioquia con una empresa llamada Konfirma para el «apoyo de gestión para el proyecto del túnel del Toyo y sus vías de acceso en las etapas de planeación, selección y contratación». A través de dos contratos iguales, pagó a esta firma $2.166 millones de pesos.

Posteriormente, la administración de los recursos y la ejecución de las obras fueron contratadas de la siguiente manera, de acuerdo a la división que se pactó en dos tramos, donde el primero lo asumió la Gobernación y el segundo, la Nación.

El Tramo 1

El departamento de Antioquia convocó el proceso de selección No. 4396-LIC-20-18-2015, cuyo objeto fue: Construcción del Proyecto Túnel del Toyo y sus vías de acceso en sus fases de Pre construcción, Construcción, Operación y Mantenimiento, por valor de $1,076 Billones.

Esa convocatoria fue adjudicada al Consorcio Antioquia al Mar, integrado por Colombiana de Infraestructuras S.A.S (30%), CASS Constructores & CIA SCA (20%), Carlos Alberto Solarte Solarte (20%) Y ESTYMA Estudios y Manejos S.A (20%).

Solarte y su firma CASS Constructores & CIA SCA, fueron mencionados en el escándalo de Odebrecht, y la Fiscalía General de la Nación lo investiga por presuntas irregularidades en el contrato de construcción del interconector Tunjuelo – Canoas, cuyo valor inicial fue fijado en $243 mil millones de pesos.

La misma Gobernación convocó un concurso de Méritos la interventoría de este contrato por valor de $61.385 millones de pesos, escogiendo el 12 de noviembre de 2015 al Consorcio Integral Túnel del Toyo, que integran Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S (49%) e Integral Diseños e Interventoría S.A.S (51%).

También por concurso de méritos realizado ese mismo año, contrata la Gerencia del Proyecto con el Consorcio Gerencia Túnel del Toyo, integrado por Compañía Colombiana de Consultores S.A.S (50%) y Restrepo y Uribe S.A.S (50%), por valor de $34.997 millones de pesos.

El Tramo 2

En el llamado Tramo 2, el Invias convocó en el 2020, la licitación pública para contratar las «Obras de construcción y/o mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales incluídos en el programa de obra pública Vías para la legalidad y la reactivación, Visión 2030», localizados en Antioquia, por valor de $843.000 millones de pesos.

El 31 de marzo del 2021 estos trabajos fueron adjudicados a Consorcio Vías Colombia, integrado por la sociedad Hidalgo e Hidalgo Colombia S.A.S. con participación del 75% y la sociedad Hidalgo e Hidalgo S.A. sucursal Colombia con participación del 25%.

H&H como se le conoce es una constructora ecuatoriana que en realidad, no tiene mucho que envidiar a Odebrecht, pues el holding arrastra procesos judiciales por sobornos en Perú, Panamá y el propio Ecuador.

Pese a ello, el Invias le ha adjudicado al menos cinco millonarios contratos. A saber:

1. Contrato de obras en el corredor Villagarzón-San José del Fragua, en el departamento de Caquetá, por un valor de USD 5.908.884. El oferente ganador fue el Consorcio Vías Equidad 068, conformado por Hidalgo e Hidalgo Colombia S.A.S. (con una participación del 70%) y la firma ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo S. A., sucursal Colombia (30%). Proyecto para la construcción de dos puentes con sus accesos: uno sobre el río San Pedro y otro sobre la quebrada la Yuma.
2. En el marco del programa Vías para la equidad, el INVÍAS adjudicó al Consorcio Vías Equidad 059 (colombo-ecuatoriano), conformado por Hidalgo e Hidalgo Colombia S.A.S (con una participación del 70%), Hidalgo e Hidalgo S. A., sucursal Colombia (30%), el mantenimiento y la rehabilitación del corredor vial Tame-Arauca, en el departamento de Arauca, por un valor de $15.395.988 de pesos.
3. Con una propuesta por valor de USD 2.261.390, el Consorcio conformado por las firmas Hidalgo e Hidalgo Colombia S.A.S (70% – Colombia) e Hidalgo e Hidalgo S. A. sucursal Colombia (30% – Ecuador), resultó ganador para ejecutar obras en la carretera Espinal-La Chamba.
4. Por un valor de USD 22.841.069 fue adjudicado al Consorcio Vías para la Equidad 050, conformado por Hidalgo e Hidalgo Colombia, con el 70%, e Hidalgo e Hidalgo Sucursal Colombia S. A. Ecuador, con el 30%, el contrato para el mejoramiento, gestión social, predial y ambiental de la vía Quibdó-La Virginia, sector Ánimas-Pueblo Rico para el programa Vías para la Equidad.
5. Con una propuesta por valor de USD 22.046.603, el consorcio Vías para la Equidad 046, conformado por Hidalgo e Hidalgo Colombia, con el 70%, e Hidalgo e Hidalgo Sucursal Colombia S. A. Ecuador, con el 30%, fue el ganador del mejoramiento, gestión predial, social y ambiental del corredor Transversal del Cusiana, para el programa “Vías para la Equidad”.

Desde diferentes sectores se ha advertido desde hace años, que esta firma ha estado involucrada en escándalos de corrupción internacionales, pero el gobierno colombiano, ha argumentado que dicha empresa no está inhabilitada legalmente para licitar en el país.

Posteriormente el mismo Invias contrató por concurso de méritos la interventoría de estas obras por valor de $19.999 millones de pesos, con el Consorcio Túneles-Interdiseños Integral, conformado por Interventoría y Diseños S.A. Interdiseños (50%), Consultoría en Ingeniería Integral S.A.S, (40%), y por la sociedad Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S (10%).

Estos valores han ido aumentando dadas las numerosas adiciones que se han ido autorizando, por lo que ya el proyecto se ha “chupado” la bicoca de cerca de $3,8 billones de pesos de recursos de la Nación, la Gobernación de Antioquia y el municipio de Medellín.

Quieren más plata

Hasta ahora los trabajos de la primera fase han avanzado en un 90% en lo que respecta a la construcción del túnel, pero el resto de las vías de acceso, con las que se comprometió el gobierno central, llevan menos de un 60% de ejecución y hacen falta no menos de $650 mil millones de pesos para continuarlas, pese a las millonarias inversiones que ya se han hecho.

La parte del proyecto más afectada por las demoras es el tramo 2, que comenzaron dos años tarde, y que incluyen la instalación de equipos electromecánicos de los túneles que iniciará ejecución una vez culminen las obras físicas.

El meollo es que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha dicho que no va a poner más recursos para las vías 4G. Pero, hay que aclarar que tampoco el gobierno de Iván Duque desembolsó en su momento, los recursos que le exigían sus paisas para esta obra.

Ya el año pasado (2013) el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, había solicitado al Gobierno nacional entregarle el proyecto al Departamento, pero con la condición de que le permitiera utilizar instrumentos como el de la valorización para poder recoger los recursos faltantes.

Esta solicitud también se la había hecho al expresidente Iván Duque y a su director del Invías, Juan Esteban Gil, pero estos le dieron largas a la petición diciendo que ya tenían armado un proceso para todas las 4G del país. Pero resultó en nada.

Y ahora, apenas esta semana, el actual gobernador, Andrés Julián Rendón, nuevamente solicitó al gobierno de Petro que ceda su parte en importantes proyectos viales en Antioquia, entre ellos, el túnel del Toyo.

Ahora, Rendón afirma que si se deja sin financiación el túnel, «nos llevará a tener el elefante blanco más vergonzoso en la historia». Curioso que no hayan realizado tal solicitud con la misma vehemente advertencia al Gobierno de Duque.

Desde el Ministerio de Transporte se ha aclarado e insistido que, aunque la plata de las vigencias futuras comprometida para las obras sí se entregará, los recursos adicionales que busca la Gobernación no estarían disponibles.

Argumento apenas entendible si se tiene en cuenta que ya la Nación lleva más de un billón de pesos invertidos en esta megaobra.

El Gobierno nacional aseguró que los recursos presupuestados inicialmente para las obras están garantizados. Pero también que, tal y como afirma el gobernador antioqueño, los recursos adicionales no están.

“En el Invías hay recursos por $340.000 millones honrando los compromisos para las obras Pacífico 1, Pacífico 2, Mar 1 y 2, y en el túnel Guillermo Gaviria”, afirmó la viceministra de Infraestructura, María Constanza García; y agregó que “Los recursos del Invías con vigencias futuras hacen parte del presupuesto. Estas serán honradas en la medida en que se avance con los cronogramas de obra. Ahí están los recursos y los contratos, y se avanza conforme a los compromisos, pero no esos recursos adicionales que pretende la Gobernación de Antioquia”.

Del túnel del Toyo se comenzó a hablar siendo presidente Álvaro Uribe Vélez. Para esa época se planteó la obra como complemento a la Conexión Guillermo Gaviria Correa. En 2007 y 2010 se concretó el Anteproyecto en el seminario Andino de Túneles, y se iniciaron los estudios y diseños por parte de ISA.

Sobre esos pre-estudios, contemplados en lo que el Gobierno de Uribe denominó Autopistas de la Montaña, y que incluían el mencionado túnel, que más tarde retomó su sucesor Juan Manuel Santos llamándolas Vías para la Prosperidad, y que luego el expresidente Iván Duque bautizó como las vías 4G, fue que el Gobierno nacional se comprometió con estas obras.