La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del senador Richard Aguilar, quien fue capturado este martes por funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.
Aguilar está siendo investigado por las presuntas irregularidades en la contratación de los arreglos de la estructura de la Villa Olímpica del estadio Alfonso López, en Bucaramanga. Se le acusa de asociarse para cometer delitos contra la administración pública, peculado, interés ilícito en celebración de contratos y contrato sin requisitos legales.
La providencia fue adoptada en desarrollo de la investigación por supuestas irregularidades en varios contratos suscritos entre 2014 y 2015, cuando Aguilar Villa se desempeñaba como gobernador del departamento de Santander, hechos que también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado –para sí y para otros– de dineros públicos.
Según el proceso, en la celebración de los negocios jurídicos cuestionados, habría ordenado como gobernador, a algunos de sus funcionarios, favorecer y entregar esos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él.
Las presuntas irregularidades tienen que ver con contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), obras de mejoramiento en la carretera San Gil–Charalá (2014) y en el corredor vial Agroforestal y Energético (2014), así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga–Floridablanca (2014).
Teniendo en cuenta que la investigación adelantada por la Corte implica a otros posibles partícipes en los hechos de corrupción administrativa indagados, la Sala Especial de Instrucción compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las eventuales acciones penales que considere pertinentes.
La investigación que adelantó la Corte Suprema cuando decidió abrirle investigación a Aguilar hace más de dos años, tiene que ver con contratos por medio billón de pesos en Santander, e involucra, también al representante del Centro Democrático, Edwin Ballesteros.
Según el portal La Silla Vacía que tuvo acceso al expediente con el que ambos están siendo investigados en la Corte, una de las claves para la investigación gira alrededor de un cuestionado contratista, ex funcionario de la gobernación de Richard Aguilar, y empresario santandereano llamado Julián Jaramillo.
Aguilar y Ballesteros están en la mira de la Corte Suprema por las confesiones de una pareja de esposos, Claudia Toledo y Lenin Pardo. Toledo trabajó con Aguilar en la gobernación como secretaria de Infraestructura y Pardo era un contratista de obras públicas que se paseaba por los pasillos de esa administración.
En 2019, en medio de una investigación de la Fiscalía, ambos confesaron haber hecho parte de un entramado enorme de presunta corrupción, durante la gobernación de Richard Aguilar en Santander (2012-2015) en la adjudicación de más de 500 mil millones de pesos en contratos.
Toledo y Pardo también aportaron pruebas que apuntan a que, durante el proceso judicial, a través de un mensajero clave, Aguilar y Ballesteros les habrían ofrecido sobornos para comprar su silencio, algo que sumaría a la investigación por corrupción, delitos relacionados con obstrucción a la justicia.
Sin embargo, Julián Jaramillo es un personaje que hasta ahora ha pasado relativamente desapercibido, quien según las pruebas que han aportado los esposos ha sido el enlace entre los confesos corruptos y los políticos investigados.
Luego de tener acceso al expediente, La Silla Vacía encontró que Jaramillo es el hombre clave en el relato con el que ambos esposos están buscando, por segunda vez, un principio de oportunidad en la Fiscalía. Esta figura implica que los esposos deben ofrecer a la justicia confesiones útiles para judicializar a más personas, a cambio de una reducción de pena o incluso una absolución.
Según La Silla Vacía hay varios hilos que lo unen a estos actos de corrupción.
“Cuando entró a la Gobernación de Santander a inicios del 2012, Jaramillo tenía menos de 35 años y venía de ser un contratista recurrente de papelería e impresiones en el sector público en Santander.
“Era un muchacho del montón que tenía una papelería. Ese era su fuerte”, dijo a La Silla un funcionario de la Gobernación de Richard Aguilar que lo conocía desde entonces.
La empresa se llamaba Impregráficas y empezó a crecer en la era del parapolítico Hugo Aguilar, papá de Richard Aguilar, en la Gobernación de Santander (2004-2007).
En ese entonces, se quedó con varios contratos relativamente pequeños en el departamento que, además del suministro de papelería e impresiones de folletos y la gaceta departamental, incluyeron la logística de eventos.
Posteriormente, el alcance de la contratación de Jaramillo se expandió por varias entidades públicas de Santander y también empezó a contratar con la Policía Nacional. A la par de ese crecimiento con su empresa de papelería e impresiones, incursionó en el universo de la contratación de obras públicas.
En 2009 junto con su amigo Pedro Beltrán Dulcey, quien desde entonces se convirtió en su socio, compró Construmarca, empresa de la que fue representante legal hasta el 20 de noviembre de 2011, cuando restaban cinco semanas para que se posesionara como asesor de Richard Aguilar.
Una vez llegó a las manos de Jaramillo y su socio, Construmarca pasó de ser una firma con un movimiento comercial en 2009 que no superaba los $500 millones anuales, a registrar ventas en 2010 por cerca de $3.000 mil millones. Un crecimiento vertiginoso.
Dentro de esa carrera de contratista, Jaramillo se cruzó en varias ocasiones con los hermanos Valderrama, uno de los grupo de constructores grandes de Santander, con quienes hizo consorcios, y hasta interventorías en grandes obras en Bogotá que resultaron siendo cuestionadas por la Contraloría de esa ciudad.
Además de Construmarca, el 29 de septiembre de 2011 Jaramillo creó otra empresa para ejecutar obras de construcción e interventoría con su amigo, Pedro Beltrán Dulcey. Su nombre fue Proyectos de Ingeniería Civil e Industrial de Colombia SAS, Procinco.
Esa empresa, al igual que Construmarca, Impregráficas y una fundación llamada Corsoder, que terminó enredada en un ‘carrusel de contratación’ en Bucaramanga por el que Libardo Jaramillo, papá de Julián, pagó cárcel, han compartido la misma sede.
“El local es de mi propiedad y por eso han funcionado ahí. Es grande y yo he arrendado cubículos”, le dijo a La Silla Jaramillo sobre esa relación.
Así como en Construmarca, a un mes de posesionarse como funcionario de la Gobernación de Richard Aguilar, Julián Jaramillo vendió su participación en Procinco, que desde 2011 es representada por Milena García Quintero, esposa de Pedro Beltrán.
Desde 2012 entró a la Gobernación de Richard Aguilar, primero como asesor en temas de Hacienda y posteriormente pasó a ser director de proyectos de la Secretaría de Infraestructura del departamento hasta que se terminó su administración.
Dentro del presunto entramado de corrupción que están denunciando los esposos Toledo y Pardo hay cuatro hechos claves en los que aparece Julián Jaramillo Díaz, a quien ambos señalan como el enlace de Richard Aguilar para definir la adjudicación de contratos que se ejecutaron en su mandato.
Según lo que ha dicho la exsecretaria de Infraestructura de Aguilar, Jaramillo, junto a cinco contratistas de prestación de servicios de la Gobernación, se reunían con firmas constructoras e interventoras para pactar las exigencias de contratación desde antes de que se publicaran formalmente.
Así les daban ventaja al concursar y más probabilidades de ganar las adjudicaciones a cambio de presuntas coimas.
Según el relato de la ex secretaria Pardo, Jaramillo habría recibido e intermediado parte de las coimas de ese contrato, que costó 15 mil millones de pesos y en el que ya confesaron corrupción tanto los esposos como el contratista Octavio Reyes Sarmiento.
Aún más, que el hoy senador Aguilar presuntamente les ofreció sobornos para quedarse callados mientras los investigaban. Ahí es que el papel de Jaramillo, y lo que diga en la investigación, puede poner en problemas a los políticos.
El trasegar corrupto de los Aguilar
Richard Aguilar es hijo de Hugo Aguilar, exgobernador de Santander señalado por parapolítica, y condenado por crímenes como enriquecimiento ilícito y lavado de activos y quien, antes de los escándalos, siendo oficial de la Policía Nacional, era un héroe para Colombia, pues estuvo en el operativo que ayudó a dar de baja a Pablo Escobar Gaviria.
Su hermano, Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, también se ha visto envuelto en polémicas a causa de documentos que certificarían que se habría tomado dos días de más de sus vacaciones permitidas, es decir, está señalado de haber abandonado el cargo.
El funcionario habría estado en Cancún con su familia y, aunque sus días libres empezaban el 12 de julio, él y su familia se habrían ido el 10 de ese mismo mes. Vanguardia, medio local que resaltó registró el hecho, constató que Aguilar se fue sin contar con la autorización de la Presidencia de la República y la Asamblea departamental. En el viaje, asegura el diario, también participó el senador Liberal Jaime Durán y su familia.
