Radiografía línea por línea de las finanzas, la contratación, las regalías y los resultados del alcalde de la «capital frutera de Colombia» en sus dos primeros años de gobierno (2024-2025): inversión que supera el 83% del gasto, un Índice de Desempeño Institucional que saltó del puesto medio al decil superior del país, y tres alertas que la ciudadanía debe vigilar.

Semáforo legal: Verde 🟢 | Fecha de corte: 27 de julio de 2026 | Periodo: vigencias 2024 y 2025 (corte al primer trimestre de 2026)

Nos encontramos en el municipio de Anolaima (Cundinamarca). Vamos a auscultar la gestión municipal, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, el trabajo del alcalde Carlos Alexys Chacón. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana: el CHIP-CUIPO del Ministerio de Hacienda, el Sistema General de Regalías, las plataformas SECOP I y SECOP II, el Índice de Desempeño Institucional (FURAG) del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Plan de Desarrollo «Juntos Hacemos Cambio» y los planes de acción 2024 y 2025.

Porque la corrupción no solo se denuncia: se disecciona. Y porque la buena gestión, cuando existe, también debe medirse con la misma lupa con la que se persigue la mala. Eso es lo que sigue: línea por línea, peso por peso, meta por meta.

El municipio que se evalúa

Anolaima es un municipio de la provincia del Tequendama, a 71 kilómetros de Bogotá, conocido como la «capital frutera de Colombia» por su producción de mango, ciruela y café. Su población proyectada por el DANE para 2025 es de 17.043 habitantes (6.529 en el casco urbano), lo que lo ubica en la categoría 6, la de menor tamaño fiscal del país. No es municipio PDET (Cundinamarca no tiene municipios focalizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), no es productor minero-energético y, por tanto, su viabilidad financiera depende estructuralmente de las transferencias de la Nación.

Ese dato no es un detalle: es la clave para entender todo lo demás. Un alcalde de categoría 6 no gobierna con lo que recauda; gobierna con lo que la Nación le gira y con lo que es capaz de gestionar ante la Gobernación y los OCAD. La pregunta forense no es solo «¿qué hizo con la plata?«, sino «¿fue capaz de traer plata y convertirla en obras?«

El panorama financiero: la plata que entró y la que salió

TABLA 1. Panorama financiero de Anolaima 2024-2025 (CHIP-CUIPO, cifras en pesos)

Concepto2024 (DIC a DIC)2025 (DIC a DIC)Variación
Recaudo total29.409.675.04841.101.101.980+39,8%
Ingresos tributarios propios5.450.874.998 (18,5%)6.488.682.808 (15,8%)+19,0%
Transferencias corrientes18.699.974.761 (63,6%)21.282.942.432 (51,8%)+13,8%
— Sistema General de Participaciones9.830.939.10412.743.923.072+29,6%
— Seguridad social en salud (ADRES)6.123.047.0356.148.306.154+0,4%
Recursos de capital3.706.628.80511.794.948.582+218,2%
Pagos vigencia actual22.630.436.86729.813.563.273+31,7%
— Inversión18.737.689.048 (82,8%)24.886.315.843 (83,5%)+32,8%
— Funcionamiento3.729.174.9624.732.531.067+26,9%
— Servicio de la deuda163.572.857 (0,72%)194.716.363 (0,65%)+19,0%
Reservas del presupuesto anterior1.824.342.3240 (pagó 255,3 millones)
Cuentas por pagar267.805.2150 (pagó 288,3 millones)
Vigencias futuras comprometidas704.731.596934.042.151+32,5%
Obligaciones/compromisos98,9%95,6%

Fuente: CHIP-CUIPO, formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS (datasets 9axr-9gnb y 4f7r-epif de datos.gov.co), código de entidad 214025040. Consulta: 27-07-2026.

Tres lecturas forenses saltan de la tabla:

Primera: la inversión manda. De cada $100 que el municipio pagó en 2024, $82,8 fueron a inversión; en 2025, $83,5. Es uno de los ratios de inversión más altos que esta casa ha revisado en municipios de categoría 6, donde lo habitual es que el funcionamiento se coma la mitad del presupuesto.

Segunda: la dependencia de la Nación sigue siendo estructural, pero se atenúa. Las transferencias corrientes financiaron el 72,7% de los ingresos corrientes en 2024 y el 72,6% en 2025. Sin embargo, los tributarios propios crecieron 19% nominal y el municipio movilizó en 2025 un paquete de recursos de capital de $11.795 millones —superávit del balance ($5.165 millones), transferencias de capital de otras entidades ($4.476 millones) y un crédito interno ($1.650 millones)— que explica el salto del 39,8% en el recaudo. El esfuerzo por no depender en un 100% del gobierno central existe y es medible; lo que no existe todavía es una base tributaria que sostenga la inversión sin el SGP.

Tercera: las cuentas dormidas no se acumulan. Las reservas ($1.824 millones de 2024) y las cuentas por pagar ($267,8 millones) fueron saneadas en 2025, y las vigencias futuras ($704,7 millones en 2024; $934 millones en 2025, todo en inversión) son moderadas. El municipio no está «planchando» plata en el banco ni heredando pasivos ocultos: los está gastando en la vigencia, que es lo que la ley espera.

¿Con qué plata invirtió? El mapa de fuentes de la inversión 2025

La inversión de $24.886 millones en 2025 se financió así: $8.258 millones (33%) llegaron como transferencias de otras entidades con destinación específica —lectura: cofinanciación de la Gobernación y de la Nación gestionada por la administración—; $4.597 millones del SGP salud-régimen subsidiado; $2.175 millones del SGP propósito general-libre inversión; $1.935 millones de ingresos corrientes de libre destinación (los propios); $1.242 millones del crédito interno; $1.114 millones de transferencias de capital; $1.109 millones de recursos del balance; $917 millones del SGP libre destinación; $526 millones del SGP agua potable y $476 millones del SGP educación-calidad.

El dato estructural: uno de cada tres pesos invertidos en 2025 fue plata que el alcalde gestionó por fuera de la fórmula automática del SGP. En municipios de este tamaño, esa capacidad de gestión interinstitucional es la diferencia entre un mandato decorativo y uno transformador. El contrapeso: semejante dependencia de la cofinanciación departamental convierte al municipio en un apéndice fiscal de la Gobernación y expone la obra pública local a los vaivenes políticos de Bogotá.

La deuda: un empréstito de $2.700 millones que hay que mirar con lupa

El 21 de marzo de 2025, la alcaldía firmó por contratación directa con Bancolombia un contrato de empréstito por $2.700 millones, con destino a inversión en agua potable y transporte (SECOP II). El CHIP registra el desembolso de $1.650 millones en 2025, y el servicio de la deuda pasó de $163,6 a $194,7 millones anuales —apenas el 0,65% de los pagos, un endeudamiento bajo y manejable—.

Dos preguntas legítimas para la veeduría ciudadana: (i) ¿el crédito fue autorizado por el Concejo con el análisis de sostenibilidad que exige la Ley 617 de 2000? y (ii) ¿los recursos están trazados obra por obra en agua y transporte, o se diluyeron en el pozo general de la inversión? El destino declarado es correcto y socialmente prioritario; la trazabilidad fina es la tarea pendiente.

Las regalías: $1.106 millones que duraron un año quietos, y un acueducto que tuvo que presentarse dos veces

Aquí está la primera alerta seria de este análisis.

TABLA 2. Sistema General de Regalías, Anolaima 2024-2025

Concepto20242025
Recaudo SGR reportado1.106.264.74348.574.612
Obligaciones reportadas019.546.678
Pagos reportados019.546.678

Fuente: OVCF-SGR ejecución de ingresos y gastos (datasets 28y9-jj6s y qkv4-ek54). Consulta: 27-07-2026.

En 2024 entraron a la cuenta de regalías $1.106 millones (cierre del bienio 2023-2024) y el reporte muestra cero pesos obligados y cero pesos pagados en todo el año. ¿Se perdió la plata? No: el rastro documental muestra una historia más institucional y más reveladora de cómo funciona —o no funciona— el SGR en los municipios pequeños.

El proyecto bandera, la elaboración de estudios y diseños del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (BPIN 2022250400066, $1.027.956.670), fue DESAPROBADO por el OCAD en el ciclo anterior. La administración Chacón tuvo que reformularlo y presentarlo de nuevo: el BPIN 2025250400001, ahora por $1.290.052.084, fue aprobado y a corte de este análisis marcha en ejecución, con 38% de avance físico y 55% financiero, a través de la Alianza Pública para el Desarrollo Integral. En el historial figuran además tres obras de regalías ya terminadas: la placa huella de las veredas La María, Matima, La Esperanza y San Cayetano ($760 millones), la vía a la vereda Mesita del Caballero ($2.243 millones) y la placa huella de Los Balsos-San Isidro-La Laguna ($512 millones), además de la actualización del EOT ($290 millones).

El punto forense: un año completo de regalías inmovilizadas por un proyecto desaprobado es el precio que Anolaima pagó por la debilidad técnica de la formulación anterior. La gestión 2024-2025 corrigió el rumbo —y esa corrección hay que anotarla a favor—, pero el episodio deja una lección estructural: en los municipios de categoría 6, un estudio mal formulado cuesta un bienio entero de agua potable. El avance del nuevo Plan Maestro es, a esta fecha, el proyecto de regalías más importante del municipio y el que más veeduría necesita. En cuanto a giros PDET: no aplican, pues Cundinamarca no tiene municipios PDET.

La contratación pública: dos años y medio de SECOP, y la mitad del dinero por vía directa

TABLA 3. Contratación de la alcaldía en SECOP II (contratos firmados)

AñoNúmero de contratosValor totalContratación directa (valor)% directo
2023 (año previo)654.841.068.898
20242385.993.351.8723.181.693.94653,1%
202521914.953.620.4148.592.759.77657,5%

Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (dataset jbjy-vk9h), NIT 899.999.426. La entidad no registra procesos en SECOP I después de 2022. Consulta: 27-07-2026.

El valor contractual se multiplicó por 2,5 entre 2024 y 2025, en línea con el crecimiento del presupuesto. La lectura incómoda es la modalidad: más de la mitad del dinero se adjudicó por contratación directa o régimen especial (en número: 179 de 238 en 2024, el 75%, y 148 de 219 en 2025). Parte es explicable —convenios con bomberos, fundaciones comunales, la ESE— y la Ley 80 de 1993 la permite en supuestos tasados; pero un municipio donde 3 de cada 4 contratos no conocen competencia es un municipio donde la ciudadanía debe leer los pliegos con más atención que nunca. En justicia: el FURAG 2024 califica la planeación de la contratación pública con 100/100 (subíndice I08) y el registro contractual con 85,7, por encima del promedio de su grupo.

Los contratos que hay que mirar dos veces

  • MIMESIS (espectáculos artísticos): $1.090.933.489 en tres contratos por vía directa —$420 millones en 2024 (Corpus Christi y Día del Campesino) y $600,9 millones en 2025—. Forensemente: el municipio pagó en dos años por shows artísticos 1,65 veces todo lo que recibió del SGP para educación en 2025 ($660 millones) y el 70% de lo que recibió para agua potable. Las fiestas venden turismo, sí; pero en un municipio que racionó agua en 2024, la proporción invita al debate público.
  • RODRIPEREZ LTDA: 9 contratos, $1.280.429.000, concentrados en combustible para maquinaria amarilla y parque automotor. La recurrencia amerita revisar si hubo fraccionamiento o si es consecuencia de ganar subastas inversas sucesivas.
  • Ferretería El Hidrante S.A.S.: 3 contratos, $1.192.798.132 (suministros de ferretería, alumbrado y construcción).
  • ESTRATEGAS SPI EU: 2 contratos, $1.419.259.098 —el mayor, por licitación pública de obra: espacio público y fachadas por $1.101 millones—.
  • AMERICANA AUTOMOTRIZ S.A.S.: 2 contratos, $685.079.149 en mantenimiento del parque automotor.

La otra mano que invierte en Anolaima: la Gobernación

En el mismo periodo, la Gobernación de Cundinamarca firmó 23 contratos que mencionan a Anolaima por $9.024.661.427, de los cuales cerca de $8.000 millones fluyeron como convenios de la Secretaría de Salud hacia la E.S.E. Hospital San Antonio de Anolaima (incluidos $1.800 millones en noviembre de 2025) y $582 millones para el Plan de Intervenciones Colectivas. La prensa regional registra además más de $9.200 millones departamentales para agua potable (julio de 2026) y la financiación de un nuevo puesto de salud (febrero de 2026). La salud de Anolaima se sostiene, en buena medida, con cheques de Bogotá: otro síntoma de la dependencia fiscal, pero también de una relación interinstitucional que esta administración supo trabajar.

El FURAG: el indicador más objetivo dice que la casa está en orden —y mejorando rápido

El Índice de Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública —el medidor más objetivo de la calidad de la gestión pública municipal— entrega el dato más contundente de este análisis:

TABLA 4. Trayectoria del IDI de la Alcaldía de Anolaima

VigenciaIDIGrupo parLectura
2023 (administración anterior)58,56Quintil 3: municipio medio
202482,976Quintil 5, percentil 10: top 10% del grupo
202587,264Informe oficial FURAG (junio de 2026)

Fuentes: dataset FURAG daed-z4fw (2023-2024) e informe oficial de resultados FURAG vigencia 2025 de Función Pública (17-06-2026). La E.S.E. Hospital San Antonio alcanzó 80,42 en 2025.

Un salto de 28,8 puntos en dos años no es cosmética: el FURAG audita 70 subíndices y en 2024 Anolaima superó el promedio de su grupo par en las siete dimensiones del MIPG: Talento Humano (93,5 vs 60,6), Direccionamiento Estratégico (93,4 vs 73,1), Gestión con Valores para Resultados (85,2 vs 62,0), Evaluación de Resultados (91,4 vs 61,4), Información y Comunicación (70,2 vs 52,3), Gestión del Conocimiento (64,2 vs 38,5) y Control Interno (93,4 vs 67,3). Con 87,26 puntos en 2025, Anolaima se ubica en el 8% superior de las 1.102 alcaldías medidas.

Las notas débiles del propio instrumento: gestión documental (I52: 9,7/100), acción de repetición (I28: 25/100 —la alcaldía no persigue judicialmente a quienes le causan daño patrimonial), priorización de trámites (I39: 25/100), servicios y procesos inteligentes (I17: 30,6/100) e innovación pública digital (I12: 45,8/100). La casa está ordenada, pero el archivo es un desastre y al Estado municipal le cuesta cobrarle a sus deudores.

El Plan de Desarrollo y el «sentir de la gente»: cinco problemas, cinco indicadores

El Plan de Desarrollo «Juntos Hacemos Cambio» (Acuerdo 005 del 13 de junio de 2024) estructura siete ejes: Desarrollo Humano, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Conservación del Medio Ambiente, Infraestructura-Transporte-Comunicaciones, Participación-Seguridad-Convivencia y Buen Gobierno. Su matriz estratégica vincula explícitamente los ODS —predominan el 1 (fin de la pobreza), 2 (hambre cero), 3 (salud), 8 (trabajo decente), 16 (paz e instituciones) y 17 (alianzas)— y programa $34.205 millones para 2024 y $50.543 millones para 2025. Frente al recaudo real ($29.410 y $41.101 millones), la capacidad de financiación del plan fue del 86% en 2024 y del 81% en 2025.

Del diagnóstico del PDM, de la prensa local y del propio comportamiento presupuestal emergen los cinco problemas que más le duelen a la comunidad anolaimuna:

TABLA 5. Los cinco problemas de la gente vs. los resultados del alcalde

#Problema prioritarioIndicador forense 2024-2025EvidenciaPuntaje
1Agua potable y saneamiento (racionamiento verificado en 2024)SGP agua ejecutado; estado del Plan Maestro de AcueductoSGP agua: $1.175M (2024) → $1.557M (2025); BPIN desaprobado en 2022 y reaprobado en 2025 por $1.290M, hoy 38% físico; $9.200M departamentales anunciados en 2026; crédito con destino agua. El racionamiento de 2024 delata que la solución estructural llegó tarde6,5
2SaludRecursos SGP-salud y ADRES; convenios departamentales con la ESESGP salud: $4.225M → $4.927M; ADRES: $6.123M → $6.148M; ~$8.000M en convenios de la Gobernación con la ESE (IDI 80,42 en 2025); nuevo puesto de salud financiado en 20267,5
3Vías e infraestructuraPresupuesto del eje 5 del PDM; contratos de obra vialEje infraestructura: $1.191M (2024) → $5.113M (2025, x4,3); pavimentación calle 4 ($316M), vías a veredas ($300M), espacio público y fachadas ($1.101M); $3.000M en obras viales reportados en 20267,0
4EducaciónRecursos SGP educación; obra física educativaSGP educación: $408M (2024) → $660M (2025, +62%); jardín infantil de Reventones ($340M); PAE $75M. Sigue siendo el eje social con menos peso en la inversión total6,0
5Empleo, campo y desarrollo económicoPresupuesto del eje 3; programas productivos ejecutadosEje económico: $348M → $624M; asistencia técnica agropecuaria, huertas caseras, bonos de carbono, proyectos productivos con mujeres rurales, apoyo al mango; turismo como apuesta, con sobrecosto reputacional en shows6,0

Promedio de los cinco problemas: 6,6/10.

Una advertencia metodológica registrada en la ejecución del Plan de Acción 2024: el informe oficial muestra 65 metas de producto marcadas como «No programada», seis «Para reprogramar en 2025» y un puñado de metas con sobre-ejecución financiera inexplicable —una planificación de $1 millón ejecutada en $17,8 millones (1.781%), otras reportadas al 1.960% y hasta al 3.235% del presupuesto programado—. O el plan se programó mal, o la ejecución se reportó mal: en cualquiera de los dos casos, la Secretaría de Planeación tiene una deuda de precisión con el Concejo y con la ciudadanía.

Contexto y advertencias de integridad

En el escaneo de fuentes judiciales y de prensa no aparecen, a la fecha de corte, procesos penales ni disciplinarios contra el alcalde Chacón. La única actuación de control registrada en torno a la alcaldía es la investigación de la Procuraduría General de la Nación abierta en septiembre de 2023 por el presunto uso irregular de la planta de beneficio animal, que corresponde a la administración anterior (2020-2023) y cuyo estado procesal debe verificar la ciudadanía. La sequía de 2024 —que obligó a racionar agua y a verificar consumos— marcó el mayor estrés de gobierno del periodo. Y queda como tarea de vigilancia la concentración contractual y el peso de los espectáculos en el gasto.

Análisis jurídico: ¿hay lugar al prevaricato por omisión? No, y explicarlo también es rigor

El artículo 413 del Código Penal colombiano castiga al servidor público que «se abstuviere de realizar el acto propio de su cargo». Para que la omisión sea delito —y no simple mala gestión— deben concurrir: (i) un deber jurídico concreto e ineludible; (ii) el conocimiento de ese deber; (iii) la abstención total o sustancial de actuar; y (iv) el dolo. La jurisprudencia ha insistido en que el prevaricato por omisión no es un cajón para castigar la ineficiencia: exige la paralización del deber funcional.

Los datos de este expediente muestran lo contrario de la parálisis: ejecución de obligaciones del 98,9% (2024) y 95,6% (2025), 83% del gasto en inversión, reservas y cuentas por pagar saneadas, un FURAG que saltó al decil superior y obra física verificable en vías, salud y agua. Las alertas encontradas —un año de regalías inmovilizadas por un BPIN desaprobado que luego se reformuló y aprobó, 65 metas no programadas, contratación directa mayoritaria, $1.090 millones en shows— configuran déficits de planeación y de priorización que deben ventilarse en el debate público y ante la Contraloría, pero que, con la evidencia disponible a la fecha de corte, no satisfacen los elementos del tipo penal. Decirlo así, con la misma contundencia con la que en otros municipios hemos dicho lo contrario, es la diferencia entre el periodismo forense y el linchamiento editorial. La vigilancia corresponde ahora a la veeduría ciudadana y a los organismos de control: el expediente queda abierto y este medio lo seguirá.

La calificación

TABLA 6. Calificación ponderada de la gestión 2024-2025

DimensiónPesoPuntajeSíntesis de evidencia
Gestión fiscal y presupuestal20%8,0Inversión 83%, recaudo +39,8%, reservas/CxP saneadas; dependencia del 72,6%
Contratación pública20%6,553-57% del valor por vía directa; concentración en proveedores; shows $1.090M; buen puntaje FURAG en planeación contractual
Transparencia y acceso a la información15%8,0Portal completo, PDM y planes publicados, I49 (85,1) e I18 (90,7)
Resultados y ejecución física15%7,0Obras viales, salud y agua verificables; 65 metas «no programadas» y anomalías de sobre-ejecución en el informe
Control interno y disciplina fiscal10%8,5D7: 93,4; prevención del daño antijurídico: 100; sin procesos vigentes a la fecha
Rendición de cuentas y participación10%8,5I47: 97,9; participación ciudadana 84,6-100 en los subíndices
Contexto territorial10%7,0Categoría 6, no PDET, sequía 2024, dependencia estructural de la Nación y la Gobernación
Nota final ponderada100%7,5

TABLA 7. Escala de calificación empleada

RangoCalificaciónIndicador
0,0 — 2,9PÉSIMO🔴 CRÍTICO
3,0 — 4,9MEDIOCRE🟠 PREOCUPANTE
5,0 — 6,9Regular🟡 VIGILAR
7,0 — 8,4Bueno🟢 BIEN
8,5 — 10,0Excelente🟢 BIEN

Veredicto: 7,5 sobre 10 — BUENO (🟢 BIEN)

Los dos primeros años de Carlos Alexys Chacón en Anolaima son, por evidencia y no por simpatía, los de un municipio que mejoró de forma medible: pasó de un IDI de 58,5 a 87,26 —del promedio raspado al 8% superior del país—, ejecuta más de cuatro quintas partes de su gasto en inversión, saneó sus cuentas dormidas, destrabó el proyecto de regalías que le había costado un bienio de agua y triplicó los recursos gestionados ante la Gobernación. Alcanzó, eso sí, sin resolver todavía lo estructural: la dependencia del 72,6% en transferencias, una contratación donde la competencia es la excepción, un gusto caro por los espectáculos y un Plan de Acción cuyas cifras no siempre cuadran.

La pregunta que queda sobre la mesa no es si Anolaima mejoró —los datos dicen que sí— sino si la mejora es de institución o de administración: si en enero de 2028 la casa seguirá en orden cuando se cierre la puerta, o si el 87,26 del FURAG era, como tantas veces en Colombia, solo el reflejo de un buen equipo que se va. Esa es la vigilia que le corresponde hacer a la ciudadanía de la capital frutera. Y a este medio, seguir mirando.

Fuentes y documentos

  1. CHIP-CUIPO, Ministerio de Hacienda — OVCF Ejecución de Ingresos (dataset 9axr-9gnb) y Ejecución de Gastos (4f7r-epif), entidad 214025040, periodos 20241201, 20251201 y 20260301. Consulta: 27-07-2026.
  2. OVCF-SGR Ejecución de Ingresos (28y9-jj6s) y Gastos (qkv4-ek54), misma entidad.
  3. DNP — Proyectos del SGR (mzgh-shtp), BPIN 2022250400066 y 2025250400001.
  4. SECOP II — Contratos Electrónicos (jbjy-vk9h), NIT 899.999.426 (Alcaldía) y 899.999.114 (Gobernación de Cundinamarca).
  5. FURAG/IDI — Función Pública: dataset daed-z4fw (2023-2024) e informe oficial vigencia 2025 (17-06-2026).
  6. Alcaldía de Anolaima — PDM «Juntos Hacemos Cambio» 2024-2027 (Acuerdo 005 de 2024), matriz estratégica, Plan de Acción 2024 y 2025, Presupuesto 2025 (anolaima-cundinamarca.gov.co).
  7. DANE — Proyección de población municipal 2025.
  8. Prensa: El Dorado Radio 99.5 FM (racionamiento de agua, 07-09-2024; puesto de salud, 09-02-2026; obras viales, 10-04-2026), Noticias Día a Día (inversión en agua, 12-07-2026), Procuraduría (17-09-2023), Gobernación de Cundinamarca (27-08-2024; 30-09-2025).

Metodología

Radiografía fiscal construida exclusivamente con filas raíz de la jerarquía CUIPO para evitar doble conteo; código de entidad desambiguado por sufijo DIVIPOLA (25040); contratación agregada por NIT exacto; regalías cruzadas entre reporte CUIPO-SGR y BPIN del DNP; IDI tomado del dataset oficial y del informe anual de Función Pública citando cada cifra con su fuente. Los cinco problemas prioritarios se definieron cruzando el diagnóstico del PDM, la prensa local y el comportamiento presupuestal. Calificación conforme a la metodología de evaluación forense de corrupcionaldia.com. Fecha de corte: 27 de julio de 2026.

Este artículo no afirma la comisión de delito alguno. Califica gestión con datos públicos. Toda precisión o réplica será publicada.

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