La salud convertida en mina de oro para los tramposos
En Colombia, ya no sorprende que la salud se use como cajero automático de mafias disfrazadas de médicos. Lo que sí indigna —y debería movilizar— es la repetición del mismo guion: clínicas inexistentes que facturan millones por atender accidentes de tránsito de carros fantasma, motocicletas invisibles o pacientes que nunca cruzaron la puerta.
La ADRES anunció la suspensión de pagos por más de $17 mil millones a 23 IPS en Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca. ¿El motivo? No tenían infraestructura física ni condiciones mínimas para operar, pero sí la habilidad suficiente para pasar cuentas como si fueran hospitales de alta complejidad.
El mecanismo: facturas de humo y direcciones fantasma
El truco es simple, casi cínico: registran una dirección en el REPS (el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud), levantan paredes de cartón o ni eso, y comienzan a enviar facturas millonarias por “atender” víctimas de accidentes de tránsito de vehículos sin SOAT o no identificados.
Las auditorías externas contratadas por la ADRES desde 2023 han destapado esta estafa reiterada. Pero ojo: no hablamos de unos pocos oportunistas, sino de un sistema aceitado. En 2024 ya se habían detectado 52 IPS que reclamaron $70 mil millones, varias de ellas denunciadas penalmente. Con estas nuevas 23, la cuenta sube a 75 IPS fantasmas en dos años, acumulando fraudes por más de $87 mil millones.
Los actores: médicos de papel, abogados de bolsillo y funcionarios ciegos
La corrupción en salud nunca es solitaria. Requiere al menos tres piezas en el tablero:
- Los falsos prestadores, que montan IPS inexistentes o sin condiciones mínimas. Aquí el ADRES debería entregar el listado de los representantes legales de cada una de estas IPS con su número de identificación.
- Los facilitadores internos, funcionarios que habilitan, firman y “no ven nada raro” en direcciones fantasmas.
- Los abogados del sistema, que saben cómo litigar y presionar para que los pagos pasen como si fueran legítimos.
El resultado: recursos públicos que deberían pagar cirugías reales o tratamientos de urgencia, desviados a cuentas privadas. Y mientras tanto, en hospitales de verdad, pacientes esperando camas, médicos con salarios atrasados y ambulancias varadas sin gasolina.
El impacto real: víctimas dos veces
La estafa al SOAT no es un “robo administrativo”: es un asalto directo a la gente. Cada peso que se esfuma en facturas falsas es un peso que no llega a la atención de un herido real. Las víctimas de accidentes de tránsito terminan pagando con su vida o con secuelas médicas porque el dinero se fue en alimentar un entramado mafioso.
El costo de oportunidad es brutal: con esos $87 mil millones se podrían haber dotado hospitales regionales, comprado ambulancias de última generación o garantizado atención real a cientos de familias. En cambio, se llenaron bolsillos de tramposos.
El sistema que lo permite: impunidad de siempre
Nada de esto ocurre sin un Estado permisivo. La impunidad de gobernantes y burócratas es el caldo de cultivo de estos fraudes. El REPS habilita IPS fantasmas, la Superintendencia de Salud actúa tarde y la Fiscalía acumula expedientes sin resultados.
Mientras tanto, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia —que debería liderar una estrategia anticorrupción— permanece muda, sin un solo programa conocido para controlar este desangre. Un adorno burocrático más en un país donde la vigilancia es simulacro y la rendición de cuentas, un chiste cruel.
Del civismo dormido a la sociedad activa
La repetición de fraudes al SOAT revela algo más profundo: una sociedad corrupta que tolera y hasta justifica al que roba. El problema no es solo el ladrón de cuello blanco, sino el votante y el ciudadano que se resigna.
Pero no todo está perdido. El cambio comienza con civismo: pequeñas acciones colectivas que multiplican la confianza y cierran espacios a los corruptos. Y también con una sociedad civil organizada, que entienda que el verdadero soberano en democracia no son los burócratas, sino los ciudadanos libres que deciden no ser súbditos.
Cada denuncia, cada exigencia de transparencia, cada acto de vigilancia ciudadana es una inversión en el futuro. No es ingenuidad: es estrategia de supervivencia. Porque la verdadera salud del país no está en las manos de estas IPS fantasmas, sino en que la ciudadanía decida, de una vez por todas, que la corrupción dejó de ser paisaje.
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