Las denuncias hechas en el seno de la Asamblea de Santander por parte de los diputados Ferley Sierra y Giovanny Leal, sobre sobrecostos en contratos realizados por la Secretaria de Cultura, Mery Luz Hernández, y que le costaron su renuncia al cargo, han terminado por demostrar que el inflar el valor de los productos es una de las estrategias que en este caso, la corrupta administración del gobernador Mauricio Aguilar, aplica sin ningún sonrojo.

Pero no es de extrañar que este tipo de actuaciones se den en la administración de Mauricio Aguilar, quien fue ficha de su padre, Hugo Aguilar, para aspirar al senado por el cuestionado partido PIN, luego Opción Ciudadana, para las elecciones legislativas del 2010 y del 2014. Y que para llegar a la Gobernación en el 2019, se inscribió por firmas coavalado por el partido conservador y con el apoyo de caciques políticos del Centro Democrático, Cambio Radical, y Liberal.  

Su padre y ex gobernador de Santander, Hugo Aguilar, fue condenado por parapolítico y se encuentra en el proceso de una investigación por supuestamente haber encubierto activos ilícitos obtenidos por sus vínculos con el Bloque Central Bolívar de las AUC.  

Y su hermano Richard Aguilar, quien también fue gobernador de Santander en el período 2012-2015, su administración, se vió envuelta en escándalos de corrupción por distintas licitaciones como el Plan de Alimentación Escolar (PAE), la construcción de un eco-parque y la remodelación del estadio Alfonso López. 

La corrupta feria de sobrecostos en la gobernación de Santander

En esta oportunidad los diputados encontraron sobrecostos en contratos para la adquisición de juegos de parqués, folletos, y hasta adulteraron supuestos pagos de incentivos para artistas por un valor mucho mayor del que en realidad le dieron a cada gestor cultural. 

Pero, la realidad es que desde el 2021 se vienen denunciando esta práctica corrupta de aumentar el valor real en las contrataciones, en esa zona del país. 

A mitad de ese año, el mismo diputado Sierra dejó al descubierto que durante la pandemia del Covid 19, la Gobernación habría celebrado contratos para adquirir tapabocas para adultos y niños en el departamento por un precio bastante elevado

En uno de los contratos se detalla la compra de 94.340 cajas de tapabocas para adultos por un valor de $31.538 pesos por cada caja, para un total de $2.975 millones de pesos.

El diputado dice que consultó con varias distribuidoras y encontró que la caja de tapabocas, con impuestos incluidos, no superaba los $15.000 pesos cada una, es decir que en el mercado las 94.340 cajas cuestan alrededor de $1.250 millones de pesos con impuestos incluidos. A la Gobernación le costaron 2.975 millones de pesos, es decir, casi unos $1.725 millones de pesos más. 

Otro de los contratos se dio para comprar tapabocas a los estudiantes del departamento, con el propósito del retorno a las aulas. Para lo cual la Gobernación adquirió 6.000 cajas, cada una por un valor de $63.000 pesos, para un total de $378 millones de pesos

Haciendo el mismo ejercicio y buscándolas en el mercado nos da que comprándolas al por mayor nos da que sale la caja a 14.000, en total serían 84 millones, sumándole el 40 por ciento de impuestos de la contratación pública, estaríamos hablando de 117,6 millones aproximadamente. Es decir, una diferencia de 260 millones”, aseguró Sierra. Dice que con los dos contratos se estaría hablando de unos $2.000 millones de pesos en total que se pudo haber ahorrado el departamento. 

La denuncia implicó a los contratistas beneficiados con la compra de los tapabocas, la cual se hizo de manera directa por la Dirección Regional de Gestión del Riesgo con la Unión Temporal Bioseguridad y Protección, un consorcio que está conformado por dos empresas: Distribuciones Farmacéuticas del Oriente S.A.S, que tiene el 95% de la compañía; y Distribuciones y productos Life S.A.S., que tiene el 5% restante. 

La irregularidad estaría en que, según información de la Cámara de Comercio, la empresa mayoritaria se llamaba Makropharma hasta febrero, pero luego cambió de nombre. El diputado señaló en su momento que pudo haber sido por denuncias que se hicieron el año pasado por otras presuntas irregularidades en el contrato que hasta ahora ha sido el más caro para atender la pandemia, celebrado entre la Gobernación y esa empresa. 

Posteriormente en noviembre del 2022, Sierra destapó otros sobrecostos, esta vez en el Instituto Departamental de Deportes de Santander (Indersantander) en la compra de elementos deportivos para comunidades vulnerables. 

De acuerdo con la denuncia de Sierra, el Indersantander habría adquirido raquetas por valor individual de $4.800.000, pero al buscar dichos implementos en las páginas oficiales de las marcas como Wilson, encuentran que la raqueta más cara tiene un valor de $1.500.000

Es decir, con un sobrecosto del 50% por unidad (…) Lo mismo sucede con balones de fútbol, por los que supuestamente se pagaron $619 mil pesos por cada uno, cuando en el mercado el más costoso no supera los $238.000

También denunció sobrecostos en la adquisición de pelotas de tenis, aletas de natación y pagos de entrenamiento para Karate, así como en los refrigerios, que se pagaron a $18 mil pesos y constaban solo de un ponqué Ramo, una bolsa de agua y una mandarina. 

Tras las denuncias, y solo a finales del 2022, la Contraloría General de la República, luego de recibir 4 denuncias sobre el contrato, el 341 de 2021, suscrito por la entidad departamental, solicitó al gobernador Aguilar, la suspensión del cargo del director de Indersantander, Pedro Carrillo Cárdenas y del coordinador de Deporte de alto rendimiento, Raúl Enrique Gutiérrez

Dicho contrato fue celebrado entre el Indersantander y la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales (Sotea) y tiene como objetivo el «desarrollo e implementación institucional del programa de escuelas de especialización deportiva talento y reserva dirigido a niños, niñas y adolescentes del departamento, potencializando el talento santandereano acorde al plan departamental de desarrollo». 

Sotea es una entidad sin ánimo de lucro domiciliada en Quibdó, en el Chocó, en cabeza de Lewis Mosquera, quien se presentó como único interesado. El contrato tiene un valor $499,9 millones de pesos

De acuerdo con el acta de ejecución, se compraron flotadores de cintura a 269.000 pesos, aletas de 592.000 pesos, tablas de natación de 240.000 pesos, balones de fútbol de 564.000 pesos, cascos de taekwondo de 4.550.000, raquetas de tenis de 3.870.000 pesos y pelotas de 258.000. Todo esto sumado a un gimnasio multifuerza de 20 millones de pesos, uniformes de 500.000, capacitaciones por 70 millones (que al parecer no se realizaron) y un entrenador de cada disciplina por tres millones mensuales, entre otras cosas. 

Ahora, hace apenas unos días, el mismo diputado Sierra reveló en una sesión de moción de censura a la Secretaría de Cultura y Turismo de Santander, Mery Luz Hernández, que desde esa dependencia se compraron parqués a $790.000 cada uno, cuando en el mercado ese mismo juego didáctico puede conseguirse con un valor que no supera los $50.000

Se trata de un juego didáctico, incluye una caja de nueve milímetros de 20 por 20, una cajita que no era nada, solamente que tenía el forro con el logo de Siempre Santander, y pintadas en laca transparente según diseño y parqués en MDF laminados, ahí está, ese parqués, ahí está diputada se lo vendo por $795.200”, dijo el diputado Sierra

Días atrás Sierra había denunciado que la Fundación Emprendimiento Juvenil Social, contratada por la Gobernación de Santander también a través de la Secretaría de Cultura, hizo firmar cuentas en blanco a artistas y artesanos de este departamento para, posteriormente, alterar el valor real que le fue pagado a cada una de estas personas que participaron en actividades culturales. 

Según se pudo confirmar la gobernación pagó a artesanos y artistas $100 mil pesos a cada uno, por cada presentación o muestra artística. Sin embargo, el contratista es decir la mencionada Fundación, habría cobrado a la Gobernación entre $3 y $4 millones por cada una de las presentaciones o muestras, según los documentos revelados. 

Pese a la renuncia de la funcionaria crecen las denuncias en contra de Hernández por, aparentemente, contratar cerca de $6.000 millones «con fundaciones de papel». 

Nos pusimos a la tarea de revisar la documentación presentada por esta fundación Funsocial y, primero, las direcciones que estaban en Cámara de Comercio y página web no corresponden a la realidad, no existía tal fundación. Y cuando uno se pone a desglosar cada uno de los ítems que comprende la ejecución de este contrato, pues encuentra que efectivamente hay sobrecostos evidentes”, dijo el diputado Giovanni Lea

Los órganos de control están con la lupa en dos fundaciones: Fundación Emprendimiento Juvenil Social y Fundación para Trabajadores para el Desarrollo Social y Pacto para el Empleo de las Comunidades Funsocial

Hasta ahora se sabe que al parecer la documentación que aportaron en el proceso de contratación no coincide con la realidad. 

Robo y engaño a los artistas

En septiembre del 2022, la Secretaría de Cultura departamental junto con la Fundación Emprendimiento Juvenil Social suscribieron el convenio de asociación 4294793 del 28 de septiembre del 2022, entre para apoyar la estrategia memorias históricas de tradición para el departamento, por valor de $2.859 millones. Contrato que tenía que ser ejecutado en tan solo 20 días. 

Aunque el convenio se ejecutó, liquidó y canceló en su totalidad en diciembre del año pasado por parte de la administración de Aguilar Hurtado, salieron a la luz pública presuntas irregularidades en la facturación presentada por la Fundación encargada de la ejecución el convenio, inconsistencias que habrían suscitado sobrecostos de hasta el 4.000 por ciento del valor real pagado a varios de los artistas que trabajaron en el polémico contrato. 

“Este es el mayor escándalo de corrupción de la administración de Mauricio Aguilar, con firmas adulteradas cobraron facturas por $3 y hasta $4 millones por artista, mientras que a cada artista le pagaron $100 mil pesos. Es un sobrecosto de hasta 4.000 por ciento. El modus operandi era el mismo, buscaban a artistas o artesanos de escasos recursos en las diferentes provincias del departamento y le entregaban $100 mil pesos como incentivo por participar en un evento, por la entrega de ese incentivo les hacían firmar una factura en blanco que posteriormente era llenada por el contratista de la Gobernación encargado de la ejecución del contrato”, advirtió Ferley Sierra. 

Es así como Bernarda Ortiz, artesana del municipio de Barichara, denunció haber sido estafada por la administración departamental en un encuentro de artesanos en diciembre del año pasado. 

“El 15 de diciembre del 2022 me invitó la Gobernación para llevar unas cositas de aporte para un evento en Barichara, fui y me dieron $100 mil pesos que no me alcanzó ni para el pasaje ni para nada. Ahora estoy recibiendo mensajes en mi celular que supuestamente nos habían pagado $4 millones por esa participación. No nos estafen de esa manera, porque nosotros sí trabajamos con las manos”, 

Según el archivo contractual del proceso, a Bernarda Ortiz la administración Aguilar supuestamente le pagó $4 millones como incentivo por su participación en Barichara. 

Caso similar sucedió con Ruth Rincón, una artesana del municipio de Capitanejo quien también denunció haber sido víctima de la estafa y suplantación de su identidad por parte del contratista que ejecutó el controvertido convenio. 

“Hace un tiempo hubo una actividad en el parque de Capitanejo en el cual presenté mis artesanías. Me dieron de incentivo $100 mil pesos, me hicieron firmar una factura en blanco y al preguntar qué por qué no se colocaba el valor de la factura, ellos me dieron que allá terminaban de llenar y ahora aparece una factura donde dice que yo recibí un incentivo de $4 millones, cuando en verdad sólo me dieron $100 mil pesos. Las dos veces que participé, sólo me dieron $100 mil igual que a otros familiares que también participaron”, denunció Rincón. 

Del mismo modo, en el archivo del proceso contractual se registra que Ruth Rincón recibió $4 millones como incentivo por parte de la Gobernación de Santander. 

Como estos casos, decenas de artistas en las diferentes provincias donde se realizó el evento de fomento artístico y cultural, denunciaron haber sido víctimas de estafa y suplantación de sus firmas para legalizar millonarias facturas del controvertido convenio. 

Ahora los artesanos afectados por esta irregular situación temen que tengan que pagar impuestos ante la Dian por el dinero que supuestamente recibieron de incentivos pero que jamás les fue pagado. 

Según el diputado Ferley Sierra, mediante un proyecto de estímulos de la Secretaria de Cultura y Turismo del departamento para artistas del departamento por un valor de $2.800 millones se engañó a quienes hicieron parte de esta iniciativa. 

Y en la última denuncia por sobrecostos en la contratación también incluyó la compra de tablets por $2 millones de pesos, que en el mercado cuestan 400 mil pesos; computadores portátiles en 4,5 millones de pesos que en realidad no cuestan más de 1,3 millones de pesos. 

Por estas evidentes actuaciones corruptas y delictivas, ya han salido de sus cargos dos funcionarios de la Gobernación de Santander, pero no pareciera que esta práctica, tuviera un tinte meramente personal, y por el contrario, no ha sido rechazada ni siquiera lamentada por el gobernador Mauricio Aguilar

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