La Inspección General de la Policía confirma 1.751 destituciones por corrupción entre 2022 y 2026, incluidos 79 oficiales. La enfermedad es sistémica. El tratamiento, cosmético.
Un policía por día. Esa es la velocidad a la que la Policía Nacional de Colombia expulsa de sus filas a uniformados por corrupción, y el dato no lo inventó un opositor ni un columnista con rabia acumulada: lo entregó la propia Inspección General en respuesta a un derecho de petición de Caracol Radio. Entre el 1 de enero de 2022 y el 8 de octubre de 2026 la institución destituyó a 1.751 integrantes por concusión, cohecho, hurto, narcotráfico, extorsión, secuestro y favorecimiento de fugas. Entre ellos hay un coronel, cuatro tenientes coroneles, 18 mayores, 18 capitanes, 22 tenientes y 16 subtenientes. Setenta y nueve oficiales en total. Más allá de los titulares, la cifra importa menos que el patrón: el delito es siempre el mismo, cobrar por no cumplir la ley; el grado sancionado es casi siempre el mismo, patrullero; y la curva no baja. En 2025, el año con más destituciones de todo el periodo, 477 policías salieron por la puerta trasera. La Policía llama a esto «capacidad de autodepuración». Un médico lo llamaría de otra forma: un organismo que expulsa células enfermas al mismo ritmo en que las produce no se está curando. Está administrando la enfermedad.
El bolsillo, no la ideología: así funciona el mecanismo
El mecanismo expuesto es de una simpleza brutal. De los 1.751 destituidos, 652 cayeron por concusión, cohecho y recepción de dádivas, es decir, por pedir o recibir plata. Otros 427 salieron por hurto y apropiación de bienes. Sumados, 1.079 casos, el 62 por ciento del total, tienen que ver con dinero o con cosas ajenas. No es ideología, no es presión de grupos armados, no es el fragor de la guerra contra el crimen. Es el bolsillo. Y el bolsillo tiene contexto: un agente con menos de cinco años de servicio devenga 1.533.302 pesos mensuales y uno con más de diez años, 1.850.736. Frente a ese sueldo, el mercado paralelo paga tarifas que la Fiscalía ya documentó. El contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, habría entregado más de 1.019 millones de pesos en coimas a uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera de Cartagena y Buenaventura; su hombre en el puerto de Cartagena habría pagado $348 millones en apenas seis eventos para que la mercancía entrara y transitara sin obstáculos. Mil diecinueve millones de pesos equivalen a 664 meses de salario de un agente novato: 55 años de trabajo honesto comprados en una sola nómina ilegal. Y lo más revelador del expediente es la estrategia de reposición: cada vez que había cambios en la Polfa, la red contactaba a los nuevos funcionarios para ofrecerles sobornos y mantener el flujo de mercancía. La institución rota a su gente creyendo que así corta el vínculo. El corruptor espera en la puerta al relevo. Eso es un mecanismo invisible funcionando a la vista de todos.
El Clan del Golfo lleva la misma lógica a la escala del crimen organizado. Una investigación judicial reveló cómo agentes y mandos de la Policía, la Fiscalía y el Inpec colaboraron con esa organización, con una lista de precios que incluía $10 millones por borrar registros migratorios negativos en el aeropuerto de Medellín, 25 millones por sacar pasajeros de los listados de vuelos y negociaciones de entre 60 y $100 millones con un policía que operaba como asesor. Cuando un cartel tiene tarifario para servicios estatales, el Estado ya no tiene un problema de manzanas podridas. Tiene un proveedor interno.
Patrulleros al paredón, oficiales al archivo
Los actores aparecen en el informe con nombre de grado, no con nombre propio, y esa es la primera trampa del documento. De los 1.751 destituidos, 1.186 eran patrulleros, el 68 por ciento. Los oficiales, 79, representan el 4,5 por ciento. Nadie con dos dedos de sentido común cree que el soborno en los puertos, el concierto para delinquir con narcotraficantes o la fuga de detenidos se organiza desde la base sin que la cadena de mando mire hacia otro lado. La sanción cae donde el cuerpo es más blando: en el patrullero de veintitantos años, que es a la vez el más expuesto al sobre con plata y el más fácil de sacrificar cuando llega el escándalo. Mientras tanto, en el caso Papá Pitufo, la Fiscalía lleva a juicio a oficiales de alto rango y a un intendente señalados de ser los «socios» del contrabandista, y la defensa del entonces director de la Policía, general William Salamanca, tuvo que salir a negar cualquier vínculo con la red después de que aparecieran audios en los que se mencionaba a «el director». Qué casualidad que el único coronel destituido en casi cinco años conviva con una institución donde los audios sobre generales se explican con semántica.
La geografía del informe tampoco es neutra. Bogotá concentra 453 destituciones, el 26 por ciento nacional; Antioquia, 240; Valle del Cauca, 172; Atlántico, 118; Norte de Santander, 88. Son las mismas regiones por donde entra el contrabando, sale la cocaína y se mueve la extorsión. No es un mapa de policías malos. Es un mapa de dónde el crimen paga mejor.
Lo que cada expediente dejó roto afuera
El impacto real no se mide en los 1.751 expedientes sino en lo que cada uno de ellos dejó roto afuera. Cincuenta y nueve destituciones por permitir o favorecer la fuga de detenidos significan 59 veces en que una víctima vio salir a su agresor por la puerta que un uniformado abrió. Veinticuatro destituciones por secuestro significan que el ciudadano que marcó el 123 pudo estar llamando a su captor. Cincuenta y ocho por extorsión significan tenderos y transportadores que pagaron dos veces: al delincuente y al que debía protegerlos de él. Y el daño acumulado tiene nombre técnico: colapso de confianza. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 Colombia obtuvo 37 puntos sobre 100 y cayó al puesto 99 entre 182 países. El Barómetro de las Américas encontró que apenas un tercio de los colombianos, el 33,9 por ciento, tiene alta confianza en la Policía, mientras el 66,1 por ciento confía poco. Gallup registró en 2023 que más del 51 por ciento de los consultados tenía una imagen desfavorable de la institución, la peor favorabilidad desde que empezó la medición en el año 2000. Una Policía en la que dos de cada tres ciudadanos no confían no es una Policía con problemas de imagen. Es una Policía sin autoridad moral, y a una fuerza armada sin autoridad moral solo le queda la fuerza.
Un sistema que se investiga, se juzga y se absuelve
El sistema que lo permite está descrito en el mismo informe, aunque la Policía no lo haya querido leer así. En el periodo la institución abrió 4.321 procesos disciplinarios por corrupción. Reportó 2.094 policías sancionados y 3.834 decisiones de archivo. Y añadió, con prudencia burocrática, que esas cifras no deben sumarse ni interpretarse como categorías excluyentes porque la información divulgada no precisa la correspondencia. Traducción: la Policía sabe cuántos expedientes archivó y cuántos sancionó, pero prefiere no explicar cómo se relacionan. Lo que sí queda claro es la proporción: por cada policía sancionado hay casi dos decisiones de archivo. El sistema disciplinario que presume de dureza tiene una puerta de salida más ancha que la de entrada. Y de los 4.321 procesos, 1.243 seguían abiertos al corte, esperando la prescripción, el traslado del investigado o el olvido.
Esto ocurre después de la gran promesa. En 2021 la institución anunció una transformación integral con tres ejes, profesionalización, disciplina y carrera, que incluía una nueva ley disciplinaria y una reestructuración de la Inspección General para que asumiera con prioridad y celeridad los casos relevantes. Cinco años después, la Inspección General reestructurada entrega el peor año de destituciones de la serie. Antes de eso, la Política Integral de Transparencia Policial fue presentada como la columna vertebral de la modernización institucional y como prueba de la capacidad de autodepurarse. Cada director general llega con un plan de transparencia y cada plan termina en un comunicado. La psicología de masas explica el truco: a la ciudadanía se le ofrece el espectáculo de la expulsión, el patrullero esposado frente a cámaras, y ese ritual descarga la indignación lo suficiente como para no preguntar por el coronel, por el contrato, por el general. La filosofía política lo explica mejor: una institución que se investiga a sí misma, se juzga a sí misma y se absuelve a sí misma en el 64 por ciento de los casos no tiene control; tiene un espejo.
El nuevo remedio y la pregunta incómoda
El nuevo Gobierno ya anunció su propio remedio. El presidente Abelardo de la Espriella creó un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción encabezado por la magistrada Cristina Lombana y advirtió que no permitirá que se roben un solo peso; el 4 de octubre afirmó que agentes encubiertos trabajan dentro de la administración pública para investigar a funcionarios corruptos. La pregunta incómoda es evidente: ¿quién infiltra a los infiltradores? Si la Policía es el cuerpo que ejecuta las operaciones encubiertas y la Policía destituye a un corrupto por día, el bloque de búsqueda podría terminar buscándose a sí mismo. Un régimen disciplinario externo e independiente, con capacidad de investigar hacia arriba y no solo hacia abajo, salarios que cierren la brecha con el tarifario criminal, rotación acompañada de inteligencia sobre los corruptores y no solo sobre los corrompidos, y publicación completa de los expedientes archivados: eso sería tratar la enfermedad. Lo demás es analgésico.
La verdad no solo se lee, se siente
Porque la verdad no solo se lee, se siente. Se siente cuando el retén pide «una colaboración», cuando el detenido reaparece en el barrio, cuando el tendero paga la cuota al que lleva uniforme. Un policía por día no es una estadística. Es la prueba de que el sistema produce corrupción con la misma eficiencia con que la expulsa. La pregunta no es si la Policía colombiana está enferma. Ella misma lo diagnosticó. La pregunta es cuánto tiempo más vamos a aceptar que el paciente se recete a sí mismo.
