Gala Marcela Peña
Corría la década de los años 80, cuando la violencia paramilitar sembraba pánico en distintas regiones rurales de Colombia. Uno de los objetivos de ese accionar, era sin lugar a dudas y como lo ha demostrado la historia, apropiarse de miles de hectáreas de tierra, valiéndose de asesinatos, amenazas y desplazamientos.
Le arrebataron fincas completas a familias campesinas indefensas.
Tal es el caso de las denuncias hechas por la familia Cárcamo Nemes, que según documentó el abogado, Héctor Pérez Fernández, perdió su finca en esa época, tras ser sometida a una permanente presión de amenazas, a vender a precio de huevo 550 de las 1.500 hectáreas de que era poseedora la familia Botero Maya.
Según testimonios de los hijos, Rafael Eduardo Cárcamo, ya fallecido, recibió en vida el predio por donación de su padre Rafael Cárcamo Atencio en 1963.
“Las Delicias” tenía 1.550 hectáreas. Cárcamo Atencio la adquirió en 1935 mediante escritura pública de compraventa No. 174 del 01 de diciembre de 1935 de la Notaría Única de Magangué. La registró con matricula inmobiliaria No. 065-1208 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Mompox bajo la anotación No. 001 de fecha 30 de diciembre de 1935.
A partir del año 1983 comenzaron los hostigamientos de los Botero, que mandaron a invadir el predio. Así se apoderaron de parte de la finca.
“Mi papá decidió vender la finca en 1986 a los Botero Maya por temor a que le asesinaran a su familia. Vendió una parte de la finca (550 hectáreas) a los señores Ricardo Botero Restrepo y Lucila Maya de Botero (1/4 para cada uno) y a sus hijas María Elena, Gloria Cecilia y María Lucila Botero Maya (1/6 para cada una). Y maría Elena Botero de Arango. Ellos lograron sacar a los invasores de la finca. En el año 1994 cuando fui a la finca a visitar, me percaté que a mi papá le habían quitado toda la tierra, el resto de la finca que no había vendido. Aproximado de 1000 Has. Habían sido invadidas y explotadas por lo hijos varones del señor Ricardo Botero”, señaló Rafael Cárcamo, uno de los hijos del despojado.
El 22 de mayo de 2013, Cárcamo Nemes, en nombre propio y en representación de su madre María Badía Nemes de Cárcamo, y de sus hermanos Jorge Rafael Cárcamo Nemes y Badía del Carmen Cárcamo Nemes, hicieron la solicitud del predio ubicado en el municipio de Mompóx Bolívar. Pero la Unidad de Restitución de Tierras le negó ese estudio.
En contexto, a finales de los 70 y comienzo de los 80, algunos grandes propietarios y ganaderos crearon grupos armados para combatir el abigeato y perseguir a los cuatreros que se habían multiplicado. A la familia Botero Maya se le atribuye ser uno de los primeros impulsores de la lucha contra el abigeato con el apoyo de la Armada.
Una de las primeras Convivir creadas en la depresión momposina y de la ecorregión de la Mojana fue Esperanza Futura a nombre de Álvaro Botero Maya, conocido por algunos como el “Visco Alvarito”.
En 1991 la guerrilla secuestró a Gonzalo Botero Maya, hermano de Álvaro, cuando era alcalde de Magangué. Por su rescate, la guerrilla exigió 4 millones de dólares. La familia pagó y fue liberado. El exalcalde y exparlamentario presentó su caso en el tribunal de Justicia Especial de Paz-JEP.
Botero creó la Convivir ‘Esperanza Futura’ en sociedad con Héctor Julio Alfonso Pastrana, esposo de la conocida Enilse López ‘La Gata’. Desde antes de la creación de esta Convivir, ya había denuncias de la población civil de abusos por partes de hombres que aparentemente trabajaban para los Botero Maya.
El asunto ahora más preocupante y que es el centro de la denuncia del abogado, es que después de 10 años de que los hijos del afectado hayan acudido a la Unidad de Restitución de Tierras, el proceso sigue dormido.
Pero además reveló que en junio del 2020, durante el gobierno de Iván Duque, fue nombrado vice ministerio de Agricultura, donde está adscrita la Unidad, Gonzalo Botero Botero, familia directa de los presuntos despojadores de las tierras de los Cárcamo y sobrino del cuestionado Álvaro Botero Maya.
La familia Cárcamo ha denunciado además que la entonces directora regional de la entidad, Mileth Agámez, ha favorecido a la familia Botero Maya.
“Ya cambiaron a la directora, pero aún hay funcionarios al interior de la regional Carmen de Bolívar de la Unidad, infiltrados, como el jefe jurídico Eulises Díaz que se anda abrogando funciones que no le corresponden”, aseveró el abogado Pérez.
Para Pérez hay funcionarios que están actuando de manera corrupta, en favor de los despojadores de tierras, por lo que pidió al actual Gobierno, actuar de manera urgente y efectiva contra dichos funcionarios.
