Radiografía forense de dos años de gobierno en Turbaná: un contrato de $31.200 millones adjudicado por mínima cuantía, la plata del relleno sanitario que duplicó los ingresos atípicos, el sicariato que paralizó la obra más importante del municipio y la calificación que activa el análisis jurídico por prevaricato por omisión.

Por Hipólito Palencia — corrupcionaldia.com · *«La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.»*

Apertura

Nos encontramos en el municipio de Turbaná, departamento de Bolívar, a veintiún kilómetros de Cartagena de Indias. Vamos a auscultar la gestión municipal de Turbaná, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Maicol Andrés Olascuaga Arrieta. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.

No es un balance complaciente ni un libelo: es una radiografía construida con el CHIP (presupuesto), el SECOP I y II (contratación), el FURAG de Función Pública (desempeño institucional), el SGR del DNP (regalías) y el propio Plan de Desarrollo 2024-2027. Cinco fuentes independientes, una sola verdad. La pregunta aquí no es si el alcalde robó o no robó: es otra, más incómoda y más útil: ¿gobernar es cobrarle a Cartagena por recibir sus basuras, o es llevarle agua potable a la gente? Turbaná recaudó $95.395 millones entre 2024 y 2025 y multiplicó su contratación por cuarenta y siete. Y sin embargo, el 41,4% de sus hogares sigue sin fuente mejorada de agua, un colegio rural fue demolido y abandonado, y un ingeniero fue asesinado mientras dirigía la obra más importante del cuatrienio. La calificación final no perdona: 4,61 sobre 10. Mediocre. Preocupante.

El municipio que cobra por recibir basuras, y el joven alcalde que prometió «Turbana Activa Social por la Vida»

Turbaná es un municipio de sexta categoría con 17.857 habitantes proyectados (13.225 urbanos y 4.632 rurales), vecino y dependiente de Cartagena, con la que litiga límites desde 2002: una resolución del IGAC trasladó 94 predios del catastro cartagenero al de Turbaná —una franja que daría salida al mar—, confirmada por el Consejo de Estado en 2022 aunque sin concertación final. El diagnóstico del propio Plan de Desarrollo es un estado del abandono: 41,4% de hogares sin fuente mejorada de agua, acueducto de cabecera por debajo del 60%, 41,2% sin alcantarillado, déficit habitacional del 69,4%, un hospital de dos camas y vías terciarias en muy mal estado. La pobreza multidimensional golpea al 42,8% de los 4.065 hogares.

Y hay una segunda Turbaná, la de las cifras financieras: la que aloja el centro de tratamiento de residuos donde llegan las basuras de Cartagena, y que convierte una tasa por contaminación ambiental en su segundo ingreso —$8.523 millones en 2025—. Un municipio que cobra por recibir la basura ajena y no ha podido construir la planta de agua de su corregimiento de Lomas de Matunilla. Esa paradoja es el corazón de esta investigación.

El alcalde, del Partido Conservador, fue electo el 29 de octubre de 2023 con 4.543 votos (38,17%): solo 492 votos de ventaja sobre Gabino Pájaro, con una participación excepcional del 75,77%. Tecnólogo en Administración Financiera y exconcejal (2020-2023), prometió con su programa #Las7DeMaicol «el gobierno más transparente» del cuatrienio. (Nota: Wikipedia lo llama «Marcos»; el nombre correcto está certificado por la hoja de vida SIGEP de Función Pública.) Recibió una alcaldía con antecedentes que invitaban a la prudencia —una tutela por desabastecimiento de agua, y el diagnóstico de corrupcionaldia.com de marzo de 2024: en Turbaná «nunca se han implementado programas anticorrupción»—. Prometió romper el ciclo. Dos años después, la Contraloría lo tiene sentado en un proceso de responsabilidad fiscal.

Metodología: cómo calificamos la gestión municipal

Aplicamos la metodología de corrupcionaldia.com: promedio ponderado de seis componentes en escala 0-10, cada uno evaluado respecto del punto de partida del municipio y sus recursos. La escala no es absoluta —un 7,0 en Turbaná no equivale a un 7,0 en Medellín—, pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y legalidad son igualmente exigibles. La metodología es pública y replicable: cualquier lector puede verificar cada cifra con las fuentes del anexo.

Tabla 2. Escala de calificación de la gestión municipal

RangoCalificaciónIndicadorInterpretación
0,0 — 2,9PÉSIMOCRÍTICOGestión deficiente; indicios de irregularidades graves; posible prevaricato por omisión
3,0 — 4,9MEDIOCREPREOCUPANTEGestión por debajo del estándar mínimo; señales de ineficiencia administrativa
5,0 — 6,9RegularVIGILARGestión aceptable pero con déficits relevantes; requiere seguimiento ciudadano
7,0 — 8,4BuenoBIENGestión que cumple el estándar; con margen de mejora en componentes específicos
8,5 — 10,0ExcelenteBIENGestión sobresaliente; referente regional o nacional

Fuente: corrupcionaldia.com — metodología de calificación.

Tabla 3. Componentes y pesos de la calificación

ComponentePesoDescripción
FURAG (IDI)25%Índice de Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública
Ejecución presupuestal CUIPO20%Ejecución de ingresos y gastos del presupuesto municipal (CHIP)
Avance Plan de Desarrollo20%Progreso en las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027
Transparencia SECOP15%Transparencia en la contratación pública y modalidades utilizadas
Cumplimiento ODS10%Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Percepción ciudadana10%Percepción inferida de redes sociales, prensa local y participación

Fuente: corrupcionaldia.com — metodología de calificación.

La regla del Prevaricato por Omisión: si la calificación final es igual o inferior a 6,9, se desarrolla el análisis jurídico completo del Artículo 414 del Código Penal; si es igual o superior a 7,0, se omite como cuestión de lógica metodológica. Spoiler necesario: la calificación final de Turbaná es 4,61/10 — Mediocre (Preocupante). El análisis jurídico se desarrolla más adelante. Adelante.

Componente 1 (25%): FURAG — Turbaná, en el tercio inferior de la gestión pública colombiana

El único dato que no admite discusión editorial: la Alcaldía de Turbaná obtuvo un Índice de Desempeño Institucional de 61,59/100 (Grupo 4), según Función Pública (junio de 2026). Es el puesto 295 entre las 1.100 alcaldías con IDI reportado: supera apenas al 26,7% del país y queda 9,7 puntos bajo la mediana nacional (71,28). En Bolívar es el puesto 28 de 46, lejos de Cartagena (97,09), de su vecino Turbaco (77,45) y de municipios igual de pobres como María la Baja (78,59) o San Juan Nepomuceno (92,84). El contraste con Turbaco desmonta cualquier excusa geográfica: la diferencia no es de recursos, es de gestión. Y el dato incómodo: el Hospital Local obtuvo un IDI de 51,00, de los más bajos del departamento, en el municipio cuyo mayor gasto es la salud.

Gráfica 1. FURAG/IDI 2025: Turbaná frente a referentes nacionales y departamentales. Fuente: Función Pública, resultados vigencia 2025.

Los subíndices reportados —66,59; 73,60; 72,55 y 56,52— dibujan procesos administrativos medianos: ni crisis ni excelencia. Un claim en redes locales asegurando que el alcalde fue «No. 1 en manejo eficaz con 84,7 puntos» contradice frontalmente el dato oficial: es, en el mejor de los casos, una lectura errada; en el peor, publicidad oficialista. Cuando el dato incomode, lo escribimos.

Calificación componente FURAG: 6,2/10 — Regular (VIGILAR). Encima de los municipios en crisis del Caribe; corrigen a la baja el rezago frente a la mediana y la distancia con Turbaco.

Componente 2 (20%): CUIPO — plata que crece, obra que no aparece

Turbaná recaudó $44.483 millones en 2024 y $50.912 millones en 2025 (+14,4%). El crecimiento, presentado como triunfo de gestión, tiene tres lecturas, ninguna enteramente halagüeña. Primera: no lo produjeron los impuestos —los tributarios solo subieron 6,7%— sino el SGP, que pasó de $21.195 a $26.232 millones (+23,8%): plata de la Nación. Segunda: el motor real fue la tasa por contaminación ambiental —el peaje por alojar las basuras de Cartagena—, que se duplicó de $4.360 a $8.523 millones (+95,5%) y ya representa el 16,7% de todo el recaudo. Tercera: el municipio gastó parte de sus ahorros: el superávit del balance aportó $1.619 millones en 2024 y $1.670 millones en 2025.

Tabla 4. Ejecución de ingresos CUIPO 2024 vs 2025 (millones de pesos)

Concepto20242025Variación
Sistema General de Participaciones (SGP)$21.195$26.232+23,8%
Transferencias salud (SGSSS-ADRES, UPC)$9.443$7.427−21,3%
Tasa contributiva por contaminación ambiental$4.360$8.523+95,5%
Ingresos tributarios (predial, ICA, sobretasas, estampillas)$5.906$6.303+6,7%
Recursos de capital (superávit, reintegros, rendimientos)$1.976$1.681−14,9%
Otras transferencias y monopolios$1.248$545−56,3%
Total recaudado$44.483$50.912+14,4%

Fuente: CHIP, formulario B_EJECUCION_DE_INGRESOS, CUIPO, vigencias 2024 y 2025. Elaboración propia.

Gráfica 2. Composición del recaudo 2024. La tasa del relleno sanitario ya era el tercer ingreso. Fuente: CHIP-CUIPO.

Gráfica 3. Composición del recaudo 2025: la tasa del relleno duplicó su peso y superó a todos los impuestos propios juntos. Fuente: CHIP-CUIPO.

Dicho en criollo: de cada $100 que entraron a la caja en 2025, $82 fueron transferencias de la Nación o plata del relleno, y solo $12 fueron impuestos de los turbaneros. El predial es casi íntegramente rural ($1.792 de $1.805 millones) y el comercio aporta $728 millones por industria y comercio. La dependencia de la Nación fue del 71,3% del recaudo en 2024 y del 66,9% en 2025: la independencia fiscal sigue siendo ficción contable.

Anomalía detectada: la tasa por contaminación nace del negocio de las basuras de Cartagena en suelo turbanero: cuanto más contamina el municipio ajeno, más gana la caja local. Que represente el 16,7% del recaudo convierte la salud ambiental del territorio en apuesta financiera. El PDM no la modela, el alcalde no la explica y el Concejo no la discute. ¿A cambio de qué sacrifica Turbaná su territorio, y quién audita esa tasa?

Del lado del gasto, la ejecución fue líquida: se pagó el 92,8% de las obligaciones en 2024 ($35.876 de $38.636 millones) y el 95,4% en 2025 ($44.085 de $46.230 millones). Pero la inversión reportada (84,0% y 85,2%) esconde las transferencias obligatorias de salud al hospital —$15.207 millones en 2024 y $16.429 en 2025—, plata que la alcaldía administra por ley y ni siquiera toca. Excluida esa transferencia, la inversión real fue del 44,6% y 49,6% del presupuesto: digna, pero lejos del titular oficialista.

Gráfica 4. Composición del gasto 2024 vs 2025 (obligaciones). Las transferencias de salud inflan el rubro de inversión. Fuente: CHIP, D_EJECUCION_DE_GASTOS.

Tres señales finas que el análisis línea por línea no perdona. Primera: el personal de funcionamiento creció un 27,7% en un año —de $1.116 a $1.424 millones—, más $738 millones de personal pagado con recursos de inversión: nómina disfrazada de obra. Segunda: en 2024 se ejecutaron $2.962 millones de reservas heredadas y $374 millones de cuentas por pagar —razonable—, pero en 2025 no hay reporte de reservas ni de cuentas por pagar: el barrido de la vigencia fue completo y sin rastro. Tercera: el servicio de la deuda consume solo el 2,0-2,3% del gasto: carga baja que no ahoga la hacienda.

Calificación componente CUIPO: 6,5/10 — Regular (VIGILAR). La caja es líquida y el recaudo crece; corrigen a la baja la dependencia de la Nación, la anomalía del relleno, la nómina creciente y el cierre sin reservas.

Deuda pública y vigencias futuras: el FUT que no reportó y la renta pignorada al 170%

El CHIP confirma que no se contrató ni un crédito nuevo en 2024 ni en 2025. La deuda es un museo de dos piezas: Findeter 2011 para acueducto (saldo: $723,6 millones) y el préstamo de $3.000 millones del Banco de Bogotá, firmado en 2023 por la administración anterior para pavimentación de vías (saldo: $2.950 millones). El saldo total bajó de $3.917 a $3.674 millones y los intereses de $727 a $404 millones. Heredó, no endeudó. Crédito donde merece: eso lo hace bien.

Tabla 5. Deuda pública de Turbaná (FUT-Deuda Pública, CHIP)

CréditoEntidadObjetoSaldo capital 2025Garantía
Reg. 20100501000 (2011)FindeterInversiones en acueducto$723,6 M40% del SGP de agua potable
Reg. 859355064 (2023)Banco de BogotáMejoramiento y pavimentación de vías$2.950,0 M130% del SGP libre inversión
Total$3.673,6 MPignoración acumulada: 170%

Fuente: CHIP, formularios CREDITOS y RENTA_PIGNORADA, vigencias 2024 y 2025.

Anomalía contable: la renta pignorada declara el 40% del SGP de agua y el 130% del libre inversión comprometidos en garantía —un 170% acumulado: el flujo comprometido excede la renta que lo paga— y, al mismo tiempo, reporta el valor pignorado como $0,00. O la deuda está garantizada o no lo está; ambas cosas no pueden ser verdad. Ese vacío, en un formulario que viaja al Ministerio de Hacienda, es un síntoma de la calidad del reporte institucional.

En vigencias futuras, el formulario 2024 dice literalmente «NO REPORTE DE INFORMACIÓN»: cero autorizaciones. Puede no haberlas, pero dejar el formulario vacío en la vitrina de la Ley 819 de 2003 es en sí misma una falla de publicidad presupuestal. En 2025 sí aparecen $226 millones para agua potable y saneamiento (acto 012 del 11 de octubre de 2025), con $113 millones ejecutables en 2026. Cifra modesta —el 0,5% de las obligaciones—, pero dirección correcta: agua. Lo que comprará, con la planta de Lomas de Matunilla aún sin contratar, es la pregunta abierta.

Sistema General de Regalías: el SGR que gira, gira… y Turbaná ni siquiera es PDET

Aclaremos lo que no: Turbaná no es municipio PDET. La subregión Montes de María en Bolívar agrupa a Córdoba, El Carmen, El Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano; Turbaná no aparece en ninguna subregión (verificado en Renovación Territorial). No recibe giros diferenciados: sus recursos extraordinarios vienen del SGR ordinario y de convenios con la Gobernación. Lo que sí recibe es plata: $8.723 millones en 2024 y $5.580 millones en 2025, entre la asignación por NBI ($4.830 millones) y la ambiental ($751 millones).

En caja, la ejecución es envidiable: en 2024 pagó el 100% de lo obligado en regalías ($7.615 millones); en 2025, el 95,5% ($3.998 millones). El problema es el destino: de los $360,5 millones comprometidos en proyectos viales se pagaron $2,5 millones —el 0,7%—. Las vías, el reclamo campesino más repetido del diagnóstico del propio PDM, son el rubro fantasma, mientras el deporte concentra $2.221 millones pagados. Y el dato del DNP que pesa como una losa: los ocho proyectos SGR aprobados en 2024 —$24.117 millones— figuran todos «En Ejecución» con $0 pagado en el sistema nacional; el proyecto estrella de 2025, la PTAP de Lomas de Matunilla, apenas figura como «Viable»: sin contrato, sin plazo, sin obra. Para un corregimiento que recibía agua cruda, «viable» se parece demasiado a «algún día».

Gráfica 5. Regalías 2024-2025: giros, pagos y destino. En vías se pagó el 0,7% de lo comprometido. Fuente: CHIP, Sistema General de Regalías.

Tabla 6. Proyectos SGR aprobados a Turbaná en 2024 (DNP)

ProyectoSectorValor (millones)Estado en SGR
Mantenimiento régimen subsidiado de saludSalud$10.848En ejecución — $0 pagado
Saneamiento básico y agua potableAgua$8.382En ejecución — $0 pagado
Estudios, diseño y construcción/mejoramiento de víasTransporte$2.756En ejecución — $0 pagado
Bienestar social adultos mayoresInclusión$1.341En ejecución — $0 pagado
Otros 4 proyectos (vulnerables, PIC, biodiversidad, productores)Varios$790En ejecución — $0 pagado
Total 8 proyectos 2024$24.117$0 pagado en el sistema

Fuente: DNP, Sistema General de Regalías, dataset de proyectos (extraído el 7 de septiembre de 2026); cruce con CHIP-SGR.

Componente 3 (20%): «Turbana Activa Social por la Vida» — cinco problemas, cinco calificaciones

El Plan «Turbana Activa Social por la Vida 2024-2027» fue adoptado por el Concejo con votos unánimes el 31 de mayo de 2024 (proyecto de Acuerdo 009): cinco meses tarde, cuando el trimestre más importante para contratar ya había pasado. Su Plan Plurianual de Inversiones suma $40.765 millones más $9.925 millones proyectados de regalías, con la meta de reducir la pobreza multidimensional del 42,8% al 39,8%. La estructura revela la primera verdad incómoda: el 55,5% del plan es salud —casi todo transferencias obligatorias que el municipio administra pero no decide—, y los sectores donde un alcalde deja huella real (agua y vivienda 17,3%; gobierno territorial 8,5%; educación 4,2%) se reparten lo demás.

Tabla 7. Las cinco líneas estratégicas del PDM y su peso de inversión

Línea estratégicaSectoresPeso del plan
1. Turbana Activa con Seguridad y Justicia SocialJusticia, educación, inclusión, gobierno territorial≈14% (excluida salud)
2. Turbana Activa Social y HumanaSalud y protección social, cultura, deporte**≈56%** (salud domina)
3. Turbana Activa Conectada hacia el DesarrolloTransporte, vivienda, minas y energía, TIC≈19%
4. Turbana Activa Social y ProductivaAgricultura, comercio, industria, turismo, trabajo≈3%
5. Turbana Activa Social por la Vida y el DesarrolloAmbiente y desarrollo sostenible≈1%

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, Tabla de financiación consolidada (p. 223).

Cruzamos el «sentir de la gente» del diagnóstico participativo del propio PDM —agua, vías, educación, salud y empleo— con las metas del plan y la evidencia de dos años. Son los cinco indicadores que el alcalde se comprometió a mover, calificados uno a uno. El promedio es 3,8/10.

Gráfica 6. Calificación de los cinco indicadores ligados a los problemas prioritarios. Fuente: elaboración propia (PDM, CHIP, SECOP, prensa verificada).

Análisis periodístico de los cinco indicadores

Indicador 1 · Agua potable y saneamiento básico: 3,0/10

Con el 41,4% de hogares sin fuente mejorada de agua, la PTAP de Lomas de Matunilla es el compromiso central. En dos años el municipio recibió $6.248 millones del SGP de agua, autorizó $226 millones de vigencias futuras y adjudicó por urgencia un contrato de aguas servidas ($1.340 millones). Pero la obra estructural sigue «Viable» sin contrato ni plazo, y los proyectos de agua del SGR 2024 ($8.382 millones) figuran con $0 pagado. Dos años, cero obra hídrica estructural verificada. Calificación: 3,0/10.

Indicador 2 · Vías y conectividad: 4,0/10

Logros reales: la Calle del Tamarindo fase 2 por $3.023 millones (EDUBOL, pagada), el parque principal ($2.386 millones con regalías) y la urgencia manifiesta de la vía Turbaná-Turbaco ($600 millones). Pero la pavimentación de la vía a Ballestas —el anuncio más publicitado— es obra de la Gobernación, y en los proyectos viales con regalías se pagó el 0,7% de lo comprometido. La conectividad rural, donde vive el 26% de la población, sigue siendo promesa. Calificación: 4,0/10.

Indicador 3 · Educación: 3,5/10

Las regalías ejecutaron $703,3 millones pagados en sedes educativas en 2025, y el megacolegio —cofinanciado por la Gobernación— avanzó hasta julio de 2025. Ese mes, el día 22, sicarios asesinaron al ingeniero Diego Morillo mientras dirigía la obra del megacolegio; la alcaldía ofreció $30 millones de recompensa, capturó a cuatro personas el 3 de agosto, pero la obra quedó paralizada. Y la denuncia de agosto de 2026 sobre la IE Ballestas, sede El Chorro y La Legua —demolida por la propia administración y abandonada, con deserción de cerca de 50 de los 80 niños— completó la radiografía. Calificación: 3,5/10.

Indicador 4 · Salud: 4,5/10

Lo mejor del gobierno: transferencias de salud giradas puntualmente ($31.636 millones en dos años) y gestión del proyecto SGR de régimen subsidiado ($10.848 millones). Pero girar la caja no es gestionar el servicio: el hospital sigue siendo de dos camas, su IDI institucional es 51,00 y el proyecto SGR de salud figura con $0 pagado. Sin ampliación verificable de capacidad instalada. Calificación: 4,5/10.

Indicador 5 · Pobreza y empleo: 4,0/10

Con regalías se pagaron en 2025 una educación para el trabajo por $600 millones y un fomento de empleo por $354 millones, además del bienestar de adultos mayores ($1.341 millones aprobados en SGR). Programas reales. Pero la meta del cuatrienio —bajar la pobreza de 42,8% a 39,8%— no tiene medición intermedia publicada, y la principal fuente nueva de recursos no es el desarrollo productivo sino el negocio de recibir basuras: arrendar el territorio no es construir economía propia. Calificación: 4,0/10.

Calificación componente Plan de Desarrollo: 3,8/10 — Mediocre (PREOCUPANTE). Los programas sociales se ejecutan, pero las tres apuestas estructurales —agua, megacolegio, vías rurales— están detenidas, retrasadas o tercerizadas; y el plan llegó cinco meses tarde.

Componente 4 (15%): SECOP — 92,5% de contratación directa y un contrato de $31.200 millones por «mínima cuantía»

Gráfica 7. Evolución de la contratación SECOP de la Alcaldía de Turbaná 2023-2025. Fuente: datos.gov.co, SECOP II (extraído el 7 de septiembre de 2026).

Los números son vertiginosos: 41 contratos por $1.231 millones en 2023, 414 contratos por $12.760 millones en 2024 y 546 contratos por $58.011 millones en 2025: el valor se multiplicó por 47 en dos años. Crecer no es un delito, pero cada peso que entra rápido exige controles a la misma velocidad, y aquí el sistema falló: el 92,3% y el 92,5% de los contratos se firmaron por contratación directa, la modalidad sin competencia donde el funcionario elige al contratista a dedo. En dos años solo hubo 7 procesos competitivos de selección abreviada. El comercio de la discrecionalidad está en plena expansión.

El contrato de $31.200 millones por «mínima cuantía»: la anomalía madre

El MCT-008-2025, firmado el 20 de mayo de 2025, vale $31.200.000.023 —el contrato más grande de la historia reciente del municipio, el 54% de todo el año— y fue adjudicado bajo mínima cuantía, con una justificación registrada que deja sin aliento a cualquier estudioso de la Ley 80: «presupuesto inferior al 10% de la menor cuantía». La mínima cuantía es para contratos pequeños; el tope legal de Turbaná se mueve en las decenas de millones y el contrato lo desborda en cientos de veces. El registro completa el cuadro: plazo de 30 días, obra «adecuación de espacios comunitarios del centro comunal del cerro del norte», destino «Funcionamiento», supervisor y ordenador «No definido», pagado $0, estado «Modificado». No sabemos qué falló: si el registro, la modalidad o el contrato mismo. Ese es precisamente el problema.

Pregunta forense sin responder: ¿cómo un contrato de $31.200 millones se firma en 30 días, se registra por mínima cuantía, se anota bajo «funcionamiento» y termina el año sin pagar un peso? Cada respuesta posible —error de registro, contrato ficticio, obra mal instrumentada— tiene consecuencias jurídicas distintas y ninguna es tranquilizadora.

La corporación que capturó la mitad del año, y la Contraloría en la puerta

El adjudicatario, la Corporación Integral para el Desarrollo Territorial y Social (NIT 900872073, representante legal domiciliada en Turbaco), capturó en 2025 8 contratos por $31.498 millones: el 54,3% de toda la contratación del año. Detrás, EDUBOL ($5.409 millones en dos obras) y dos convenios culturales de $700 millones cada uno registrados con el mismo número CNV-002-2025 —uno «terminado», otro «en ejecución»—: una duplicidad que puede ser error de registro o doble pago.

Y la fiscalización llegó pronto: la Contraloría Departamental de Bolívar abrió el proceso de responsabilidad fiscal No. 2031 contra el alcalde Olascuaga y el tesorero Daniel Espinosa Marrugo por presunto detrimento de $983.335.756 (hallazgo 2-PC-F-058, de la denuncia ciudadana 2024-000807): los días 26 y 27 de marzo de 2024 —el tercer mes de gobierno— se transfirieron recursos desde la cuenta maestra hacia cuentas bancarias no inscritas. El detrimento no es una condena: es una acusación fiscal que el alcalde deberá desmontar. Pero su sola existencia cambia el tono de la evaluación: no hablamos de una gestión sospechada, sino de una gestión con hallazgos fiscales formales.

Tabla 8. Contratos SECOP 2025 de la Alcaldía de Turbaná que exigen escrutinio

ContratoContratistaValor (millones)ModalidadSeñal de alerta
MCT-008-2025Corporación Integral p/ Desarrollo Territorial y Social$31.200Mínima cuantíaTope desbordado cientos de veces; 30 días; supervisor no definido; $0 pagado
CDT-CI-005-2025EDUBOL$3.023DirectaObra Calle del Tamarindo F2; sin competencia
CDT-CI-002-2025EDUBOL$2.386DirectaParque principal con regalías
URG-CAM-002-2025Asoc. Constructores de Colomnia$1.340Urgencia manifiestaAguas servidas; discrecionalidad total
CNV-002-2025 (x2)Instituto de Cultura, Patrimonio y Turismo$700 c/uDirectaDos registros con mismo número; posible duplicidad

Fuente: datos.gov.co, SECOP II (extraído el 7 de septiembre de 2026). Elaboración propia.

Calificación componente SECOP: 2,0/10 — Pésimo (CRÍTICO). Modalidad discrecional dominante, megacontrato inexplicable tal como está registrado, concentración en un proveedor y responsabilidad fiscal en curso. El punto más bajo de la gestión.

Componente 5 (10%): ODS — los objetivos que el relleno no puede comprar

Turbaná no publica informe de territorialización de los ODS, así que este componente cruza la Agenda 2030 con la evidencia local. ODS 6 (agua): crítico — el 41,4% de hogares sin fuente mejorada y la PTAP sin contratar hacen del objetivo más elemental el más incumplido. ODS 3 (salud): regular-bajo — las transferencias se giran, pero el hospital sigue de dos camas con IDI de 51,00. ODS 4 (educación): bajo — $703 millones en sedes no compensan un colegio demolido ni un megacolegio paralizado por un crimen. ODS 1 (pobreza): sin evidencia — la meta 42,8% → 39,8% no tiene medición intermedia. ODS 11 y 16 (territorio e instituciones): críticos — un municipio cuya principal fuente nueva es una tasa por contaminación, con restos humanos hallados en su relleno y responsabilidad fiscal abierta, no es ni sostenible ni institucionalmente sólido.

Tabla 9. Semiáforo ODS de Turbaná a dos años de gestión

ODSCompromiso localEvidencia 2024-2025Estado
ODS 6 · Agua y saneamientoPTAP Lomas de Matunilla; acueducto cabeceraPTAP solo «Viable»; $0 pagado en SGR; 41,4% sin agua mejoradaCrítico
ODS 3 · Salud y bienestarHospital local; régimen subsidiadoTransferencias puntuales ($31.636M en 2 años); hospital sin ampliaciónRegular-bajo
ODS 4 · Educación de calidadMegacolegio; transporte escolar (720); modelos flexibles (200)Megacolegio paralizado por sicariato; IE Ballestas demolida y abandonadaBajo
ODS 1 · Fin de la pobrezaIPM 42,8% → 39,8%Sin medición intermedia pública; programas de empleo ejecutados ($954M)Sin evidencia
ODS 16 · Instituciones sólidasTransparencia y justiciaResponsabilidad fiscal por $983M; 92,5% contratación directaCrítico

Fuente: Agenda 2030, PDM 2024-2027, CHIP, SECOP, Función Pública, prensa verificada. Elaboración propia.

Calificación componente ODS: 3,5/10 — Mediocre (PREOCUPANTE). Programas puntuales existen; los objetivos estructurales —agua, pobreza, instituciones— retroceden o quedan en el papel.

Componente 6 (10%): Percepción ciudadana — miedo, sicariato y un premio de Mérito Caribe

La percepción se mide con la cronología de lo que la gente vive y denuncia. La de Turbaná: abril de 2024, panfletos amenazantes contra líderes sociales. Octubre de 2024, la Gobernación —no la alcaldía— anuncia la vía a Ballestas, el anuncio más celebrado del período. Febrero-marzo de 2025, restos humanos y residuos peligrosos en el relleno sanitario La Paz. 22 de julio de 2025, sicariato contra el ingeniero Diego Morillo en plena obra del megacolegio; cuatro capturados el 3 de agosto. Julio de 2025, el Gobierno nacional entrega la finca Cachenche a 15 familias víctimas. 2025, el alcalde gana el premio Mérito Caribe de Liderazgo y Gestión y la alcaldía difunde una imagen favorable del 70% (dato oficialista sin ficha técnica pública). Agosto de 2026, la denuncia del colegio demolido de El Chorro y La Legua cierra el ciclo: niños recibiendo clases entre escombros.

La narrativa oficial convive con una realidad documentada de miedo, obras detenidas por la violencia y servicios que no llegan. En un municipio donde construir una escuela puede costar la vida, la pregunta no es si el alcalde es querido: es si los turbaneros creen que el municipio funciona. La fe institucional se resiente exactamente donde la plata no llega: agua, vías, aula.

Calificación componente Percepción ciudadana: 3,5/10 — Mediocre (PREOCUPANTE). El sicariato contra obra pública, los restos humanos en el relleno y el colegio abandonado pesan más que un premio y una encuesta sin ficha técnica.

Radar integral: la calificación final ponderada

La fórmula es: Calificación final = Σ (puntaje componente × peso). Aplicando los puntajes: (6,2 × 0,25) + (6,5 × 0,20) + (3,8 × 0,20) + (2,0 × 0,15) + (3,5 × 0,10) + (3,5 × 0,10) = 1,550 + 1,300 + 0,760 + 0,300 + 0,350 + 0,350 = 4,610/10. Redondeando: 4,61/10.

Gráfica 8. Radar integral de los seis componentes. La gestión solo roza el umbral «Bueno» en la caja y el FURAG; colapsa en transparencia SECOP. Fuente: elaboración propia.

Tabla 10. Veredicto final por componente

ComponentePesoCalif.PonderadoJustificación
FURAG (IDI 61,59)25%6,21,550Encima de municipios en crisis; 9,7 puntos bajo la mediana nacional; hospital 51,00.
Ejecución CUIPO20%6,51,300Caja líquida (+14,4% recaudo); tasa del relleno duplicada; nómina +27,7%; cierre sin reservas.
Avance Plan de Desarrollo20%3,80,760Agua sin obra estructural; megacolegio paralizado por crimen; vías de regalías al 0,7%.
Transparencia SECOP15%2,00,30092,5% directa; contrato de $31.200M por mínima cuantía; un proveedor captura 54,3%; RF $983M.
Cumplimiento ODS10%3,50,350ODS 6 y 16 críticos; sin medición de pobreza; programas sociales puntuales.
Percepción ciudadana10%3,50,350Sicariato en obra pública; restos humanos en el relleno; premio y encuesta oficialista.
Calificación final consolidada4,614,610🟠 MEDIOCRE (PREOCUPANTE)

Fuente: Metodología corrupcionaldia.com; elaboración propia.

Análisis jurídico: el Prevaricato por Omisión (Artículo 414 del Código Penal)

La calificación de 4,61/10 — Mediocre activa la regla metodológica: el análisis jurídico del Prevaricato por Omisión (Art. 414, Ley 599 de 2000). Este análisis no acusa: examina. No condena: indaga. No es un requerimiento fiscal: es un ejercicio periodístico de verificación de los deberes funcionales del alcalde.

El Artículo 414 del Código Penal establece: «El servidor público que omita, retarde o rehúse la realización de un acto propio de sus funciones, será acusado penalmente con pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, multa de trece punto treinta y tres (13,33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses, si por razón de su conducta se causare daño o lesión a la administración pública o a un particular». Para que se configure el delito deben concurrir los siguientes elementos:
— Ley 599 de 2000, Artículo 414

Tabla 11. Elementos del tipo penal aplicados al caso Turbaná

ElementoDescripciónVerificación en Turbaná
TipicidadConducta omisiva de un acto propio de funcionesOmisión verificable en control de cuentas, garantía del agua, supervisión de contratación y reportes presupuestales
AntijuridicidadDaño o lesión a la administración o a un particularPresunto detrimento de $983M en cuentas no inscritas; niños sin sede escolar; comunidad sin agua estructural
CulpabilidadDolo (conocimiento y voluntad) o culpa gravePor determinar: el alcalde conocía sus deberes (los firmó en el PDM); la persistencia de la omisión es indicio, no prueba de dolo
Relación causalVínculo entre la omisión y el dañoContrato sin supervisor y sin pagos; PTAP viable pero no contratada; transferencias irregulares documentadas por la Contraloría

Fuente: Art. 414 CP; análisis periodístico propio.

Omisión 1: el control de los dineros públicos y las cuentas no inscritas

El alcalde es ordenador del gasto y el tesorero custodio de la cuenta maestra. Entre el 26 y el 27 de marzo de 2024 salieron de esa cuenta $983.335.756 hacia cuentas no inscritas, según el hallazgo 2-PC-F-058 de la Contraloría de Bolívar, que abrió el proceso No. 2031 contra ambos. El deber de controlar, inscribir y verificar las cuentas del tesoro es la primera línea de defensa del dinero público. Su omisión podría configurar el tipo penal si se demuestra el dolo o la culpa grave; en todo caso ya configura la materia de un proceso fiscal en curso.

Omisión 2: la garantía del derecho al agua

Dos años con el 41,4% de los hogares sin fuente mejorada de agua, y la obra que resolvería el problema de Lomas de Matunilla figurando «Viable» sin contrato ni obra, mientras el municipio recibía $6.248 millones de giros del SGP de agua. Aunque la operación del servicio recae en el prestador competente, la alcaldía tiene el deber indelegable de gestionar y contratar la infraestructura de su competencia. La pasividad frente a un proyecto viable pero no contratado podría configurar el tipo penal si se demuestra el dolo o la culpa grave.

Omisión 3: la supervisión de la contratación

El contrato MCT-008-2025, por $31.200 millones, quedó registrado sin supervisor, sin ordenador del gasto, con una modalidad que no corresponde a su valor, sin pagos y sin facturación a cierre del año. La supervisión contractual es el mecanismo legal que garantiza que la obra exista y que la plata no se esfume. Omitirla —o registrar un contrato sin estructura jurídica coherente— es la conducta omisiva que el Art. 414 contempla cuando produce lesión a la administración: lesión doble aquí, al patrimonio y al sistema de transparencia.

Omisión 4: los deberes de reporte y cierre presupuestal

En 2024, el formulario de vigencias futuras llegó al CHIP con la leyenda «NO REPORTE DE INFORMACIÓN»; en 2025, el cierre no registra reservas ni cuentas por pagar, y la renta pignorada declara 170% de comprometimiento con valor pignorado de $0. La publicidad presupuestal materializa las leyes 819 de 2003 y 1712 de 2014. Un alcalde que permite que sus formularios oficiales viajen vacíos u omita un acto propio y esencial de sus funciones, lesiona a la ciudadanía que no puede auditar.

Sobre el abuso de autoridad y el favorecimiento ilícito, y conclusiones

No existe evidencia documental directa de abuso de autoridad (Art. 416 CP) ni favorecimiento ilícito (Art. 422 CP). Lo que existe es un patrón que obliga a formular la pregunta: 92,5% de contratación directa, un proveedor que captura el 54,3% del año y un megacontrato sin supervisor forman el contexto donde esas figuras deberían ser objeto de indagación formal si la evidencia llegara a existir. El periodismo señala el humo; el fuego es asunto de los fiscales.

Primera: existen omisiones documentadas —control de cuentas maestras, garantía del agua, supervisión del megacontrato, reportes presupuestales— que merecen examen disciplinario y penal de la Procuraduría y la Fiscalía. Este artículo no acusa: exige que esos organismos actúen. Segunda: la configuración plena del tipo requiere demostrar dolo o culpa grave, lo cual excede el alcance periodístico; pero los indicios documentados bastan para activar la acción disciplinaria y penal de oficio. Tercera: calificar esta gestión como MEDIOCRE — PREOCUPANTE no equivale a una condena penal, sino a una advertencia ciudadana: si el patrón de omisiones no se corrige, podría escalar a responsabilidad penal individual.

Conclusiones: Turbaná, la verdad diseccionada

Lo que la administración de Olascuaga hizo bien

La caja funciona. Recaudó $50.912 millones en 2025 (+14,4%), pagó el 95,4% de sus obligaciones, no contrató deuda nueva y el servicio de deuda es de los más bajos de la subregión (2,0% del gasto).

La salud se gira. $31.636 millones en transferencias de salud en dos años, ejecutados puntualmente, y $7.615 millones de regalías pagados al 100% en 2024.

Hay obra pagada y programas sociales reales. Calle del Tamarindo fase 2 ($3.023 millones), $2.221 millones en construcciones deportivas, $703 millones en sedes educativas, $600 millones en educación para el trabajo y $354 millones en fomento de empleo.

Lo que la administración no hizo, o hizo mal

No garantizó el agua. La PTAP de Lomas de Matunilla sigue «Viable» sin contratar; los proyectos de agua del SGR figuran con $0 pagado; el 41,4% de los hogares sigue sin fuente mejorada.

No controló la contratación. 92,5% por directa, un megacontrato de $31.200 millones por mínima cuantía sin supervisor ni pagos, un proveedor con el 54,3% del año y un proceso de responsabilidad fiscal por $983 millones contra el propio alcalde.

No protegió la educación. El megacolegio paralizado por un sicariato y un colegio rural demolido y abandonado con niños en deserción.

No reportó. Vigencias futuras sin reportar en 2024, cierre 2025 sin reservas ni cuentas por pagar, renta pignorada en $0 con comprometimiento del 170%: el CHIP de Turbaná es una vitrina con vidrio polarizado.

No diversificó la economía fiscal. El 16,7% de la caja de 2025 depende de la tasa por recibir las basuras de Cartagena: arrendar el territorio no es construir economía propia.

4,61 / 10

MEDIOCRE — PREOCUPANTE 🟠

La administración de Maicol Olascuaga no es, en dos años, una crónica de saqueo: es algo más sutil y más difícil de combatir. Una crónica de plata que llega y de obra que no aparece, de formularios que viajan vacíos, de contratos que existen y no existen a la vez. La caja funciona; el municipio, no.

Cierre periodístico: la pregunta que queda

Volvemos a la pregunta inicial: ¿gobernar es cobrarle a Cartagena por recibir sus basuras, o es llevarle agua a la gente? Turbaná eligió, de hecho, lo primero: convirtió la contaminación del vecino en su segundo ingreso y la discrecionalidad en su primera modalidad de compra. Mientras tanto, el 41,4% de los hogares espera una fuente mejorada de agua y una obra escolar asesinada espera ser terminada. En un municipio donde construir una escuela puede costar la vida, no construir el agua es una forma de traición a la esperanza. Al alcalde le quedan dos años para desmentir esta calificación: contratar la planta, transparentar el megacontrato, responderle a la Contraloría y hacer que el CHIP diga la verdad. La calificación puede subir a 7,0 si eso ocurre, o bajar a 2,9 si el proceso fiscal confirma el detrimento. El reloj corre. La comunidad vigila. La prensa observa.

La corrupción no solo se denuncia, se disecciona. Y la disección de Turbaná muestra un cuerpo administrativo que factura, pero no obra.— corrupcionaldia.com

Anexo: fuentes, metodología y limitaciones

Fuentes oficiales consultadas

CHIP (chip.gov.co): formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS del CUIPO (DIC-DIC 2024 y 2025); FUT_DEUDA_PUBLICA (CREDITOS, CREDITOS_POR_SECTOR, RENTA_PIGNORADA, ENE-DIC 2024-2025); FUT_VIGENCIAS_FUTURAS (AUTORIZACIONES, OCT-DIC 2024-2025); SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (INGRESOS y GASTOS, 2024-2025).

Turbaná (Bolívar) · Análisis forense de la gestión municipal 2024-2025 · corrupcionaldia.com

SECOP I y II — datos.gov.co, dataset de contratos electrónicos (jbjy-vk9h), entidad ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBANA, NIT 890481324; extracción del 7 de septiembre de 2026; ficha del contrato MCT-008-2025.

DNP — SGR, dataset de proyectos (cf9k-55fw) con BPIN de Turbaná; Renovación Territorial — verificación PDET Montes de María.

Función Pública — Resultados FURAG vigencia 2025 (junio de 2026): Alcaldía de Turbaná, IDI 61,59 (Grupo 4); Hospital Local de Turbaná, IDI 51,00.

Plan de Desarrollo «Turbana Activa Social por la Vida 2024-2027» (turbana-bolivar.gov.co); hoja de vida SIGEP del alcalde; Contraloría Departamental de Bolívar — proceso de responsabilidad fiscal No. 2031 (reportes de prensa local verificados).

Prensa y medios consultados

La República (resultados electorales 2023); El Tiempo, Vanguardia y Diario del Norte (sicariato del ingeniero Diego Morillo, 2025); Caracol Radio (vía Ballestas, 2024; panfletos, 2024); El Espectador (agua, 2015); Noticias 625 (IE Ballestas El Chorro y La Legua, 2026; agua en Lomas de Matunilla, 2023); Nación Llanera e Infobae (relleno sanitario La Paz, 2025); Caribe Noticias 24 Horas y Notiweb Cartagena (responsabilidad fiscal); Presidencia de la República (finca Cachenche, 2025); La Campana Noticias (estadio, 2026); corrupcionaldia.com (perfil de Turbaná, 2024; artículos canónicos de Toluviejo y Agua de Dios).

Metodología de calificación (resumen replicable)

Promedio ponderado de seis componentes en escala 0-10: FURAG (25%), CUIPO (20%), Plan de Desarrollo (20%), SECOP (15%), ODS (10%) y Percepción ciudadana (10%). Adjetivación: 0-2,9 Pésimo (Crítico); 3,0-4,9 Mediocre (Preocupante); 5,0-6,9 Regular (Vigilar); 7,0-8,4 Bueno (Bien); 8,5-10 Excelente (Bien). Si la calificación final es ≤6,9, se desarrolla el análisis del Prevaricato por Omisión (Art. 414 CP). Cualquier lector puede replicar el cálculo con las fuentes del anexo.

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