Tras las declaraciones entregadas por el presidente Gustavo Petro en San Andrés, sobre los posibles sobrecostos y la malversación de recursos públicos que hizo el gobierno de Iván Duque, en las obras de reconstrucción de la isla de San Andrés, tras el paso del huracán Iota, se conoció que la propia Contraloría General de la República, ya había advertido sobre sobrecostos en este plan. 

El ente de control llevó a cabo una actuación especial de fiscalización intersectorial a los proyectos para la reconstrucción y reactivación económica de Providencia, dejando en evidencia 23 hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen una presunta connotación fiscal por un valor total de $2.170 millones de pesos

Igualmente, se establecieron 13 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y dos que dieron lugar a la apertura de indagación preliminar. Adicionalmente, se tuvieron cuatro beneficios de auditoría por más de $48 millones de pesos

Esta actuación, adelantada por las Contralorías Delegadas para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, Infraestructura y Comercio y Desarrollo Regional, evaluó la gestión adelantada por el Invías, Findeter, los Patrimonios Autónomos Fontur e iNNpulsa Colombia y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Aunque en general se concluyó que la gestión de estas entidades es conforme con los criterios evaluados, la Contraloría aseguró que se cuestionan mayores valores pagados por el Invías en el contrato de obra 1621 de 2020 (uno por $1.549 millones de pesos y otro por $620 millones de pesos) y se señalan varias deficiencias en la gestión de Findeter en el tema de vivienda. 

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Según la Contraloría en uno de los contratos de obra (1621 de 2020) se identificaron situaciones relacionadas con el pago de mayores valores al contratista por la ejecución. En particular, por el reconocimiento como ítem no previsto de costos por $1.549 millones de pesos, correspondientes a pagos por logística y transporte de equipos y maquinaria, los cuales ya estaban incluidos dentro de los precios unitarios ofertados por el contratista en su propuesta económica para la ejecución de los ítems de obra, conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones. 

También se aprobó un mayor valor al contratista por $620 millones de pesos por el transporte del material requerido para la instalación de elementos de madera plástica para el tablero de una pasarela. Estas dos situaciones generaron dos hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor total de $2.170 millones de pesos

Deficiencias de algunos materiales utilizados 

La Contraloría también evidenció que existen falencias en la calidad del material de las ventanas de las viviendas T2 y T4 y en los pisos y muros. Estas viviendas corresponden a inmuebles nuevos construidos con estructura metálica que han sido ejecutadas en el marco del contrato suscrito entre Findeter y el Consorcio Providencia, mediante la modalidad de administración delegada. 

Se señalan deficiencias en ventanearía de madera, fisuras en pisos cerámicos, morteros de fachada y barandas, generadas por la instalación inadecuada de los elementos, condiciones inadecuadas de almacenamiento de los materiales, deficiencias en sus diseños y/o usos no adecuados para las condiciones climáticas de la isla de Providencia. 

Y en las viviendas de reparación integral, la Contraloría identificó fallas en los diagnósticos, lo cual se reflejó en irregularidades relacionadas con el sistema hidrosanitario y la no construcción de zonas seguras, consignadas como compromiso en las actas de concertación que son parte integral del contrato suscrito por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNRGD) con Findeter. 

La Contraloría también identificó viviendas que no están conectadas a ningún sistema de tratamiento o fueron conectadas a pozos no funcionales, lo mismo que viviendas conectadas a pozos sépticos existentes construidos artesanalmente que presuntamente no cumplen con los criterios mínimos de diseño. 

Otro hallazgo fue la falta de planeación e implementación del esquema de manejo de las aguas residuales de las viviendas intervenidas, toda vez que se encuentran viviendas sin el manejo adecuado correspondiente. Y se observa que no se realizaron las inspecciones a los pozos sépticos para comprobar su funcionalidad y que estos prestaran un adecuado servicio. 

Las fallas de Findeter 

Dentro de las deficiencias encontradas por la Contraloría, se identificó que contratos derivados suscritos en 2021, para la ejecución de obras de reparación, rehabilitación y construcción de viviendas, no tuvieron una adecuada planeación frente a la cantidad de unidades habitacionales y los costos de los mismos, lo que generó adiciones en valor y tiempos contractuales, sin que se evidenciara justificación suficiente en los otrosíes celebrados y sus anexos. 

La observación señala concretamente fallas en el deber de planeación al identificarse contratos con adiciones superiores al 50 %. 

Para la Contraloría, “no tener claridad en el número de las construcciones a intervenir en el Plan de Reconstrucción de Providencia en lo que refiere a vivienda, genera el riesgo de falta de consecución de los fines de la contratación de las obras de intervención”. 

Más atrasos y sobrecostos 

La Contraloría también logró establecer que el contrato, mediante el cual el Invías destinó recursos para la terminación del puente Los Enamorados, ha presentado continuos atrasos en la ejecución de las obras programadas por causas atribuibles al contratista. Esta situación ha generado mayores costos para la ejecución del proyecto. 

Por otra parte, no se ha iniciado la intervención prevista por el Invías en el pavimento de la ruta circunvalar. “Esta actividad no se evidencia en el cronograma de obra actualizado vigente suministrado por la entidad y, por tanto, no se establece fecha de inicio de ejecución ni tiempo previsto de duración”, advirtió la Contraloría. 

La denuncia del Presidente 

Casi dos años después de que el huracán Iota devastara a Providencia y dejara sin vivienda a la mayoría de sus 5.000 habitantes, el presidente Gustavo Petro arribó a la isla para evaluar el avance de las obras de reconstrucción que comenzaron a ejecutarse durante el gobierno de Iván Duque. 

Al finalizar el recorrido en el archipiélago, el presidente ordenó que se investigaran presuntos sobrecostos en la construcción de casas que se levantaron tras el paso del huracán. 

«Son edificaciones, para los que no pueden ver la foto, de aproximadamente 70 metros cuadrados. En promedio, esto da casi diez millones de pesos por metro cuadrado. Entonces, ¿por qué un valor tan sorprendente? Cómo puede valer en Providencia una casa en concreto, con tejas de zinc muchas veces, algo de estructura de acero, 600 millones de pesos», dijo puntualmente el presidente Petro en rueda de prensa, culminada la visita a la isla. 

«Perfectamente, con las arquitecturas culturales se hubieran podido realizar las mismas viviendas, quizás tres veces más baratas y el proceso no hubiera costado 1,2 billones de pesos», señaló el mandatario. 

En respuesta, Susana Correa, exministra de Vivienda y quien fue gerente para la reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el gobierno de Iván Duque, respondió a las críticas que hizo el primer mandatario. «Si usted las ve por fuera, son casas sencillas, pero cuando usted ve cómo se hizo y cómo se construyó, es una casa compleja, esa casa tiene una estructura de acero», aseguró la exfuncionaria. 

Sin embargo, a pesar de que el presidente Iván Duque reiteró en varias ocasiones que la reconstrucción de Providencia era uno de los éxitos de su cuatrienio, pues según el mandatario estaba en un 96 por ciento para julio de 2022, un reciente informe de la Procuraduría General de la Nación, ratifica lo encontrado por la Contraloría y señala varias fallas en este proceso. 

Los reparos del Ministerio Público 

Una de las primeras conclusiones del informe del Ministerio Público es que las casas entregadas a los isleños y otros residentes damnificados ya presentan fallas estructurales y de planeación, pese a los millonarios recursos que se destinaron para este propósito. 

Según la Procuraduría los contratos tanto para el diseño como para la construcción de las viviendas se hicieron de forma directa, sin licitación pública. Amparados en la declaratoria de desastre, que de acuerdo con la Ley 1523 de 2012 contempla “disposiciones excepcionales en materia de contratación”, el Gobierno entregó la responsabilidad al Consorcio Providencia, integrado por las ya conocidas constructoras Marval, Amarilo y Bolívar. El contrato asciende a los $115.000 millones, según cuentas de Findeter. 

Pero a pesar de la gran inversión, la Procuraduría alertó que hay todavía varias quejas sobre la calidad de los materiales de las construcciones. Es decir que coincide con lo afirmado por la Contraloría. 

“Viviendas construidas en acero en las cuales las barandas y ventanas tuvieron problemas de calidad, lo cual según el reporte se ha solucionado con el cambio de los elementos defectuosos. Durante el mes de agosto y septiembre de 2022, se adelantarán visitas para atender estas quejas”, se lee en uno de los apartes del informe de seguimiento que un grupo especial de la delegada para la gestión y la gobernanza culminó el pasado 2 de agosto.  

Frente al diseño de las casas, el presidente Petro argumentó que habían sido “una imposición” y no se concertó un diseño acorde a las tradiciones de la isla. Frente a esto, tanto el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, como la exministra Correa aclararon que su diseño se pensó para que fueran resistentes a huracanes.  

«A finales de febrero se suscribió un acta de la casa como ellos querían: sismo resistentes, que pudieran aguantar los 254 kilómetros por hora de viento», aclaró Correa, quien también se refirió al tema de los supuestos sobrecostos. 

«Todo había que llevarlo desde el continente o Centroamérica, desde un bulto de arena o grava. No se podía volver a cometer el error de usar arena de playa porque parte de eso fue que hizo que el 98 por ciento de las viviendas se derrumbaran», aseguró la exfuncionaria. 

Al mismo tiempo, la Procuraduría alertó sobre «fallas evidenciadas en los sistemas de saneamiento básico de las viviendas por la falta de estos o fallas en los mismos, lo que ha ocasionado rebosamiento de los pozos sépticos de las viviendas, lo cual afecta no solo a las familias beneficiarias, sino también al medio ambiente de la isla». 

La revista Cambio dialogó con Arne Britton González, director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), quien dijo que en la inspección de las 112 viviendas nuevas, encontraron que 63 tenían problemas de vertimientos. Y no descartó que tengan que reconstruir algunas de ellas.

«La Corporación ha hecho una visita y se identificó rebosamiento a pesar de que el consorcio contratado dice que cumple con las condiciones técnicas», afirmó Britton a la revista Cambio. 

Mientras que la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, agregó también que encontraron «enormes costos en la planta de salinización» «Alrededor de 10 o 12 veces más de lo que otras empresas en el país producen el agua potable por metro cúbico», lo que creen tendrá un impacto sobre las tarifas de las familias. 

En su visita Petro además aseguró que hubo algo que le pareció “insólito” y es que el hecho de que la reconstrucción no hubiera comenzado por el hospital. «No puede haber una reconstrucción pensada en el concreto y no en los seres humanos». 

«No hay hospital, no hay comida suficiente, no hay sino zozobra económica; este es un clásico ejemplo de construcciones hechas desde afuera, sin contemplar ni la cultura, ni la fuerza misma de la comunidad, sin consultar a la comunidad»: presidente @petrogustavo 

Y agregó que tampoco hubo esfuerzo en conectividad, la cual nunca llegó a Providencia y agregó que se llevaron computadores pero sin conectividad.

En síntesis, los recursos para la famosa reconstrucción, llegaron a unos cuantos bolsillos, y unas cuantas migajas a los sanandresanos afectados por el huracán Iota.

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