Crónica de un parto que nunca debió terminar así
En Colombia, parir sigue siendo un acto de resistencia. Y no por las contracciones, ni por los dolores del alma y del cuerpo que trae una vida nueva. No. Aquí, lo heroico es sobrevivir al sistema de salud. Pregúntenle a Yessica Cárdenas Méndez. O mejor dicho, pregúntenle a los expedientes. Porque ella no puede hablar. Su bebé tampoco.
Era octubre de 2024 cuando Yessica, una gestante más entre miles en el olvidado municipio de Fundación, Magdalena, entró por las puertas del ESE Hospital San Rafael. Entró por urgencias, como todas las que vienen al borde del miedo y el cansancio. Pero lo que encontró no fue atención, ni humanidad, ni protocolos. Lo que encontró fue una burocracia en bata blanca que dejó pasar 17 horas —diecisiete— antes de que un especialista decidiera verla.
Diecisiete horas. Tiempo suficiente para que un neonato empiece y termine su historia. Tiempo suficiente para que se incumplan múltiples normas. Tiempo suficiente para matar, aunque sea por omisión.
Y es que el caso no lo denuncia un familiar desesperado en redes sociales. No. Lo denuncia la misma Superintendencia Nacional de Salud, en un memorando oficial donde reconoce con palabras técnicas lo que a gritos debería llamarse lo que es: negligencia criminal. Porque hay algo que duele más que la muerte: la indiferencia. Y en ese hospital de nombre piadoso, San Rafael, se les olvidó que atender con humanidad también es parte del juramento.
17 horas de espera, un expediente sin alma y el arte de no atender
En la medicina moderna, cada minuto cuenta. En Fundación, Magdalena, cuentan horas. Horas sin respuesta. Horas sin monitoreo. Horas sin ginecobstetra. Yessica entró al hospital a las 16:34 del 26 de octubre de 2024, pero no fue valorada por un especialista sino hasta las 9:20 del día siguiente. Diecisiete horas. Para algunos, eso es un turno completo. Para otros, fue todo lo que tardó el sistema en romperle la vida.
La Superintendencia Nacional de Salud, tan tímida para actuar pero tan correcta para escribir, describió el episodio como “inoportunidad en la respuesta a la interconsulta”. Qué elegante manera de decir: la dejaron sola. Porque en ese lapso no hubo decisiones. No hubo tacto. Ni humano ni vaginal. No hubo partograma. Solo el silencio habitual del desinterés institucional.
Y si pensaban que la omisión terminaría allí, viene la segunda joya: la inducción del trabajo de parto sin seguimiento clínico riguroso. La historia clínica, esa biblia médica que debe detallar cada contracción, cada latido fetal, cada alarma, aparece con huecos del tamaño de la impunidad. Hasta 26 horas sin registros claros de progresión, ni trazas de actividad uterina, ni reportes fetales confiables. Un limbo clínico donde se suponía que alguien debía estar salvando vidas, no actualizando el Excel del turno.
Porque claro, el parto no es una emergencia si nadie está mirando.
¿Y la vía de parto? También ausente. En la historia clínica no consta una decisión clara: ¿vaginal o cesárea? Misterio sin resolver. A estas alturas, da igual. El resultado fue una vida perdida y un sistema que sigue funcionando como si nada.
Así se escribe la tragedia en Colombia: con faltas de archivo, con médicos sin prisa y con hospitales públicos que operan bajo la lógica de “mejor tarde que vivo.”
La historia clínica que se esfumó (y la danza del encubrimiento institucional)
Cuando el Estado colombiano exige explicaciones, algunos hospitales tienen una habilidad envidiable: convertirse en fantasmas administrativos. La ESE Hospital San Rafael recibió el requerimiento oficial de la Superintendencia para entregar toda la documentación del caso: historia clínica completa, hoja de medicamentos, notas de enfermería, signos vitales, consentimientos informados… todo.
¿Y qué hizo el hospital? Lo que mejor sabe hacer: nada.
Primero, ignoraron el requerimiento del 18 de enero de 2025. Un silencio que no sorprende en una institución donde los partos se esperan con cronómetro roto. Luego, cuando se les reiteró la solicitud (porque, aparentemente, lo urgente necesita dos avisos), enviaron una “unidad de análisis” sin historia clínica. Como si un bebé muerto pudiera entenderse en PowerPoint.
La Superintendencia, aún optimista —quizá ingenua—, volvió a insistir. “Falta la historia clínica,” escribieron, en una mezcla de estupor y burocracia. Y con tono de advertencia les dijeron: “remítanla de inmediato, o esto comprometerá su responsabilidad administrativa.”
Solo entonces, y a regañadientes, el hospital envió los documentos. Pero lo que se encontró fue peor que el vacío: una historia clínica incompleta, contradictoria y ausente de los datos mínimos exigidos por ley. Como si alguien hubiese escrito la vida de Yessica con lápiz y luego lo borró con prisa.
Una historia sin partograma. Sin seguimiento riguroso. Sin huella médica del protocolo. Una historia sin historia.
Y sí, según la Resolución 1995 de 1999 y la Resolución 3280 de 2018, esto no es solo una falta administrativa. Es una forma sutil de impunidad, una traición a la ética médica, un encubrimiento disfrazado de torpeza.
En cualquier sistema serio, esto bastaría para cerrar el hospital y abrir una investigación penal. En Colombia, bastó para abrir otro radicado.
Normas tiradas a la basura y la Constitución como adorno de oficina
En teoría, Colombia cuenta con un robusto andamiaje legal que protege a las gestantes: resoluciones, lineamientos técnicos, artículos constitucionales, circulares ministeriales. Un aparato legal minuciosamente diseñado —en el papel— para garantizar que el parto no sea una sentencia. En la práctica, sin embargo, todo eso vale menos que una receta mal escrita.
El caso de Yessica Cárdenas Méndez es un manual ilustrado de cómo no aplicar la ley. Veamos:
- Circular 0047 de 2022 del Ministerio de Salud: exige disponibilidad de especialistas, agenda prioritaria para gestantes, tecnologías apropiadas y atención oportuna.
✅ Incumplido. Esperaron 17 horas para una valoración. El “acceso efectivo” fue una ilusión. - Resolución 3280 de 2018: establece que cada mujer debe ser atendida con vigilancia continua, toma de signos vitales cada hora, registro fetal cada 30 minutos, y partograma obligatorio.
✅ Ignorado olímpicamente. No hay evidencia de monitoreo continuo. El partograma brilla por su ausencia. - Resolución 1995 de 1999: obliga a que todo acto médico quede registrado con precisión y secuencia lógica.
✅ Violarla fue casi un arte. Historia clínica incompleta, sin justificación de la vía de parto, sin indicación médica clara.
Y por si fuera poco, todo esto contradice los artículos 44 y 46 de la Constitución Política, que exigen protección especial a la infancia y a las mujeres en estado de vulnerabilidad. También se pasa por alto el artículo 11 de la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015), que reconoce el derecho fundamental a la salud como un derecho autónomo e irrenunciable.
Pero nada de eso detuvo al hospital. ¿Qué es una ley frente a la comodidad de la desidia? ¿Qué son los derechos fundamentales cuando el protocolo molesta más que ayuda?
Lo cierto es que la vida del bebé pudo salvarse. Pero entre formularios no diligenciados, especialidades ausentes y una historia clínica digna de Kafka, se escribió otro capítulo más en la novela negra del sistema de salud colombiano.
Yessica, su bebé y los muertos que el sistema entierra dos veces
En un país donde las cifras mandan más que los nombres, Yessica y su bebé ya son solo un número más. Una línea en un informe. Un radicado más en el sistema de la Superintendencia. Pero los números no paren. Los números no entierran a sus hijos.
Lo que ocurrió en el Hospital San Rafael de Fundación, Magdalena, no es un caso aislado. Es una fotografía cruelmente nítida del colapso rutinario. Del desgano institucional. Del desprecio burocrático. Y, sobre todo, de la absoluta impunidad con la que se puede perder una vida sin que tiemble un solo escritorio.
Porque aquí nadie renuncia. Nadie se disculpa. Nadie repara. Todo se maneja con oficios, memorandos y radicados. Y mientras tanto, el sistema sigue pariendo tragedias en cadena.
La historia de Yessica nos obliga a preguntar:
¿Quién responde por las 17 horas de espera?
¿Quién firmó sin leer?
¿Quién dejó vacías las casillas del partograma?
¿Quién miró para otro lado mientras moría un neonato?
Y si nadie responde, ¿qué nos queda?
Nos queda escribir. Denunciar. Nombrar.
Porque cada vez que olvidamos un caso como este, el sistema entierra a sus víctimas por segunda vez.
1. ¿Quién es responsable legalmente por la muerte del bebé en Fundación, Magdalena?
Responsable directo: el sistema. Pero en la práctica, la ESE Hospital San Rafael y sus funcionarios de turno cargan con el peso de una atención negligente, documentada por la Superintendencia Nacional de Salud. Y sin embargo, como suele pasar en Colombia, las sanciones reales están aún en pausa… o en vacaciones.
2. ¿Por qué se demoraron 17 horas en valorar a la paciente?
Porque la agenda estaba llena, porque no había ginecobstetra disponible, porque nadie tomó la urgencia como eso: una urgencia. En vez de actuar, observaron. Y en medicina, observar sin intervenir puede ser letal.
3. ¿Qué normas se violaron en este caso?
Un combo completo: la Resolución 3280 de 2018, la Circular 0047 de 2022, la Resolución 1995 de 1999, la Ley 1751 de 2015, y hasta artículos de la Constitución (44 y 46). Fue más que una omisión: fue un festival normativo de lo que no debe hacerse.
4. ¿Qué medidas tomó la Superintendencia Nacional de Salud?
Radicados, requerimientos, más radicados y un memorando elegantemente redactado. Pero hasta el momento de este informe, ninguna sanción contundente. Porque redactar es fácil. Actuar, no tanto.
5. ¿Qué lecciones deja este caso?
Que la vida en Colombia depende del turno disponible, de si hay tinta en la impresora, y de si el profesional que debía estar… estaba. Yessica y su bebé son la lección amarga de cómo un sistema puede dejar de funcionar sin siquiera colapsar: simplemente se ausenta.
6. ¿Qué puede hacer la ciudadanía ante casos como este?
Exigir, documentar, denunciar y no olvidar. Lo peor que puede pasar no es la negligencia: es el silencio. Y eso también mata.
Conclusión Final
No fue un caso. Fue una advertencia.
En Fundación, Magdalena, una mujer entró al hospital para dar vida. Salió con un duelo. Su historia —convertida en radicados, oficios y memorandos— es una advertencia disfrazada de burocracia: el sistema de salud colombiano no necesita más reformas, necesita voluntad. Ética. Y sanción real.
Mientras eso no ocurra, Yessica no será la última.
